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 Incógnita:
un hospital del Chaco está bien equipado y dispuesto para atender partos, pero la
mayoría de las parturientas se niegan a ir. Respuesta: el hospital desconoce el hecho de
que las mujeres de la zona, aborígenes de la etnia toba, practican el rito de enterrar la
placenta luego del parto; como en el hospital no lo aceptan, prefieren no ir. En ese
delicado punto de equilibrio entre políticas de salud e identidades comunitarias se mueve
la organización Grupo Solidario del Sur, que desde hace un año trabaja para
“asistir a los sectores de población más vulnerables en situaciones de
crisis”, en “relación estrecha con las poblaciones”. “Nos proponemos
intervenir en inundaciones, catástrofes, situaciones de desnutrición, marginalidad,
desempleo, a partir del criterio de considerar la salud en un sentido integral”, dice
el presidente del Grupo, Francisco Maglio. “En el hospital de El Espinillo, dentro de El Impenetrable, van a atenderse sólo el 30 por ciento de las parturientas de la zona. En cambio al hospital de Sauzalito, en la misma región y con los mismos recursos, acude el 85 por ciento de las parturientas –observa la médica Silvia Quadrelli, a cargo de la Misión Chaco del Grupo Solidario del Sur–. La diferencia depende de la relación que el centro de salud tenga con la población aborigen: cuando la mujer puede entrar al hospital con la comadrona que la atiende, es más fácil que vaya. Y es más probable que vaya si sabe que luego del parto le entregarán la placenta para que pueda enterrarla cerca de su casa, según el rito, para que el hijo, cuando crezca, no se vaya del hogar.” El ejemplo muestra la delicada trama cultural en la que debe insertarse toda acción de salud para tener chances de ser efectiva. “Nosotros hablamos con la gente de las comunidades aborígenes y les preguntamos cómo ven ellos el problema de la sanidad: nos dijeron que se sienten discriminados porque no comparten los códigos de los blancos. Ellos van al hospital, les dicen que tienen que pagar un bono pero que, si no, los van a atender igual; pero ellos no tienen dinero, no se manejan con dinero y, ante ese mensaje, su respuesta es irse y no volver más”, relata Quadrelli. Grupo Solidario del Sur se propone instalar una misión en El Impenetrable: “Necesitamos un buen vehículo para hacer visitas sanitarias todo el año, sin esperar a que la gente vaya a los puestos sanitarios, e implementar ya mismo un programa maternoinfantil”, dice Quadrelli, y destaca que, sin embargo, “el diseño sanitario de la provincia es bueno: hay muchos puestos sanitarios con buenos insumos; el problema es que no pueden llegar a todas partes”. Francisco Maglio, presidente del Grupo, subraya que el objetivo de la entidad –que se fundó hace un año– “no es sustituir la acción del Estado sino complementarla”. Alberto García, vicepresidente, destaca que la modalidad de acción de la entidad prioriza “el contacto con las instituciones comunitarias de cada zona”. La entidad toma el modelo del organismo internacional Médecins du Monde –al que se propone integrar plenamente– pero no se integra sólo con médicos sino con gente de distintas profesiones –entre ellos antropólogos, psicólogos, cineastas– y voluntarios sin formación específica. El Grupo también tiene elaborado un plan para asistir a la localidad entrerriana de Ibicuy, cuya población, a causa de las últimas inundaciones, tuvo un incremento forzado que la llevó de 4000 a 5000 habitantes, con insuficiencia de servicios y altos niveles de desocupación: “Tenemos ya el acuerdo del hospital de la zona para participar en la formación de equipos de salud”. La entidad colabora ya con el Foro por la Justicia, que dirige Martha Pelloni en Goya, Corrientes, proveyéndole medicamentos. La acción del Grupo Solidario incluye su toma de posición sobre las cuestiones sanitarias primordiales: “La descentralización del sistema de salud, promovida por el Ministerio de Salud Pública, conduce a que los centros de salud deban autofinanciarse y, en definitiva, quedar sujetos almercado: hospitales villeros y hospitales VIP”, grafica Maglio. “La desregulación de la seguridad social, que permite su vaciamiento y el ingreso del capital privado, condiciona el acceso a la salud a la capacidad adquisitiva individual”, denuncia García.
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