Principal RADAR NO Turismo Libros Futuro CASH Sátira


CRISIS EN EL FUERO PENAL ECONOMICO
Juicio a la Cámara

Julio Cruciani pidió a la Corte Suprema el juicio político a  los miembros del Tribunal por “presiones y persecución”. En  el eje de la disputa estarían las causas contra funcionarios.

El juez Julio Cruciani desnudó las disputas en el fuero.
“Si no fuese por la opinión pública y la prensa, estaría preso.”

na13fo01.jpg (10992 bytes)

Por Adriana Meyer  y Raúl Dellatorre

t.gif (67 bytes) El juez nacional en lo penal económico Julio Cruciani decidió derribar los puentes que lo ligaban a la cámara del fuero y enviar un fuerte mensaje al oficialismo en el Ejecutivo y en el Congreso. En un escrito presentado al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Julio Nazareno, pidió que se promueva juicio político para los cinco integrantes del Tribunal de Alzada “por mal desempeño en sus funciones”. Cruciani denuncia en su presentación que sufrió “no sólo presión; peor aún, he padecido persecución del propio Poder Judicial por intermedio de la Cámara en lo Penal Económico (...) y si no fuese por la opinión pública, la prensa y la responsabilidad del Congreso, yo no sólo ahora no sería juez sino, mucho peor, tal vez estaría privado de mi libertad”.
La relación entre los jueces de instrucción del fuero penal económico y el oficialismo no pasa por su mejor momento. Dos miembros de ese cuerpo, Marcelo Aguinsky y Julio Speroni, dictaron el procesamiento de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares y miembro del grupo de viejos amigos de la familia Menem que llegó desde La Rioja a Buenos Aires en 1989 para ocupar cargos oficiales. Los magistrados de primera instancia del sector señalan que “es llamativo” que los ataques al cuerpo desde el oficialismo se hayan producido a partir de los procesamientos contra Sarlenga. Los diputados justicialistas habían abierto el fuego lanzando la imputación de “inoperantes” contra los jueces de ese cuerpo.
La denuncia de Cruciani desnuda, sin embargo, el alto grado de descomposición de esa jurisdicción de la Justicia, y la existencia de intereses en juego que traban –o desvían– la resolución de causas de trascendencia. A dicho cuerpo han sido derivadas muchas de las causas que han responsabilizado a funcionarios y a ex funcionarios públicos. El escrito de Cruciani alude al caso del ex secretario de Turismo Omar Fassi Lavalle, cuyo proceso estuvo plagado de entredichos entre el juez de instrucción y la cámara.
Cruciani cita, respecto de esta causa, que “ya en su inicio y sin fundamento alguno, la sala B, interviniente en una resolución del 23/12/97 en el incidente de Autorización de Viaje de Elizabeth Mazzini de Fassi, dice: sorprendentemente ... aún no se ha dispuesto medida alguna de sujeción a la causa”. “Aclaro que a esa fecha se carecía de informe técnico imprescindible para tomar medida alguna de sujeción a la causa (...). Si tomo la declaración indagatoria sin las pruebas del informe técnico, no tengo base de interrogatorio ni imputación firme, por lo tanto debo proceder a la inmediata libertad” de la procesada. El juez señala luego que, en tal caso, “la opinión pública reafirmaría la creencia de que los poderosos en Tribunales entran por una puerta y salen por la otra”.
En la misma causa, Cruciani subraya que la sala B demoró más de un año y 5 meses en resolver un incidente de nulidad de la causa, generando “la inseguridad jurídica de que con el trámite pronto a terminar, aún no se sabía si todo lo actuado era nulo o no”. Pero señala que “lo más grave en esta causa, que puede terminar en un escándalo jurídico por responsabilidad de la sala interviniente, es que la misma promovió –y la Cámara instauró– un sumario administrativo por irregularidades” contra el propio magistrado peticionante del juicio político. Cruciani asegura que se le negó toda información sobre dicho sumario.
No es casual que uno de los primeros en recibir copia de la presentación de Cruciani fuera el diputado justicialista Mario Das Neves, quien junto con otros compañeros de bancada había lanzado el primer ataque contra el fuero. Ayer, el legislador patagónico refirió que “el mal funcionamiento del fuero amenaza al plan económico, porque mientras se crean impuestos para tapar agujeros fiscales, lo que se necesita es que se castigue a los que evaden, dando el ejemplo a la sociedad”.
En los despachos del fuero, los jueces miran las pilas de expedientes y señalan los que involucran a funcionarios del Gobierno como el origen de la ofensiva legislativa. Según un ex vocero alfonsinista, este sector dela Justicia le tiene preparadas varias “desagradables sorpresas” al menemismo, con el mismo pronóstico que este último sector político le augura a Domingo Cavallo cuando abandonó el Ministerio de Economía: “Se van a cansar de recorrer los pasillos de los tribunales”.

 


 

LOS JUECES JUSTIFICAN LA “INOPERANCIA” DEL FUERO
Funciona mal, pero con razón

Por A.M.

t.gif (862 bytes) Dos de los ocho jueces nacionales en lo penal económico reconocieron a Página/12 que ese fuero “funciona mal”, pero cada uno hizo una interpretación diferente de las estadísticas de la Corte Suprema que los diputados justicialistas presentaron como una “investigación” que demostraría la “inoperancia” de ese cuerpo. Uno de ellos dice que las cifras han sido interpretadas con desconocimiento de los procedimientos. El otro admitió que “en un 33 por ciento de los casos no se investiga por dependencia de las órdenes del Gobierno y por corrupción”.
El juez A considera que no es justo condenar a los que “trabajan bien y mucho” utilizando las estadísticas con un análisis superficial e incompleto, y recuerda que para los corruptos “funciona el mecanismo del juicio político”. Los motivos por los cuales es tan bajo el porcentaje de causas que llegan a juicio (entre 1994 y 1997 fueron sólo el 2 por ciento) serían los siguientes:
* No corresponde la elevación a juicio, en muchos casos, porque estos juzgados funcionan como instancia de revisión, por ejemplo, cuando se trata de las clausuras de la DGI o de las sanciones de la Anmat (organismo de control de medicamentos, alimentos y tecnología).
* Los jueces del interior solicitan información o medidas para hacer procedimientos en la Capital, que llevan carátula y número de causa, pero no tienen como destino el juicio oral.
* Fueron archivadas y devueltas a la DGI todas las causas que involucraban cifras menores a 100 mil pesos, a raíz de la Ley de Despenalización.
* La mayoría de las denuncias que llegan de la Superintendencia de AFJP están prescriptas porque se hicieron de manera masiva cuando se produjo la Reforma Previsional.
* También lo están las Penales Cambiarias que llegan del Banco Central.
* Las causas que se inician por delitos ocurridos en distintos puntos de nuestras fronteras empiezan en Buenos Aires, pero el juicio se deriva a las provincias en donde se cometió el ilícito.
* La cantidad de empleados es la misma desde hace 10 años, para atender los 21.467 expedientes que se fueron acumulando desde 1994. Además, este magistrado destacó la tarea de los meritorios, a los que llamó “antiñoquis” porque trabajan sin cobrar un sueldo.
El juez B fue quien advirtió que el documento que los diputados justicialistas Mario Das Neves, Humberto Roggero, Julio Salto y Daniel Scioli distribuyeron días atrás a la prensa, está copiado de los libros de estadísticas de la Corte Suprema. Sin embargo, avaló el diagnóstico de los legisladores y lo completó de esta manera:
* No se puede investigar por falta de infraestructura y ausencia de una efectiva colaboración de la policía, DGI, SIDE y Aduana.
* No se quiere investigar por falta de independencia de las órdenes del Gobierno, por corrupción y/o por vagancia.
* Se inician demasiadas causas sin elementos suficientes para hacerlo, ya sea para “producir estadística” de la policía o de la DGI, o “por una mente estrictamente fiscalista y no judicial”.

 

PRINCIPAL