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Menem designó en el Consejo de la Magistratura a un capitán de fragata que fue jefe de división en la Asesoría jurídica de la Armada durante la dictadura. Julio Comadira es ahora jefe de gabinete del ministro de Justicia Granillo Ocampo. Su firma certificó en 1983 un escrito de respuesta a una orden judicial, en el que se aducía que ni el Delfín Chamorro ni el Tigre Acosta revistaban en la Armada.
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Por Horacio Verbitsky  El presidente
Carlos Menem designó para representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura
a un capitán de fragata que fue jefe de división en la asesoría jurídica de la Armada
durante la última dictadura militar, Julio Rodolfo Comadira. Como tal, su firma
certificó un documento en respuesta a una demanda judicial, en el que se alegaba que ni
el Delfín Chamorro ni el Tigre Acosta revistaban en la Armada. El Consejo de la
Magistratura es el órgano creado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para
seleccionar a los jueces y administrar el Poder Judicial. Lo encabeza el presidente de la
Corte Suprema de Justicia y lo integran en total veinte miembros, que representan a los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los abogados y los académicos. Hasta el
momento de su designación, Comadira era jefe del gabinete de asesores del ministro de
Justicia Raúl Granillo Ocampo, quien también tiene vínculos especiales con la Armada.
Incluso, el secretario de Asuntos Legislativos y primo del ministro, Guillermo Ocampo,
tiene como secretario privado al marino Raúl Pérez Ujido. Inicialmente, el Poder
Ejecutivo había designado al propio Granillo en el Consejo de la Magistratura, pero luego
revocó ese nombramiento y optó por Comadira. Nacido en 1947 en la ciudad naval de Bahía Blanca, Comadira ingresó a la Armada a los 22 años, durante la dictadura del general Juan Onganía y sirvió como auditor en su Asesoría Jurídica, bajo las comandancias de los ex dictadores Emilio Massera, Armando Lambruschini, Jorge Anaya y Rubén Franco. Llegó a ser jefe de la división Asesoría. Junto con Jorge Escola es considerado uno de los dos mejores especialistas en derecho administrativo que produjo la Armada. Comadira siguió en servicio activo al concluir la dictadura y recién pasó a retiro el 1º de agosto de 1989. El mismo día desembarcó en el actual gobierno, a través de Roberto Dromi y Rodolfo Barra, ministro y viceministro de Obras y Servicios Públicos. Fue Director de Asuntos Jurídicos del MOSP durante 90 días, los suficientes para elaborar el marco jurídico (por así llamarle) para el desguace del Estado. También fue asesor del ministro del Interior Carlos  Corach en la
licitación de los Documentos Nacionales de Identidad, tarea que cesó antes de la
adjudicación. Comadira es profesor titular de derecho administrativo en las universidades
nacionales de La Plata y de Buenos Aires, en la Universidad Fraternidad de Agrupaciones
Santo Tomás de Aquino en Mar del Plata y en la Universidad Austral. Además dirige el
Master en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, orientada espiritualmente por
el Opus Dei.¿Chamorro? No me suena En un documento de agosto de 1983, la firma de Comadira certificó la respuesta naval a un reclamo de la Justicia federal negando que el Director de la Escuela de Mecánica de la Armada y el jefe de su grupo de tareas pertenecieran a sus filas. El expediente en el que fueron reclamados el almirante Chamorro y el capitán Jorge Acosta, junto con los ex comandantes en jefe Emilio Massera y Armando Lambruschini se denomina “Radrizzani Goñi, Miguel Angel s/denuncia”, más conocida como causa Triple A. En agosto de 1983 el juez federal José Nicasio Dibur citó a declaración indagatoria a Massera, Lambruschini, al “contraalmirante Eduardo Chamorro y al capitán de navío Jorge Acosta” (sic). Los dos primeros como imputados y los dos últimos como procesados. La respuesta naval señaló que “no revistan en esta institución personas identificadas con las jerarquías y nombres aludidos, solicitando en consecuencia a VSa. tenga a bien aportar otros elementos que permitan individualizar correctamente a las personas a las que se requiere para que presten declaración indagatoria”. Chamorro no se llamaba Eduardo sino Rubén Jacinto, y Acosta no era capitán de navío sino de fragata. Pero por entonces, tanto El Delfín Chamorro como El Tigre Acosta eran personas de triste fama pública, y en el contexto de aquella investigación judicial era obvio que se trataba de errores fácilmente subsanables, de no existir voluntad de ocultamiento. Página/12 no vio el original de la respuesta de la Armada, sino una fotocopia. Como autor de la respuesta figura el Capitán de Navío Auditor Eduardo T. Cóppola. Debajo de un sello que dice “Es Copia”, se observa la certificación, con la firma y sello del entonces Capitán de Corbeta Auditor Julio Rodolfo Comadira. El documento tiene varios aspectos llamativos. La primera foja está escrita en papel con membrete del Comando en Jefe de la Armada y la segunda del Comando General de la Armada. Aunque el texto tiene perfecta continuidad cada foja parece escrita con un tipo de letra distinto. Ambas tienen sello y foliado del Juzgado de Instruccion Militar Ad Hoc del Comando en Jefe de la Armada (COARA). Junto al foliado del expediente militar al que parece haberse incorporado copia de las actuaciones de la justicia federal se leen el sello y firma del Secretario del Juzgado Ad Hoc, capitán de navío Roque Pedro Funes. El uso indistinto de dos papeles membretados diferentes no es irregular. La ley 21.256 de 1976, que aprobó el “Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo” dice que la Junta “estará integrada por los tres comandantes generales de las Fuerzas Armadas”, pero las simultáneas Bases y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional se refieren a los “comandantes en jefe”, como se los denominaba desde la ley de defensa dictada durante el gobierno de Juan Carlos Onganía en 1966. Durante los tres años del gobierno justicialista 1973/1976 se denominaron Comandantes Generales. Desde la conclusión de la dictadura militar la denominación pasó a ser Jefes de Estado Mayor. En algunos escritos del ministerio de Justicia se sigue usando hoy los restos de papel membretado con su antigua denominación de Secretaría. Pero el cambio de tipo de letra no tiene explicación razonable alguna. La primera foja termina con “personas identificadas con las jerarquías y nombres aludidos, solicitando en consecuencia a VSa” y la segunda comienza con “tenga a bien aportar otros elementos”. La continuidad del texto es evidente, pero el cambio de letra sugiere que en la copia autenticada por Comadira puede haberse omitido algún dato o alguna firma del original que, por alguna razón, resultaran comprometedores. Consultado para esta nota, Comadira consideró “probable” que esa fuera su firma. “Aunque en una fotocopia es complicado tener certeza, no lo descarto”, dijo. Explicó que ante los requerimientos judiciales, la función de la Asesoría era girarlos al área que correspondiera, controlar que no se demorara la respuesta, y, una vez recibida, transmitirla al juzgado. “Una de mis funciones era certificar la firma del entonces capitán de navío y ahora almirante Cóppola, que era el jefe de la Asesoría.” La Asesoría Jurídica tiene dos divisiones, de Asesoría y Contenciosa. “Yo era jefe de la división asesoría e intervenía en contratos, licitaciones, recursos disciplinarios y otro papelerío de rutina. Siempre fui abogado y traté, dentro de mis funciones, de que se cumpliera con la juridicidad. Pero el contenido de las comunicaciones no es responsabilidad de la Auditoría. Ni siquiera tenía acceso a la fuente de la información”, agregó, completando la doctrina del engranaje, que un experto alemán que vivió muchos años en la Argentina desarrolló ante un tribunal de Israel, en 1962. Respecto del cambio de tipo de letra entre las dos fojas,  Comadira
conjeturó que podía deberse a “una máquina de escribir que no andaba, en una
época en la que no había procesadores de texto. También pudo haber sido armado en forma
deliberada para hacercoincidir las dos partes”. Pero no arriesgó quién ni por qué
lo habrían hecho. En la oficina de prensa de la Armada una persona que sólo accedió a identificarse como “Mabel” dijo que no suministraría ningún dato sobre Comadira si no se le informaba para qué sería utilizado. La respuesta “para un artículo periodístico” no le pareció suficiente. Página/12 tuvo que reconstruir mediante otros documentos y testimonios de diversas personas la deriva naval del representante de Menem en el Consejo de la Magistratura. Entre ellos el propio Comadira, que respondió con cortesía a todas las consultas. Antes de llegar a la jefatura de la División Asesoría de la Asesoría jurídica del Estado Mayor General, Comadira estuvo destinado en la Base Naval de Puerto Belgrano. También se desempeñó en el Ministerio de Bienestar Social, que era feudo de la Armada, durante la gestión del almirante Bardi. Ninguno de estos antecedentes figuran en el curriculum abreviado oficial que Comadira presentó en las Jornadas Internacionales sobre el Consejo de la Magistratura, que sesionaron el jueves y viernes de esta semana en el hotel Crowne Panamericano. El curriculum completo, de 16 fojas, recién en la penúltima y bajo el título “Antecedentes y cargos profesionales”, consigna que el Capitán de Fragata Comadira se retiró del servicio activo de la Armada el 1º de agosto de 1989, luego de 20 años y dos dictaduras en funciones. El desembarco en el gobierno menemista fue instantáneo: ese mismo día el ex auditor de Massera ingresó al MOSP. La única distinción que figura en su curriculum es la que le otorgó la Comisión del Servicio de Justicia Militar San Alfonso María de Ligorio “en reconocimiento a su valiosa trayectoria”. Comadira dijo que “no estoy escondiendo mi pasado de oficial naval”. Citó como demostración la dedicatoria a la Armada de su libro de 1981 “La anulación de oficio del acto administrativo”, que mantuvo en su edición actualizada este año. Orden de zarpar La semana pasada, en la reunión preliminar del Consejo de la Magistratura, se discutió si el organismo podía constituirse con 19 de sus 20 miembros. Sólo falta designar a una personalidad académica, que según la ley debe ser nombrada por el Consejo Interuniversitario Nacional. La impasse no se debe a una cuestión jurídica, sino al intento de los rectores de negociar la designación de un consejero grato al gobierno nacional, a cambio de mejoras presupuestarias para las universidades. Comadira sostuvo que como se trataba de un órgano de representación estamental, si uno de los estamentos no estaba representado el Consejo de la Magistratura podría ser tachado de inconstitucional. Lo interrumpió la voz bronca de Augusto Alasino: –Comadira, déjese de hinchar, que si no constituimos ya el Consejo vamos todos en cana –dijo el Kelsen de Concordia. Impresionado por la sutileza del razonamiento el auditor naval enriqueció entonces la doctrina con un voto propio acerca de “la emergencia constitucional”, por la que el Consejo de la Magistratura podrá zarpar con un tripulante de menos.
Por Adriana Meyer
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