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Por W.U.  Los obispos católicos finalizaron ayer su segunda asamblea
plenaria del año dando a conocer un mensaje en el que reafirman su apoyo a la Ley Federal
de Educación y sostienen sus críticas a la forma como se viene implementando. En el
mismo pronunciamiento hacen una exhortación "a las autoridades y a la sociedad
entera a favorecer el reconocimiento a los educadores y su justa retribución" en lo
que puede leerse como un respaldo a los reclamos reiteradamente expresados por el gremio
docente.
Junto con el breve texto sobre educación, de apenas una carilla, los obispos aprobaron y difundieron una carta pastoral más extensa sobre el "sostenimiento de la obra evangelizadora de la Iglesia" en la que se analiza en profundidad todo el tema de los recursos humanos, materiales y económicos de la Iglesia, se pretende dar claridad a la relación económica con el Estado, y se fijan criterios de "pobreza evangélica", "corresponsabilidad", "ejemplaridad", "transparencia", "solidaridad" y "eficacia" para el manejo de esos mismos recursos. Cambiando la modalidad que habían tenido hasta el momento las asambleas, los obispos dedicaron en esta ocasión una jornada y media a trabajar de manera exclusiva el tema de educación, contando para ello con expertos que los asesoraron. Las conclusiones, expuestas ayer al finalizar el plenario por un grupo de obispos encabezado por el titular del Episcopado, Estanislao Karlic, no distan mucho de lo que hasta ahora viene sosteniendo la Iglesia en la materia: apoyo en general a la Ley Federal de Educación al considerarla "un avance" respecto de la legislación anterior, la advertencia sobre la "aplicación dispar y no siempre acertada implementación" del ordenamiento legal y la ratificación del principio de "educación pública" aplicable a toda la educación más allá de quienes la gestionen, el Estado, los privados o la Iglesia. Esta particular mención está directamente vinculada con el problema del presupuesto, ya que los obispos se oponen a cualquier recorte de los subsidios a la educación privada argumentando que ello limita la "libertad de enseñanza" en tanto y en cuanto restringe la existencia de diferentes opciones. Sin mencionarlo en forma explícita, el mensaje sobre educación deja también en claro la pretensión de que los llamados contenidos básicos comunes no pierdan de vista aquello que los propios obispos lograron tanto en el debate de la Constitución reformada como en el texto de la propia Ley de Educación: el reconocimiento del sentido trascendente de la existencia humana. Para ello, tal como lo señaló el obispo de Azul, Emilio Bianchi Di Cárcano, no "estamos buscando introducir la religión como materia en las escuelas", sino que se haga "un discernimiento en los contenidos de la enseñanza" que tomen en cuenta este sentido religioso. Por otra parte, los obispos siguen reivindicando el derecho de la Iglesia a formar sus propios docentes. Detrás de esta demanda está latente el conflicto planteado respecto de los institutos terciarios católicos de formación docente y el pedido para que la formación impartida por éstos sea oficialmente reconocida. Es significativo además que el documento episcopal abra también su mirada al contexto social para decir que "en el transcurso de nuestra reflexión hemos tenido muy especialmente presentes a los hombres y mujeres que se desempeñan en la noble tarea educativa, en medio de no pocos obstáculos y en condiciones socio-económicas difíciles", para expresar "nuestro reconocimiento" por lo mismo y pedir para ellos una "justa retribución". De mayor significación intraeclesial que para la sociedad, la carta pastoral sobre el sostenimiento económico de la Iglesia es también una manera de hacer un llamado a la transparencia en la sociedad. "Ninguna palabra es inocente y ningún gesto es inocente", dijo Karlic cuando se lo consultó al respecto. En su documento los obispos dicen, entre otras cosas, que "en el contexto de una creciente corrupción social, la transparencia en la rendición de cuentas en las comunidades cristianas (...) está destinada a ser un signo importante de credibilidad". Y agregan que este testimonio de transparencia "reforzará la acción de la Iglesia contra la injusticia y la corrupción". En medio de otras reflexiones los obispos informaron haber recibido del Estado en 1999 la suma de 9.901.467 pesos, suma destinada a salarios de los obispos, ayudas para los seminaristas, los sacerdotes ancianos y subsidios para parroquias de frontera.
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