Página/12

"No buscamos venganza, luchamos por un principio." La diputada socialista Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende, derrocado por el general Pinochet, es un verdadero símbolo de los últimos 25 años de historia chilena. En la conferencia de prensa celebrada ayer poco después de su llegada a Londres, Allende encabezaba un grupo de deudos que, como en un retablo medieval, parecían ilustrar algunos de los crímenes más flagrantes del dictador. Junto a ella se encontraba Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado por la policía secreta chilena, la DINA, en Washington. Cerca estaba Joyce Horman, viuda de Charles Horman, el periodista estadounidense que inspiró la célebre película Missing, y Sophie Prats, hija del comandante en jefe del ejército chileno, el legalista general Carlos Prats, que precedió a Pinochet en el cargo, y que fue asesinado con la misma metodología que Letelier en Buenos Aires en 1976. Los legisladores chilenos se reunieron con parlamentarios británicos para manifestarles que la transición chilena no corre peligro.

Anoche los familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos montaron por segunda noche consecutiva una vigilia enfrente del Parlamento británico. Entre los presentes se encontraban el cantautor Angel Parra, hijo de Violeta Parra, Fanny Pollarollo, una eminente psiquiatra que trató a muchas de las víctimas del general, y Zola Fierro, presidenta de la agrupación de detenidos-desaparecidos de Chile. Estaba también la legendaria María Maluenda, ex diputada chilena, diplomática y militante por los derechos humanos cuyo hijo fue secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura chilena. Y una figura emblemática para los británicos: Francisca Beausire, hermana del desaparecido anglochileno William Beausire.

Entre mañana y el jueves los cinco magistrados de la Cámara de los Lores, última instancia judicial en Gran Bretaña, escucharán las declaraciones de un grupos de abogados de organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, así como de familias de las víctimas. Entre los abogados hay conciencia de las dificultades que presenta la apelación al fallo del Tribunal Superior de Justicia londinense que el miércoles pasado invalidó el arresto del general el 16 de octubre pasado, porque su condición de ex jefe de Estado le concedía inmunidad. "Bajo la ley internacional la tortura es un crimen que tiene jurisdicción universal. La convención de tortura de Naciones Unidas de 1984 exige que los países juzguen o extraditen a los presuntos torturadores que pisan su suelo. Las posibilidades de que se revierta el fallo no son grandes pero existen", indicó a Página/12 Michael Byers, uno de los abogados de las víctimas.

Por la tarde, mientras se acumulaban las denuncias y órdenes de captura internacionales contra el general Augusto Pinochet, la delegación encabezada por Isabel Allende sostuvo una reunión con el jefe de la bancada de diputados laboristas, Clive Soley. Los legisladores se preocuparon por destacar ante Soley que la democracia chilena es estable y que el arresto o la extradición de Pinochet no va a hacerla naufragar. "El obstáculo a nuestra democracia no es el arresto a Pinochet sino su libertad", le dijo al laborista el diputado socialista chileno Alejandro Navarro. Por su parte, Soley reiteró la posición del gobierno sobre la necesidad de respetar el curso autónomo de la Justicia (ver recuadro). "Pinochet nos resulta tan desagradable como a ustedes. Pero esto es un tema judicial", recalcó Soley.

Más tarde, los legisladores se reunieron durante dos horas con el embajador de Chile en Gran Bretaña Mario Artaza. El tema central del encuentro fue aclarar que la embajada, aunque portadora de la línea gubernamental, debía abrir sus recursos a todos los sectores de la sociedad chilena. La delegación se manifestó satisfecha al final del encuentro y así lo hizo saber en una conferencia de prensa en la misma embajada donde reiteró una y otra vez que Pinochet no es el sostén sino el obstáculo que tiene la democracia en Chile. Entre tanta agitación, el avión de la Fuerza Aérea Chilena que desde hace dos semanas espera al general en la base de Brize Norton de la RAF (Fuerza Aérea Real británica) sigue sin moverse. Al igual que el general Pinochet, que continúa su tan atribulado postoperatorio en un psiquiátrico londinense.

William Beausire era un corredor de bolsa anglochileno opuesto al gobierno socialista de Salvador Allende que vivía una contradicción irreductible. Su profesión lo colocaba entre los simpatizantes naturales del régimen del general Augusto Pinochet. Su familia lo ponía del lado de los más acérrimos enemigos de la dictadura. Su hermana Mary Ann estaba casada con el sobrino del presidente Salvador Allende y líder del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) Andrés Pascal Allende. La policía secreta chilena, la DINA, calculó que William sería el eslabón que necesitaban para capturar al elusivo Pascal Allende. El 2 de noviembre de 1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón, Beausire fue secuestrado en el aeropuerto de Ezeiza, y después de tres días trasladado de regreso a Chile. Como si todo se empeñara en ser simétrico, ayer se cumplieron 24 años de esa fatídica fecha y su hermana, Francisca Beausire, que vive en las afueras de Buenos Aires, llegó a Londres proveniente del mismo aeropuerto donde comenzó el calvario de su hermano. "Queremos justicia. Por eso vengo a prestar testimonio sobre lo que le pasó a William", dijo a Página/12.

--Queremos ayudar a que se juzgue a Pinochet. Porque mi hermano tiene doble nacionalidad, inglesa-chilena, y su desaparición es importante para ayudar a este proceso.

--Pascal Allende y mi hermana Mary Ann estaban en la clandestinidad desde el golpe de Estado. William supo que él mismo corría peligro y el 2 de noviembre de 1974 tomó un vuelo a París que tenía escala en Argentina. El pensaba pasar dos días en Buenos Aires, que en ese entonces todavía tenía un gobierno democrático, el de Isabel Martínez de Perón. En el aeropuerto de Ezeiza lo detuvo la policía, le destruyó su pasaporte británico y lo envió de regreso a Chile. El 2 de julio del '75 es el último testimonio que tenemos de alguien que lo vio con vida.

--Cuando empezó todo esto, yo me fui a Chile a trabajar con mis dos hermanas para hacer una declaración y presentar un nuevo testimonio a Amnistía Internacional y al abogado que está desde hace mucho tiempo encargado del caso de mi hermano, Jeffrey Bingman. Porque hace mucho tiempo que queremos que Inglaterra haga algo por el caso de mi hermano. Mi mamá y yo estuvimos exiliadas acá en Londres y durante mucho tiempo intentamos que se hiciese algo, pero recién ahora es posible. La declaración actual que presentarán los abogados ante la Cámara de los Lores refiere también nuestra experiencia. En mi caso, yo me refugié en la embajada de Italia con la hija de Andrés Pascal Allende y de mi hermana Mary Ann que estaban en la clandestinidad y me pidieron que lo hiciese para salvar a su beba de 9 meses.

--Espero que se haga justicia alguna vez. Porque en Chile no se juzgó a Pinochet y no se lo va a hacer porque él impuso las reglas. Que diga dónde están los desaparecidos. Y que se lo juzgue y se lo condene. Después que la Justicia haga lo que decida hacer. Dicen que es una persona vieja. Francamente no me importa que lo pongan preso o no. Lo que sí quiero es que se lo juzgue y condene. Porque además su caso es un ejemplo. Creo que es importante que uno se dé cuenta de que todo esto es para el futuro, no sólo para el pasado: para que otros no crean que pueden cometer crímenes iguales y quedar impunes.

Un juez francés pidió ayer la captura de Pinochet. Pronto les tocará a Suárez Mason y a otros militares argentinos.

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La diputada chilena isabel Allende, en Londres

Joyce Horman es viuda de Charles Horman, desaparecido en 1973

La Justicia francesa accionó el primer dispositivo de la guillotina que podría cortarle la cabeza al dictador Augusto Pinochet. Respondiendo a las querellas presentadas por los abogados Willam Bourdon y Sophie Thonon, ambos representantes de las familias de chilenos desaparecidos en Chile y la Argentina, la Justicia francesa emitió este lunes un mandato de arresto internacional contra el hoy senador vitalicio Pinochet. El juez de instrucción Roger Le Loire, designado la semana pasada --30 de octubre-- para instruir la validez del pedido, lanzó el mandato de arresto por "secuestro seguido por torturas" acompañado de una intimación internacional para que el ex general sea interrogado por la Justicia británica. Seguirán luego órdenes contra militares argentinos.

La decisión de la Justicia francesa no es una sorpresa. Luego de las posiciones manifestadas por altos miembros del gobierno francés, incluida la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, los abogados de las familias de los desaparecidos esperaban una respuesta positiva a las acciones judiciales emprendidas desde París a principio de la semana pasada. El juez de instrucción Roger Le Loire se pronunció sin embargo más rápido de lo previsto y con más fuerza de lo que se esperaba, ya que, en el código penal francés, un mandato de arresto equivale a una inculpación directa. El mandato constituye además la base legal de la segunda fase de los procedimientos, es decir, el pedido de extradición de Pinochet. Según fuentes judiciales, el Tribunal de París debería entablar en una fecha aún no estipulada el proceso que conduce a la extradición de Pinochet. Esta petición pasará primero por el Ministerio de Justicia y luego por el de Relaciones Exteriores, que deben formular el pedido. Ambos ministerios ya se pronunciaron sin ambigüedad sobre lo que la semana pasada era sólo una eventualidad, en particular el de Justicia. Elisabeth Guigou dijo que su ministerio "transmitirá sin demora" la demanda de extradición y luego recalcó en el Senado que "la idea de la impunidad de Pinochet es insoportable".

El abogado de las familias de los desaparecidos dijo ayer que era preciso "actuar rápido" a fin de que el general, cuyo caso será examinado el miércoles y el jueves por la Cámara de los Lores británica, no escape "a las redes de la ley". Según trascendió en medios del Tribunal de París, Francia, al igual que España, podría incluso formular un pedido de "arresto provisorio" contra Pinochet para inmovilizarlo en Londres en caso de que la Cámara de los Lores mantenga la decisión de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra, que había considerado como "ilegal" la detención de Pinochet argumentando que el dictador estaba protegido por la inmunidad de su rango de ex jefe de Estado.

El enjuiciamiento de Pinochet en Francia atañe la suerte de cuatro franceses desaparecidos bajo las garras de las dictaduras de Chile y Argentina entre 1973 y 1990 y su sustento legal es una inédita interpretación del derecho en caso de desaparición de personas. El Tribunal de París siguió el alegato de los abogados William Bourdon y Sophie Thonon. Ambos habían argumentado que la desaparición de personas es "un crimen continuo" y la Justicia aceptó el carácter "imprescriptible" de ese crimen. Los casos conciernen a cuatro franceses y la suerte de los desaparecidos también engloba a la Argentina: se trata de Marcel René Amiel Baquet, secuestrado en la provincia de Mendoza el 9 de febrero de 1977, de René Chanfreau, desaparecido en el centro de detención Colonia Dignidad 1973, de Etienne Pesle, detenido en 1973 por un destacamento de la aviación militar chilena, y de Claudet Fernández, detenido en Buenos Aires el 1º de noviembre de 1975. El sumario en poder del Tribunal de París no alcanza sólo a Augusto Pinochet. Como dos de las cuatro víctimas desaparecieron en la Argentina en el marco del Plan Cóndor, Sophia Thonon precisó a Página/12 que también se lanzarían mandatos de arresto internacional contra los militares argentinos implicados en la cadena de mando. Para el caso de Marcel René Baquet, el general de brigada Jorge Antonio Maradona y el general de división Luciano Benjamín Menéndez figuran entre la lista de los extraditables a Francia. En lo que toca al otro desaparecido francés víctima del Cóndor, Claudet Fernández, los pedidos de extradición, que figuran en el mismo legajo que el de Pinochet, comprenden a Rodolfo Eugenio Cánepa y al general de división Suárez Mason. "La Argentina tiene también sus trapos sucios", afirma la doctora Thonon al tiempo que manifiesta su confianza en la Justicia, tanto más cuanto que la fiscalía francesa ya precisó que no negaba su competencia para dar curso a las condenas de la multinacional del crimen de Estado.

Del otro lado del Rin

Dos ciudadanos alemanes y una chilena nacionalizada alemana presentarán sus denuncias contra el ex dictador Pinochet, quien sigue inmovilizado en una clínica psiquiátrica de Londres. El abogado Konstantin Thun, en Friburgo, confirmó que dos clientes suyos van a denunciar a Pinochet por "lesiones corporales graves y peligrosas, coacción y detención ilegal".

A raíz del golpe militar en Chile el 11 de setiembre de 1973, los dos alemanes habían sido secuestrados y sometidos a torturas durante varias semanas. Werner Simon, de 70 años, estuvo detenido durante más de 50 días y recobró su libertad gracias a la intervención del obispo evangélico alemán Helmut Frenz. El otro demandante, un sacerdote católico, también fue sometido a torturas. Los dos hombres se habían enterado a través de la prensa sobre la situación en torno de Pinochet en Londres y Madrid. Con una chilena nacionalizada, esperan que la justicia alemana solicite la extradición.

Las disputas políticas chilenas se trasladaron a Gran Bretaña y volvieron a complicar la posición del gobierno sobre la detención de Pinochet. Un grupo de legisladores del oficialista Partido Socialista (PS) viajó ayer a Londres para intentar que la Cámara de los Lores británica anule la inmunidad otorgada a Pinochet por la Alta Corte de Justicia. Esta inmunidad es la que alegó el gobierno chileno para que el ex dictador sea liberado. Legisladores de derecha también se trasladaron a la capital británica para "contrarrestar la ofensiva del bloque socialista", según el diputado Patricio Melero, de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

"No queremos venganza, sólo justicia", dijo ayer la socialista Isabel Allende, hija del presidente chileno derrocado y muerto en el golpe militar de 1973. Junto a ella viajaron el diputado Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller chileno asesinado por la policía secreta de Pinochet, los legisladores Juan Bustos y Fanny Pollarolo, y Sola Sierra, presidenta de la Agrupación de Detenidos y Desaparecidos. Más tarde, partió para Londres la comitiva de los derechistas, quienes ya viajaron dos veces a Londres desde la detención de su líder.

"Evidentemente que todo esto crea una dificultad, por eso quiero reafirmar que el gobierno va a mantener la posición que ha tenido desde un comienzo", manifestó el ministro del Interior chileno, Raúl Troncoso. Los senadores de derecha asistirán hoy a la Cámara alta para que haya "un pronunciamiento oficial hacia la Cámara de los Lores", según dijo Hernán Larraín, de la UDI, quien además le ofreció un total respaldo al gobierno del democristiano Eduardo Frei. Mientras tanto, la DC resolvió ayer junto a los partidos de la coalición oficialista la formación de un equipo jurídico para examinar "todas las vías judiciales y legales que puedan esclarecer los crímenes", según un comunicado conjunto.