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Por Fernando Almirón  Los senadores
justicialistas abortaron con su ausencia el tratamiento de un dictamen que daba cuenta de
una serie de irregularidades detectadas en el manejo de los fondos de Fabricaciones
Militares, cometidas bajo la dirección del ahora detenido y procesado Luis Sarlenga. El
pedido del debate se originó en una investigación de la Auditoría General de la
Nación, que encontró al menos una docena de órdenes de compra por centenares de miles
de dólares tramitadas con dudosa transparencia por los directivos de la empresa estatal.
Todas ellas corresponden al año 1994, cuando se exportaron toneladas de armamento de
origen incierto y destino ilegal. El informe menciona, entre otras observaciones, la
existencia de contrataciones directas, la participación de intermediarios, múltiples
operaciones caratuladas innecesariamente como “secretas” y una partida por valor
de medio millón de dólares destinada al transporte de contenedores repletos de material
de guerra a cargo de empresas privadas.El tema ya había llamado la atención del coronel retirado Antonio Gordillo, que en 1994 entregó material bélico que estaba bajo su custodia a una flota privada de transporte, por orden de sus superiores. “Normalmente esos traslados estaban a cargo de vehículos militares, y en esa oportunidad fueron civiles”, aseguró días atrás el coronel en declaraciones periodísticas. Gordillo, que durante ese año se desempeñó como jefe de la Base de Apoyo Logístico del Ejército con asiento en Tucumán, confirmó haber realizado dos entregas de munición a Fabricaciones Militares, una en marzo y otra en diciembre de 1994, y que la carga fue retirada, a diferencia de otras oportunidades, por “seis u ocho camiones de una empresa privada”, cuyo nombre no recuerda. Entre las órdenes de compra emitidas por Fabricaciones Militares durante ese año figuran tres referidas al traslado de contenedores. La 008/94 a nombre de Transporte Domingo Bissio, por valor de 52.864 pesos; la 009/94, a la orden de Transporte Padilla, por 118.994 pesos; y la tercera, con número 059/94, por la que Transportes Zarandieta cobró 225.769 pesos. También aparecen otros contratos en concepto de “transporte de azufre”, uno de ellos a nombre de Expreso Numa SA, por 190.542 pesos. La empresa figura en la causa judicial que investiga el contrabando de armas como la posible responsable de trasladar hasta el puerto de Campana parte del material que se habría enviado a Croacia. Gordillo no lo dice, pero se pregunta por qué, si el Ejército contaba con sus propios camiones para llevar a cabo la tarea, se contrató a civiles para ocuparse del traslado de material de guerra. La encargada de Abastecimiento y Comercio Exterior de Fabricaciones Militares, Teresa Hortencia de Canterino, que figura procesada en la causa, fue señalada por el general Antonio Angel Vicario como la responsable de organizar los operativos de transporte del material bélico exportado. Algunos legisladores se preguntan sobre los motivos que llevaron a Sarlenga y a Canterino a contratar los servicios de empresas de tranporte privadas, y quieren saber si esto no merece abrir una investigación paralela a la del contrabando de armas para determinar si además, no hubo administración fraudulenta y cohecho en el manejo de los operativos. Estas presunciones figuran en el despacho que los senadores del oficialismo se negaron a tratar en la Cámara alta, las que se mencionan y otras irregularidades detectadas en las cuentas de Fabricaciones Militares por parte de la Auditoría General de la Nación, mientras Luis Sarlenga estuvo al frente de la empresa. Entre ellas: * Contrataciones reiteradas por la vía de “urgencia” sin informes que las fundamenten. * Adjudicaciones de ofertas sin estudio previo de razonabilidad económica ni comparación de precios con otros proveedores. * Múltiples operaciones de carácter “secreto” sin que en la mayoría de los casos se fundamenten debidamente las razones esgrimidas. * Incumplimiento de contrato de consultorías y auditorías contratadas pese a que se les había pagado el total de sus servicios. * Contratación de consultorías y profesionales externos sin objeto alguno. * Consentir la participación de intermediarios en las contrataciones. * Falta de control en los formularios que en su mayoría eran meras fotocopias sin numeración. * Compra de armamento extranjero que después no pudo ser revendido en el país. En el detalle de los gastos efectuados por Fabricaciones Militares durante 1994 aparecen otros curiosos detalles. Por ejemplo, la empresa que depende del Ministerio de Defensa pagó la jugosa suma de 700 mil dólares en concepto de seguridad privada. Firme S.A. se llevó 407 mil de los dólares destinados a proteger de extraños a la planta militar. “Fabricaciones Militares denota un control debilitado, ausencia de registros computarizados y archivos deficientes e incompletos”, señaló la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas después de estudiar el informe elaborado por la auditoría que conduce el radical Enrique Paixao. El texto ahora duerme en el cajón parlamentario del olvido.
PROCESAMIENTO EN LA CAUSA ARMAS
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