DIALOGO SOBRE EL FUTURO DE LOS TRIBUNALES CON EL JURISTA RICARDO GIL LAVEDRA

"Hay que hacer una revolución en la Justicia"

Formó parte de la Cámara Federal que condenó a las Juntas de Comandantes y ahora es hombre de consulta insoslayable de la Alianza en el terreno de la Justicia. En este diálogo no se conforma con señalar el estado de colonización política a que ha sometido el Gobierno a los sectores estratégicos del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema, sino que avanza en la propuesta de alternativas para que la Justicia recupere su prestigio y cumpla con las necesidades de la sociedad.

  Reina un armonioso silencio en el amplio estudio jurídico adonde no llega el bullicio de la calle Santa Fe y en el que, la presencia de libros, computadoras y atestadas mesas de trabajo habla de jornadas intensas con estrechos márgenes de tiempo. Hay también imágenes de la vida familiar, de la historia política del país como si el telar de la vida hubiera apretado en su trama todos esos cabos como para hacer de ellos un tejido tenso en el que los colores se han ido mezclando. Porque, ¿cómo separar lo público de lo personal en una Argentina como ésta que tanto compromete y a la vez obliga? "Silencio en la sala", ordenaba Gil Lavedra en aquellas históricas audiencias en las que la Cámara Federal juzgaba a los comandantes de la dictadura. "Cuando el gobierno del doctor Menem decidió la ampliación de la Corte Suprema lo hizo con el propósito explícito y confeso de tener una Corte adicta", acusa hoy. Y prosigue:

--Y esto estuvo en boca de los funcionarios que impulsaron el proyecto: por ejemplo el doctor Granillo Ocampo que era entonces secretario Legal y Técnico de la Presidencia; se dijo también en el debate parlamentario que era necesario contar con una Corte Suprema "que acompañara las políticas del Ejecutivo" y "el derecho" (así entre comillas) del Presidente de contar con una Corte, como habían tenido los gobiernos anteriores de la dictadura y como fue necesario en el '83 cuando el gobierno constitucional tuvo que designar a toda una Corte.

El procedimiento de sanción de una ley para ampliar los miembros de la Corte ya es un procedimiento escandaloso en el cual el quórum incluso fue obtenido gracias a cafeteros, ordenanzas, diputados truchos, etcétera. La sospecha que se abrió --y que produjo un daño muy grave no solamente a la sociedad, sino también a la república y al propio gobierno-- se vio reflejada luego en los hechos, que confirmaron la sospecha de que era una Corte adicta. Las decisiones que fue tomando la Corte en diversos casos no hicieron sino subrayarlo. Recordemos a la Corte Suprema convalidando fallos electorales (los casos de Avellaneda, Santiago del Estero) para lesionar las autonomías provinciales; asimismo cuando confirmó la posibilidad de una intervención federal a la provincia de Corrientes estando el Congreso en funciones, en sesiones ordinarias, y el Presidente de la República haciendo uso de un decreto. También convalidó a rajatabla los excesos presidenciales en materia de función de facultades legislativas: los decretos de necesidad y urgencia, las privatizaciones, los per saltum, el terrible caso de aeropuertos en el que la Corte ha abdicado de su control de la constitucionalidad de las leyes. No ha habido expediente o asunto en el cual el Gobierno tuviera interés en el que la Corte no estuviera allí para convalidar. Este deterioro tampoco ha sido un invento ni de la oposición ni del periodismo. Se ha ido suscitando a través del tiempo y de decisiones jurídicas escandalosas.

En esta última semana, el doctor Gil Lavedra, en su carácter de abogado de la revista "Humor", estableció un planteo sumamente delicado que, de prosperar, obligará a la Corte Suprema a admitir que cometió un grave error cuando hace pocos días condenó a Tomás Sanz, director de la revista en cuestión, a un mes de prisión en suspenso. El error que puso en evidencia Gil Lavedra consiste en que para el momento en que la Corte dictó esa sentencia ya hacía dos meses que había vencido el plazo de tres años que tiene el Estado para dictar el fallo.

--Bueno, hay muchas cosas difíciles de olvidar. La sucesión interminable de escándalos; la designación de gente no idónea para la función en la cual se ha llegado a nombrar a funcionarios sin título habilitantes, como en el caso del fiscal Damonte que resultó ser el hijo de una señora que predecía el futuro con las cartas del tarot. Los jueces asociados a casos de corrupción y escándalos. La injerencia admitida por parte del Gobierno respecto de los jueces. Ha sido un ex ministro de Menem como el doctor Cavallo el que ha acusado como se sabe bien a otro ministro (Corach) de tener los nombres de los jueces adictos escritos en la famosa servilleta. Estas cosas no requieren mayores demostraciones por su agobiante claridad. Creo que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal para los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, los tribunales federales, trajo aparejado un nombramiento masivo de jueces. Y creo que el Gobierno ha copado algunos sectores estratégicos. No hablo de toda la Justicia pero sí de algunos puntos neurálgicos que son afines al poder. Y esto explica por qué un gobierno que ha estado azotado por denuncias de corrupción ha venido librándose de sus consecuencias. ¿Cuál ha sido el resultado de todas estas denuncias? Ninguno. Las denuncias han sido desestimadas, no han prosperado. Y esto no es casual. Precisamente se ha tratado de controlar a algunos sectores claves: los que tienen que ver con la conducta de los funcionarios y el más alto estamento del Poder Judicial como es la Suprema Corte.

--Se dice que la Argentina invierte poco en Justicia. Hay una serie de estudios sobre el tema. Uno en particular que ha hecho FIEL, muy serio, para ADEBA. Es un estudio comparativo muy importante del costo de la Justicia en la Argentina en relación con el que realizan España y EE.UU. y demuestra que nuestro país invierte bastante dinero en la Justicia. El costo promedio del expediente en la Argentina es mucho mayor que lo que sale en España y en EE.UU. Esto nos señala que es necesario efectuar un cambio estructural en la organización judicial, en los modos de administrar para que, con los mismos recursos, se puedan brindar muchísimos más servicios. Y esto puede dar cabida a los métodos más modernos en la materia. Hoy se está discutiendo mucho acerca de la posibilidad de que se mida en términos de control de calidad. Que el servicio de Justicia pueda ser apreciado en estos parámetros como cualquier otro servicio, por el consumidor. O el cliente.

--Absolutamente. E incluso que se pueda realizar una auditoría sobre el servicio en sí mismo. Hay un informe muy bueno que ha presentado el premier Tony Blair en Gran Bretaña en el que mide el servicio de Justicia y propone dos líneas: la Blue Line (Línea azul) y la White Line (Línea blanca). La azul es una línea más complicada, más lenta y más cara pero con mayor certeza. La blanca, en cambio, es una línea más sencilla, más ágil, más informal. El cliente puede, entonces, ir eligiendo el tipo de servicio. En la línea más sencilla aparecen los métodos más modernos de resolución de conflicto. Métodos alternativos como mediaciones, arbitrajes, conciliaciones. La estructura judicial es muy cara con lo cual tenemos que utilizar racionalmente los recursos. En EE.UU., existe en varios estados la experiencia de los tribunales multipuertas.

--El usuario, el cliente, va a una casa donde se le presenta una gran variedad de servicios. Procedimientos de avenimiento o los que mencionábamos anteriormente. La última instancia es la del tribunal. Se trata así de resolver los problemas de manera más fácil, agilizándolos. Hay que cambiar el tema del expedienteo. Si uno va, hoy día, a un banco y observa las fotografías de esa misma casa treinta años atrás verá las gigantescas diferencias que se han producido. Son sistemas con tecnificaciones completamente nuevas. La misma comparación es válida para un juzgado. En muchos casos estamos exactamente igual que hace treinta años con costos inútiles, innecesarios, lo cual hace imperiosa una revolución en materia de organización de la Justicia. Es la única forma de construir un nuevo modelo más sencillo y económico y por eso mismo al alcance de cualquiera.

--Bueno, la consolidación de la democracia guarda una directa relación con la manera en la que se proteja la libertad de pensamiento y de expresión. Hay dos grandes líneas que fundamentan acerca de la razón y la protección a la libertad de expresión. La primera está vinculada con el derecho natural y señala que la expresión es la exteriorización del pensamiento. Si el pensamiento es libre, su exteriorización también debe serlo. En otras palabras es lo que aparece en 1811 en el decreto de libertad de Imprenta cuando señala que siendo el pensamiento tan natural como las demás libertades naturales del hombre también debe serlo su exteriorización. La otra línea (llamémosla utilitarista) es la que adoptan los clásicos como Stuart Mills o John Milton y señala que la libertad de expresión debe protegerse porque a través de ella puede obtenerse la verdad. Es útil (utilitarista) porque permite llegar a la verdad. Permite un gran mercado de ideas que compiten entre sí. Y hoy es la relación que tiene con el sistema democrático porque solamente a través de un gran mercado de ideas se puede formar la opinión pública y a la vez controlar a los gobernantes. Es una herramienta formidable y elemental. Por eso yo creo que la libertad de expresión debe tener una protección especial con respecto de otras libertades. Debe entonces gozar de cierta preferencia cuando colisiona con otros derechos tutelados como pueden ser los de la intimidad y del honor o de la libertad de cultos. Con esto tocamos realmente la esencia de la democracia puesto que así puede conformarse la opinión pública y llegar de tal modo al autogobierno que es un fin último. El gobierno de la mayoría, sin duda. Pero la pregunta elemental sigue siendo ¿cómo se forma la opinión de la mayoría? Obviamente a través de la discusión de las ideas. Y en esto la prensa cumple un papel vital. No hay que olvidar nunca que la libertad es quien hace florecer el pensamiento.

¿POR QUE RICARDO GIL LAVEDRA? Por Magdalena Ruiz Guiñazú Un servicio caro y para pocos

Lo elegí básicamente porque, en estos tiempos de tribulación ética y moral, tiene una vida dedicada al ejercicio de la Justicia y a la aplicación práctica de la ley. Y esto último resulta particularmente interesante cuando observamos que su mirada sobre la evolución jurídica del mundo está dirigida con preocupación al difícil acceso (muchas veces vedado o casi imposible) que parece aquejar en nuestro país a todos aquellos que, por una u otra circunstancia, han quedado marginados de la sociedad y no saben cómo acudir al amparo de leyes protectoras que a veces ni siquiera conocen. Yo diría que quisimos escuchar al doctor Gil Lavedra particularmente por su apasionada búsqueda de circunstancias que puedan amenguar el descreimiento que siente el argentino contemporáneo frente a los tribunales de su país. Y porque es un apasionado sus palabras suenan urgentes y moderadamente optimistas. --Tengo la esperanza de que la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las primeras designaciones, las modificaciones que se comiencen a ver en la administración de la Justicia sean la bocanada de aire fresco que pueda restablecer la confianza perdida. Pero por otro lado es imperiosamente necesario aumentar el prestigio de la Justicia. La gente no cree en los jueces, piensa que no son imparciales y no cree tampoco que la Justicia sea eficiente. Por un lado porque es lenta, burocrática, porque no resuelve los casos en el tiempo adecuado y por otro, porque grandes franjas de la población están excluidas del servicio de la Justicia que es caro y no es para todos.   --La experiencia es tan mala que, por desgracia, sólo conduce a la Justicia por mano propia o al ocultamiento. ¿Qué va a ser de mí en este laberinto? Se pregunta cualquier testigo desprotegido por cuánto ha visto y oído. --Sin duda. Y si la Justicia había ganado credibilidad en la opinión pública una vez restaurada la democracia, hay que preguntarse también con sinceridad qué ha ocurrido realmente en estos últimos diez años para que su prestigio haya llegado a un nivel tan bajo. ¿Acaso fue esto obra de la naturaleza? ¿Es un invento del periodismo? La indignación con que refuerza sus palabras hace pensar que Gil Lavedra prevé un largo camino y una áspera pelea en su esperanza de volver a las fuentes. A ese concepto amado y nunca perimido de que las cosas de la ley deben ser hechas con rectitud y talento. No por una búsqueda de poder ni un afán de riqueza sino simplemente porque son buenas en su esencia y su aplicación conlleva en sí misma la mejor de las recompensas.

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