RECHAZO DE BECERRA A LA ACUSACION DE MENEM CONTRA STORNELLI

"No hay méritos para investigarlo"

El procurador decidió no investigar al fiscal de la causa de las armas y defendió su actitud con la prensa y la oposición.

  El procurador general, Nicolás Becerra, se puso al frente de los fiscales y rechazó las acusaciones de Carlos Menem contra Carlos Stornelli. El Presidente había solicitado --a través del ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo-- que se investigue al fiscal del caso "venta de armas" por mal desempeño. En un escrito de siete carillas, Becerra aseguró que "no se labrarán actuaciones disciplinarias por entenderse que no existe mérito para ello". El procurador argumentó que el joven fiscal federal no perjudicó la marcha de la investigación al considerar que la difusión de sus actos procesales no es "notoria", y sostuvo que es "legítimo" el interés de legisladores o periodistas en obtener información acerca de la marcha de un sumario de trascendencia institucional como éste.

Por su parte, casi la totalidad de los fiscales de instrucción y todos los fiscales generales le habían exigido "una defensa firme, urgente y pública" de la independencia del Ministerio Público. Becerra acusó recibo y los fiscales sienten que ganaron una pulseada.

"Habré de señalar enfáticamente que garantizaré al fiscal la continuidad en el pleno y eficiente cumplimiento de las tareas propias de su investidura", comienza afirmando Becerra. Sin embargo, en el siguiente párrafo manifiesta que "las declaraciones atribuidas al presidente de la Nación no han significado para mi espíritu una perturbación en lo que entiendo resulta el normal desarrollo de las actividades del Ministerio Público Fiscal". El procurador evita así criticar la actitud presidencial, sin referirse a la intromisión de un poder en otro, ni al ataque a la independencia de los fiscales.

Tras enumerar las acusaciones de Menem contra Stornelli, Becerra dice que no encuentra "entidad suficiente en las imputaciones para iniciar las actuaciones administrativas que correspondan en ejercicio del poder disciplinario que ejerzo sobre los integrantes del Ministerio Público fiscal". El procurador disiente con Granillo Ocampo en cuanto a que sea notorio que Stornelli permita el acceso indiscriminado de periodistas y legisladores a su despacho a fin de difundir sus opiniones y dictámenes. Según Becerra esto no sólo no es evidente sino que --en definitiva-- resulta "una actitud que pertenece a la vida pública actual implícita en la cultura o en la información normal de los individuos con relación a un círculo social determinado".

Además, el procurador argumenta que no se ha recibido ninguna presentación de los "sujetos procesales intervinientes", ni mucho menos de los señores jueces competentes, quienes serían los primeros indicados para marcar una hipotética falta disciplinaria. Becerra dice que no hay "ningún elemento objetivo que permita inferir que la difusión pública, a través de los medios periodísticos, del contenido parcial de algunos de los dictámenes emitidos por el doctor Stornelli haya perjudicado o impedido la adquisición de pruebas para la investigación ni que, mucho menos, el propio fiscal haya tomado la iniciativa de su difusión".

Otro párrafo saliente destaca que la valoración del mérito y fundamento respecto de la solicitud de declaraciones indagatorias y sobre la forma de conducir la causa que eligió Stornelli, es "facultad exclusiva de los señores jueces competentes". De este modo, el procurador alude a la preocupación presidencial sobre el próximo desfile de sus funcionarios ante el juez Jorge Urso, a pedido de Stornelli.

Durante la tarde de ayer, Becerra había recibido dos notas. La primera estaba firmada por casi todos los fiscales de instrucción, quienes le solicitaban una "firme defensa del artículo 120 de la Constitución y de la Ley de Ministerio Público (que consagra la independencia), la cual, para ser efectiva, debe ser rápidamente efectuada y de manera pública. La segunda le pedía lo mismo, pero de manera "urgente" y lo avalaron todos los fiscales generales de los fueros penal, comercial, contencioso administrativo, laboral y civil. Cuando se enteraron de la resolución del procurador, algunos de ellos expresaron que "por el momento esto alcanza", pero esperaban un pronunciamiento más contundente en relación al riesgo que corrió la independencia del Ministerio Público.

El presidente Menem culpó ayer a la oposición de "batir el parche" con la acción contra el fiscal del caso de las armas. El legislador porteño Aníbal Ibarra recordó que cuando los oficiales alemanes de la Segunda Guerra Mundial le preguntaron a Pablo Picasso si él había hecho el famoso "Guernica", el pintor les respondió que no, que habían sido ellos los autores. Ibarra calificó como "muy sana" la reacción unánime de sus ex compañeros, los fiscales, que no se dio en casos anteriores (ver aparte). Aunque esta declaración pública aparezca como una bandera blanca, puede ser señal tan sólo de una tregua. La estrategia futura contra Stornelli podría incluir el armado de una operación que termine en una recusación.

"La noche del operativo hubo zona liberada"

Por Diego Schurman

Un testigo que involucró al hijo de Carlos Corach y al fallecido Alfredo Yabrán en el tráfico ilegal de armas fue citado a prestar declaración testimonial por el juez Jorge Urso. Se trata de Adolfo Oscar Merlo, ex gerente de la terminal portuaria donde se habría operado a principios del '95 el embarque de material bélico hacia Croacia. Como paso previo a su declaración, Merlo pedirá hoy que se lo someta a exámenes psíquicos y físicos para descartar tendencias suicidas o afecciones cardíacas. Teme aparecer muerto antes de contar su verdad.

Merlo, un ex marino, aseguró hace cuatro meses que en la Terminal 6 del puerto se realizaron operaciones de carga de armamento supervisadas por Hernán Corach, Yabrán y Ricardo Alessandrelli. No se trata de tres desconocidos. Uno es el hijo del ministro del Interior y actual secretario general de la Juventud Peronista, el otro es el fallecido empresario telepostal señalado como autor intelectual del asesinato de José Luis Cabezas, y el tercero fue titular de Marítima Buenos Aires, socia de la empresa Intefema donde Merlo se desempeñaba como gerente de Recursos Humanos.

"La noche del operativo hubo zona liberada", aseguró el denunciante en un escrito que hizo llegar al fiscal de la causa, Carlos Stornelli. En la jerga militar zona liberada es sinónimo de luz verde para transgredir la ley. En este caso esa posibilidad fue facilitada por la supuesta desaparición de los controles de Prefectura, policiales y aduaneros. Merlo hablaba concretamente del embarque de cañones en el buque "Rijeka Express" realizado en febrero del '95.

Los datos aportados por el ex marino antecedieron a otros realizadas por este diario, donde se descubre la punta del complejo entramado financiero que rodea la causa. En él tenía participación el presidente de Intefema, el uruguayo Fernando Azambuja Patrone, quien fue simultáneamente miembro del directorio del quebrado Banco Austral.

La relación entre Intefema y el Banco Austral no es un simple dato administrativo. Cuando se descubrió que el Austral había solicitado créditos para prefinanciar siete falsas exportaciones, entre los titulares de las cuentas abiertas figuraba Daforel.

Daforel no sólo está vinculada a la causa del oro. El traficante de armas Diego Palleros, actualmente detenido en Sudáfrica, dijo que en el desvío de material bélico a Ecuador había pagado 400 mil dólares a un lobbista del Gobierno y que el dinero había sido depositado en la cuenta que Daforel mantenía en el MTB Bank de Nueva York.

No se sabe si Merlo tendrá datos para aportar sobre la conexión financiera. En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py suelen desacreditar al ex marino diciendo que "no le llega agua al tanque", una manera gráfica de decir que no está en sus cabales.

Pero a Urso le resultó suficiente lo que le hizo constar en su escrito y por eso ahora lo quiere escuchar en persona. La declaración testimonial será el 2 de diciembre, según consta en una cédula de notificación firmada por el secretario del juzgado, Juan Martín Hermida, a la que accedió Página/12.

Midiendo cada uno de sus pasos, Merlo presentará hoy un nuevo escrito ante el fiscal Stornelli para peticionar exámenes psíquicos y físicos. "Quiero que determinen si soy o no un fabulador, maquinador, o si tengo tendencias suicidas, o si estoy inhabilitado mentalmente para testimoniar", dice el texto.

Su temor a integrar la lista de aquellas personas aparecidas muertas y que, se sospechaba, tenían un supuesto conocimiento de datos que afectan al poder político se vislumbra en cada párrafo del escrito. Uno de ellos, incluso, juega con la ironía. "De importancia para resguardar mi seguridad, sería ser sometido a revisión médica clínica general, y en particular, si sufro alguna afección cardíaca que podría originar el tan 'común' ataque cardíaco repentino", señala.

Con el argumento de agilizar el trámite y por razones de "economía procesal" Merlo también adjuntará un certificado donde --asegura-- constará que no tiene antecedente penal alguno. Dice que de esa manera los afectados por sus dichos no podrán achacarle alguna finalidad personal ni tampoco política.

En este último punto se resguarda especialmente del Ministerio del Interior. Es decir de la cartera a cargo del padre de Hernán Corach, uno de los dirigentes que el ex marino denunció como "integrante del aparato legal que dio cobertura, y vía libre al accionar de la delincuencia económica".

Se trata de un delito en el que también pensaba involucrar al ex titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo, nombre que en el escrito que dará a conocer hoy no aparece.

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