Pinochet ante un "fifty-fifty"
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Por Marcelo Justo Desde Londres
Afuera del Parlamento británico, los militantes chilenos desafían el frío y la lluvia, el escepticismo y los rumores, mientras siguen exigiendo con gritos y pancartas, en la cruda noche invernal londinense, el juicio al general Pinochet. Allí adentro, en el Comitee Room número 1 de la Cámara de los Lores, los cinco "Law Lords" escucharon a lo largo del día los argumentos de la apelación montada por el Servicio Fiscal de la Corona contra el fallo que libró la Justicia inglesa la semana pasada en favor del ex dictador y actual senador vitalicio. A las cuatro de la tarde la sesión se aplazó para hoy cuando se completará el argumento de la fiscalía y comenzará a escucharse el de la defensa que, según fuentes judiciales, se prolongaría hasta la semana próxima. Mientras tanto afuera las voces siguen desgañitándose, cantando en castellano y en inglés, como para que todos los entiendan, "Queremos justicia/ We want justice". A las 10 y 30 de la mañana, hora de inicio de la apelación en la Cámara de los Lores, la sala estaba repleta de familiares, víctimas, periodistas y miembros del público. Entre las más de 100 personas se destacaba la cara de pájaro nocturno de la diputada socialista Isabel Allende, hija de Salvador Allende, acompañada por Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller de la Unidad Popular Orlando Letelier, asesinado en un atentado en Washington en 1976, y por Sofía Prats, la hija del ex comandante en jefe del Ejército, el general legalista Carlos Prats, muerto en un atentado similar en Buenos Aires en 1974. Sobre el silencio por momentos reverencial, por momentos fatigado de la sala, la voz del fiscal de la corona Alun Jones expuso a los lores Slynn, Hoffman, Nicholls, Lloyd y Steyn, los cinco "Law Lords", los principales argumentos de la apelación. Jones inició su alegato cuestionando que se pudiese aplicar a Pinochet la inmunidad de jefe de Estado que invocó el Real Tribunal Superior de Londres la semana pasada para fundamentar la ilegalidad de su arresto el 16 de octubre. Según la Fiscalía, recién por la noche del 11 de septiembre de 1973 se emitió un decreto que legitimizaba el golpe de Estado y para ese momento ya habían desaparecido 28 personas, y que sólo con la Constitución de 1981 quedó perfectamente establecido que Pinochet actuaba como jefe de Estado. Pero el argumento principal de la Fiscalía fue que la Corte debía rechazar "la repugnante noción, denigrante para toda noción de derechos humanos", de que el general podía tener inmunidad porque los actos de que se lo acusa "fueron cometidos durante el ejercicio de sus funciones como jefe de Estado". La fiscalía intentó demoler el argumento de la defensa subrayando que las violaciones a los derechos humanos cometidas por Pinochet son inaceptables tanto para una corte inglesa como para una internacional. "La inmunidad del jefe de Estado es una anomalía que se introdujo para proteger al Estado, no al individuo. Igualmente es habitual hoy en día que ciertos delitos sean ilegales siguiendo la ley internacional", indicó Jones. Entre los delitos que enumeró Jones, se encuentra el mismo golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que contenía un plan "sistemático para eliminar objetivos políticos", ejecutado principalmente por la policía secreta chilena, la DINA, que respondía directamente a Pinochet. "Esta campaña de exterminio de la DINA se llevó a cabo no sólo en Chile sino también en América latina, Europa y EE.UU.", indicó. Uno de los ejemplos de la fiscalía fue el operativo Cóndor, que vinculó a distintos regímenes represivos de Sudamérica en la desaparición de personas. "Pinochet no puede reclamar inmunidad para crímenes de niños, asesinatos en el extranjero o tortura", señaló Jones. El alegato de la fiscalía, matizado por preguntas de los Law Lords y por fugaces intervenciones de la defensa de Pinochet, continuará hoy. Los abogados de Amnistía Internacional tendrán una intervención especial, en su carácter de expertos en el derecho internacional en el terreno de los derechos humanos. Los especialistas indican que en gran medida el debate se decidirá de acuerdo con qué criterio se aplica: si el caso se debe tratar sólo en el marco del derecho inglés o si debe someterse al derecho internacional. "En la ley inglesa no hay excepciones para la inmunidad del jefe de Estado en casos de violaciones a los derechos humanos. Pero por otra parte, hay obligaciones legales internacionales que sí se han contraído como la convención contra la tortura de 1988, incorporada a la ley inglesa. En este sentido por el momento las posibilidades son un 'fifty-fifty'", señaló el experto en temas legales internacionales de la Universidad de Oxford Marck Weller.
Unos piden el juicio; otros, el retiro
"Pinochet debió retirarse en 1989, 1998 es un poco tarde, pero ojalá lo haga efectivo". El canciller chileno José Miguel Insulza reiteró un pedido que se está extendiendo también dentro de la derecha afín al ex dictador: si la Cámara de los Lores británica ratifica la inmunidad de Pinochet y permite su liberación, el actual senador vitalicio debe abandonar su banca y retirarse de la vida política. Los partidarios de Pinochet y familiares de los desaparecidos durante su dictadura realizarán sendas noches de vigilia a la espera del fallo de los Lores. El Consejo de Españoles Residentes en Chile denunció seis casos de españoles con fracturas de mandíbulas, costillas y brazos por agresiones de quienes se oponen al pedido de extradición contra Pinochet que envió el martes el juez español Baltasar Garzón. "Pinochet debe tener un gesto de grandeza", dijo Joaquín Lavín, alcalde de la comunidad santiaguina de Las Condes y candidato presidencial de la derechista Unión Demócrata Independiente. Lavín, que lideró la movilización de la derecha en defensa del ex dictador desde su detención en Londres, dijo que "Pinochet tiene derecho a usar sus prerrogativas como senador, pero debe realizar este gesto pensando más en la historia que en una situación coyuntural". Desde la Fundación Pinochet, otro de los principales órganos de la derecha política, la idea no ha sido descartada. "Cada cosa tiene su propio tiempo, por ahora la preocupación es que Pinochet regrese sano y salvo", dijo el general (R) Luis Cortés Villa, uno de los máximos dirigentes de la fundación. "Si Joaquín Lavín le pide un gesto, nosotros queremos facilitárselo", dijo ayer el senador democristiano Rafael Moreno al comentar un proyecto que su partido presentó el martes en el Senado para facilitar la renuncia de los senadores designados que actualmente, por ley, no pueden dejar sus cargos. El senador vitalicio Edgardo Boeninger, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), dijo que "Pinochet debe desaparecer de la vida pública", pero que además tendría que "pedir perdón por los excesos cometidos" durante su dictadura, como hizo en Argentina el jefe del Ejército, general Martín Balza, respecto del Proceso de Reorganización Nacional. Al margen de lo que finalmente haga el ex dictador chileno, quienes sí se están retirando son los militares que participaron de su régimen desde el Ejército o directamente desde el gobierno. Los preanuncios de los cambios que se producirán en el alto mando del Ejército indican que este año pasarán a retiro la mayoría de los altos oficiales que trabajaron estrechamente con Pinochet. En la lista, divulgada ayer por Radio Cooperativa de Santiago, figuran los generales Sergio Moreno, Jaime Izarnotegui, Víctor Lizárraga y Juan Núñez. Francia puso al dictador en una cinta de Moebius
Por Eduardo Febbro
Al día siguiente de que Francia cursara a Londres un pedido de detención provisoria del general retirado Augusto Pinochet el gobierno francés, a través del primer ministro, insistió en la necesidad de que Pinochet pagara por los crímenes cometidos. Al finalizar una visita al Tribunal Penal Internacional, encargado de juzgar los crímenes en la ex Yugoslavia, Lionel Jospin manifestó su deseo de que el dictador "pueda rendir cuentas de los actos cometidos en el '73". Para Jospin, lo importante es que hoy acciones judiciales emprendidas por los jueces "puedan tener un resultado". En cuanto a la demanda de extradición de Pinochet, la ministra de Justicia Elisabeth Guigou precisó que "Francia no tenía que esperar la decisión de los Lores. La Justicia francesa puede avanzar en sus trámites. La próxima etapa es la transmisión de la demanda de extradición. Ante la ausencia de un tribunal penal internacional, las cosas van a ser así". Más allá de esta voluntad política manifiesta queda sin embargo un problema en torno del cual giran análisis opuestos. ¿Qué ocurrirá con todas estas demandas de arresto y pedidos de extradición si, de aquí al lunes, la Cámara de los Lores británica decide mantener la inmunidad de Augusto Pinochet? Los juristas no tienen la misma interpretación del valor de esta sentencia. De hecho, no existe ninguna regla internacional que le garantice a los jefes de Estado o a los reyes la inmunidad eterna. Esto es posible en Londres, explica el abogado francés Bernard Prévost, porque el derecho inglés es un "extraño derecho que protege la monarquía en base a la noción de poder divino, hereditario, y ello explica que dicha protección se extienda más allá de las funciones ejercidas. Son esas mismas reglas las que cubren actualmente a Pinochet". No obstante, como lo precisa Jean Pierre Boucher, presidente del sindicato francés de la magistratura, la mejor prueba de la ausencia de normas internacionales de protección para los dirigentes es el caso del líder de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic, quien "fue presidente de la autoproclamada república serbia de Bosnia y no puede salir más de su país por temor a ser detenido en virtud del mandato de captura internacional lanzado contra él". De hecho, los juristas citan a menudo el artículo 6 de la Convención contra la Tortura. La sección francesa de Amnistía Internacional señaló a Página/12 que ese texto dice que cualquier Estado que forma parte de dicha convención "debe garantizar la detención de toda persona que se encuentre en su suelo bajo sospecha de haber cometido actos de tortura o cualquier acto que constituya una complicidad o una participación en el acto de tortura". Bernard Bouloc, profesor y especialista del derecho penal, sostiene que los nuevos mandatos de arresto remitidos a Gran Bretaña ponen a Pinochet como en una suerte de "cinta de Moebius". El general vuelve al punto de partida, incluso si la Cámara de los Lores ratifica la "inmunidad soberana otorgada por la Alta Corte". El profesor Bouloc recalca que "cada mandato de arresto apunta a hechos precisos y concierne otras víctimas. Nada puede evitar que las autoridades británicas vuelvan a juzgar cada vez la legalidad del mandato de arresto, incluso si la decisión final no cambia". Patrice de Charette, abogado y presidente de MEDEL, Magistrados Europeos por la Libertad y la Democracia, acota también que "como se trata de nuevos crímenes y de nuevas víctimas, las autoridades británicas tendrán que arrestar otra vez a Pinochet, sobre todo si los mandatos de arresto llegan antes de la decisión final de la Cámara de los Lores". Situándose en un plano más previsible y menos generoso en lo que atañe a la interpretación de las leyes, Antoinette Perrodet, profesora de derecho penal en la Universidad de París, señala que "la Alta Corte de Londres ya estipuló que los jefes de Estado están inmunizados contra los juicios. Si la decisión es confirmada luego por la Cámara de los Lores, dudo que una nueva detención sea posible. Es en el Ministerio de Interior en donde recaerá la decisión y dudo que acepte detener a Pinochet una vez más". Por lo pronto, incluso si Pinochet permanece encerrado por un tiempo en
la cinta de Moebius, los abogados de las familias de franceses desaparecidos en Chile y
Argentina empiezan a contemplar la eventualidad de su liberación. Por esta razón han
estudiado con precisión la ruta que podría tomar el avión Gulfstream 3 que debe llevar
a Pinochet a Chile. Según revelaron ayer a última hora los abogados Sophie Thonon y
Serge Lewisch, dicho avión sólo tiene una "autonomía de vuelo de 6.840
kilómetros" cuando entre Londres y Santiago hay 11.649. Los abogados piensan que el
aparato militar hará una escala con la debida autorización previa. ¿Adonde podría
aterrizar entonces? En las Canarias es imposible, en Brasil igualmente, en Dakar, país
ligado a Francia, impensable. Según los magistrados, el avión con el general debería
aterrizar en la isla de Ascensión, territorio británico bajo administración
norteamericana distante de 6.522 kilómetros, es decir, en la zona límite de su reserva
de carburante. Con esos datos, los abogados remitieron una carta ayer a la ministra de
Justicia afín de que "Interpol esté lista a intervenir en cualquier momento para
arrestarlo en el país donde el avión aterrice". Prisionero a repetición de los
mandatos de arresto, Pinochet está también cercado por la autonomía de vuelo. |