 El comunicado
que debía leer ayer en la tarde el juez Carlos Cezón –uno de los once miembros de
la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional española– para dar a conocer la
decisión inapelable del tribunal era muy breve, pero no pudo concluirlo sin ser
interrumpido por los aplausos, los gritos, los llantos de familiares, víctimas, miembros
de organismos de derechos humanos argentinos y chilenos que habían esperado en un estado
de máxima tensión las cuatro horas de deliberaciones. “La Sala acordó por
unanimidad desestimar los recursos (de la fiscalía) y confirmar la atribución de la
jurisdicción de España”, dijo Cezón. Así, el máximo tribunal de apelaciones
español dio su respaldo al juez Baltasar Garzón para que siga adelante con el pedido de
extradición del ex dictador Augusto Pinochet, y reconoció su competencia para juzgar no
sólo el genocidio chileno sino también el argentino. “Esta decisión marca un
trascendental e histórico hito judicial. Desde ahora los genocidas serán perseguidos en
todo lugar, sin tener dónde esconderse”, decía el abogado argentino Carlos Slepoy,
uno de los motores de la acusación. A su alrededor, hombres y mujeres gritaban
“¡Viva la Justicia!”.
El juez Garzón recibió la noticia del fallo en su despacho, mientras mantenía una
entrevista con Madres de Plaza de Mayo. Cuando le comunicaron la decisión de la Audiencia
Nacional, Garzón sonrió. Sólo sonrió. Sin el fallo de ayer, su trabajo de los últimos
dos años, reuniendo pruebas, testimonios, internándose en los pliegues más soeces de
las dictaduras latinoamericanas de los ‘70, hubiese naufragado. Sin el fallo de ayer,
las órdenes de captura que Garzón libró contra Massera, Galtieri, Astiz, Acosta y otros
se hubiesen diluido en el aire. Pero Garzón tiene pendientes en su camino muchos otros
obstáculos.
Despejado ahora el terreno, el juez pedirá formalmente la extradición de Pinochet, que
deberá vehiculizar el Ejecutivo español. El portavoz de José María Aznar, Josep
Piqué, dijo que el gobierno respetará “escrupulosamente” lo decidido por la
Audiencia Nacional. Una vez que lo haya hecho –tiene plazo hasta el 25 de noviembre,
día en el que, casualmente, Pinochet cumplirá 83 años– será la Cámara de los
Lores británica, el más alto órgano de apelación del Reino Unido, la que tendrá la
última palabra.
Ayer, en Londres, a Pinochet deben de haberle dicho que tenían para él una noticia buena
y una mala. La mala es que no se sacó a Garzón de encima. La buena fue que el Tribunal
Supremo británico decidió fijarle una fianza para otorgarle la libertad condicional
–aunque con vigilancia policial– mientras se dirime si su inmunidad diplomática
o su condición de jefe de Estado en el momento en el que cometió los crímenes que se le
imputan lo absuelve de ser extraditado (ver página 5).
Mientras, en Chile las noticias que llegaban de España movilizaban al gobierno y
escupían a la gente a las calles para corear, como en los días anteriores, a favor y en
contra del ex dictador. “No lo podemos creer, no lo podemos creer”, repetía
Viviana Díaz, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
de Chile. “Nosotros estaremos siempre muy reconocidos, porque si en Chile no pudimos
hacer justicia por la existencia de una ley de amnistía, esto nos abre grandes
perspectivas para el futuro”, agregó Díaz.
En Madrid, en tanto, nada empañó el regocijo. Vencido por su propia alegría, llorando,
el abogado Slepoy declaraba que “este ejemplo debe repetirse en todos lados, provocar
un efecto–contagio en todos los países de América, Africa, Asia y Europa, donde se
deben constituir tribunales para perseguir y cerrar el cerco a los genocidas”.
“Estamos contentísimas”, alcanzó a decir Hebe de Bonafini, y auguraba:
“Muchos represores argentinos van a tener que ir a declarar a España”.
“Hoy sabrán los dictadores y asesinos que adonde quiera que vayan serán
perseguidos”, dijo una abuela de la Plaza ya reunida con su nieta, Matilde Artés.
“Con esto estamos empezando a pagar una deuda con los desaparecidos españoles en
Chile y Argentina, y con todas las víctimas de crímenes contra lahumanidad”,
declaró Carlos Castresana, presidente de la Asociación de Fiscales Progresistas, la
entidad que junto a abogados argentinos gestionó y dio forma a la acusación que recogió
el juez Garzón.
El fallo de la Audiencia Nacional, en efecto, parece marcar mucho más que la continuidad
de la investigación del juez Garzón. Establece además criterios sobre los absurdos
argumentos que elevó la fiscalía española para hacer zozobrar las causas contra los
militares chilenos y argentinos. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo
Fungairiño, había sostenido el jueves en la Sala que ni en Chile ni en la Argentina hubo
genocidio, por cuanto se persiguió a “subversivos”, y que en los
“exterminios ordenados” no se buscó la destrucción de “cualquier grupo
nacional, étnico, racial o religioso”. La oposición española ya pidió la
destitución de Fungairiño y del fiscal general de Estado, Jesús Cardenal, quienes
insistieron ante los once jueces en que los delitos cometidos por militares argentinos y
chilenos deben ser juzgados en sus respectivos países. A eso, los abogados acusadores
respondieron que el genocidio es “un delito de derecho internacional que debe ser
perseguido por todos los Estados del mundo”. Con su fallo, el tribunal opinó lo
mismo.
Mientras Massera, Galtieri, Acosta, Bussi y Astiz, entre tantos, se acomodan a la idea de
que en su plan de impunidad hubo una finísima grieta, y que un juez español, apoyado por
abogados argentinos, dio con ella, el anciano dictador chileno sigue viviendo en Londres
la humillación que inauguró el pasado 16 de octubre, cuando fue detenido. Entonces, le
dijo a su esposa “Ya nos vamos, ¿no es verdad?”. No, general. No todavía.
Informe: Norberto Bermúdez desde España.
El que sigue
Por N.B. desde Madrid
Además de enviar el pedido de extradición del ex dictador Pinochet, el juez Baltasar
Garzón se apresta a resolver un pedido de las acusaciones para que se dicte el
procesamiento contra un total de 61 civiles y militares de la ESMA. En la lista figuran
los ex comandantes Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Isaac Anaya y Rubén Oscar
Franco como así también Luis María Mendía, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl
Vildoza, Alfredo Astiz, Jorge Perren, Carlos Pazo, Jorge González y el letrado Gonzalo
Torres de Tolosa, entre otros. También las acusaciones piden el procesamiento de Adolfo
Scilingo, quien se encuentra actualmente en libertad provisional vigilada, situación
legal similar a la que tiene Pinochet en Londres. Si Scilingo fuera procesado, quedaría a
las puertas del juicio y se enfrentaría a una pena de 600 años de cárcel por haber
participado de los vuelos de la muerte y arrojado vivas al mar a 21 personas.
Chile quiere ir a La Haya
El gobierno chileno reaccionó con dureza al fallo de la Audiencia Nacional española a
favor de la competencia del juez Garzón para juzgar los crímenes de las dictaduras
argentina y chilena. El canciller José Miguel Insulza anunció que Chile podría pedir la
intermediación de la Corte Internacional de La Haya para discutir una decisión judicial
en la que “hay una fuerte discrepancia” entre los dos países. La ministra de
Justicia chilena, Soledad Alvear, aclaró que “los delitos que en nuestro país se
cometen deben ser juzgados por nuestros tribunales” y que “existirá un tribunal
penal internacional, imparcial, que podrá conocer aquellos delitos que en definitiva se
sometan a su consideración cuando los Estados no están en condiciones de conocer
determinados delitos”. Apenas se conoció la decisión de la justicia española, el
presidente chileno Eduardo Frei se reunió con los jefes de las Fuerzas Armadas para
analizar la situación. |
El largo brazo de la ley española |
Encerrados en el país
Raúl Zaffaroni*: La consecuencia práctica de la decisión de la Audiencia Nacional
española para los militares que están procesados en ese juicio es que quedan encerrados
en la Argentina. Si bien esto ya sucedía, con la detención de Pinochet lo que antes era
abstracto se volvió concreto, es una alerta importante. La Argentina no efectivizará
nunca el pedido de extradición de los militares porque nuestro Código no lo reconoce. No
hay tratado que admita que otro país tenga competencia en un delito cometido en nuestro
territorio en función de la nacionalidad de la víctima. Otra limitación es que, salvo
algunos tratados, no extraditamos a nacionales. La orden de captura se puede hacer
efectiva sólo en el momento en que salen del país.
* Ex juez. Legislador del Frepaso.
Legitimidad muy grande
Daniel Sabsay*: Se ha tratado de presentar este juicio como un antojo de un juez
mediático, que quiere ser estrella y con vinculaciones con el Partido Socialista. Al ser
ratificada la competencia por la Audiencia Nacional –que incluso tiene una
composición conservadora–, el proceso tiene una legitimidad muy grande. Ya no se
trata de un juez, sino de la Justicia española. Además, a la Cámara de los Lores se le
hace más difícil ratificar el fallo sobre la inmunidad de Pinochet porque tienen la
habilitación para realizar la extradición. Para los militares argentinos, el país se
convirtió en una prisión y en el caso de que salgan del país, no hay instancia que deje
sin efecto la posición española, porque ya se llegó hasta el final.
* Constitucionalista.
Jurisdicción universal
Leopoldo Schiffrin*: Lo más importante de esta decisión es que se abre paso al principio
de jurisdicción universal para los delitos contra la humanidad y que se crea una
situación moral en la que se hace difícil sostener que los militares ya han sido
juzgados, porque hay muchos delitos por los que no se los condenó. Para la Justicia
argentina es un estímulo para que progrese en los mismos temas. La Argentina hace un
papel tristísimo al no juzgar a los militares, entonces, no hay más remedio que sufrir
el escarnio internacional que vivimos junto a Chile e Inglaterra. Es muy triste que
tengamos que recibir una lección de afuera, pero es una lección merecida, producto de
que aquí se cultiva la impunidad.
* Presidente de la Cámara Federal de La Plata. |
“Ahora otros tribunales podrán
comenzar causas”
Carlos Slepoy fue reporteado por Página/12
minutos después del fallo de la Audiencia. “Esto da nuevo impulso a la causa”,
dice.
El abogado argentino Carlos
Slepoy fue quien apoyó la continuación y validez del proceso.
Según el letrado, la decisión de la Audiencia Nacional dará nueva impulso a la causa de
Garzón. |
|
Por Felipe Yapur desde Madrid
Cuando el juez Carlos Cezón
leyó que, por unanimidad, el Pleno de la Sala en lo Penal determinó que Baltasar Garzón
era competente para investigar por genocidio a los militares argentinos y chilenos, Carlos
Slepoy –el abogado argentino que llevó adelante la argumentación que solicitaba la
continuidad del proceso– no pudo aguantar la emoción y sus ojos se ahogaron en
lágrimas. Unos pocos metros más atrás, integrantes de Madres de Plaza de Mayo
aplaudían, se abrazaban y lloraban porque después de tanto dolor y angustia por primera
vez sentían que la impunidad retrocedía.
Unas horas más tarde y cuando la emoción se volvió más controlable, Slepoy conversó
con Página/12 en su estudio jurídico. “Lo primero que pensé es que habíamos
logrado algo muy importante y que esto se debía fundamentalmente al esfuerzo de mucha
gente que luchó por demostrar que los derechos humanos se defienden en cualquier lugar
del mundo y en cualquier estrado judicial”.
Para el abogado argentino la determinación del Pleno de la Sala en lo Penal significa
“un paso histórico para el Derecho Internacional porque se reconoce, por primera
vez, que un país pueda enjuiciar a extranjeros por delitos cometidos en el
exterior”. Pero según Slepoy no sólo eso es importante sino que “la Audiencia
Nacional reconoció concretamente un principio fundamental de protección a los seres
humanos y esto es prácticamente un hecho inédito”.
El abogado sabe que lo que se consiguió ayer en España es un verdadero disparador por el
cual “es muy posible que muchos otros tribunales de otros países inicien causas por
genocidio. De esta manera se generará una lucha colectiva en favor de los derechos
humanos y a los genocidas no les quedará otra alternativa que permanecer en sus
países”.
Desde que comenzaron las investigaciones de Garzón, muchas voces se alzaron en contra de
lo que realizaba el juez español. Entre ellas la del presidente Carlos Menem y el propio
gobernador Eduardo Duhalde, quienes advirtieron sobre el peligroso antecedente que
acarreará la decisión de los jueces españoles ya que “ahora cualquier magistrado
podrá ordenar la detención de cualquier persona en otro país bajo una supuesta
búsqueda de justicia”.
Para Slepoy esta reflexión significa una sola cosa, “una total ignorancia sobre el
Derecho Internacional. Es un absurdo lo que se dice porque no es el Estado el que
participa de esto sino que es la Justicia que, de más está decirlo, es un poder
independiente y que sólo aplica lo que rezan los tratados internacionales sobre la
defensa de los derechos humanos. Tanto la Argentina, España y hasta Inglaterra son
signatarios de esos instrumentos que en muchos países, incluido el nuestro, tienen fuerza
de ley por la Constitución nacional”.
En cuanto al futuro inmediato, Slepoy indicó que “ahora tenemos que esperar la
fundamentación de la decisión de los jueces y ahora podremos solicitar nuevas medidas
que serán mucho más contundentes. Desde luego que se realizan pedidos de capturas,
extradición y hasta la confiscación de las cuentas bancarias de los militares en el
extranjero. Ahora la investigación retomará un nuevo impulso. Por ejemplo, ya está
confirmada la llegada de legisladores tucumanos para el 6 de noviembre que traen pruebas
para aportar al caso de Antonio Bussi”.
La decisión de la Audiencia Nacional es histórica y Slepoy ya se atreve a confiar en que
esta determinación influya en la Cámara de los Lores para que reviertan “la
aberrante decisión del tribunal británico respecto del genocida Augusto Pinochet”.
DUHALDE SE ENTERO DE LA SENTENCIA JUNTO A
AZNAR
Noticia incómoda para el candidato
Por F. Y. desde Madrid
“Ahora los tendremos
a todos (los militares acusados por violaciones a los derechos
humanos) dentro del país.” Muchos dijeron lo mismo tras conocer la resolución del
fallo que le permite al juez Baltasar Garzón continuar investigando los crímenes
cometidos por los militares argentinos. Pero el único que pudo compartir esa reflexión
(y cierta desazón) con el presidente español José María Aznar fue el gobernador
bonaerense Eduardo Duhalde.
Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González visitaron ayer a Aznar en uno de
los salones del Palacio de la Moncloa. Cuando Duhalde estrechaba las manos de Aznar, en
las inmediaciones de la Audiencia Nacional los militantes de organismos de derechos
humanos ya festejaban la sentencia que condena a muchos militares argentinos a tener a su
país como cárcel (ver nota central).
Tanto Aznar como Duhalde, de reconocida oposición a la investigación de Garzón,
prefirieron no hablar extensamente de la situación. Saben muy bien que la determinación
de la Justicia española puede generar futuras fricciones entre la Argentina y España.
Aznar sólo atinó a decirle que respeta las decisiones de la Justicia y le contó a
Duhalde que había hablado telefónicamente con el comandante cubano Fidel Castro, quien
se habría mostrado contrario a la determinación de la Justicia de España. El
precandidato a presidente del PJ comentó parcamente la situación: “Ahora los
tendremos a todos dentro del país”.
De todas maneras, asediado por los periodistas antes de entrar y al salir de la reunión,
Duhalde explicó que celebraba que “un tirano” como Pinochet estuviera preso
pero que estaba en contra de que actuara una Justicia ajena al país donde se cometieron
los crímenes.
Duhalde y Aznar estuvieron más distendidos cuando hablaron de política internacional.
Aznar le explicó a Duhalde las fluctuaciones de las preferencias electorales de los
europeos. El gobernador bonaerense hizo una mueca como de disgusto. “La verdad
–interrumpió al anfitrión–, no me gusta lo que usted está diciendo. Si
seguimos su razonamiento, en la Argentina la sociedad ya votó al justicialismo, entonces
ahora le tocaría triunfar a la oposición y eso a mí no me gusta nada.” Y los dos
matrimonios rieron.
Con este encuentro Duhalde dio por terminada su gira internacional. “Todo el viaje
resultó un éxito –dijo en tono de balance–. Sin duda lo mejor fue Israel,
tanto Chiche como yo quedamos muy impresionados por los avances de ese país, que cuando
comenzó era sólo un desierto.”
|
