Por Marcelo Justo desde Londres
 Fue el juicio que
no se hizo. Una oficina del Parlamento británico sirvió ayer para que víctimas chilenas
prestaran testimonio ante la prensa nacional e internacional sobre el calvario que
experimentaron como consecuencia del golpe de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de
1973. Y hoy comienzan las audiencias de la apelación en la Cámara de los Lores que
decidirá el destino del ex dictador y actual senador vitalicio. La llamada
“audiencia no oficial” organizada por el vicepresidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de los Comunes, el laborista Jeremy Corbyn, escuchó ayer
11 testimonios que contenían una gama completa de las más flagrantes violaciones a los
derechos humanos.
La médica Cristina Godoy Navarrete presentó el primer testimonio. Conteniendo la
emoción, la médica narró su arresto y el vertiginoso descenso al infierno que lo
siguió. “Me metieron en una camioneta, me vendaron y me llevaron a Villa Grimaldi,
un centro clandestino de tortura. Allí estuve 24 horas donde me torturaron con descargas
eléctricas, me golpearon y me violaron. Luego fui trasladada a otro lugar donde
permanecí un mes y fui nuevamente torturada, golpeada, y violada, incluso por un perro
especialmente entrenado.”
Ricardo Muñoz fue otro de los secuestrados de Villa Grimaldi. En una escena de pesadilla,
Muñoz descubrió que su torturador, el capitán Miguel Krachnov Manchega, había sido su
compañero de escuela y que deseaba expiar su culpa en diálogos que mezclaban el absurdo
y el terror. “Primero intentó chantajearme diciéndome que si yo no hablaba no le
darían a mi mujer el tratamiento intensivo que necesitaba en el hospital. Tenía su
conciencia tranquila porque estaba cumpliendo órdenes del general. ¿De Pinochet?, le
preguntaba yo. Del general, respondía él.”
La responsabilidad del general Pinochet en las violaciones a los derechos humanos
cometidas por sus subordinados fue una constante de los testimonios. Ricardo Acuña,
detenido en Arica, donde dirigía un programa extrauniversitario para adultos –algo
considerado “apología del delito”-, narró cómo el general Bonilla, a cargo
del campo de concentración en que se encontraba, le repitió una y otra vez que él
actuaba bajo órdenes directas del general Pinochet.
El relato que hizo la hija de Salvador Allende, la diputada socialista Isabel Allende,
sobre el bombardeo al Palacio de la Moneda el día del golpe fue quizás el momento más
emotivo de una jornada saturada de narraciones estremecedoras. “Mi padre decidió
morir antes que rendirse y ese es el acto de mayor dignidad que se pueda pensar. Muchos
dicen que Salvador Allende era una persona maravillosa que...”, dijo Isabel Allende.
No pudo terminar la frase: el repentino quiebre de la voz y las lágrimas se lo
impidieron.
Juan Pablo Letelier, diputado socialista, contó cómo una bomba, obra de la policía
secreta chilena, la DINA, había matado a su padre, el ex canciller Orlando Letelier, y a
la ciudadana norteamericana Ronni Moffat en Washington en 1976. “El general Contreras
[jefe de la DINA] siempre dijo que él actuaba bajo órdenes del general Pinochet”,
señaló Letelier. Sofía Prats, cuyo padre fue asesinado en Buenos Aires en 1974, narró
la larga amistad que su padre, el general legalista Carlos Prats, había mantenido con
Pinochet, a quien conocía desde los 14 años, y apoyó la tesis de Letelier sobre la
naturaleza de su vínculo con Contreras. “Si Pinochet dice que no es responsable,
tendrá que demostrarlo en los tribunales”, señaló Sofía Prats. Los sombríos
testimonios de arresto, secuestro, tortura, violación, desaparición y muerte subrayaron
una y otra vez ese mismo punto. La inmunidad que el Tribunal Superior de Londres concedió
al general Pinochet la semana pasada por su condición de ex jefe de Estado era moralmente
injustificable. Una vez terminadas las dos horas y media de testimonios, Cristina Godoy
Navarrete sintió que podía desahogarse y, confesando el remordimiento que le causaba
haber sobrevivido a otras víctimas, dijo en un aparte a Página/12 que los crímenes de
lesa humanidad tienen que ser juzgados a nivel internacional por cualquier Estado.
“Es necesario para Chile, es necesario por todo lo que se dijo, es necesario para el
mundo. En Argentina al menos tuvieron un juicio. En nuestro país nunca pasó nada.”
ENTREVISTA EN LONDRES A LA DIPUTADA ALLENDE
“Un caso crucial en el mundo”
Por M. J.
 La diputada
socialista Isabel Allende se ha convertido en el símbolo vivo de la tragedia que desató
el golpe de Augusto Pinochet el 11 de setiembre de 1973. Hija del derrocado Salvador
Allende, su voz se quebró hasta el llanto cuando rememoró las últimas horas de su padre
durante el testimonio que dio ayer en una de las oficinas de Parlamento británico. En
diálogo posterior con Página/12, Allende analizó el posible desarrollo del caso
Pinochet y la pesada sombra que el pasado proyecta sobre Chile.
–¿Cree que su presencia aquí va a ayudar a que se haga justicia?
–Ojalá pueda ayudar. Es necesario dar a conocer lo que sucedió en nuestro país
para que aquel que tuvo dudas lo sepa por testimonios inequívocos. Creo además que si
Pinochet fuera liberado, porque se le concede impunidad por ser ex jefe de Estado, sería
el peor antecedente que Inglaterra le podría dar al mundo. Creo que si los “Law
Lords” confirman el fallo del Tribunal Superior, Inglaterra pasaría a ser el
paraíso de los dictadores.
–La derecha plantea que hoy otra vez la democracia chilena está amenazada.
–Vinimos a entregar acá nuestro testimonio y afirmar nuestra convicción de que
sólo con verdad y justicia se fortalece el proceso democrático. Aquí han venido
parlamentarios de derecha cuyo mensaje es que si Pinochet no es liberado la democracia
chilena se va a deteriorar. Esto más bien demuestra que la derecha está siempre
inclinada al lenguaje de la violencia. Si no se cumple lo que ellos sienten, en este caso
que Pinochet debe tener su impunidad, la democracia se va a ver amenazada. La derecha
habla de reconciliación y unidad. Yo creo que si Pinochet hubiera tenido una actitud más
de arrepentimiento hubiera sido más fácil para los chilenos reencontrarnos. Durante 25
años Pinochet se expresó con extrema arrogancia y desprecio por todo lo que fuera
derechos humanos. Cuando se le preguntó por una fosa común, su respuesta fue que era un
ahorro de cementerio. Cuando se le preguntó por los derechos humanos, preguntó qué es
eso.
–Usted se emocionó mucho durante su testimonio, ¿a 25 años el recuerdo sigue igual
de vivo?
–Para mí todo sigue perfectamente presente. Aunque hayan pasado 25 años. El 11 de
setiembre mi padre quería convocar a un referendo. Viendo el nivel de crisis y
polarización que había en el país, había pensado en esa vía. A lo mejor hubiera
evitado el golpe. Pinochet en cambio siempre quiso eliminar a todo el mundo. No fue
simplemente un golpe y “Bueno, el que no esté de acuerdo conmigo a su casa”.
–¿En ningún momento sospechó Salvador Allende de Pinochet?
–En los últimos días, el golpe era una crónica de una muerte anunciada. Todo el
mundo hablaba de eso. Lo que nunca fue posible detectar fue la traición de Pinochet. Tuvo
que ser compelido a que definiese su posición. Los otros le plantearon ahora o ahora
porque habían decidido adelantar el golpe para evitar que mi padre pudiera convocar al
referéndum.
—¿Qué espera que pase?
–Lo que queremos es verdad y justicia. A mí lo que me importa es el juicio, la
posibilidad de que se le hagan los cargos y que él haga su descargo. Estamos en un
momento crucial. Pero no sólo para Chile. El caso Pinochet es un caso ejemplar que puede
servir para abrir un nuevo futuro. Por eso es sumamente importante.
Garzón pidió extraditar a Pinochet por
genocida
El Ministerio de Justicia español
recibió ayer el pedido de extradición del ex dictador Pinochet redactado por el
juez Garzón. El viernes el documento ya estará en Londres.
El juez español Baltasar Garzón
fundamentó ayer la extradición.
Son cuatrocientas páginas donde argumenta el genocidio chileno. |
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Por Norberto Bermúdez desde Madrid
En casi cuatrocientas
páginas presentadas ayer, el magistrado español Baltasar Garzón sostiene que en Chile
se produjo el exterminio sistemático de un grupo nacional, que tuvo su cenit entre el 11
de setiembre de 1973 –fecha del golpe de Estado– y el 17 de diciembre de 1974,
momento en el que Pinochet se arrogó la jefatura del Estado. Durante ese período de 14
meses en el que la que gobernó fue la Junta Militar, desaparecieron o fueron asesinadas
2000 personas en un “intragenocidio” y, por tanto, Pinochet no goza de la
“inmunidad soberana” que se brinda a los gobernantes jubilados, según estipula
el artículo 4º de la Convención contra el Genocidio. Además, el juez afirma que las
leyes internas españolas y británicas no contemplan el otorgamiento de tal inmunidad.
El escrito ya fue remitido por el magistrado a la ministra de Justicia Margarita Mariscal
de Gante, solicitando al gobierno de José María Aznar que ordene su urgente remisión a
las autoridades británicas. Está previsto que el próximo viernes el Consejo de
Ministros acceda a la solicitud de Garzón. Durante el último fin de semana, el juez
español se encerró para dar los toques finales al documento. Contó para ello con el
asesoramiento del catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, José Manuel
Gómez Benítez.
En la solicitud de extradición del ex dictador chileno se incluyen todos los datos
referidos a las víctimas incluidas en los informes de la Vicaría de la Solidaridad y de
la Comisión Rettig. No obstante, el magistrado introduce una modificación sustancial a
la clasificación que originalmente hicieron dichos informes en lo que hace a las
categorías y los sectores sociales víctimas de la represión pinochetista. Garzón
sostiene que el planteo jurídico de fondo a demostrar es el que el exterminio
sistemático de grupo de personas por causas políticas constituye un delito de genocidio
en perjuicio de un “grupo nacional”, una figura que se conoce con el nombre de
“intragenocidio”.
Esta interpretación de la Convención sobre Prevención y Punición del Delito de
Genocidio de 1948 tiene el antecedente inmediato del exterminio “llevado a cabo por
una parte de los Khmers rouges en Kampuchea Democrática (Camboya) entre el 17 de abril de
1975 y el 7 de enero de 1979, que fue reconocido internacional y jurídicamente como un
genocidio por razones políticas”. El juez Garzón afirma que en 1994, el Congreso de
Estados Unidos aprobó la Cambodian Genocide Justice Act (Ley del genocidio camboyano),
cuyo objetivo explícito era poner a disposición de los tribunales a los responsables de
las matanzas que afectaron “no sólo al propio grupo Jemer de los aniquiladores, sino
también a los propios jereres rojos ideológicamente discrepantes del grupo
dirigente”.
Con este modelo represivo, a partir del 11 de setiembre de 1973 primero fueron eliminados
“policías, militares, funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y sindicales
afines al anterior gobierno democrático de Salvador Allende Gossens”, continuando
con “todos aquellos que resultaban sospechosos de discrepar con el régimen militar
instaurado”. Sostiene el magistrado que la persecución política, tuvo, además,
motivaciones religiosas. “Pretendieron justificar sus acciones contra los llamados
subversivos como parte de la guerra total contra los enemigos de la ideología occidental
y cristiana, erigiéndose en defensores de esos valores a costa de la vida de muchos que,
a diferencia de los represores, los sentían y vivían con honestidad.”
El juez Garzón afirma que el exterminio de grupos de personas por su simple ateísmo o,
si se prefiere, por su compartida no pertenencia al grupo de los que profesaban la
ideología occidental y cristiana, “es una conducta realizada con la intención de
destruir en todo o en parte un grupo religioso”, tal como prevé la Convención
contra el Genocidio.
Quienes decidiran por Pinochet
La palabra de los lores
Entre hoy
y mañana, cinco “Law Lords” designados ayer escucharán los argumentos del
Servicio Fiscal de la Corona y la defensa de Pinochet, y decidirán si el general Pinochet
es extraditable de Gran Bretaña. 12 magistrados de la Cámara de los Lores son la máxima
instancia judicial inglesa, el equivalente a la Corte Suprema en Argentina. Los
especialistas consultados por Página/12 consideran que de los 12 “Law Lords”,
cuatro son “liberales” [progresistas], tres conservadores y el resto se
encuentra a mitad de camino de ambas posiciones. El panel de cinco que fueron elegidos
para decidir en el caso Pinochet no refleja estas proporciones. Según los especialistas,
tres son liberales, uno conservador y uno moderado.
Lord Steyn, Lord Hoffman y Lord Slynn son los “liberales”. El primero tiene 66
años, una carrera meteórica y una reputación de independencia, astucia y conocimiento
del área comercial y criminal. Lord Hoffman (64 años) fue recientemente descripto por la
revista especializada en temas legales, Legal Business, como “la personalidad más
dominante en los lores”, de gran liderazgo entre sus pares. Lord Slynn (68 años) es
un eurófilo que pasó 11 años como abogado general en la Corte Europea de Justicia, que
“ama los placeres de la vida” y que en los medios legales es conocido como un
brillante especialista en temas comerciales. El moderado del panel es Lord Nicols (65
años), de personalidad reservada, seca e intelectual. El de edad más avanzada es el
conservador Lord Lloyd (69 años). Se jubilará en Navidad y se especializa en mantener un
perfil bajo. ¿Hasta qué punto será importante esta división ideológica a la hora de
considerar la apelación en el caso Pinochet? Los especialistas consultados por este
diario coinciden en que el equilibrio del panel elegido es uno de los más favorables para
los que desean que Pinochet sea extraditado a España. El hecho de que la Cámara de los
Lores hiciera lugar a la declaración de las víctimas fue considerado por algunos como un
buen signo.
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