 Las
licenciatarias del servicio telefónico básico, Telefónica de Argentina y Telecom,
deberán aplicar a partir del próximo domingo rebajas del 9,4 al 19,2 por ciento en las
tarifas interurbanas. Telintar, a su vez, deberá corregir hacia abajo las tarifas
internacionales en hasta el 25 por ciento. La medida fue dispuesta por la Secretaría de
Comunicaciones, en función del ajuste anual del cuadro tarifario previsto en el régimen
de regulación. Una resolución dictada este año había excluido del beneficio a las
llamadas locales (urbanas).
Conforme a los pliegos de privatización, cada año se aplica un descuento en base a los
ingresos de las empresas. La secretaría de Germán Kammerath determinó para este año la
redistribución de un monto de 179,59 millones de pesos de dichos ingresos (96,34 millones
de Telefónica y 83,25 millones de Telecom), que aplicará, en un 90 por ciento, a tarifas
interurbanas, y el restante 10 por ciento a beneficios sociales.
Las rebajas que deberá aplicar Telecom, según la distancia entre puntos de conexión,
serán las siguientes:
* Claves 2 y 3 (de 30 a 110 km): 16,2 por ciento.
* Clave 5: 10,2 por ciento.
* Claves 6 a 12 (más de 240 km): 10,5 por ciento.
En tanto, Telefónica deberá reducir sus tarifas en las siguientes
proporciones:
* Clave 2 (de 30 a 55 km): 19,18 por ciento.
* Clave 5: 10,2 por ciento.
* Claves 6 a 12 (más de 240 km): 9,4 por ciento.
Las rebajas también alcanzan a las llamadas internacionales, cuyo servicio es atendido
por Telintar (empresa compartida por Telefónica y Telecom), en proporciones que van del
10 al 25 por ciento.
Al privatizarse Entel, se había dispuesto que anualmente las empresas debían reducir un
4 por ciento sus tarifas, siempre que se verificara un incremento en la demanda durante el
último año. Este año, por decreto 294/98, se dispuso que el 90 por ciento de la
reducción se aplicara a las llamadas de media y larga distancia nacionales
(interurbanas). El 10 por ciento restante, esta vez, no fue aplicado a las tarifas urbanas
en general, sino que se aplicó a diversos servicios sociales.
Los cuarteles de bomberos voluntarios, las bibliotecas populares y los centros
tecnológicos comunitarios se beneficiarán con una rebaja de hasta 100 pesos por mes en
sus facturas. A las escuelas primarias y secundarias, se les aplicará una reducción del
61 por ciento en el abono bimestral (de 33,18 pesos pasará a 12,94 pesos). Por otra
parte, la instalación de nuevas líneas en bibliotecas populares será gratuita, con el
declarado fin de facilitar su conexión a Internet.
El año pasado, el beneficio alcanzó a las llamadas urbanas en forma significativa, al
eliminarse la tarifa adicional de 0,8 centavos por minuto que se aplicaba sobre el
denominado “horario pico” (de 10 a 13 horas). Además, se amplió en esa
oportunidad en dos horas el “horario nocturno”, que significó una rebaja del 50
por ciento (1,1 centavo por minuto) en ese lapso excedente. Esta rebaja anual será la
última, ya que a partir del año próximo entrará en vigencia la desregulación
telefónica, que permitirá la competencia de hasta cuatro compañías por la preferencia
de los clientes.
ECONOMIA DEFIENDE EL DESEO DE INMUNIDAD
JUDICIAL DE POU
“Hasta que se pruebe que hay dolo”
Por David Cufré
La propuesta de dar
inmunidad al presidente del Banco Central, Pedro Pou, fue defendida ayer por el
viceministro de Economía, Pablo Guidotti. Esta semana, Página/12 reveló que una de las
condiciones impuestas por el Banco Mundial para desembolsar nuevos préstamos a la
Argentina es que, a través de una ley, se proteja al titular y al directorio de la
entidad oficial de investigaciones judiciales.
El número dos de Roque Fernández justificó ayer la iniciativa en los mismos términos
que utilizó, el día en que se conoció la noticia, una alta fuente del BM. “Las
acciones de buena fe tomadas en el ejercicio de sus funciones no pueden ser
judiciables”, opinó Guidotti, quien buscó reforzar su argumento asegurando que una
legislación similar está vigente en los Estados Unidos.
Sin embargo, la idea de amparar a Pou surgió en el mismo momento en que se acumulan
denuncias en su contra. Además de las cuatro causas que tiene abiertas, por diversas
irregularidades vinculadas con los desaparecidos bancos Austral, BID, Basel y Feigin, se
sumaron en las últimas semanas nuevas demandas por su desempeño en el caso del Banco
Mayo. Se cuestiona que la entidad oficial haya impulsado la compra del Banco Patricios por
parte del Mayo, pues quedó demostrado que no estaba en condiciones de embarcarse en esa
operación. La otra denuncia es porque la Superintendencia de Entidades Financieras no
detectó que el Mayo poseía una off shore (Mayflower) no registrada en su balance.
“Lo que se busca es que las funciones para las cuales están designados el presidente
y los directores del Central se puedan cumplir”, afirmó Guidotti. “Esto no
implica –agregó– que haya inmunidad para cualquier cosa. Pero las acciones
ejercidas en cumplimiento de sus funciones deben tener cierto grado de protección.”
–¿Hasta adónde alcanzaría la inmunidad? –preguntó Página/12.
–Hasta que se pruebe que hay dolo. Eso ya figura en la legislación argentina.
El diálogo se dio sobre el final de una conferencia de prensa que ofreció Guidotti para
informar que en octubre el déficit del Tesoro alcanzó a 310 millones de pesos, y a
reconocer, por lo tanto, que “el cierre del año fiscal va a ser complicado”.
“Tenemos que mantener la restricción del gasto público”, completó, aunque
dijo que no habrá ajustes adicionales al que se dispuso a mitad de año, por 1000
millones de pesos. Por otra parte, el funcionario admitió que los recursos que se
obtengan por la venta de acciones de YPF se utilizarán para pagar deuda, tal como
pretende el FMI.
| Sin acuerdo con Brasil El
canciller Guido Di Tella no logró avanzar hacia un acuerdo con su par brasileño, Luiz
Felipe Lampreia, en el encuentro que mantuvieron ayer en Montevideo por el conflicto
desatado por nuevas restricciones que aplica Brasil a la importación de alimentos,
productos químicos y farmacéuticos. Las medidas vienen demorando las colocaciones en el
país vecino y, se estima, podrían afectar exportaciones de 3000 a 4500 millones de
dólares anuales. “Las portarías (permisos de ingreso de mercaderías) del
Ministerio de Salud brasileño cubren aparentemente al 40 por ciento de las exportaciones
argentinas (en ese rubro) y las del Ministerio de Agricultura afectan al 20 por
ciento”, calculó Alieto Guadagni, secretario de Industria. Si no se alcanzara una
solución por acuerdo de partes, Argentina debería recurrir al mecanismo de solución de
controversias previsto en el Mercosur, lo que prolongaría los plazos de definición
“como mínimo, en cinco meses”, señaló. “La negociación es compleja,
Brasil insiste en que estas medidas no tienen carácter restrictivo”, opinó
Guadagni. |
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