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LA GUERRA ENTRE LA SIDE E INTERIOR POR EL ESCÁNDALO OYARBIDE

La hora del chantaje sexual

El diputado Melchor Cruchaga y un testigo protegido involucran al Ministerio del Interior en el empatanamiento de la investigación. El papel de la SIDE en las filmaciones. Nuevas "operaciones" en forma de libros.

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Luciano Garbellano y su ex socio en Spartacus Tony Soldano, dos hombres de lealtades encontradas

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Por Fernando Almirón

t.gif (67 bytes)  "El ministro el Interior, Carlos Corach, intentó por todos los medios frenar la investigación sobre el juez Norberto Oyarbide y su vinculación con el prostíbulo masculino Spartacus que llevaba adelante la Comisión de Juicio Político en Diputados", aseguró el legislador radical Melchor Cruchaga. "Incluso con una furia que alcanzó a los propios legisladores del oficialismo", agregó el radical, quien se propone iniciar una nueva investigación sobre el caso cuando el procesamiento de Oyarbide pase al Consejo de la Magistratura. El testigo protegido Ariel Paz (ver aparte) declaró que habría dos personas allegadas al ministerio vinculadas con los sucesos de Spartacus. Como trasfondo, aparecieron dos libros de dudoso gusto. Cada uno de ellos reproducen las operaciones cruzadas entre la Policía Federal y la Side en medio de un escándalo dominado por el chantaje sexual de grave alcance político. Mientras unos quieren frenar la investigación, los otros estarían dispuestos a desparramar injurias sin límites sobre famosos y políticos. La motivación no es otra que la lucha intestina del poder.

Melchor Cruchaga, vicepresidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, consideró ante Página/12 que "el Parlamento perdió, debido a las presiones del Ministerio del Interior, la oportunidad de investigar los vínculos de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia en las presuntas extorsiones que habrían sufrido los eventuales clientes de Spartacus", las que habrían surgido a través del testimonio de diversos testigos. Estos señalaron ante los legisladores la protección a cambio de dinero que le brindaba al prostíbulo la Policía Federal a través del comisario y torturador (pasado a disponibilidad) Roberto Rosa, y la participación de agentes de la Side en las maniobras extorsivas llevadas a cabo por Garbellano y los hermanos Tony y Daniel Soldano, quienes habrían canjeado a cambio de dinero los videos que registraban los gustos sexuales de sus víctimas, obtenidos con cámaras ocultas en tres de las habitaciones del petit hotel.

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Juez federal Norberto Oyarbide.
Spartacus, (izq.) en Agüero al 1600, escenario de una pelea política

El legislador radical, quien también integra el Consejo de la Magistratura que comenzará a funcionar a mediados de mes, anticipo que "si los diputados no aprueban el miércoles el enjuiciamiento del Norberto Oyarbide, la investigación sobre el comportamiento del magistrado pasará a la esfera del nuevo organismo, quien podría ampliar la investigación" abortada por el oficialismo en el Congreso. En ella podría volver a tratarse los vínculos de Oyarbide con los negocios de la prostitución y su encubrimiento por parte de la policía.

"Para nosotros resulta importante acreditar todo lo relacionado al circuito de amistades que frecuentaba el juez, ya que el propio Oyarbide hizo una denuncia por extorsión debido a un video filmado en el interior de Spartacus. De este modo --agrega Cruchaga-- el asunto deja de ser individual." Según el diputado, el interés que tendría el tema se debe, "no tanto a conocer la existencia de una organización privada destinada a extorsionar a los eventuales clientes del prostíbulo, sino a la necesidad de conocer políticamente si había organismos del Estado involucrados en el tema, ya sea en la instalación de equipos de filmación, o en el aprovechamiento de esa información, lo que significaría un dato tan aberrante como peligroso". Según el testigo protegido Ariel Paz, habría más de 200 filmaciones, muchas de ellas en manos de la Side.

El propio Garbellano le reveló a este diario en el mes de marzo, que dos agentes de contrainteligencia de la Side, Jaime Stiuso (también llamado Stile) y el ex comisario de la Bonaerense Mario Naldi le ofrecieron instalar un sistema de circuito cerrado de televisión que conectara los cuartos de Spartacus con una central del organismo de informaciones. Según Garbellano, "cuando le conté a la Policía Federal de este negocio, me dijeron que me sacaban la protección y yo decidí jugar con ellos".

De ahí en más la relación de Garbellano con sus socios, Tony y Daniel Soldano, comenzó a resquebrajarse. Mientras él comenzó a "jugar" con los agentes secretos y a sacar más provecho del chantaje sexual, los hermanos conservaron su relación con el comisario Roberto Rosa, a quien informaban sobre los negocios de Garbellano con la Side, y éste a su vez mantenía al tanto a sus jefes. Lo que más le molestaba a la Federal eran las supuestas grabaciones de personas vinculadas al Ministerio del Interior y jueces allegados a la fuerza que habrían pasado, gracias a Luciano, a manos de los servicios de informaciones.

En este sentido, algunos legisladores sospechan que podrían haber sido hombres vinculados a la Federal los que atentaron contra la vida del proxeneta en las proximidades de Zárate, hacia donde supuestamente se dirigió para vender unos videos acompañado por un ex funcionario del Ministerio del Interior. El episodio habría sido una señal dirigida a los espías.

La existencia de los videos también fue confirmada a este diario por uno de los socios de Spartacus, Tony Soldano. Según Soldano, habría al menos cinco cintas grabadas en el interior del prostíbulo. "Pero las cámaras estaban únicamente en el departamento que Luciano Garbellano tenía en el tercer piso de Spartacus", señaló Tony, quien se declara como un "exitoso proxeneta", desvinculándose del negocio extorsivo. En el libro del que fue principal fuente --Spartacus, la Cama de los famosos-- no se mencionan los videos ni se sugiere la presencia de nadie vinculado al poder en las instalaciones del prostíbulo. En cambio, en el "libro" escrito por Garbellano los hombres del poder son mencionados a destajo, aunque sólo están mencionados por las iniciales de sus nombres o a través de apodos. "Garbellano tiene los días contados", reflexionó el ex abogado de Luciano, Roberto Polito, quien negó haber asesorado jurídicamente al autor en la producción del material. Agregó que muchas de las personas mencionadas por Luciano jamás pasaron por Spartacus y fueron incorporadas en el libro "por venganza personal", y que "ya debe haber preparado las valijas, porque con esto, por lo menos va a terminar preso".


DECLARACION DE PAZ, TESTIGO CUSTODIADO, ANTE QUANTIN

Las filmadoras de "los servicios"

 

Por F. A.

t.gif (862 bytes) Ariel Paz acompañó durante dos años a Luciano Garbellano, el supuesto dueño mayoritario de Spartacus, quien ostenta entre otros antecedentes haber sido amigo íntimo del juez federal Norberto Oyarbide y receptor de nueve balazos, durante una oscura noche en las cercanías de Campana cuando intentaba negociar la venta de unos videos prohibidos. Paz, cuyo testimonio fue publicado en exclusiva por Página/12 el jueves pasado, también relató su historia ante los fiscales Norberto Quantín y José María Campagnoli. Este diario accedió a una copia de la declaración que narra, entre otras, las siguientes circunstancias:

* "Cuando Garbellano le comentó lo de los aparatos para filmar, el dicente (Ariel Paz) le preguntó cómo había hecho para obtenerlos e instalarlos, a lo que aquél contestó que 'no lo había hecho solo', que lo había hecho con gente 'de los servicios', es decir de la SIDE."

* "...cuando preguntó a qué personas filmaban, aquél (Garbellano) contestó que lo hacían 'con cualquier persona importante'."

* "Que las filmaciones que se guardaban eran aquellas que protagonizaban los personajes del poder."

* "..Garbellano todo el tiempo se jactaba de su íntimo conocimiento con el 'Grupo de los 5', que se trataría, de acuerdo a sus comentarios, del jefe de la Policía Federal, el ministro Carlos Corach, le titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y otras dos personas que no mencionaba."

* Según la declaración de Paz ante la Justicia, Garbellano regenteaba o participaba de la explotación de otros dos locales: Reverse y Status. Según el testigo, Luciano solía mencionarle que compartía la sociedad con un juez. "...el dicente se enteró que el juez en cuestión era Oyarbide", según figura en el expediente fechado en junio de este año.


LA IMBRICACION ARGENTINA ENTRE POLITICA Y DELITO

Mucho peor que el Sexgate

 

Por Mario Wainfeld

t.gif (862 bytes) Durante meses los habitantes de la aldea global presenciaron una feroz intromisión en la vida privada utilizada como herramienta política. Llevados de la mano por un fiscal mojigato (y opositor) analizaron y discutieron algo que sólo concernía a Bill y Hillary Clinton y a Monica Lewinsky. Un mix de reglas institucionales y de lógica mediática obligó a Clinton a responder ante millones de espectadores preguntas que ningún otro ciudadano de un país occidental está obligado a responder ante ningún tribunal.

Ese episodio, básicamente penoso, tuvo una conclusión gratificante: la elección inmediata posterior castigó enérgicamente a los que metieron la nariz en calzoncillos ajenos. El Sexgate tuvo final feliz porque fue una desmesura, pero se desarrolló en la escena pública. Las apetencias del presidente fueron zamarreadas en los medios, el fisgoneo fue colectivo. Se discutió de más, se mostró lo inmostrable pero todo a la luz. Se buscaba desbancar a Clinton por medios institucionales. Hubo hiperdemocracia tal vez, pero no ruptura de las reglas. Un abuso del sistema, no su negación.

Algo peor es lo que se denuncia en estas mismas páginas: organizaciones estatales que generan un red de chantajes sobre ricos, famosos y poderosos. El fisgoneo no se instrumenta para llegar al juicio político o influir sobre el electorado, sino para dominar voluntades, quebrarlas. Los datos de la vida privada se obran en la trastienda, un modo aún más perverso que el del fiscal Starr, a quien, finalmente, una votación popular lo pone al borde del knock out.

El sistema democrático republicano, trabajosa adquisición de la sociedad argentina, prioriza los límites al poder (que son ley y deben respetarse) y la construcción de consensos a los resultados (opinables y sometidos a escrutinio público en períodos regulares). En términos optimistas puede decirse que eso logra mejores desempeños (lo que sugería la entusiasta frase de Alfonsín del '83 "con la democracia se vive, se come, se educa"). Pero en el fondo lo institucional es previo conceptualmente a los logros. Los fines (salvo poquísimas excepciones) son discutibles, los medios no.

La violación de las reglas constitutivas que erosiona al sistema democrático es práctica cotidiana del actual gobierno, sospechado de un número creciente de delitos.

En estos días, ese oficialismo cometió la apropiación indebida de dos bancas senatoriales. La respuesta opositora parece débil frente a esa enésima tropelía. Una ilegalidad manifiesta merecía una respuesta colectiva y concertada de todo el sistema político y no sólo reacciones de los damnificados inmediatos. Lo mínimo esperable era una reacción transversal antimenemista que incluyera a los que se presentan en el marketing electoral con carnet de honestos. Nadie la convocó. El duhaldismo optó por la unidad (y el poder parlamentario espurio) del PJ en desmedro de las instituciones. Los belicistas, los cavallistas y los aliancistas no hicieron ni un gesto para moverse en conjunto, preocupados por preservar sus diferenciaciones políticas. Y la Alianza misma no produjo acciones enérgicas quizá porque su interna parece interesarle más que el descalabro institucional.

Un gobierno que parece no reconocer límites. Una oposición interna en el PJ que no se atreve a romper ni aun con lo peor e ilegal del menemismo. Una oposición que apuesta antes a esperar su turno electoral que a propiciar cambios hacen temer que la imbricación entre política y delito (una enfermedad que puede ser terminal) siga creciendo en el largo año que falta para el cambio de gobierno.


Edgar Hoover, maestro de la extorsión sexual

Fue el todopoderoso amo del FBI durante cinco décadas y chantajeó a ocho presidentes norteamericanos. Su arma era espiar la vida íntima de todos.

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La última cruzada de Hoover fue contra la mafia. No le salió

Por Sandra Russo

t.gif (862 bytes) Cuenta la leyenda que allá por 1960, el procurador general de Estados Unidos, Robert Kennedy, mantenía una conversación secreta en su despacho con un funcionario de confianza. De pronto, a Kennedy se le ocurrió preguntarle a su interlocutor:

 

--¿Hoover está enterado de esto?

El funcionario miró al techo y a los costados y dijo:

 

--Creo que ahora sí.

Kennedy aclaró la voz, y con las manos como altavoces preguntó:

 

--Edgar... ¿Me oye bien, Edgar?

En ese entonces hacía ya varias décadas que Edgar Hoover era el amo y señor del FBI, al que había ingresado en 1921, cuando aún no cumplía los 30 años. Criado en un hogar luterano, hipocondríaco, maniático, bajo, fornido, con aspecto de boxer rabioso y un morbo de increíble

funcionamiento, Hoover había descubierto en Estados Unidos un arma poderosa y letal que le daría satisfacciones a lo largo de los años en los que libró una guerra contra todo y contra todos: espiar la vida privada de los demás, en una sociedad puritana, lo encaramó a la cima de un poder que no se le fue de las manos en medio siglo y con el que incluso chantajeó a ocho presidentes norteamericanos.

El mito Hoover lo creó el propio Hoover. Inventó la imagen del FBI que recién ahora los Expedientes X están tomando a la chacota, permitiendo inferir que atrás de las muertes, los desastres y los hechos inexplicables que investigan Mulder y Scully no hay extraterrestres sino un poder omnímodo que necesita preservarse desentendiéndose de todo principio ético o moral. Pero lo que se dijo y se escribió sobre Hoover y su agencia de investigaciones durante casi cinco décadas hacía coincidir a Edgar y a sus G-men con intocables que combatían primero a gángsters, luego a espías nazis, más tarde a los comunistas, y por último a la mafia.

Recién el año pasado el periodista británico Anthony Summers publicó una investigación --Oficial y confidencial-- que le demandó cinco años de trabajo, en la que ofreció otra imagen de Hoover: la del inventor del chantaje sexual, gracias al cual proporcionó pruebas al poder de turno para desembarazarse de cualquier opositor, artista, intelectual, científico o dirigente que molestase. Hoover fue más allá: espió a los propios presidentes y a los funcionarios de los que dependía, y sólo eso le permitió sobrevivir en su cargo medio siglo, al calor de una sociedad de doble moral que condenaba en público lo que hacía en privado.

En la infinita lista de espiados por Hoover no faltan Dorothy Parker, Thomas Mann, Dashiell Hammett, Albert Einstein, Lillian Hellman, Henry Moore, Pablo Picasso y su estrella favorita, Charles Chaplin, cuyo expediente llegó a tener casi 2000 páginas.

La revelación más fuerte del libro de Summers, sin embargo, fue que la lucha de Hoover contra la mafia fue más de escaparate que real: la banda de Frank Costello había logrado atrapar al espía con sus mismas armas. Tenían fotografías de Hoover y su colaborador durante más de treinta años, Clyde Tolston, en las que se advertía claramente que ambos eran tortolitos. Con esas fotos la mafia detuvo el accionar de Hoover, así como Hoover detenía a los sucesivos presidentes que lo alababan en los actos oficiales y lo denostaban en voz bien baja, para que los micrófonos del FBI no pudieran escucharlos. Hoover fue el poder atrás del poder, y su condición de homosexual que mandaba a la hoguera a los homosexuales, a los comunistas, a los opositores y a los que simplemente no estaban de acuerdo con mandar a la hoguera a nadie, es el hecho más evidente del mapa psicológico perverso que dominó durante décadas la escena norteamericana. Recién ahora, que el affaire Lewinsky ha dejado indemne al presidente Clinton, ahora que la verdad parece no ser tan peligrosa ni condenable, la esencia horrorosa de las tácticas de Hoover cobra su real dimensión. Hoover había advertido que todos tienen un secreto, y su trabajo consistió en averiguarlo. Hoy, ese secreto que todos guardan y al que tienen derecho lleva el nombre de vida privada, y su defensa, como se ve, no se agota en reservarse la entrada a un goce personal. Preservar el derecho a la intimidad también es una necesidad política.


RODRIGUEZ SAA, LA EXTORSION CRIOLLA

Historias puntanas

 

t.gif (862 bytes) En 1993, un episodio que mezcló sexo, poder y política conmovió a la tranquila sociedad puntana: el secuestro del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa. El dirigente peronista lo confesó el sábado 23 de octubre de 1993, pero todo ocurrió una semana antes.

El gobernador se encontraba en el hotel "Y...no c" junto a su amante, Esther "la Turca" Sesín, una cuarentona pulposa, morocha y de ojos claros. Los secuestradores llegaron a la medianoche en dos autos. Una vez que entraron a la habitación, lo sometieron a una sesión de fotos forzadas, en la que lo obligaron a mantener relaciones con su amante y lo obligaron a colocarse un consolador por el ano. Después lo llevaron a una casa cercana, en la localidad de Las Chacras, en donde lo golpearon salvajemente. Cuatro horas más tarde lo abandonaron en un camino secundario, con la promesa de difundir las tomas si no pagaba 3 millones de dólares.

El grupo de secuestradores escapó de inmediato, pero la policía provincial apuntó a Sesín y a su novio, Alejandro Salgado, quienes fueron condenados a fines del 1995. En ese momento, los allegados al gobernador mencionaron su oposición a la reelección del presidente Carlos Menem como una de la causas del secuestro y responsabilizaron a los servicios de inteligencia.

Este episodio no le impidió a Rodríguez Saa ganar las elecciones del 14 de mayo de 1995 y batir el record en una gobernación provincial, cargo que ocupa desde 1983. Pero el actual gobernador --y futuro senador por su provincia-- no pudo evitar los chistes que todavía hoy recorren San Luis.

 

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