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EXCLUSIVO: LAS EXIGENCIAS DEL BANCO MUNDIAL
Todo sea por los créditos

El BM reclamó a Roque Fernández medidas contra la corrupción, la privatización del Banco Nación y eliminar las indemnizaciones por despido, para soltar los préstamos anticrisis.

Ministro de Economía, Roque Benjamín Fernández.
Rechazó las medidas políticamente más conflictivas.

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Por Maximiliano Montenegro

t.gif (67 bytes) Antes de marzo, el Gobierno deberá cumplir con un listado de medidas negociado con el Banco Mundial. Sólo así recibirá del organismo préstamos por 2500 millones que, en la crisis, servirán para no entrar en mora con la deuda. A esos créditos se suman 2 mil millones de dólares del BID, que atará sus desembolsos a los del BM. El Banco Mundial pidió la privatización del Banco Nación, elevar la edad jubilatoria de las mujeres y que se arancelen las Universidades. También reclamó la implementación de “una estrategia nacional de ética e integridad” en el Estado, con instrumentos concretos para detectar a los funcionarios corruptos (ver aparte). Sin embargo, Roque Fernández rechazó estas iniciativas, a las que considera políticamente demasiado sensibles.
Pero aceptó otras. Como ser: “reducir el tamaño de la banca pública”, “facilitar la salida de los bancos débiles del sistema financiero” y crear “un comité de crisis que monitoree el proceso de caída de bancos”. Por otro lado, insistirá con reemplazar las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo de capitalización individual, y restringir el ingreso a las universidades. Se protegerá, además, a los programas sociales frente a futuros recortes presupuestarios.
Las medidas exigidas se resumen por áreas y, si bien el primer tramo del desembolso crediticio (de mil millones del BM y otro tanto del BID) ya está asegurado, su cumplimiento antes de marzo es imprescindible para recibir el resto de los fondos. Un alto funcionario del Banco Mundial accedió a contar en detalle a Página/12 cuáles son las políticas que reclama el organismo y qué temas el Ministerio de Economía prefirió dejar de lado.
Sistema bancario:
* Los técnicos del Banco plantearon abiertamente “la privatización del Banco Nación”. Pero luego aceptaron que se fije un objetivo más general que indique “reducir el tamaño del sector público en el sistema financiero”.
* “El problema es que los bancos públicos están introduciendo un inusitado nivel de ineficiencia en el sistema bancario”, afirman en el Banco Mundial.
* Para el desembolso del segundo tramo del préstamo se deberá “llevar al Banco Hipotecario al punto de venta de la mayoría del paquete accionario, siempre y cuando las condiciones de mercado lo permitan”.
* Además, habrá que “homogeneizar el rigor de supervisión de los bancos públicos y privados por parte del Banco Central”. Y se deberá “publicar un documento detallando todas las garantías implícitas y explícitas del gobierno para sostener al Banco Nación”.
* Otro objetivo es “incrementar la resistencia del sector bancario ante un shock externo y facilitar la salida de los bancos débiles del sistema”.
* El problema es que “las dificultades existentes en el sistema bancario potencian el riesgo sistémico”, dicen en el Banco Mundial.
* Se creará “un Comité de crisis bancaria integrado, al menos, con dos expertos internacionales en el tema y representantes del sector privado”.
Su función será “a) la resolución de los procesos de caída de bancos, incluida la coordinación entre la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y Sedesa (Seguro de Depósitos Sociedad Anónima); b) la fijación de lineamientos para un adecuado manejo de los bancos por sus dueños, directores y gerentes”.
Planes sociales:
* Se pautó “mantener los niveles del gasto en los programas sociales focalizados y protegerlos de futuros recortes presupuestarios”. Durante1999 “el gobierno no podrá disminuir los recursos de estos programas bajo los niveles de 1998, que suman 520 millones de dólares”.
* Se adjuntó un listado de programas que quedarán protegidos: materno infantil, PRANI (alimentario infantil), Asoma (alimentario ancianos); de control de enfermedades (entre los que se encuentran los planes de vacunación, del Chagas y del SIDA); de empleo de emergencia, como el Trabajar; de educación; y los dirigidos a grupos vulnerables.
Mercado de trabajo:
* “El actual sistema de despidos y de seguro de desempleo provoca excesivos costos laborales e incrementa la incertidumbre en el mercado de trabajo”, aseguran en el Banco Mundial. Y agregan que “incluso con la nueva ley de reforma laboral las indemnizaciones permanecen altas”.
* Para solucionarlo Roque Fernández se compromete, avanzando más allá de la reforma laboral aprobada recientemente, a enviar un nuevo proyecto para reemplazar las indemnizaciones por un seguro de desempleo basado en un esquema de capitalización individual. Se eliminaría también el seguro de desempleo actual financiado por el Estado.
Seguridad social:
* El Banco Mundial sostiene que hay que “eliminar la discriminación en contra de las mujeres” en el nuevo sistema previsional de capitalización. “Como las mujeres viven más y aportan al sistema por un período menor de tiempo que los hombres, perjudican las condiciones de financiamiento del sistema básico. Pero a la vez reciben una jubilación menor por el componente de capitalización”, se explica. Entonces, se proyecta “elaborar un proyecto de ley que aumente gradualmente la edad de jubilación de las mujeres de 60 a 65 años”.
Educación:
* “La educación superior recibe en términos relativos más fondos públicos que la educación primaria y secundaria, y no hay a ese nivel recupero de los costos”, argumentaron en el Banco Mundial.
* Y propusieron “crear un instrumento legal para que las universidades fijen aranceles a los estudiantes que pueden pagar y provean de becas a los que no pueden hacerlo”.
* Los funcionarios de Economía lograron levantar esa condicionalidad, que consideran políticamente conflictiva. Pero accedieron a “estudiar” mecanismos de autofinanciamiento universitario mediante el cobro a graduados y estudiantes.
* El banco también está preocupado “por la calidad de la educación superior que es muy baja”, y destaca que “no hay un sistema de méritos para entrar a la universidad”. En este aspecto, se establece el compromiso de que hacia el segundo semestre del ‘99 la evaluación del último año del secundario funcione como un mecanismo de selección de los futuros aspirantes a la Universidad.

 

Un plan nacional comtrala corrupcion
Por M.M.

El Banco Mundial quiere que el Gobierno adopte una “estrategia nacional de integridad” en el sector público. Los funcionarios del organismo que negocian con el Ministerio de Economía lo plantearon así: “en Argentina falta una estrategia adecuada para promover la ética y la integridad en el Estado”. También sostienen que “no existe un mecanismo para monitorear sistemáticamente los comportamientos ilícitos de los servidores públicos”. En este sentido reclamaron que se apruebe cuanto antes el código de ética pública, “con los recursos suficientes”, y propusieron medidas concretas para dejar al descubierto a los funcionarios corruptos.
Entre las medidas que pide el Banco Mundial para reducir las prácticas corruptas en el gobierno menemista se cuentan las siguientes:
* “Hacer pública la información referente al patrimonio y situación en general de los agentes públicos cuidando un balance entre el derecho a la privacidad de éstos y la facilidad del público para acceder a la información.”
* “Establecer un criterio objetivo e imparcial para determinar irregularidades y reportarlas a las personas relevantes en el tema.”
* “Fijar mecanismos para que las irregularidades reportadas sean obligatoriamente investigadas y juzgadas.”
* “Proveer un sistema de información de acceso público de todas las irregularidades encontradas.”
Además, los oficiales de Washington que negociaron con Economía reclamaron la inmediata puesta en marcha del Consejo de la Magistratura, y que éste fije un plan de acción que incluya “una escuela judicial, regulando su funcionamiento
y seleccionando la currícula de sus profesores”. Con un asombroso grado de conocimiento del
tema, también exigieron que “se mejore el
proceso de selección” al cubrir “las aproximadamente 35 vacantes existentes para el cargo de juez”.
Conciente de la conflictividad política que estos temas generan en diversas áreas del
Gobierno, Roque Fernández rogó excluirlos de las negociaciones.

 


 

El Banco Central sabía que el Mayo era una fiesta de autopréstamos

Según planillas oficiales, a las que accedió Página/12, Pedro Pou estaba al tanto de que  el Banco Mayo funcionaba fuera de la ley.

Rubén Beraja, titular del caído Banco Mayo.
Tendrá que dar explicaciones a la Justicia.

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Por Pablo Ferreira

t.gif (862 bytes) Los autopréstamos admitidos en los papeles por el Banco Mayo excedían en un 60 por ciento los límites establecidos por el Banco Central. El organismo de control que preside Pedro Pou conocía estas cifras con anterioridad a la corrida que gatilló la debacle del banco ayer transferido al Citibank. Esta información surge de los listados de los préstamos a empresas vinculadas, a julio pasado, en poder del Banco Central, a los que accedió Página/12. Rubén Beraja, titular de la entidad, figura con una deuda de más de 4 millones de pesos, superado sólo por los 7,3 millones del vocal Felipe Kompel y, los 27,2 millones de Viviendas Mayo.
Según las planillas oficiales del Central, los fondos puestos en manos de miembros del directorio, parientes y empresas de las que aquellos son accionistas o socios supera los 50 millones de pesos. De añadirse a este valor los créditos impagos otorgados a empresas estrechamente relacionadas con el Mayo, pero que no fueron blanqueadas ante el Central, la suma total de la operatoria escala a más de 150 millones de pesos. Algunas de estas empresas, eliminadas de las nóminas oficiales de la entidad, figuran por caso en un listado publicado por la revista XXI el jueves 15. Entre las más beneficiadas se destacan la cooperativa La Mutua, accionista del banco (3 por ciento), controlada por José Naftalí y Salomón Cheb Terrab, con unos 13 millones de pesos de deuda. Un importe similar recibió Fordemi, entre cuyos dueños aparece también Cheb Terrab.
El desborde admitido por Beraja, realizado en su propio favor y en el de familiares y amigos, superaría en un 59,5 por ciento los parámetros fijados para el sistema financiero, sólo teniendo en cuenta las operaciones con vinculadas que declara oficialmente y llegan a 50 millones de pesos (ver cuadro). De ponderarse, además, el conjunto de préstamos no oficializados, el Mayo quintuplica el límite legal que para estas operaciones ronda, de acuerdo a su patrimonio, los 32 millones de pesos. Además, según reconocen fuentes relacionadas al banco suspendido esa cifra de autopréstamos puede escalar considerablemente si se toman en cuenta las alrededor de 10 empresas que directivos del Mayo manejan en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Uruguay.
Lo cierto es que entre los autopréstamos apadrinados por Beraja relucen, además de los 350 mil pesos acreditados en su propia cuenta corriente, los 2,9 millones acordados a la empresa Alef Network de la que es accionista; y los 713 mil de la firma Legis que lo tiene como socio, y a su vez posee el 3 por ciento del paquete accionario del Mayo. En el listado de favorecidos por el banquero figuran no pocos familiares directos: desde su madre Frida Saiegh de Beraja (18.600 pesos), a sus hermanos David (42.500), Celia (8400) y Noemí (3000) pasando por su esposa (5400).
Sin embargo, el principal beneficiado de los registros del Mayo es sin duda Viviendas Mayo, otro de los accionistas principales del banco. Esta empresa, que explota el negocio de tiempos compartidos, acaparó créditos -mientras Pou hacía la vista gorda– por más de 27 millones de pesos.

 

Se confirmó la venta al Citi

El Mayo ya es del Citibank. El directorio del Banco Central aprobó anoche la oferta integral presentada por la entidad estadounidense. De acuerdo a un comunicado del organismo monetario, el Citibank asumirá la totalidad de los depósitos por 728 millones de pesos. También se quedó con la tarjeta Provencred a la que aspiraba el Banco de Galicia. Y se comprometió a mantener entre 54 y 57 de las 108 sucursales del Mayo y entre 1850 y 2000 puestos de trabajo. El valor de los activos seleccionados quedó establecido en 1322 millones de pesos.
Una de las consecuencias más graves de esta adjudicación es el cierre de no menos de 50 sucursales y, sobre todo, el despido de más de mil empleados. Al respecto, el BCRA destacó que “continuará sus negociaciones con un grupo de bancos para que asuman otras 26 casas que no son de interés para el Citibank con su personal”.
Por otra parte, el Banco Mayo abrió un registro de retiros voluntarios al que se opondría la comisión gremial. Por este motivo el Central anunció que arbitrará los medios ante el Ministerio de Trabajo para que aquellos trabajadores que decidan retirarse no encuentren obstáculos para acogerse al nuevo régimen.

 

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