|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Carlos Rodríguez  Siempre hay dos
campanas, pero pocas veces suenan tan diferentes como en relación al procedimiento
policial realizado ayer en el barrio de San Cristóbal, para buscar un supuesto cargamento
de drogas prohibidas oculto en una casa tomada. “La investigación se frustró porque
se aceleraron los tiempos”, se justificó el titular de la Superintendencia de
Seguridad Metropolitana, comisario Miguel Angel Ciancio, en alusión a las 24 horas que
transcurrieron desde que el jefe de la Policía Federal, Pablo Baltazar García, recibió
la denuncia realizada el martes por el diputado porteño Abel Fatala. “Cómo van a
encontrar algo si tardaron tres meses en intervenir”, concluyeron los vecinos, que
alertaron a Fatala y a los medios de prensa luego de ver cómo caían en saco roto las
cuatro denuncias realizadas en julio ante la comisaría 20ª, con jurisdicción en la
zona, y ante la División Drogas Peligrosas. Y terminaron reconociendo “temor”
de insistir con la denuncia en esa seccional. Por orden del juez federal Jorge Ballestero, la policía ingresó ayer por la tarde a una casa ubicada en Dean Funes 1296. No encontraron drogas ni armas y tampoco hubo detenidos. Se llegó al operativo luego de que Ciancio, en horas de la mañana, discutiera con algunos vecinos, en vivo por Radio Mitre, acerca del “temor” que tienen de hacer sus denuncias ante la seccional 20ª. “La gente tiene miedo de que la policía esté implicada en el ilícito y que eso les traiga problemas”, explicó Fatala a Página/12. –¿Creían posible que se encontrara algo en el domicilio luego de la difusión pública que tuvo la denuncia? –preguntó este diario al comisario Ciancio, que convocó a una conferencia de prensa donde informó muy poco. –Las denuncias anteriores de los vecinos carecían de entidad suficiente como para actuar y ante la difusión que tuvo hoy (por ayer) el caso, intervino el juez Ballestero y ordenó el procedimiento –respondió Ciancio sin responder la pregunta. El entuerto comenzó en abril. La casa, de dos plantas –las ventanas del piso superior están tapiadas–, fue ocupada por personas supuestamente indocumentadas, oriundas de Perú y Bolivia. La dueña del inmueble se presentó ante la comisaría 20ª para hacer la denuncia. El subcomisario Miguel Angel Belay, quien ayer estaba al frente de la seccional, dijo que “las averiguaciones que se hicieron en abril indicaron que la gente no era peligrosa y para desalojar hay que tener un fallo judicial que lo ordene”. Ayer se comprobó que viven allí tres grupos familiares cuyas cabezas son mujeres que tienen a su cargo a ocho niños menores. María, una de las vecinas denunciantes, aseguró que “el jueves se produjo una mudanza múltiple”. Los ocho vecinos que hicieron la denuncia ante Fatala sostienen que al lugar, sobre todo por las noches, llegan “jóvenes con anteojos oscuros, en autos, motos o bicicletas, que sacan paquetes extraños”. Una recorrida por el barrio confirmó que se desconfía de los habitantes del inmueble y de los policías. “El jefe de policía me atendió muy bien, puso en funcionamiento los mecanismos pertinentes, pero otra es la situación con la gente de la comisaría 20ª”, declaró el diputado Fatala. Los vecinos precisaron que la primera denuncia se hizo “ante la comisaría del barrio y luego se hicieron tres llamados a la División Drogas Peligrosas”. La respuesta recibida fue que “la denuncia ya estaba recibida y que se iba a investigar, pero no hicieron nada”. Ciancio sostuvo que sería bueno que la gente “tuviera confianza en la policía y que diera la cara al hacer la denuncia”. María justifica el miedo: “No tenemos confianza en la policía”. A pesar de la necesidad de “personalizar” de la que habló Ciancio, en una de las paredes de la casa en cuestión, un adhesivo con el membrete de la comisaría 20ª da la posibilidad de la alternativa telefónica: “Llamados de emergencia al 3083223”, dice el mensaje que anoche parecía vigente.
UN JUEZ DENUNCIO PRESIONES
|
