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Jorge Rafael Videla busca un  magistrado federal que lo quiera

El ex dictador recusó por “enemistad
manifiesta” al juez Adolfo Bagnasco en  la causa por la apropiación de menores.

Rechazo: Los abogados de Videla sostienen que el juez tiene “enemistad manifiesta” hacia su defendido a raíz de declaraciones periodísticas.

Videla está procesado y tiene prisión preventiva.
Cumple arresto por la causa de apropiación de menores.

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Por Adriana Meyer

t.gif (67 bytes) El ex dictador Jorge Rafael Videla recusó al juez federal Adolfo Bagnasco en la causa por la apropiación de menores. El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, le había dictado el procesamiento y la prisión preventiva, por la cual Videla cumple arresto domiciliario, pero la Cámara Federal de San Martín dispuso que la causa pasara a la Justicia de la Capital y Bagnasco se hizo cargo de los seis casos que tenía Marquevich, además del ex presidente preso en su casa. Ahora los abogados de Videla sostienen que el juez tiene “enemistad manifiesta” hacia su defendido, a raíz de declaraciones periodísticas del magistrado. Bagnasco rechazaría esta recusación.
Los letrados Carlos Tavares y Alberto Rodríguez Varela invocaron el artículo 18 de la Constitución nacional en su argumentación. “Bien se ha dicho que para muestra basta un botón, empero en este caso son dos los testimonios periodísticos que acreditan –en sentido procesal– una posición anímica de ‘enemistad manifiesta’ y una total ausencia de la garantía del juez ‘independiente e imparcial’”, se lee en la presentación.
El primer recorte que acompañaba el escrito es una nota del diario La Nación del 1º de julio en la que el juez recusado hizo declaraciones sobre los jueces que habían sido elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura. “Bagnasco dijo que muchos de los jueces que integran la lista que resultó vencedora en las elecciones realizadas anteayer para el Consejo de la Magistratura fueron nombrados por el último gobierno militar.” Según los abogados, de esa crónica surge que el sentido del comentario es descalificante en relación a los jueces ganadores.
La segunda nota es un reportaje que Bagnasco concedió en Suiza, cuando viajó para tomar declaraciones a algunas sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ante una pregunta referida al posible juzgamiento del ex presidente, el juez respondió que “Videla, si bien no podría ser juzgado como comandante de las Fuerzas Armadas, sí podría serlo como ex presidente. Eso es lo que pidió la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo y el fiscal Freiler tiene que pronunciarse sobre ese planteo. Y, en principio, los militares que sean citados no podrían beneficiarse con la excarcelación”. También destacan otra respuesta del magistrado en la cual afirma que “los militares pueden ser juzgados por hechos que toleraron si fueron presidentes de la Nación, en el caso de que lo hayan sido. En ese caso, lo que se juzga no es su conducta como jefes militares, sino su responsabilidad política”.
Los defensores de Videla también impugnan los comentarios que Bagnasco hace en el reportaje sobre los testimonios acumulados en la investigación y –según ellos– “anticipa su juicio sobre la existencia de los hechos que se encuentra investigando y prejuzga sobre las responsabilidades consiguientes”. En el final del escrito sostienen que no tienen ninguna duda de la “incompetencia de la Justicia federal para enjuiciar a nuestro defendido, ni tenemos tampoco ninguna duda en el sentido de que Videla ya fue juzgado y absuelto por la Cámara Federal en la causa 13” (Juicio a las Juntas).
Bagnasco no se excusaría de seguir en este proceso, en el cual Videla está acusado de ser el autor mediato de la sustracción de varios hijos de desaparecidos, y rechazaría la recusación. Si los abogados apelan deberá decidir la instancia superior. Fuentes judiciales afirmaron a Página/12 que el juez hizo esas declaraciones antes de tener bajo su jurisdicción al ex presidente, y la segunda de ellas fue una mención genérica sobre un planteo hecho por las Abuelas y recogido por el Ministerio Público.
El juez había intimado al dictador a constituir domicilio en el plazo de 24 horas, un procedimiento formal para que se diera por enterado de manera oficial de que debía estar a disposición del Juzgado Federal Nº 7. Tavares y Rodríguez Varela dicen, en el escrito presentado ayer, que la decisión de la Cámara Federal de San Martín de remitir el expediente a la Capital no está firme y que tampoco se han resuelto todas las apelaciones queellos han interpuesto en favor de Videla. Pero la causa ya fue remitida de hecho al edificio de los Tribunales Federales de Retiro y está en manos de Bagnasco.

 


 

UN POLICIA TESTIFICO EN EL JUICIO POR LA VERDAD
Las muertes fueron “una excepción”

Por Victoria Ginzberg

t.gif (862 bytes) Jorge Omar Rodríguez es suboficial retirado de la Policía Bonaerense. En 1976 era oficial de guardia del centro clandestino de detención que funcionaba en el destacamiento de Arana. Ayer testificó frente a la Cámara Federal de La Plata en calidad de “testigo informativo” y sin la obligación de prestar juramento. Aunque de su declaración se desprende su participación en privaciones ilegítimas de libertad e, indirectamente, en torturas, Rodríguez no puede ser procesado.
Hace tres semanas, Daniel Barberi declaró que durante su detención en el Pozo de Arana había reconocido por la voz a un amigo de la infancia que era carcelero en el lugar. Esa persona es Rodríguez. El policía afirmó no conocer el destino de Marta Andrade, la compañera de Barberi que también estuvo en Arana. “Un día llegó un ómnibus del Ejército o Marina y la trasladaron junto con otras personas. No sé dónde los llevaron”, afirmó.
Rodríguez se describió a sí mismo como una persona bondadosa. “Traté de evitarles sufrimientos a los detenidos dentro de mis posibilidades, no podía abrirles la puerta del calabozo”, dijo. Según afirmó, sus responsabilidades sólo eran “administrativas” y aunque escuchó gritos, negó haber presenciado torturas. Los que hacían los “interrogatorios, –dijo– no eran policías de la guardia, sino que “venían con los jefes” –el comisario Luis Vides y otro de apellido Nogara–. El policía aseguró que cada vez que se hacía cargo de la guardia –un día cada tres– recibía una lista con los nombres y apellidos de los detenidos y al retirarse debía elaborar una nueva. Las listas eran destruidas, no se archivaban. El policía negó haber visto mujeres embarazadas, afirmó que las muertes fueron “una excepción” en Arana y aseguró que no recordaba nombres de detenidos, pero que se prestaría para reconocer fotos. Rodríguez no fue preciso cuando se lo interrogó por otros lugares en donde prestó servicio, recordó que estuvo en Tandil y después de que los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata le insistieron, mencionó a la Brigada de Quilmes y la comisaría 1ª de La Plata. En ambos lugares funcionaron centros clandestinos de detención.
Si bien de la declaración se desprende que el policía es responsable de privaciones ilegítimas de libertad e, indirectamente, de torturas, no será procesado ya que esta causa busca saber la verdad sobre lo ocurrido con los desaparecidos y no encarcelar a los responsables de los delitos. Además, aunque fue derogada, el policía podría ampararse en la Ley de Obediencia Debida. La abogada María Inés Spinetta, designada como defensora oficial de Rodríguez, se excusó de cumplir esa función porque su padre estuvo secuestrado durante cuatro días. Me causa “violencia moral” afirmó. Sin embargo, los jueces decidieron que debía hacer el trabajo.

 

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