Por Norberto Bermúdez desde Madrid
 Ayer, poco después
de las cuatro y media de la tarde hora española, comenzó en la Audiencia Nacional de
Madrid la vista oral y pública a partir de la cual la Sala de lo Penal decidirá sobre la
competencia de la Justicia española sobre el sumario de los desaparecidos en Chile y
Argentina. Mientras centenares de personas se concentraban frente a la Audiencia Nacional,
el juez Baltasar Garzón siguió discretamente las incidencias de la jornada desde su
despacho ubicado en la segunda planta del edificio.
El primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal Pedro Rubira, quien volvió a sostener
que la Justicia peninsular no es competente para investigar los crímenes cometidos
durante la última dictadura militar. Insistió en que debe intervenir un tribunal penal
internacional y admitió que las víctimas tienen derecho a que los autores de las
violaciones a los derechos humanos sean juzgados. Rubira afirmó que si en los países
donde se produjeron los hechos se han cerrado todas las posibilidades de hacer justicia,
se debe recurrir a las Naciones Unidas. El fiscal de la Audiencia Nacional negó que los
militares cometieran genocidio, “porque que no perpetraron una persecución
sistemática contra grupos nacionales, étnicos o religiosos”, aunque explicó a los
once jueces que presiden la sesión que se podría aceptar algunos casos de asesinatos.
“Los asesinados españoles en Argentina no lo fueron en razón de su nacionalidad,
sino por motivos políticos y el genocidio no abarca los crímenes políticos. En todo
caso serán asesinatos políticos, pero no un genocidio.”
Posteriormente, Fernando Gallo Pérez, abogado del ex capitán de la Marina Adolfo
Scilingo, se adhirió a las tesis del fiscal Rubira para solicitar el archivo de las
actuaciones por falta de competencia de los tribunales españoles. El presidente del
tribunal, Siro García Pérez, llamó severamente la atención al abogado de Scilingo,
conminándolo a informar y no a leer su intervención. El abogado Carlos Slepoy, que
representa a la acusación popular de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de
Madrid, fue el primero en defender la prosecución del sumario que instruye Garzón. En un
tono emocionado, invitó a los jueces a tomar una decisión histórica: “Que los
genocidas se sientan acorralados y que la humanidad quede liberada de ese flagelo, que se
respire mejor en el mundo. Y esto, Señorías, será un inmenso homenaje a los miles de
supliciados en Argentina y Chile, de los exterminados por el terror, será un homenaje a
los que quedamos vivos y a las generaciones futuras”. El público presente, entre los
que había casi un centenar de periodistas, estalló en aplausos.
Tras un receso de media hora, luego de que hablaran los abogados de Izquierda Unida,
Virginia Díaz y Enrique de Santiago, tomó la palabra Manuel Ollé Sese, abogado de Hebe
de Bonafini, para rechazar el argumento del fiscal Rubira de que no hubo Genocidio en
Argentina puesto que “hubo planes premeditados para eliminar a todo aquel que se
oponía o podría ser sospechoso de oponerse a la dictadura militar y, en esa selección
macabra hubo profesionales, obreros, estudiantes o niños”. Ullé mencionó que el
artículo 10.2 de la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
Declaración de los Derechos Humanos y las Convenciones contra el Genocidio y la Tortura
dan competencia a la Justicia peninsular para sentar en el banquillo de los acusados a los
responsables de los “execrables crímenes cometidos por la dictadura argentina”.
La experta en terrorismo Carmen Lamarca, que representa a la familia Berttini Francese,
dos de cuyos miembros están desaparecidos, dijo que ennuestro país “hubo
persecución política desde el Estado y ese es un gravísimo delito contra los derechos
humanos perseguible en cualquier país que haya firmado la Convención de los Derechos
Humanos. Es necesario, es imperioso y es nuestra obligación dar tutela judicial efectiva
a las víctimas porque los represores y los torturadores se han construido un marco propio
de impunidad”.
El penalista Juan Puig de la Bellacasa, en representación de Iniciativa por Catalunya,
destacó las contradicciones del fiscal Rubira al reconocer éste que hubo crímenes pero
niega que puedan ser perseguidos por la Justicia española. El broche final lo puso José
Luis Galán, elegido por sus colegas para resumir la postura de las acusaciones. Galán se
dirigió a los jueces en un tono firme explicando que los militares diseñaron un plan
selectivo para “exterminar en masa a todos aquellos que no encajaban con el plan de
reconstrucción nacional. Y esto, Señorías, se llama genocidio. Esto, Señorías es un
delito que no prescribe. Esto, Señorías, fue denunciado en todo el mundo y sus
responsables jamás han sido juzgados por genocidio”.
Luego de la vista del caso argentino y de un receso posterior, la Sala en lo Penal de la
Audiencia Nacional escuchó las alegaciones del caso chileno, que en total no duraron más
de media hora. El abogado querellante Joan Garcés pidió al tribunal que se “haga
justicia” para que “ayudemos a la humanidad”. En su turno, el fiscal
Ignacio Peláez replicó que, aunque los crímenes investigados constituyen delitos de
torturas, deben ser juzgados en el lugar donde se cometieron y repitió el argumento de
Rubira en el sentido de que no hubo genocidio. En cuanto a la acusación de terrorismo de
Estado, Peláez indicó que no es aplicable la jurisdicción española porque los
responsables no pretendían subvertir el orden constitucional de España.
La calle ya decidió la
competencia
Por Felipe Yapur desde Madrid
Durante la extensa sesión de la Audiencia Nacional española se vivieron momentos de
mucha indignación pero también de emotividad.
Unas setenta personas fueron autorizadas a presenciar el debate de los sumarios de Chile y
Argentina. Fuera del edificio, cerca de 400 personas, en su gran mayoría jóvenes, se
reunieron buscando influir con su protesta para que los jueces decidan a favor de la
competencia del juez Garzón.
La tensión en la gente era más que notoria. Todavía está muy fresca la derrota que
significó para ellos la decisión de la Justicia británica que beneficia al ex dictador.
“Lo de Pinochet fue un golpe muy duro y nos duele por nuestros hermanos chilenos,
pero todavía mantenemos la esperanza de que la Justicia española apoye a Garzón”,
confesó a Página/12 Natalia, una jovencita argentina que milita en la agrupación HIJOS
y que vive en la península desde que en diciembre de 1977 la trajeron sus familiares
escapando de la dictadura militar.
La esperanza de Natalia se funda en que cinco de los once jueces son considerados
progresistas, dos son moderados, uno conservador y tres independientes. Esta supuesta
mayoría de jueces proclives a la posición de Garzón le permitiría al magistrado
español continuar investigando los crímenes cometidos durante la dictadura militar en la
Argentina.
En la calle, grupos de chilenos, argentinos, fuerzas políticas de izquierda y organismos
de derechos humanos gritaban hacia el edificio consignas contrarias a los militares.
Cientos de transeúntes españoles pasaban y miraban asombrados.
Mientras tanto, los medios locales dividían la información entre lo que sucedía en la
Audiencia Nacional y el lanzamiento del Discovery. La nave espacial llevaba entre sus
tripulantes al primer astronauta español, quien se fue hace tanto tiempo de su país que
casi ni recuerda cómo se habla castellano. |
LOS PRINCIPALES IMPUTADOS ARGENTINOS TIENEN
ORDEN DE CAPTURA
Sólo en Argentina habrá seguridad
Cuando la
Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional española decida hoy si el juez Baltasar Garzón
tiene competencia en la causa en contra del dictador Augusto Pinochet, lo que estará
resolviendo esencialmente es el destino de los 152 militares argentinos imputados en la
causa que el magistrado abrió por la desaparición de más de 400 ciudadanos argentinos
con nacionalidad española durante la última dictadura militar en este país. Gran parte
de los acusados –entre los que figuran los miembros de las juntas militares y otros
“altos oficiales” como Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta y el
gobernador Antonio Bussi– tienen actualmente orden de detención internacional y
podrían ser arrestados si salen del país. Esto dejará de ser así si hoy el tribunal
decide archivar definitivamente la causa.
El viernes 19 de abril de 1996, la revista del diario barcelonés La Vanguardia –una
de las publicaciones con más influencia y circulación en España– titulaba de la
siguiente forma: “España acusa”. Así se anunciaba que la Justicia española
comenzaría a investigar la desaparición de más de 400 ciudadanos de esa nacionalidad en
la Argentina durante la última dictadura militar. También se publicaba la lista completa
de nombres y antecedentes de las víctimas. Es que el juez Baltasar Garzón, a partir de
una denuncia de la Unión Progresista de Fiscales, había decidido abrir un sumario en la
Audiencia Nacional contra los militares argentinos considerados responsables de torturas y
desapariciones. Más tarde hizo lo mismo con los ciudadanos españoles desaparecidos
durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Cuando inició la causa para investigar la dictadura en Argentina, Garzón escribió en
los considerandos de su resolución que: “Queda claro, dejando al margen la
dimensión del terrorismo de Estado, que nos encontramos ante crímenes de lesa humanidad
cometidos en forma sistemática y premeditada por grupos paramilitares y por los propios
funcionarios del Estado argentino”. A partir de ese día comenzó un largo
peregrinaje por el juzgado del juez español. Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Sabato, Hebe
de Bonafini, el ex fiscal en el juicio a las Juntas Julio César Strassera, sobrevivientes
de la represión, Isabel Perón, son algunos de los que dieron sus testimonios.
En setiembre de 1996, el juez citó a declarar en la causa al ex dictador Jorge Rafael
Videla, al ex capitán Alfredo Astiz, a Emilio Massera, a Reynaldo Bignone, a Leopoldo
Galtieri, a Antonio Bussi y a otro centenar de militares. Como era de esperar, ninguno se
presentó. Mejor dicho, casi ninguno. En octubre de 1997, el ex capitán de la Armada
Adolfo Scilingo –quien confesó haber participado de los denominados “Vuelos de
la Muerte”– fue a España, declaró y quedó detenido. Después de unos días,
Garzón lo dejó en libertad sin fianza, pero lo obligó a permanecer en España, donde se
encuentra desde entonces con algunos “problemas económicos”. Los militares que
hasta el día de hoy no se presentaron ante Garzón tienen orden de detención
internacional. Si salen del país, podrían correr la misma suerte que el dictador
chileno, a menos que el tribunal español resuelva hoy que Garzón no es competente para
proseguir con la causa. La última medida que tomó Garzón fue el 17 de octubre. Ordenó
el embargo de las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, valores mobiliarios,
acciones y participaciones sociales de los 152 militares imputados en el juicio que
instruye por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.
La inmunidad de Pinochet no puso felices
a los laboristas ingleses
La Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento británico había presentado una querella contra Pinochet. Página/12
entrevistó a su presidenta Ann Clywd sobre el fallo que concedió inmunidad.
Los periodistas no pudieron
seguir a la caravana que escoltó a la ambulancia donde iba Pinochet.
Luego se supo que el destino era un hospital psiquiátrico conocido por sus
célebres pacientes. |
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Por Marcelo Justo desde Londres
La presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, la
laborista Ann Clywd, muestra claras señales del vertiginoso ritmo de trabajo que mantiene
desde la detención de Augusto Pinochet, el 16 de octubre. En su oficina en la Cámara de
los Comunes el teléfono no deja de sonar. “Es la oficina del procurador General
–explica a Página/12 después de uno de los tantos llamados–, dicen que el
plazo para presentar la apelación a la Cámara de los Lores es el próximo lunes a las
cuatro de la tarde.” Y la voz enronquecida, y la sonrisa posterior, delatan un
cansancio de semanas.
–¿Qué sintió al conocer el fallo a favor del general Pinochet?
–Me sentí francamente infeliz. Me parece totalmente inaceptable, indignante. Pensaba
que alguien que está acusado, bajo la ley internacional, de crímenes de este tipo
debería ser juzgado. No entiendo cómo alguien que asumió su cargo gracias a un golpe de
Estado puede ser considerado un jefe de Estado legítimo y ampararse en la inmunidad que
se otorga a las personas que ocupan ese cargo. Creo que los criminales de guerra deben
responder por los asesinatos, muertes y desapariciones de miles de personas. Si no, el
mensaje que se está transmitiendo a todo dictador real o potencial es que puede hacer lo
que quiera.
–¿Qué impacto tendrá este dictamen en la legislación internacional?
–Soy presidenta de un grupo que se llama Indict, que tiene como objetivo específico
lograr que Saddam Hussein y algunos de sus allegados sean juzgados ante la Corte
Internacional de Justicia. Pero si un ex jefe de Estado es inmune por su condición de
tal, cualquier dictador, Hussein en Irak, Milosevich en Yugoslavia, puede venir acá,
tomar el té con Margaret Thatcher y volver a su país sin ningún problema. Según la
información que se procesa acá en la Cámara de los Comunes, en la ley internacional un
ex jefe de Estado tiene inmunidad pero no una inmunidad total. Creo que los jueces
ingleses interpretaron la ley de una manera muy restringida.
–¿Cuál es su respuesta a los que dicen que, si se juzga a Pinochet, se sienta un
precedente para, por ejemplo, arrestar a Margaret Thatcher por lo que pasó en Malvinas o
Irlanda del Norte, o al presidente chino por la masacre de Tian An Men?
–Soy una política, no una abogada. El argumento me suena francamente caprichoso.
Margaret Thatcher, que yo sepa, no está acusada de crímenes de guerra. Hay gente que
claramente ha cometido actos aberrantes en la violación a los derechos humanos: el
general Pinochet es uno de ellos.
–La Cámara de los Lores es una institución habitualmente conservadora. ¿Qué cree
que va a pasar con la apelación que se va a presentar este lunes?
–Me parece que va a confirmar el dictamen de los jueces que fallaron a favor de
Pinochet. En ese caso, habrá un coro de indignación entre los diputados laboristas. En
este momento se está haciendo una colecta de dinero para publicar un aviso en los diarios
nacionales expresando nuestra preocupación ante lo que está pasando.
–¿Es la Cámara de los Lores la última instancia o la decisión todavía podría
ser apelada ante la Corte Europea de Justicia?
–No lo sé. Espere un segundo (consulta con una colaboradora). No, no podría
decírselo.
–¿Por qué cree que el tema Pinochet dividió tanto las aguas acá mismo en Gran
Bretaña donde Margaret Thatcher y la prensa conservadora apoyaron abiertamente al
dictador?
–Margaret Thatcher y algunos diputados conservadores eran los pacificadores cuando el
general Pinochet estaba en el poder y no dudaron en apoyar su sistema represivo. También
apoyaron el apartheid en Sudáfrica. No cambiaron.
–¿Está planeando algún tipo de acción?
–Un joven vino hoy y me dijo que recogió cientos de firmas en las calles anoche
pidiendo que se juzgue a Pinochet. Este caso ha despertado grandes emociones acá en Gran
Bretaña. Por el momento sólo podemos hablar con la prensa. En la Cámara de los Comunes
ahora no podemos debatir el tema porque es considerado sub judice. Es decir, es un caso
que está en proceso y cualquier intervención de nuestra parte podría influir en el
curso de los hechos. De modo que los políticos que queremos hablar sobre el tema estamos
amordazados.
| Pinochet a un manicomio En
medio de una gran custodia policial, una ambulancia llevó ayer al ex dictador chileno
Augusto Pinochet hacia el hospital psiquiátrico Groveland’s Priory, conocido por
atender a personas ricas y famosas. Pinochet debió abandonar la London Clinic, ya que las
autoridades del establecimiento aceleraron la orden de alta por considerar que las
protestas que ocurrían en su entrada afectaban al resto de los enfermos internados. El
Ministerio de Justicia británico confirmó ayer que la vista sobre la libertad bajo
fianza de Pinochet –en la que éste deberá estar presente– no se celebrará
antes de la semana próxima. Los abogados del actual senador vitalicio presentaron el
recurso luego de la decisión de la Alta Corte de concederle inmunidad por su condición
de ex jefe de Estado. |
PARTE DEL OFICIALISMO CHILENO APUESTA POR
GARZON
Más grietas en la transición
Por Pablo Rodríguez
“Tenemos la ilusión
de que el juez Garzón siga siendo competente para enjuiciar a Augusto Pinochet.”
Luego de la decisión de la justicia británica de declarar la inmunidad de Pinochet en su
condición de ex jefe de Estado, la diputada Isabel Allende resumió ayer las esperanzas
de la parte socialista de la coalición gubernamental chilena. El gobierno del presidente
Eduardo Frei prefirió atacar a la derecha, que “quiere secuestrar la democracia
haciendo declaraciones que están al borde de un comportamiento sedicioso”, según el
secretario general del gobierno, Jorge Arrate. Unos 1500 integrantes de la Juventud
Comunista chilena repudiaron ayer en Santiago el fallo británico y fueron reprimidos.
Desde la detención de Pinochet, la discusión dentro del gobierno y de la gubernamental
Concertación por la Democracia se centró en el carácter de la transición democrática
chilena. Según la derecha, está en peligro. “El éxito de esta transición pasa por
la eliminación de la ley de amnistía”, dijo Isabel Allende, en alusión a la ley
que no permite juzgar los delitos cometidos entre 1973 y 1978 por la dictadura de
Pinochet. Hasta el canciller chileno José Miguel Insulza reconoció la necesidad de que
en Chile “haya más verdad y más justicia”. Pero el ministro de la Presidencia,
John Biehl, recalcó que “aquí hubo una transición pactada”, en la que las
Fuerzas Armadas chilenas “no fueron derrotadas” y participaron activamente.
La discusión sobre la Ley de Amnistía de 1978 también se produce a nivel legal.
“En Chile existen tribunales independientes y quien está ofendido puede presentar
sus agravios ante la justicia chilena”, dijo ayer desde Madrid el vicecanciller
chileno, Mariano Fernández. El juez chileno Juan Guzmán Tapia, que investiga 12
querellas criminales presentadas contra Pinochet, ha dicho que interrogará personalmente
al ex dictador en caso de que vuelva a Chile. Pero también reconoció que no podrá
encarcelarlo por la vigencia de la amnistía.
La derecha chilena reaccionó al fallo de la justicia británica cambiando las cartas y
apuntando ya a las elecciones presidenciales de 1999. En una última encuesta publicada
por la consultora independiente CERC, el precandidato socialista Ricardo Lagos tiene el 39
por ciento de las intenciones de voto, frente al 23 por ciento del candidato de la Unión
Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín. La derecha apuesta a que las cosas
cambiaron. “Desde aquí le decimos a Lagos que los socialistas de Chile siempre
serán primero socialistas y después chilenos”, dijo ayer Pablo Longueira,
presidente de la UDI, en un mitin de mil personas. “Los socialistas de Chile son los
mismos del pasado”, agregó Longueira. Era una alusión a la filiación política del
ex presidente chileno Salvador Allende.
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