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LOS PERONISTAS QUIEREN DAR MEDIA SANCION A LA LEY DE ESCUCHAS
La información quedó en la mira

El proyecto dice defender la intimidad
pero avanza sobre la libertad de prensa. La UCR, que cambió de posición, se opondrá.

José Genoud, jefe de la bancada de senadores de la UCR, ahora se opone al texto legal.
“Lo estudiamos con más cuidado y llegamos a la conclusión de que lo mejor era revisar la iniciativa.”

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Por José Natanson

t.gif (67 bytes) Como si la polémica por la elección del senador por la minoría no alcanzara (ver nota aparte), el bloque oficialista de la Cámara alta se apresta a sumar hoy un nuevo escándalo a su currículum. La bancada del PJ intentará dar media sanción a un proyecto de ley que aprovecha la penalización de escuchas telefónicas ilegales para limitar la libertad de prensa. La iniciativa, elaborada por el justicialista Angel Pardo, contempla penas para quienes realicen –y difundan el contenido de– cámaras o grabadores ocultos. Aunque el titular del bloque de la UCR, José Genoud, firmó el dictamen original de comisión, la bancada opositora decidió dar marcha atrás la semana pasada. Y hoy volverá a rechazar la iniciativa.
La necesidad de poner un límite a las pinchaduras ilegales surgió en junio pasado, cuando el desaparecido diario Perfil difundió conversaciones telefónicas de los hijos de Fernando de la Rúa. A partir de allí, confluyeron en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta cuatro proyectos. Entre ellos, uno elaborado por el Ministerio de Justicia –y firmado por el propio presidente Carlos Menem– en el que también se penalizaba a quienes difundan el contenido de esas comunicaciones.
El titular de la Comisión, el justicialista Angel Pardo, realizó un mix de todos los proyectos. El resultado fue una iniciativa que, con el aparente objetivo de regular las intervenciones telefónicas ilegales, avanza sobre la libertad de prensa. El proyecto de Pardo penaliza con un año de prisión a quien grabe en secreto una comunicación telefónica privada, aunque sea la propia. Aumenta esa pena a dos años a quien “comunicare o diera a publicidad” el contenido de esa conversación e incluso llega a imponer multas de hasta 90 mil pesos a las empresas periodísticas. Esta ley, que impediría realizar cámaras o grabaciones ocultas para destapar casos de corrupción, fue rechazada por la Asociación de Entidades Periodísticas de la República Argentina (ADEPA) y por la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS). El dictamen fue firmado por varios senadores del PJ y por cuatro legisladores radicales: Raúl Galván, Pedro Villarroel, Jorge Alfredo Agundez y por el titular de la bancada de la UCR, el mendocino José Genoud.
El miércoles pasado, el oficialismo intentó convertir en ley el proyecto. Pero la sesión fracasó por falta de quórum: los legisladores de la Alianza se levantaron de sus bancas cuando el PJ se aprestaba a tratar los tramos que avanzan sobre la libertad de prensa, a pesar de que cuatro de ellos habían suscripto el dictamen original de la Comisión.
Consultado ayer por este diario, Genoud intentó aclarar la contradicción. “Firmamos el dictamen de Comisión porque el senador Villarroel nos explicó que no vulnera la libertad de expresión”.
–Pero ¿usted no leyó el proyecto antes de firmarlo?
–Por supuesto. Pero en un primer momento entendimos que un periodista puede invocar el artículo 34 del Código Penal, el de excusas absolutorias. Esta figura no aplica la pena al que cometa un delito en cumplimiento del deber o invocando el derecho a la información.
–Entonces ¿por qué dieron marcha atrás?
–Porque lo estudiamos con más cuidado y llegamos a la conclusión de que lo mejor era revisar la iniciativa.
La interpretación del justicialismo es otra. Luego de confirmar que su bloque insistirá con el tratamiento de la iniciativa, el oficialista Jorge Yoma sostuvo que “los radicales merecen el premio de campeones mundiales de la hipocresía”. El legislador añadió que “ellos estaban de acuerdo con todo. Pero cuando evaluaron que la iniciativa tuvo muy mala acogida en la opinión pública, decidieron dar marcha atrás”.
Más allá de las versiones, lo cierto es que el PJ intentará sancionar hoy el proyecto que vulnera la libertad de prensa. Los legisladores de la oposición adelantaron que volverán a levantarse de sus bancas y añadieronque la Alianza pedirá que la iniciativa sea girada a la Comisión de Libertad de Expresión. La única excepción es Villarroel, que confirmó a este diario que acompañará la postura oficialista.

 


 

LA PUJA POR EL SENADOR CORRENTINO
Una banca que vale doble

t.gif (862 bytes) La batalla de hoy en el Senado comenzará con la puja por la banca que le corresponde a Corrientes en la próxima renovación del cuerpo, la que reclaman para sí tanto los liberales con el apoyo de la Alianza, como los justicialistas, que no quieren perder su mayoría en la Cámara alta.
La semana pasada la mayoría oficialista jugó todas sus fichas a favor de su candidato, Rubén Pruyas. Así, buscó sumar dos de los tres senadores que le corresponden a Corrientes, pese a que el PJ ocupa el tercer lugar entre las fuerzas políticas de la provincia. La oposición se negó a consumar la designación y abandonó con un portazo la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del cuerpo. El jefe de la bancada aliancista, José Genoud, anunció una serie de medidas de resistencia ante lo que calificó como una “inaceptable jugarreta anticonstitucional del PJ”.
Pero la maniobra desplegada por el justicialismo sufrió ayer un inesperado revés. La Cámara Nacional Electoral de la provincia rechazó la postulación del candidato oficialista, Rubén Pruyas, por considerar que éste había sido elegido en forma irregular, y respaldó las aspiraciones del autonomista Carlos Tomasella para ocupar el sillón que dejará libre su compañero de partido, Juan Ramón Aguirre Lanari.

OPINION

 

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