Por Adriana Meyer y Raúl Dellatorre
El juez nacional en
lo penal económico Julio Cruciani decidió derribar los puentes que lo ligaban a la
cámara del fuero y enviar un fuerte mensaje al oficialismo en el Ejecutivo y en el
Congreso. En un escrito presentado al presidente de la Corte Suprema de la Nación, Julio
Nazareno, pidió que se promueva juicio político para los cinco integrantes del Tribunal
de Alzada por mal desempeño en sus funciones. Cruciani denuncia en su
presentación que sufrió no sólo presión; peor aún, he padecido persecución del
propio Poder Judicial por intermedio de la Cámara en lo Penal Económico (...) y si no
fuese por la opinión pública, la prensa y la responsabilidad del Congreso, yo no sólo
ahora no sería juez sino, mucho peor, tal vez estaría privado de mi libertad.
La relación entre los jueces de instrucción del fuero penal económico y el oficialismo
no pasa por su mejor momento. Dos miembros de ese cuerpo, Marcelo Aguinsky y Julio
Speroni, dictaron el procesamiento de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones
Militares y miembro del grupo de viejos amigos de la familia Menem que llegó desde La
Rioja a Buenos Aires en 1989 para ocupar cargos oficiales. Los magistrados de primera
instancia del sector señalan que es llamativo que los ataques al cuerpo desde
el oficialismo se hayan producido a partir de los procesamientos contra Sarlenga. Los
diputados justicialistas habían abierto el fuego lanzando la imputación de
inoperantes contra los jueces de ese cuerpo.
La denuncia de Cruciani desnuda, sin embargo, el alto grado de descomposición de esa
jurisdicción de la Justicia, y la existencia de intereses en juego que traban o
desvían la resolución de causas de trascendencia. A dicho cuerpo han sido
derivadas muchas de las causas que han responsabilizado a funcionarios y a ex funcionarios
públicos. El escrito de Cruciani alude al caso del ex secretario de Turismo Omar Fassi
Lavalle, cuyo proceso estuvo plagado de entredichos entre el juez de instrucción y la
cámara.
Cruciani cita, respecto de esta causa, que ya en su inicio y sin fundamento alguno,
la sala B, interviniente en una resolución del 23/12/97 en el incidente de Autorización
de Viaje de Elizabeth Mazzini de Fassi, dice: sorprendentemente ... aún no se ha
dispuesto medida alguna de sujeción a la causa. Aclaro que a esa fecha se
carecía de informe técnico imprescindible para tomar medida alguna de sujeción a la
causa (...). Si tomo la declaración indagatoria sin las pruebas del informe técnico, no
tengo base de interrogatorio ni imputación firme, por lo tanto debo proceder a la
inmediata libertad de la procesada. El juez señala luego que, en tal caso, la
opinión pública reafirmaría la creencia de que los poderosos en Tribunales entran por
una puerta y salen por la otra.
En la misma causa, Cruciani subraya que la sala B demoró más de un año y 5 meses en
resolver un incidente de nulidad de la causa, generando la inseguridad jurídica de
que con el trámite pronto a terminar, aún no se sabía si todo lo actuado era nulo o
no. Pero señala que lo más grave en esta causa, que puede terminar en un
escándalo jurídico por responsabilidad de la sala interviniente, es que la misma
promovió y la Cámara instauró un sumario administrativo por
irregularidades contra el propio magistrado peticionante del juicio político.
Cruciani asegura que se le negó toda información sobre dicho sumario.
No es casual que uno de los primeros en recibir copia de la presentación de Cruciani
fuera el diputado justicialista Mario Das Neves, quien junto con otros compañeros de
bancada había lanzado el primer ataque contra el fuero. Ayer, el legislador patagónico
refirió que el mal funcionamiento del fuero amenaza al plan económico, porque
mientras se crean impuestos para tapar agujeros fiscales, lo que se necesita es que se
castigue a los que evaden, dando el ejemplo a la sociedad.
En los despachos del fuero, los jueces miran las pilas de expedientes y señalan los que
involucran a funcionarios del Gobierno como el origen de la ofensiva legislativa. Según
un ex vocero alfonsinista, este sector dela Justicia le tiene preparadas varias
desagradables sorpresas al menemismo, con el mismo pronóstico que este
último sector político le augura a Domingo Cavallo cuando abandonó el Ministerio de
Economía: Se van a cansar de recorrer los pasillos de los tribunales.
LOS JUECES JUSTIFICAN LA
INOPERANCIA DEL FUERO
Funciona mal, pero con razón
Por A.M.
Dos de los ocho jueces
nacionales en lo penal económico reconocieron a Página/12 que ese fuero funciona
mal, pero cada uno hizo una interpretación diferente de las estadísticas de la
Corte Suprema que los diputados justicialistas presentaron como una
investigación que demostraría la inoperancia de ese cuerpo. Uno
de ellos dice que las cifras han sido interpretadas con desconocimiento de los
procedimientos. El otro admitió que en un 33 por ciento de los casos no se
investiga por dependencia de las órdenes del Gobierno y por corrupción.
El juez A considera que no es justo condenar a los que trabajan bien y mucho
utilizando las estadísticas con un análisis superficial e incompleto, y recuerda que
para los corruptos funciona el mecanismo del juicio político. Los motivos por
los cuales es tan bajo el porcentaje de causas que llegan a juicio (entre 1994 y 1997
fueron sólo el 2 por ciento) serían los siguientes:
* No corresponde la elevación a juicio, en muchos casos, porque estos juzgados funcionan
como instancia de revisión, por ejemplo, cuando se trata de las clausuras de la DGI o de
las sanciones de la Anmat (organismo de control de medicamentos, alimentos y tecnología).
* Los jueces del interior solicitan información o medidas para hacer procedimientos en la
Capital, que llevan carátula y número de causa, pero no tienen como destino el juicio
oral.
* Fueron archivadas y devueltas a la DGI todas las causas que involucraban cifras menores
a 100 mil pesos, a raíz de la Ley de Despenalización.
* La mayoría de las denuncias que llegan de la Superintendencia de AFJP están
prescriptas porque se hicieron de manera masiva cuando se produjo la Reforma Previsional.
* También lo están las Penales Cambiarias que llegan del Banco Central.
* Las causas que se inician por delitos ocurridos en distintos puntos de nuestras
fronteras empiezan en Buenos Aires, pero el juicio se deriva a las provincias en donde se
cometió el ilícito.
* La cantidad de empleados es la misma desde hace 10 años, para atender los 21.467
expedientes que se fueron acumulando desde 1994. Además, este magistrado destacó la
tarea de los meritorios, a los que llamó antiñoquis porque trabajan sin
cobrar un sueldo.
El juez B fue quien advirtió que el documento que los diputados justicialistas Mario Das
Neves, Humberto Roggero, Julio Salto y Daniel Scioli distribuyeron días atrás a la
prensa, está copiado de los libros de estadísticas de la Corte Suprema. Sin embargo,
avaló el diagnóstico de los legisladores y lo completó de esta manera:
* No se puede investigar por falta de infraestructura y ausencia de una efectiva
colaboración de la policía, DGI, SIDE y Aduana.
* No se quiere investigar por falta de independencia de las órdenes del Gobierno, por
corrupción y/o por vagancia.
* Se inician demasiadas causas sin elementos suficientes para hacerlo, ya sea para
producir estadística de la policía o de la DGI, o por una mente
estrictamente fiscalista y no judicial.
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