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La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de cinco imputados en la causa que investiga el cobro indebido de reintegros impositivos por exportación de oro y ordenó la inmediata detención de cuatro de ellos. Se trata de ejecutivos de Casa Piana y varias de las empresas que esa firma utilizó para realizar las maniobras de defraudación contra el Estado. A todos se los acusa por estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. De los cuatro hombres cuya captura dispuso la Sala II de la Cámara Federal porteña sólo tres habían sido detenidos hasta anoche: Miguel Seligmann, Eduardo José Vázquez y Martín Suárez Anzorena. El restante, Daniel Hugo Iacobelli, no pudo ser ubicado con lo cual se transformó en prófugo de la Justicia. Los cuatro ejecutivos habían sido procesados en primera instancia por el juez federal Jorge Ballestero, quien sin embargo consideró innecesario mantenerlos en prisión. Los camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani revocaron esa decisión, dada la calidad de los delitos que se les imputan: estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó también el procesamiento bajo los mismos cargos de Luis Limardo, aunque no le dictó la prisión preventiva porque el fiscal no había solicitado esa medida. Como contrapartida, los camaristas dispusieron el desprocesamiento de Rubén Gobbi, cuya participación en las maniobras contra el Estado sugirieron, de todos modos, seguir investigando. En su revisión de lo actuado por Ballestero, la Sala II de la Cámara Federal porteña pidió al juez la profundización de la pesquisa y la aceleración del trámite de extradición de Enrique Piana, detenido el año pasado en Estados Unidos por importación ilegal de mercancías y falsificación de documentos. Los cargos que le imputa a Piana la Justicia norteamericana tienen vinculación con la estafa del oro, de la cual fuentes de la investigación local lo señalan como el principal responsable. En un tramo de su resolución de más de 200 fojas, los camaristas destacaron que a partir de la firma Casa Piana, dedicada al arte medallístico y de la cual Piana era titular, se fueron creando otras sociedades que bajo la denominación Holding del Sol conformaron un grupo empresarial que logró reintegros indebidos por un monto aproximado de 20 millones de pesos entre noviembre de 1993 y marzo de 1995. El Tribunal explicó que el modus operandi consistía en la simulación de operaciones que generaban a favor de las firmas exportadoras un crédito fiscal originado en el monto que el exportador aparecía abonando a su proveedor directo en concepto de IVA y añadió que el monto acreditado ante la DGI a través de documentación falsa era reintegrado por el ente recaudador al exportador cuando en realidad, las operaciones comerciales no habrían sido llevadas a cabo. Los camaristas concluyeron también que dado que ese monto que en concepto de crédito fiscal la DGI reintegraba nunca había sido previamente ingresado al fisco por las empresas con las que el exportador manifestó haber entablado aquellas operaciones, se hizo incurrir al Estado en una disposición patrimonial indebida.
EL EX VICEPRESIDENTE DE IBM DECLARO EN
DIPUTADOS El ex
vicepresidente de IBM Gustavo Soriani insistió en que no tuvo nada que ver en el pago de
coimas por los contratos con el Banco de la Nación y la DGI. Soriani fue interrogado por
la comisión de diputados que investiga los escandalosos acuerdos entre IBM y las dos
empresas estatales. El ex directivo reiteró que en la sede central de la Big Blue
se conocía perfectamente cada uno de los contratos que se firmaron. En ese
sentido, recalcó que el ejecutivo norteamericano Steve Lew no sólo supervisó la
negociación con el Banco de la Nación, sino que también aprobó lo que se firmó con la
DGI.
El escribano no cambia de juez El juez
de instrucción Héctor Yrimia continuará a cargo de la causa por presuntos pedidos de
coimas que involucra al ex escribano general de la cuidad, Jorge Gómez, luego de que la
Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazara la
recusación de los abogados del funcionario.
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