Por David Cufré
Roque Fernández
decidió que para conseguir mayores recursos con la venta de acciones de YPF, fondos que
serán utilizados para repagar deuda, se transfiera el 14,9 por ciento de la petrolera a
una sola empresa. Eso le permitirá a la adjudicataria dominar la compañía que detenta
el 51 por ciento de la producción de crudo en el país, el 45 por ciento de la
comercialización de combustibles y el 45 por ciento de la producción de gas natural. La
española Repsol, que en Argentina controla la marca EG3, fue la primera en manifestar su
interés por adquirir esa participación. Pero ya hay otros nombres en el listado: los de
la estadounidense Mobil, la italiana ENI y la local Pérez Companc. La licitación se
hará a mediados de enero.
El camino elegido por Economía para transferir el remanente de acciones de YPF en poder
del Estado molestó a la actual conducción de la empresa. Su presidente, Roberto Monti,
dijo en más de una oportunidad que prefería que la venta se hiciera en forma atomizada a
través de la Bolsa de Comercio. Con ello, no habría grandes cambios en la correlación
de fuerzas entre los distintos accionistas, por lo cual el management se aseguraba su
continuidad. En cambio, con un nuevo socio controlando el paquete mayoritario, su
estabilidad corre peligro. A pesar del enojo, Monti instruyó a los directivos de la
petrolera a no formular declaraciones públicas, para no agigantar la pelea con Roque.
Por otros motivos, las petroleras que compiten con YPF en el mercado local también están
preocupadas por esa venta de acciones. Esso y Shell cuestionan la operación porque
entienden que si Repsol se queda con el 14,9 por ciento de la ex compañía estatal,
dominará con un 60 por ciento la actividad productiva. Esto es porque Astra, la firma
argentina que los españoles compraron el año pasado, tiene una participación cercana al
10 por ciento en la producción de hidrocarburos. La competencia, entonces, será aún
más difícil que en la actualidad. Aunque Shell protesta, analiza participar de la
licitación que se realizará en enero para no quedar relegada.
Roque ignoró esos reclamos porque su preocupación es otra. Necesita fondos para repagar
deuda, pero la crisis dificultó el acceso a los mercados de capitales. Entonces decidió
vender las acciones de YPF a un inversor estratégico, con lo cual conseguirá una
recaudación mayor a la que obtendría si la transferencia se hiciera de forma atomizada.
De acuerdo con las estimaciones de Economía, los ingresos serían un 30 por ciento
superiores. De hecho, Repsol confirmó ayer que estaría dispuesta a pagar hasta 38
dólares por acción, cuando en la actualidad cotiza a 29,5 dólares.
Daniel Montamat, ex presidente de YPF durante el gobierno de Raúl Alfonsín, consideró
sin embargo que éste no es buen momento para vender, debido a que la abrupta
caída en el precio internacional del crudo y la crisis en los mercados financieros
depreció el valor de la acción de YPF. En octubre del año pasado, el papel
cotizaba a 38 dólares, recordó.
Más allá de eso, el especialista se manifestó contrario a que el Estado se desprenda de
su participación en la petrolera. Por dos motivos. En primer término, porque YPF es el
mayor contribuyente del impuesto a las ganancias (en el 97 pagó 400 millones de
dólares), y a un accionista que detente el control de la empresa le resultaría
más fácil armar una mayoría de accionistas que resuelva transferir el domicilio de YPF
a un paraíso fiscal y encontrar maniobras para eludir el pago. En segundo lugar,
porque si la empresa se vende a uno de los operadores que participa del mercado local
se conformará un monopolio privado y, como ocurrió con Aerolíneas
Argentinas en manos de Iberia, las decisiones de inversión se harán en función de
intereses globales, lo que puede terminar perjudicando a YPF, advirtió.
CUESTIONADA VENTA DE ACCIONES A TELEFONICA
Indagatorias por 329 millones
Por Julio Nudler
El juez Adolfo Bagnasco
dispuso la indagatoria de los dos gremialistas que condujeron la venta de las acciones del
Programa de Propiedad Participada (PPP) de Telefónica Argentina a la propia empresa. Ese
Programa, expresión rápidamente tronchada del capitalismo popular de mercado, equivalía
al 10 por ciento del capital de cada sucesora de ENTel. La operación bajo sospecha
involucra a más de 94 millones de papeles cuyo traspaso, efectuado en bloque, reportó
más de 329 millones de pesos. La querella de la abogada Liliana Zabala, que representa a
unos 800 telefónicos, alcanza también al Banco Ciudad, fideicomisario del Programa.
Hugo Rodolfo Astorga y Juan Ranieri, que serán indagados dentro de veinte días, violaron
según Zabala las normas de transmisión de dominio porque, ante todo, la
asamblea del 19 de marzo que decidió la venta en paquete fue convocada sin que figurasen
en el orden del día ni esa venta ni la disolución del PPP, que también fue resuelta en
la ocasión. En esa misma oportunidad, Astorga y Ranieri se pusieron al frente de una
comisión liquidadora, con un presupuesto de 1.450.000 pesos.
Después de aquella asamblea, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 484 para, entre otras
cosas, convalidar la venta total del Fondo de Garantía y Recompra. Este estaba
constituido por las acciones correspondientes a trabajadores que, por diversas razones,
fueron quedando desvinculados de la empresa privatizada. Esos papeles, según las normas,
deben ser redistribuidos entre los empleados activos. Pero los querellantes señalan que
el Fondo es un condominio indiviso, cuyos papeles debían repartirse entre los
trabajadores para que individualmente decidiesen qué hacer con ellos. Cada uno hubiese
visto así incrementada en un 73 por ciento su tenencia accionaria.
Con los 329 millones de pesos recibidos de Telefónica, los liquidadores cancelaron una
deuda de 5 millones con el Estado por el precio original de la transferencia que decidió
María Julia Alsogaray en 1990, y entregaron 87 millones a los ex empleados, además de
acreditarles sumas a los activos. En cualquier caso, el juzgado de Bagnasco decidió
realizar una pericia informática para determinar adónde fue todo el dinero y verificar
si los ex telefónicos que recibieron pagos existen efectivamente.
Dentro de este litigio, un caso particular es el de los 460 empleados de Telefónica que
resolvieron no vender sus acciones, pero que a pesar de ello vieron enajenadas las que les
correspondían por el prorrateo del Fondo de Garantía y Recompra. Por un acuerdo entre
los dirigentes sindicales y la empresa, ésta les depositó el importe proporcional en la
misma cuenta bancaria donde les acredita el sueldo. Aunque el consejo de los abogados es
que no toquen ese dinero, la tentación es grande.
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