Por Adriana Meyer
 Nicolás Becerra es
conocido entre los fiscales como un buen negociador por su habilidad para
“licuar” las presiones del Ejecutivo. Ayer debió apelar a toda su cintura
–después que recibir la denuncia formal del Gobierno contra el fiscal Carlos
Stornelli (ver página 2)– para calmar a su tropa. Llamó a Stornelli y a los demás
fiscales federales para “comprometerse ante ellos a garantizar la independencia del
Ministerio Público”, y ni les mencionó la denuncia oficial que llegó a su
escritorio de la mano del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. Los fiscales
volvieron a Tribunales y se reunieron para devolver el golpe: elaboraron una nota para
Becerra manifestándole lo complacidos que estaban por la posición que había adoptado y
estamparon veinte firmas para darle su “respaldo incondicional” en todo lo que
haga para plasmar en los hechos el compromiso asumido. A partir de ahora, Becerra
necesitará aún más de su cintura política.
Granillo Ocampo elaboró un escrito de dos carillas donde desnuda que las imputaciones que
formuló Stornelli contra el ministro de Trabajo, Antonio Erman González y el jefe del
Ejército, general Martín Balza, son dos de los motivos de la irritación de Menem con el
fiscal. El 19 de agosto Stornelli acusó a Sup Erman por la falsedad ideológica de tres
decretos del Poder Ejecutivo que dieron marco a la exportación clandestina de armamento,
y el 7 de octubre imputó a Balza como supuesto miembro de una asociación ilícita que
habría extraído de los arsenales del Ejército el material bélico que fue enviado a
Ecuador y Croacia.
El procurador Becerra leyó atentamente, meditó unos segundos y dijo: “Bien, ¿esto
era todo?”.
El mediodía aparecía agitado en Comodoro Py, sede de las fiscalías y juzgados
federales. Los representantes del Ministerio Público formaban pequeños grupos
improvisados y compartían su estupor. Habían recibido la noticia –que algunos
calificaron de “estocada”– durante el fin de semana, pero no esperaban que
Carlos Menem redoblara tan rápido la apuesta. Por la tarde, esa conmoción se transformó
en acción.
Becerra los convocó a todos a una breve reunión en la Procuración General. Allí les
aseguró que el fuero federal no será alcanzado por la Reforma del Ministerio Público
que está en estudio (ver aparte). Los fiscales esperaban una exposición sobre la
situación de Stornelli y los detalles de la denuncia impulsada por Menem. Pero nada de
eso fue mencionado y las caras largas de algunos que esperaban escuchar algo más directo
se hicieron notar. El propio Stornelli fue uno de los decepcionados por la escueta
formalidad del encuentro.
En un reducido despacho del cuarto piso de los Tribunales de Retiro, los fiscales
discutieron varias horas un escrito en el cual –con sutil ironía– le
manifiestan su “satisfacción por el compromiso asumido por Ud. de garantizar la
independencia funcional del Ministerio Público”, y destacan que el artículo 120 de
la Constitución así lo establece. “Asegurar esa independencia no constituye una
defensa corporativa sino una obligación legal de todos los fiscales para poder defender
los intereses de la sociedad”, dicen en el texto.
Uno de los protagonistas de la tarde aseguró a Página/12 que esta actitud excede el mero
respaldo a Stornelli y es una defensa para preservar su independencia. En esa reunión
circuló una copia de la denuncia oficial y a los presentes preocupó especialmente el
párrafo que alude a una disposición de la época del ministro Rodolfo Barra –aun
vigente– que prohíbe a los fiscales hablar con la prensa. “Es una nueva
mordaza”, fue la queja que se escuchó. Otro coincidió en que esta situación los
afecta a todos porque es una directa intromisión de un poder a otro. “No se termina
de digerir el rol del Ministerio Público y se cuestiona el pedido de indagatoria de un
ministro, cuando eso entra dentro de nuestras atribuciones”, dijo la fuente. La
denuncia del Gobierno fuecalificada por un funcionario judicial consultado por este diario
como “un pic-nic para un estudiante de derecho por las barbaridades jurídicas que
tiene. Lo hunde más al Presidente”, fue su conclusión.
“El presidente fue el impulsor de la causa, elevando el pedido de investigación al
procurador del Tesoro, pero ahora siente que las pesquisas han tomado un rumbo que no se
pensaba cuando se inició la denuncia”, explicó Becerra por Radio del Plata. Becerra
puede dar curso a los deseos del Presidente, iniciarle un sumario administrativo a
Stornelli o guardar la denuncia en un cajón. Un funcionario de la Procuración afirmó a
Página/12 que “Becerra no quiere pagar el precio político y la exposición pública
por esto, porque le interesa más perpetuarse en ese cargo –ahora que la ley se lo
permite– que ser obediente al mandato del Ejecutivo”.
El silencio de Urso
Por E.S.T.
“No doy reportajes, porque soy chapado a la antigua. Odio la
notoriedad, prefiero ser conocido por mis fallos”, suele decir el juez federal Jorge
Urso para referirse a las causas que lleva adelante. Sólo así puede entenderse que ante
el enfrentamiento de los fiscales federales, el procurador Nicolás Becerra y el
presidente Carlos Menem, el magistrado que lleva adelante la investigación por la venta
ilegal de armas haya optado por el silencio. Fuentes judiciales especulan que las
definiciones más importantes de la causa –la citación al general Martín Balza, el
pedido de declaración del canciller Guido Di Tella y la comparencia del actual ministro
de Trabajo, Erman González– deberán esperar hasta el año que viene. El silencio de
Urso es más que llamativo si se tiene en cuenta que el oficialismo desestimó el pedido
de juicio político que pesaba sobre él en la comisión de la Cámara baja y al hecho
–nunca desmentido por Urso– de que su nombramiento fue sugerido por el actual
secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma. |
PELEA ENTRE BECERRA Y LOS FISCALES
Dos causas para la discordia
Por Irina Hauser
Cuando ayer Carlos Menem
le pidió formalmente, a través del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, que se
investigue al fiscal Carlos Stornelli, el procurador general de la Nación, Nicolás
Becerra, que es el jefe de todos los fiscales, quedó entre la espada y la pared. En los
casi dos años que lleva en el cargo, Becerra “ha sabido usar su cintura
política” y repartir concesiones hacia los fiscales y hacia el Gobierno, según
describió uno de sus allegados. Pero esta vez está en una encrucijada y tendrá que
decidirse. No será fácil, ante todo porque los representantes del Ministerio Público
arrastran un profundo malestar que tiene dos razones básicas. Una es la reforma del
régimen que regula la actividad de los fiscales y que amenaza con instalar un durísimo
sistema disciplinario, entre otros puntos. La otra es el reciente desembarco (por
decisión de Becerra) en el cargo de fiscal de la Cámara Federal de Joaquín Gaset
Waidatt, un riojano que ya demostró en varios casos que, para él, los deseos que vengan
de la Casa Rosada son órdenes.
“La reforma que se está estudiando no alcanza al fuero federal, quédense
tranquilos”, dijo ayer Becerra a los fiscales federales. Y prometió garantizar su
independencia de acción. Sabía con qué bueyes araba. Muchos fiscales han agradecido la
nueva Ley de Ministerio Público, que les dio rango institucional y facultades
investigativas y festejan una dosis de libertad que les concedió Becerra. Pero nada
termina de convencerlos.
Uno de los temas que más los irrita es la reforma del Ministerio Público, que se
discutirá mañana y el viernes en un encuentro anual de fiscales en Parque Norte. El
proyecto que mayor impulso pareció cobrar fue el diseñado por Santiago Casal y el
bauzasista Eduardo Teruel, dos hombres que representan la “mano derecha” de
Becerra. Ellos propusieron un régimen disciplinario que, a los ojos de los fiscales y
algunos asesores que encarnan la “mano izquierda” del procurador, resultó
“inquisitivo”. Iniciar un sumario a un fiscal sería un trámite engorroso
(apertura de un expediente, declaración de testigos, intervención de peritos, prueba
documental) y cuasi secreto que podría prolongarse ad infinitum. Además, la
investigación y la resolución estarían en manos de un único órgano que, incluso,
podría disponer una sanción preventiva. En otros rubros, podría quedar afectado el
alcance de la tarea de los fiscales. Con todo, hay miembros del Ministerio Público
elaborando una contrapropuesta: si hay un sumario contra un fiscal el debate debería ser
oral, continuo y con presencia ininterrumpida del tribunal de enjuiciamiento. Al fiscal no
se lo podría suspender por más de 30 días.
Pero no es todo. Los fiscales todavía mastican el disgusto del día en que apareció
Joaquín Gaset en la Fiscalía de la Cámara Federal y relevó a Carlos Racedo, que era el
ocupante automático del puesto que dejó vacante Germán Moldes. En menos de dos meses en
el cargo, Gaset sobreseyó al juez de la Corte Adolfo Vázquez, acusado de un supuesto
pedido de coimas y a Adelina Dalesio de Viola, investigada por el desvío de fondos a las
islas Caimán. En decisiones clave de la Cámara Federal (como la de la Mafia del Oro,
entre otras) se abstiene de opinar. Hay quienes tampoco olvidan que Becerra sacó causas
clave (como la de la muerte de Cattáneo o la que compromete al juez Norberto Oyarbide) de
las manos del fiscal de Cámara Norberto Quantín y del grupo de fiscales conocidos como
“los centauros”.
| Preventiva El
juez Julio Speroni dictó el procesamiento y la prisión preventiva del general de brigada
retirado Angel Vicario, en una de las causas laterales que investigan la venta ilegal y
contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Vicario, que se desempeñó como Director de
Producción de Fabricaciones Militares, está ahora procesado como presunto partícipe
primario de contrabando agravado de 230 toneladas de pólvora.
Ese material, en lugar de ser incinerado, fue llevado a Croacia durante la guerra de los
Balcanes, en momentos en que sobre los países de la ex Federación Yugoslava pesaba un
embargo armamentista dispuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El magistrado también dispuso trabar embargo sobre los bienes del brigadier retirado
–el primer militar encarcelado por el affaire de las armas– por 200 mil pesos y
mantener su detención en una celda del cuartel del Ejército de Campo de Mayo. |
Precavido, Menem quiere la cabeza de
Stornelli
El Gobierno formalizó ayer su
denuncia contra el fiscal, pergeñada durante la gira presidencial a Gran Bretaña. Las
razones.
En el Gobierno anunciaron
temprano que Menem recibiría a Granillo Ocampo para tratar el caso Stornelli.
Menem podría haber hecho lo mismo sin anuncios, pero en la Rosada creyeron
conveniente darle mucha publicidad. |
|
Por Diego Schurman
Carlos Menem quiere la
cabeza de Carlos Stornelli. El Presidente está convencido de que sin el fiscal las
indagaciones por el tráfico ilegal de armas tendrán un techo. Por eso ayer pidió
formalmente al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que lo investigue por
presunto mal desempeño de sus funciones. El mandatario tiene razones para estar
preocupado: la causa avanza en sentido ascendente en la línea jerárquica oficial y nadie
desconoce en la Casa Rosada que fue Menem quien firmó los decretos autorizando la venta
de armamento bélico al exterior.
El Presidente decidió avanzar sobre Stornelli durante su viaje a Londres. Blanqueó su
objetivo el domingo en un reportaje al diario La Nación. Y puso en práctica su ofensiva
ayer a través de un escrito presentado por el ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo,
con quien mantuvo un encuentro ayer en la Casa de Gobierno.
El texto dirigido a Becerra es contundente:
* Cuestiona al fiscal por la difusión de actos procesales y por permitir “en forma
continua e indiscriminada” el acceso de periodistas y legisladores a su despacho
oficial. “Es el juez, director del proceso, el único que puede evaluar qué
información puede difundirse”.
* Asegura que Stornelli “vulnera su obligación de velar por el efectivo cumplimiento
del debido proceso legal” por calificar en su dictamen “en forma arbitraria, en
cuanto desborda los límites de la ley y de la razón, la conducta del señor jefe del
Estado Mayor general del Ejército (Martín Balza) como ‘asociación
ilícita’”.
* Acusa al fiscal de “desnaturalizar” la declaración indagatoria ya que lo hace
“con el único fin de evitar la prescripción de la acción penal”, en
referencia al pedido sobre el ex ministro de Defensa y actual jefe de la cartera laboral,
Antonio Erman González.
* Le hace un llamado de atención por no haber orientado la investigación “hacia
quienes serían los autores de las maniobras supuestamente ilícitas de intermediación y
desvío de material bélico”. El Gobierno sostiene que la responsabilidad por la
venta ilegal es de las empresas intermediarias.
El momento de la jugada oficial no es azaroso. Este viernes el juez Jorge Urso volverá a
dar impulso a la causa cuando le tome declaración al coronel (RE) Luis Hilario Lagos y a
la ex secretaria de quien fuera director de la fábrica militar de Río Tercero, coronel
(RE) Jorge Cornejo Torino. Y Menem quiere cortar por lo sano: el pedido de investigación
a Stornelli no es otra cosa que un mensaje hacia al resto de los fiscales. El Presidente
siente que a medida que expira su mandato las relaciones con los miembros de la Justicia
empeoran.
Lo que llamó la atención es la decisión de Menem de ponerse en frente de la ofensiva,
pese a que en un primer momento delegó en el senador Eduardo Bauzá el trabajo de ordenar
a la tropa y homogeneizar el discurso oficial. Se trata de una tarea que lo expone y que
irremediablemente levanta sospechas sobre el grado de participación del Gobierno en el
affaire de las armas.
Voceros oficiales explicaron con diversas hipótesis por qué el Presidente pasó a ocupar
ese papel. Una indica que Menem busca “salvar” a Balza. “Stornelli juega la
interna del Ejército porque su papá es un coronel retirado que aún no digirió la
autocrítica de Balza”, dicen.
Otras, mayoritarias, coinciden en que lo que busca salvar el mandatario es su propio
pellejo. Sabe que después de los directores de Fabricaciones Militares, funcionarios y
ministros, su nombre es el que resta aparecer en la lista de involucrados. El ex ministro
de Defensa, Oscar Camilión, procesado por omisión de denuncia, suele azuzar en ese
sentido al repetir en público y privado que los decretos los firma el Presidente y que
los ministros se limitan a refrendarlo.
| Duhalde en la otra vereda El
pedido de investigación de Carlos Stornelli realizado por el Gobierno produjo adhesiones
y repudios. Pero las opiniones no se dividieron por partidos. Eduardo Duhalde volvió a
dar la nota al ponerse en la vereda opuesta de Carlos Menem y advertirle que
“jamás” debe promover la investigación de un fiscal. “Lo que tiene que
hacer el Presidente –sugirió– es colaborar para que en el país se mejoren las
instituciones de la Justicia.”
De esta manera, Duhalde chocó con la primera línea del Gobierno que ayer salió a decir
que no se intenta “presionar” a la Justicia pero que se motorizó la
investigación del fiscal ya que observa “un contenido persecutorio” en sus
decisiones.
Duhalde se expresó en línea con los principales dirigentes de la Alianza. Desde Fernando
de la Rúa hasta Graciela Fernández Meijide, pasando por Chacho Alvarez, todos repudiaron
la presentación que el Gobierno realizó ante el procurador general de la Nación,
Nicolás Becerra. “La reacción de Menem es asombrosa y todo lo contrario a lo que
precisa la Justicia independiente”, dijo el candidato radical. “No va a ser
Menem quien amenace a la sociedad Argentina”, agregó su competidora interna en la
Alianza.
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HACE TRES AÑOS ESTALLO RIO TERCERO
Silencio e indignación
Fue
silencio, indignación y dolor. Los pobladores de Río Tercero exigieron ayer el
esclarecimiento de la tragedia producida en su ciudad por la explosión de la Fábrica
Militar ocurrida hace tres años. Ayer fue el aniversario y los habitantes de la ciudad
cordobesa realizaron una multitudinaria marcha de silencio y dos misas. La pregunta fue
sólo una: ¿cómo se produjeron las explosiones?
Los vecinos reclamaron “que se termine con la impunidad, con los casos sin
resolver”. Uno de ellos contó que “en un primer momento sosteníamos la teoría
del accidente, pero estábamos muy equivocados”. Luego, Ana Gritti de Dalmasso, viuda
de una de las víctimas, prometió no cejar en el pedido de justicia y recordó que ella
siempre estuvo convencida de que las explosiones fueron provocadas.
Al reclamo de los vecinos se sumó el del intendente justicialista Carlos Rojo.
“Queremos conocer la verdad y para eso está trabajando la Justicia” señaló.
“En los últimos tiempos ha crecido el rumor de que esto pudo haber sido un atentado
y no un accidente. Si esto fuera así, sería una cuestión abominable. No me entra en la
cabeza”, agregó más tarde.
Por la mañana, el sacerdote Alfredo Cáceres ofreció una misa en la planta. El religioso
puso en duda “que la Justicia vaya a esclarecer el hecho porque los intereses en
juego van a impedir que se llegue a la verdad y que los funcionarios sean sancionados como
corresponde”. Cáceres denunció luego que las indemnizaciones del Estado Nacional
–que superaron los 80 mil dólares– favorecieron “a personas que fueron
palanqueadas por gente poderosa mientras que los más pobres, como siempre ocurre,
todavía están esperando”.
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