Por Marcelo Justo Desde Londres
 “Como jefe de
Estado en el momento de cometerse los presuntos delitos de que se lo acusa, el general
Pinochet goza de inmunidad ante los tribunales civiles y penales ingleses.” Ante una
sala saturada por unas 300 personas que seguían en vilo un dictamen cargado de
tecnicismos y precedentes judiciales nacionales e internacionales, el juez Lord Bingham
arrojó este repentino balde de agua helada. Para la mitad de los presentes, chilenos o
latinoamericanos, las palabras del juez habían resultado hasta ese momento oscuras y por
momentos inaudibles. Pero “inmunity” era inmunidad: la similitud la hacía
inmediatamente reconocible. Al cabo de dos días de audiencia, la Alta Corte de Justicia
de Londres se inclinaba de modo unánime por el argumento de la defensa: un jefe de Estado
goza de inmunidad por los delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. Desde el
domingo un avión de la Fuerza Aérea chilena, con médico y enfermeras aguarda en vano al
ex dictador en una base militar en Oxfordshire.
En un dictamen que duró 80 minutos, Lord Bingham recorrió los precedentes asentados en
casos de esta naturaleza desde el tribunal de Nüremberg de la posguerra a los de Ruanda y
Yugoslavia en la presente década. El juez recalcó que en todos esos casos se trataba de
tribunales internacionales, y que no había antecedentes de un Estado nacional juzgando a
un jefe de Estado de otro país, razón por la cual el general Pinochet gozaba de
inmunidad frente al pedido de extradición formulado por el juez Garzón. Esta inmunidad
significa que los dos autos de captura que liberó la Justicia británica contra el
general Pinochet son automáticamente inválidos. El del 16 de octubre permitió el
arresto del general en la London Clinic en la que se recuperaba de una operación de
espalda; el emitido una semana más tarde por el Servicio Fiscal de la Corona corrigió
tres errores de la primera redacción que podrían haber permitido, gracias a un
tecnicismo, la libertad del ex dictador. Lord Bingham reconoció la gravedad de las
acusaciones que pendían sobre el ex dictador y dictaminó que debía permanecer bajo
arresto “ante la posible apelación a este dictamen”.
La noticia de que Pinochet permanecería bajo arresto corrió como un reguero entre las
decenas de personas que aguardaban afuera de la sala y enseguida se escuchó un estallido
de gritos y aplausos de los que no habían podido entrar al recinto. Una vez finalizado su
dictamen, la Crown Prosecution Service (CPS, Servicio Fiscal de la Corona) que representa
al juez Garzón en este caso, anunció que apelaría la decisión ante la última
instancia de la Justicia inglesa, la Cámara de los Lores. Por su parte, el abogado del
general, Clive Nichols, indicó que en los próximos días solicitaría una libertad bajo
fianza para el general. Los expertos legales consultados por Página/12 coincidieron en
que es prácticamente imposible que se le conceda la libertad bajo fianza ya que sería
evidente que el general la aprovecharía para abandonar el país. Sin embargo, consultado
por este diario, Clive Nichols insistió en que la solicitud se haría antes del fin de
semana.
Una chilena militante de un movimiento de derechos humanos presente en el Tribunal
Superior de Justicia explicó a Página/12 por qué algunos compatriotas habían celebrado
tanto el anuncio del arresto. “Para muchos de ellos lo único que importaba era que
Pinochet no se fuera hoy o mañana o pasado. Un día más de arresto de Pinochet es como
un poco más de esperanza”, indicó Miriam Bell. A medida que corrió la información
sobrelos alcances del dictamen de Lord Bingham, la decepción creció entre los chilenos
que se retiraron del tribunal y se reunieron afuera a masticar su frustración.
En general había poca fe en la apelación que el Servicio Fiscal de la Corona tiene que
presentar el lunes y que se calcula que los Lores responderán en un período de entre 10
y 14 días. “¡Qué van a hacer los Lores, si son una cámara de viejos que la mitad
se pasa dormida casi todo el día!”, expresó a Página/12 uno de los chilenos, de
gorra y cara afilada y quijotesca. Algunos citaban la orden de captura solicitada por la
Justicia suiza, la francesa y la sueca como una posibilidad de volver a cerrar el cerco
sobre el dictador en caso de que fallase la apelación a la Cámara de los Lores. Pero
enseguida enmudecían ante un argumento que parecía demoler toda esperanza.
La mayoría de ellos no desistieron y fueron del Real Tribunal Superior a la clínica
London donde se encuentra Pinochet, “para reemplazar a los compañeros” en la
guardia permanente que montan desde el 18 de octubre. Vicente Alegría, presidente del
Movimiento de refugiados chilenos en Londres, se demoró un poco más, declamando a los
cuatro vientos, en impecable inglés, su furia. “¿Qué quiere decir inmunidad porque
se es un jefe de Estado? ¿Quiere decir que se puede asesinar, que se puede cometer
genocidio por el cargo que uno ocupa? ¿Inmunidad diplomática o impunidad diplomática?
Este es un precedente muy peligroso no sólo para nosotros los chilenos. Es para la
democracia en todo el mundo”.
EN FRANCIA SIGUEN EMBISTIENDO CONTRA PINOCHET
Crímenes contra la humanidad
Por Eduardo Febbro desde París
La causa contra Augusto
Pinochet tiene desde ayer una nueva querella presentada bajo el cargo “crímenes
contra la humanidad” por un universitario francés de origen chileno, Marco Antonio
Espinosa. El abogado que remitió la petición al Tribunal de Gran Instancia de París,
Serge Lewish, precisó que la causa, acompañada de un pedido de extradición
suplementario, se basa en el asesinato y el secuestro de Miguel Espinosa, asesinado el 5
de octubre de 1974 en Santiago de Chile, y de su hermano, Edgardo Enríquez Espinosa,
secuestrado en la Argentina el 24 de abril de 1976. Según declaró Lewish, “la
jurisdicción francesa es competente para instruir la querella y lanzar un mandato de
captura internacional contra Pinochet”.
Muchos sectores políticos del país, desde el ex ministro socialista de Cultura y hoy
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacques Lang,
pasando por los radicales de izquierda, PRG, y la Liga Comunista Revolucionaria
manifestaron su “sorpresa” y hasta su “tristeza” por el fallo de la
Alta Corte de Londres que considera “ilegal” la detención del dictador por
cuanto éste goza del amparo que le da su “cualidad” de Jefe de Estado. Los
radicales de izquierda urgieron incluso al gobierno francés para que intervenga en los
procedimientos para impedir la liberación de Pinochet.
Más allá de estas acciones judiciales dos temas monopolizan el fondo de los debates: uno
atañe al embrollo jurídico del caso Pinochet y el otro, que se desprende del primero,
toca el papel de la Justicia europea, convocada por accidente a juzgar a quien fue, en una
época, un amigo impune. Olivier Duhamel, diputado socialista europeo y profesor de
derecho, considera que “juzgar a Pinochet es para Europa una necesidad
política”. Según el análisis del diputado, “una concepción exigente del
derecho penal para juzgar crímenes contra la humanidad responde a una visión política
de la protección efectiva de los derechos fundamentales. Europa debe defenderla”.
Duhamel ve en la catarata de demandas “sin fronteras” que convergen hacia
Pinochet un buen motivo “para reconciliar a los europeos con la política y el
derecho y a los demócratas de otros continentes con Europa”.
Desde el punto de vista del derecho estricto, Brigitte Stern, profesora de derecho
internacional en la Universidad de París, reconoce que “el arresto del general
Pinochet crea una situación internacional de una extrema complejidad”. Stern resalta
también que en el campo del crimen contra la humanidad no existen actualmente
“convenciones internacionales” sino sólo “definiciones
internacionales” de ese crimen. Pero, agrega, la “definición histórica del
estatuto del Tribunal de Nuremberg” y las bases con que actuó el Tribunal Penal
Internacional para los crímenes en la ex Yugoslavia señalan que el crimen contra la
humanidad comprende tres categorías: “Debe estar dirigido contra la población
civil: deber ser organizado y sistemático: tiene cierta gravedad. Los actos de los que
Pinochet está acusado entran en esta definición”. Brigitte Stern no se tapa los
ojos y admite que “queda por saber si la voluntad política de juzgar a un dictador
como Pinochet existe en el seno de la comunidad internacional. Lo que está en juego va
más allá de Pinochet”.
“Toda instancia puede
revertirse”
Por M. J. desde Londres
El diputado socialista
chileno Alejandro Navarro era uno de los tantos chilenos que aguardaron ansiosamente el
fallo de los jueces ingleses en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia. Enviado
del Partido Socialista para contrarrestar la fuerte campaña lanzada por los pinochetistas
en Inglaterra, dialogó con Página/12 sobre el futuro de la causa contra el dictador.
–¿Cuál es su reacción al fallo?
–Va a haber que estudiar los fundamentos de la resolución del fallo que rechazó la
orden de detención porque sin duda hay implicancias jurídicas importantes en materia de
tratados internacionales respecto de la violación de los derechos humanos. Es un fallo de
primera instancia, y como toda instancia judicial puede ser revertido.
–¿Está satisfecho con que Pinochet siga arrestado?
–Lo que cabe ahora es cesar con las presiones políticas, que los diputados de
derecha cesen con el lobby porque aquí será la Justicia inglesa la que debe expedirse.
Hoy [por ayer] ha dicho que rechaza la orden de detención pero que mantiene bajo arresto
a Pinochet porque hay condiciones bajo las cuales se puede apelar el dictamen.
–Usted habla de lobby, ¿es ésa la razón por la que se encuentra acá?
–Efectivamente. La detención de Pinochet ha conmovido a Chile y al mundo entero. La
presencia masiva de diputados de oposición que han venido acá ha distorsionado la
percepción de la opinión pública inglesa, generando la sensación de que la
excarcelación de Pinochet puede producir un quiebre institucional en Chile. He comunicado
al Partido Laborista, al gobierno y a la opinión pública de Londres la posición del
partido y también de la transición chilena. Estuve con Ann Clwyd, presidenta de la
comisión de derechos humanos de la cámara, con Tony Lloyd, subsecretario de relaciones
exteriores de Inglaterra, he estado con diputados laboristas y conservadores, y con
Amnistía Internacional. Esperamos que lo que inició España siga su curso.
Garzón busca ganar el segundo round en
Madrid
La Sala en lo Penal de la
Audiencia Nacional española decidirá hoy la competencia del magistrado en la causa
contra Pinochet.
Varias ciudades españolas fueron
escenarios de actos; aquí, el realizado en Barcelona.
También se realizaron vigilias nocturnas a la espera del fallo de la Audiencia
Nacional. |
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Por Norberto Bermúdez desde Madrid
Llegó el día D para el
juicio de Madrid. Esta tarde se celebrará la vista oral y pública del recurso presentado
por los fiscales Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira contra la competencia del juez
Baltasar Garzón para proseguir el sumario por los desaparecidos españoles en Chile y
Argentina. Once jueces de la Sala en lo Penal, presididos por Siro García Pérez,
tomarán la decisión, que podría conocerse en las últimas horas de hoy y que podría
archivar definitivamente la causa. Pocos minutos después de conocerse la sentencia de la
Justicia británica de Londres a favor de la inmunidad diplomática de Augusto Pinochet,
Página/12 se puso en contacto con Garzón, quien negó tajantemente que los jueces
británicos consideraran que su orden de detención contra Pinochet fuera ilegal.
La competencia de Garzón será sostenida por seis letrados acusadores. Carlos Slepoy
(Asociación Argentina Pro Derechos Humanos) impugnará las derogadas leyes de impunidad y
los indultos. Manuel Ollé (por las Madres de Plaza de Mayo) probará la existencia de
genocidio. Enrique Santiago (representando a Izquierda Unida) abordará la cuestión de la
normativa internacional en materia de derechos humanos. Juan Puig de la Bellacasa se
referirá a los delitos de torturas. La doctora en leyes Carmen Lamarca tratará sobre la
existencia de terrorismo de Estado, cuestión en la que es una experta, y José Luis
Galán será el que haga las alegaciones finales a favor de la continuidad del sumario
19/97. Cuando terminen estas exposiciones, los jueces se reunirán a puerta cerrada y el
magistrado ponente Carlos Cezón hará una propuesta que dará paso a una ronda de
intervenciones. Cuando ésta finalice, se votará el fallo.
Consultado por este diario sobre el fallo de la High Court británica, el juez Baltasar
Garzón dijo que “los tribunales ingleses no pueden expedirse sobre la legalidad o
ilegalidad de una solicitud cursada por un magistrado extranjero. Y la realidad es que no
lo han hecho”. Para Garzón, sus colegas británicos “sólo se han limitado a
enjuiciar las decisiones adoptadas en el Reino Unido por los jueces locales en virtud de
un pedido que yo efectué. Lo que se afirma sobre que dicté una orden de detención
ilegal no es correcto, por cuanto mis decisiones fueron adoptadas conforme a lo que
determina la legalidad vigente en España”.
El viceministro de Relaciones Exteriores español, Ramón de Miguel Egea, afirmó a
Página/12 que la decisión que ha sido tomada en Londres “compete a los jueces
británicos, por lo tanto no tengo ninguna valoración que hacer y cualquier otra
decisión que se tome en España por parte de los jueces referente a la petición de
extradición del general Pinochet es algo que también les compete a ellos”. Egea
afirmó tajantemente que “el gobierno no tiene absolutamente nada que decir al
respecto”.
El diputado socialista Rafael Estrella manifestó a este diario que lo sucedido “no
cambia el significado político de lo ocurrido en las últimas semanas con la detención
de Pinochet y con su figura humillada”. Estrella consideró que “Pinochet ya no
será el mismo cuando vuelva a Chile, si es que vuelve y, en cualquier caso, quedan
todavía los recursos que se han planteado y queda pendiente aún la decisión que puedan
tomar la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia del juez Garzón
para continuar con el sumario”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Juan
Serraler, calificó de “auténtica vergüenza para la humanidad” el dictamen de
los magistrados británicos. Serraler manifestó que “la única razón por la que
Pinochet tiene inmunidad diplomática es porque tiene el respaldo de las armas. Que una
Justicia europea le haya admitido inmunidad diplomática a un ser tan nefasto, detestable
y tétrico es una auténtica aberración”. Preguntado sobre la posibilidad de que
prosperen los recursos presentados ante la Cámara de los Lores, Serraller dijo que
confiaba en la Justicia porque “lo que se pretende es que Pinochet seallevado a
juicio pero no para que lo maten ni lo torturen como él supo ordenar”.
EL FISCAL SUIZO, DECEPCIONADO
“Hitler sería inmune”
Por E. F. desde París
La Justicia suiza
reaccionó con profunda decepción al dictamen de la Alta Corte de Londres. El fiscal
general del cantón de Ginebra, Bernard Bertossa, que también ordenó la detención de
Pinochet, consideró que sus posibilidades de extraditar al ex dictador son ahora
“prácticamente nulas”. El fiscal es además uno de los firmantes, junto al juez
Garzón, del “Llamado de Ginebra” a favor de una “Europa de jueces sin
fronteras para enfrentar la criminalidad globalizada” –1996.
Bertossa declaró a Página/12 que si el pronunciamiento de la Alta Corte británica se
confirma más tarde por el tribunal de alzada, “Pinochet quedará libre de todo
cargo”. El fiscal suizo manifestó sin embargo su esperanza de que “la Cámara
de los Lores salve el honor de Gran Bretaña”. Sin ahorrar calificativos ni perderse
en frases de suavidad diplomática, Bernard Bertossa recalcó que “con su política
de extradición Gran Bretaña se convirtió en una verdadera cueva de piratas. Hay un
montón de criminales y terroristas que aprovechan el sistema de la Justicia británica
para refugiarse del otro lado de La Mancha”.
Indignado hasta la ofensa, el fiscal pugna ahora para que los europeos en su conjunto
“pongan fin a esta situación, que no puede durar más. Los políticos deben actuar
para que Gran Bretaña respete las convenciones que firmó”. El caso de Pinochet pone
aún más en evidencia la “preferencia británica”. El fallo mismo de la Alta
Corte representa una suerte de insulto y Bernard Bertossa acota al respecto que “si
se quiere luchar contra los actos genocidas no se puede, con toda sinceridad, invocar la
inmunidad de los jefes de Estado. Si se sigue ese razonamiento, sólo se podría condenar
a criminales de segunda mano. Concretamente, hoy se le acordaría la inmunidad al mismo
Hitler”.
OPINION
Persona non grata
The Guardian*
Ayer, el general Augusto Pinochet resultó muy beneficiado por el sistema
judicial de un país cuya “moderación civilizada” siempre dijo admirar. Aunque
él mismo nunca se haya destacado en la práctica de esa virtud, ahora tiene razones de
sobra para agradecer el fallo del Tribunal Supremo que lo declaró inmune a los procesos
criminales y civiles en virtud de su status de ex jefe de gobierno de un país extranjero.
Es cierto que mañana Pinochet tendrá que sufrir algunos malestares cuando se enfrente a
un pedido de fianza de sus abogados, por el que habrá que determinarse si en verdad está
tan enfermo como afirma. Pero lo peor que puede pasar es que después de todos sus
crímenes le descubran una mentira más. Un hombre que llegó a Inglaterra con dolor de
espalda empeoró súbitamente hasta el punto de que, afirmaron, su vida estaba en peligro.
Los terrores que Pinochet supo hacer sentir a tantos otros hacen que no parezca injusto
que como contrapartida, hacia el final de su vida, él conozca qué es el sudor de la
ansiedad. De hecho, el declinar que se le atribuye al general fue tan rápido que el lento
deterioro de Boris Yeltsin, puntuado por breves explosiones de energía, parece en cambio
el síntoma envidiable de una robusta salud.
El resultado más favorable para las últimas dos semanas que Pinochet vivió bajo arresto
es que desde ahora el ex dictador va a tener que pensarlo dos veces cada vez que quiera
viajar al exterior de Chile. Ya la mayoría de los países europeos no lo quieren recibir.
Una vez que la Cámara de los Lores dé su fallo, y aun partiendo de la premisa de que
favorecerá al general, el gobierno británico debería cerrar este lamentable episodio
judicial dejándole en claro que nunca más será bienvenido al país. En Gran Bretaña,
hasta hace dos semanas, la mayoría de la población no tenía ninguna conciencia de cuán
a menudo el general venía aquí de visita. La hostilidad indisimulable que provocó la
revelación de su presencia frecuente entre nosotros –hasta el principal asesor de
imagen del gobierno lo llamó “nauseabundo”– tendría que llevar al
gobierno a anunciar que, más allá de su inmunidad diplomática, es una persona non
gratissima. Go home, Augusto, y nunca más vuelvas a un país que te trató con una
moderación tan inmerecida.
*Editorial del día 29 de octubre. |
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