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Por Fernando Almirón El miércoles el
justicialismo podría aceptar la modificación del proyecto de ley elaborado por el
senador del PJ, Angel Pardo, que aprovecha la penalización de las escuchas telefónicas
para limitar la utilización de las cámaras ocultas y otros recursos de prueba
periodísticos. El dictamen original fue firmado tanto por los jefes de los bloques del PJ
y la UCR, Augusto Alasino y José Genoud. Ahora, después de las presiones ejercidas en el
Parlamento por la Asociación de Editores de Diarios (ADEPA) y la organización
"Periodistas", la propuesta podría pasar a la Comisión de Libertad de
Expresión para que estudie en qué medida la norma dirigida a poner límites al espionaje
político viola la libertad de prensa. En la SIDE no dejan de brindar. La idea original era poner un límite a las habituales escuchas telefónicas sin autorización judicial de la que son víctimas políticos, periodistas y funcionarios públicos. Sin embargo en los diversos proyectos presentados, incluyendo uno de la Alianza y otro elaborado por el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, bajo el cual estampó su firma el presidente Carlos Menem, se filtró con clara intencionalidad la censura sobre los recursos de investigación periodística, que terminó con la carrera de una docena de funcionarios corruptos tanto en el Gobierno como en la Justicia. Ahora ya no se habla entonces de las "escuchas ilegales" a cargo de los espías argentinos, las que se hicieron famosas a lo largo del "Caso Coppola" difundidas por largos capítulos en el programa de Mauro Viale. El tema derivó perversamente en si corresponde o no castigar con un año de prisión a los periodistas que apelan a las cámaras ocultas o difundan la cinta de una conversación entre dos personas sospechosas de cometer un delito. La semana pasada en el Senado, después de dos horas de álgido debate, el tratamiento del proyecto de ley que penaliza las escuchas y grabaciones ilegales se cayó por falta de quórum. Los legisladores de la Alianza comenzaron a abandonar sus bancas cuando se discutía la sanción penal que les correspondía a quienes publiquen las grabaciones o tomas obtenidas "indebidamente", lo que implicaba necesariamente votar a favor de un artículo mordaza a la prensa ya que, según el dictamen elaborado por el justicialista Angel Pardo, la condena a un año de prisión aumentaría a tres --no excarcelable-- para aquellos que incurran en la difusión del material y pertenezcan a una empresa "de comunicaciones"; es decir, periodística. Salvo el senador del Frepaso, Pedro del Piero, que elevará a la Cámara un proyecto para que se modifiquen todos los artículos de redacción ambigua que atentan contra la libertad de prensa, la mayoría del resto del cuerpo parece estar satisfecho con la norma, aunque prefieren no decirlo públicamente. Salvo el radical Antonio Berhongaray. El senador pampeano justificó la ley y recordó las escuchas telefónicas de las que fue objeto la casa del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Fernando de la Rúa, en las que sus hijos aparecían involucrados en ciertos manejos irregulares de sus respectivas carreras universitarias. Y dijo que en esa oportunidad se había violado la intimidad de la familia De la Rúa, aunque de inmediato agregó: "Confiamos en la responsabilidad de la prensa". El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado, el autonomista
José Antonio Romero Feris, le aseguró a Página/12 que "somos conscientes de
que una sombra se cierne sobre la libertad de prensa, que esta norma puede conducir a los
tribunales a cercenar el acceso de la opinión pública a todo tipo de informaciones por
preservar intereses particulares". El legislador correntino también reconoció que
las multas previstas "importan una amenaza de sanción penal a priori para el
poseedor de información y potencial emisor de la misma, lo que es equivalente, ni más ni
menos, a censura previa". |
