Desde Rosario
 A las denuncias
hechas por un grupo de travestis sobre las coimas que tienen que pagar a policías para
trabajar sin ser molestados –que llevó a la apertura de un sumario interno–, el
jefe de Policía de Rosario, Benedicto Mattía, no tuvo reparos en proponer un ghetto
llamado “Samantópolis” para “travestis, drogadictos, los malos periodistas
y los malos gobernantes”, y en lanzar una serie de brulotes discriminatorios. Para el
jefe policial, los travestis son “mascaritas sidóticas”, los organismos de
derechos humanos sólo se preocupan por aquellos que son “maricas, traficantes,
drogadictos o delincuentes”. Además, avanzó sobre la vida privada de los
periodistas: “¿O usted cree que nosotros no conocemos a los periodistas
homosexuales? Pregúnteles si alguna vez la policía los molestó”. Al cierre de esta
edición, el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, estudiaba el posible relevo del jefe
policial.
El domingo último, un grupo de travestis denunció en uno de los diarios de la ciudad que
policías de la Unidad Regional II les cobraban coimas para que pudieran trabajar en las
calles de la zona sur de la ciudad.
La reacción del jefe policial no se hizo esperar, pero en vez de abrir una
investigación, avanzó sobre las minorías sexuales. “Estoy molesto porque los
señores travestis, esa mascarada de gente enferma que debería tratarse con psicólogos,
tendrían que haber denunciado las coimas ante mí, los jueces o los fiscales. A este jefe
de policía le gustan, por ahora, las mujeres. No necesitamos los favores sexuales de toda
esta mascarita sidótica”, dijo el jefe de Policía de Rosario.
La confusa mixtura de Mattía organizó un peligroso paradigma donde juntó a las
minorías sexuales y quienes sufren el flagelo de las drogas, con quienes las trafican y
quienes delinquen. “Decir que las orientaciones sexuales que se apartan del
heterosexismo ‘oficial’ son perturbaciones, enfermedades o deformaciones de la
sexualidad ‘correcta’, revela no solamente una ignorancia muy grande, sino una
intolerancia ‘profascista’, inadmisible en un país que a duras penas trata de
salir de la pesadilla del genocidio. Por supuesto que es legítimo buscar formas de
convivencia que eviten las molestias recíprocas entre los vecinos, respetando los
derechos de cada uno. Pero ése es otro tema”, dijo el sociólogo rosarino Héctor
Bonaparte.
La Organización No Gubernamental Colectivo Arco Iris, que brinda asesoramiento a los
travestis, fue calificada por Mattía como una entidad integrada “por personas
enfermas cuyo mantenimiento económico se desconoce”.
El bravo jefe policial prometió arrestos masivos de travestis, cámaras de video en las
calles del pecado para filmar a los “degenerados” (léase clientes) “o
sacarles fotos para mandárselas a los familiares”.
Lo que no hizo Mattía lo llevó adelante la directora de Asuntos Internos de la Policía
de Santa Fe, Leyla Perazzo, quien ordenó un sumario interno para determinar las
responsabilidades de aquellos efectivos de la División Moralidad y la seccional quinta de
policía que pedían coimas a los travestis.
El jefe de Policía también la emprendió contra la prensa que reveló los actos de
corrupción policial: “Así como hay un periodismo de primera que denuncia, hay otro
de cuarta. Seguramente los periodistas se ampararán en no sé qué secreto, en la
conferencia de no sé qué... En los derechos de Adepa, Adiro o Evanol”. “El
pueblo no molesta a los homosexuales. ¿O usted cree que nosotros no conocemos a los
periodistas homosexuales? Pregúnteles si alguna vez la policía los molestó”,
acotó.
“Como trabajadores de prensa reivindicamos nuestro derecho al secreto profesional
amparado por la Constitución Nacional y parte inseparable del ejercicio periodístico,
aquel por el cual el pueblo puede saber de qué se trata. Justamente al pretender tapar la
voz de un periodista o amedrentarlo se pretende que los argentinos vivan en la
ignorancia,cualidad necesaria e inseparable de la intolerancia y de las dictaduras”,
replicó Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario.
El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, se reunió con el gobernador Obeid ayer por la
mañana, en la Casa de Gobierno, y juntos analizaron las declaraciones del jefe policial.
En principio, el mandatario santafesino se mostró “sorprendido” por los
exabruptos policiales, pero no tomará una decisión inmediata sobre el relevo de Mattía.
Sin embargo, la resolución política está tomada.
| Repercusiones en Rosario *
“En realidad esto no es una actitud nueva sino que es la actitud histórica
que se ha generado a través de un Código de Contravenciones que es en sí mismo
violatorio del estado de derecho porque impone una persecución de autores y no de actos:
se persigue a las personas por sus calidades personales, por ser travestis o ejercer la
prostitución y esto está prohibido por la Constitución nacional, que impone el
principio de legalidad y el principio de derecho penal de acto y no de autor”
(Matilde Bruera, penalista, integrante del Centro de Estudios e Investigación en Derechos
Humanos de la Facultad de Derecho de la UNR).
* “Estamos muy sorprendidos por la alusión de ‘mascarita sidótica’ porque
aparentemente se está haciendo un señalamiento que nos parece conflictivo de acuerdo con
la Ley Nacional de Sida. Este tipo de conflictos son muy negativos para la tarea
preventiva de la infección por vih y otras enfermedades de transmisión sexual, porque
hacen que todo lo que la Organización Mundial de la Salud identifica como trabajo sexual
se haga más oculto y de esta manera sea más inaccesible a la prevención”. (Damián
Lavarello, Director del Programa Municipal de Sida).
* “Constituye una monstruosidad que el jefe de policía, que se dice un hombre
respetuoso de la ley, demuestre que en realidad es un mesiánico discriminador y
reaccionario. Es indispensable que el poder político tenga señales claras ante la
sociedad con personajes como estos que gozan de la impunidad de la palabra por prepotencia
y abuso de poder” (Mariana Hernández Larguía, Asamblea por los Derechos
Humanos-Rosario). |
DESDE EL GOBIERNO NACIONAL HASTA ENTIDADES DE
DD.HH.
Una destitución reclamada a coro
El
titular del Instituto Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación,
Víctor Ramos, pidió ayer al gobernador santafesino, Jorge Obeid, la destitución del
jefe de la Policía de Rosario, Benedicto Mattía. La reacción de Ramos por las
declaraciones en las que Mattía definió como “mascaritas sidóticas” a los
travestis se sumó a la de distintas organizaciones de derechos humanos que repudiaron al
policía y exigieron, también, su separación inmediata en el cargo.
“Nosotros ya estamos pidiendo la destitución a través de una nota que enviamos de
inmediato al gobernador de la provincia”, explicó Ramos antes de calificar de
“lamentable que muchas personas continúen hoy manteniendo estos prejuicios que son
incompatibles con un cargo público”. El funcionario del INADI entendió como
“peligroso” el puesto que desempeña Mattía como encargado de la Unidad
Regional II de Rosario. “En otra época –agregó Ramos– a pocos les iba a
preocupar una cosa así, pero hemos evolucionado y éste es un tema prioritario.”
El titular de la Comunidad Homosexual Argentina, César Cigliutti, exigió que la
destitución se efectivice: “En la lucha contra la discriminación no podemos
quedarnos en declaraciones, tenemos que ser más efectivos”.
Las Madres de Plaza de Mayo no separaron las declaraciones de Mattía de la estructura
policial. “A nosotras –expresaron a través de un comunicado– no nos
sorprende en absoluto el vocabulario del policía porque siempre han tenido que ver con la
muerte.” La Asociación de Madres definió a Mattía como “un fascista
represor”.
La policía de Río Negro también tiene
su purga
El gobierno provincial desplazó al subjefe
policial y a seis altos oficiales, a raíz de la crisis originada por el triple crimen de
Cipolletti.
El juez Pablo Iribarren
reconstruyó el hallazgo de las chicas.
Antes había denunciado presiones por parte de la policía. |
El desplazado Venancio Milla.
Los mandos medios se quejan. |
Por Cristian Alarcón
La política rionegrina
tiene puesto el termómetro en Cipolletti y el mercurio ayer volvió a marcar rojo. A una
semana del primer aniversario del triple crimen, a las puertas de una manifestación que
causa escozor en el Ejecutivo provincial, el gobernador Pablo Verani ordenó el pase a
retiro del subjefe de la policía provincial y de seis altos oficiales, algunos de ellos
implicados en el encubrimiento de la masacre o las presiones a testigos. Mientras ayer el
juez Pablo Iribarren presenciaba la reconstrucción del hallazgo de los cuerpos de las
tres jóvenes, los mandos medios de la fuerza dejaban trascender algunos “focos de
malestar” que provocó el castigo.
“Habría sido bueno que esto hubiera ocurrido antes para avanzar en la
investigación. Pero como nos acostumbramos en Río Negro, a esta altura decimos es mejor
ahora que nunca”, le dijo a Página/12 Ulises González, el padre de dos de las
chicas asesinadas tras una trama de mafia, narcos y policías.
La purga iniciada ayer llegó después de un escándalo institucional que explotó en una
reunión de la Comisión de Seguridad provincial la semana pasada. El ya indisimulable
conflicto entre la Justicia rionegrina y los hombres duros de la policía llegó a Viedma,
la capital, cuando la presión de la oficialidad en el Alto Valle de Río Negro hacia el
juez de la causa, los fiscales y los testigos que han declarado contra uniformados, llegó
a un límite que superó la habitual parquedad y silencio de Pablo Iribarren. En términos
“crudos”, según contaron a este diario quienes presenciaron ese encuentro de
funcionarios de las tres áreas, Iribarren, los fiscales Alvaro Meynet y Daniel Drake, y
dos miembros del Superior Tribunal de Justicia, expusieron “las trabas y amenazas que
un grupo de policías” ha hecho sentir cada vez con mayor fuerza para frenar las
investigaciones.
La sorpresa del paquete de medidas con el gobierno pretende tranquilizar al juez y mejorar
la imagen pública antes de la “megamarcha” del miércoles próximo, fue el
virtual pase a retiro del subjefe de la policía provincial, Venancio Milla. Si bien la
figura bajo la cual el Ejecutivo lo aparta del comando de la tropa es la “limitación
de servicio”, esto significa el relevo. Como en la mayoría de las policías
argentinas, en la de Río Negro el segundo de la fuerza es quien ejerce el mando real
sobre los subordinados; es quien llegó al cargo “haciendo carrera”. Y el jefe
es alguien nombrado por el poder político que goza de la confianza del Ejecutivo pero no
es respetado filas adentro, no goza del consenso.
Milla siempre fue un tipo coherente. Tanto al colocar estratégicamente hombres que luego
fueron acusados de encubridores del asesinato en puestos claves, como en defenderlos
cuando luego comenzaron a ser requeridos por la Justicia. “El colmo de Milla
–contó ayer una fuente de gobierno– fue que en agosto, cuando se detuvo a
varios policías por el asesinato de dos jóvenes hace diez años en Río Colorado,
después de haberse negado a reunirse con el Concejo Deliberante de Cipolletti que
reclamaba su presencia hacía meses, viajó rápidamente de Viedma a General Roca para
llevarle su apoyo a los detenidos”.
Los seis policías que pasaron a retiro son la línea completa de mandos que intervino en
la investigación durante los treinta días posteriores al crimen. Ellos son el comisario
general Ricardo Sánchez, el comisario mayor Gabriel Marín, los comisarios inspectores
Sergio Oliva y Jorge Galera -quien en el fragor de la lucha denunció al propio
Iribarren–, el comisario José Luis Torres –preso por plantar pruebas– y el
comisario Luis Seguel, a punto de ser procesado por segunda vez como encubridor del crimen
de Paula y María Emilia González y su amiga Verónica Villar.
| Rumbo a la megamarcha Una
impactante campaña publicitaria –cuyo espacio ha sido cedido gratuitamente en radio
y TV– y el rumor incesante de que “se viene un cipolletazo” preparan el
clima para el miércoles próximo, cuando el reclamo de justicia por el triple crimen se
haga oír en el Alto Valle. Los padres de María Emilia y Paula González y de Verónica
Villar marcharán acompañados por Norma, la mamá de José Luis Cabezas, Ada y Elías
Morales, Miriam y Luis Bordón, padres del estudiante asesinado, el Premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel y la hermana Mar-tha Pelloni. El rabino Daniel Goldman y el obispo
de General Roca, monseñor Pozzi, leerán documentos referidos al “dolor, la justicia
y la esperanza”, antes de iniciar lo que llaman todos “la megamarcha”. |
CASI 30 AÑOS POR LA MUERTE DE GUCCI
La condena de la ex esposa
Patricia
Reggiani Gucci, la ex esposa del magnate de la moda asesinado en 1995, fue condenada ayer
a 29 años de cárcel por planificar el crimen de su ex marido. El pedido de cadena
perpetua solicitado para Reggiani por la fiscalía recayó en Benedetto Ceraulo, quien fue
considerado responsable de la ejecución de Mauricio Gucci. Según entendió el jurado de
Milán, compuesto por jueces y ciudadanos comunes, Ceraulo fue quien disparó contra el
modisto en las escalinatas de su oficina de Milán y lo remató con un balazo en la cabeza
mientras agonizaba en un charco de sangre, el 27 de marzo de 1995.
Ceraulo fue el único de los cinco acusados que recibió una condena tan alta. Las
confesiones de los otros tres cómplices contribuyeron a que les fueran reducidas las
penas. Orazio Cicala, el chofer del auto en el que huyó Ceraulo el día del crimen, fue
sentenciado a 29 años de cárcel, mientras la clarividente Pina Auriemma y el portero de
hotel Ivano Savione, deberán permanecer 26 años tras las rejas.
Luego del reparto de condenas, el abogado defensor, Raffaele Della Valle, anunció que
presentará un recurso para que la sentencia sea anulada. Una vez conocido el fallo,
Reggiani declaró con amargura: “Parece que no me han creído, la verdad es hija del
tiempo”.
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