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UNA AUDAZ CAUSA JUDICIAL BUSCA ACALLAR A PERIODISTAS Y POLITICOS CURIOSOS POR LOS OSCUROS CAPITALES QUE DESDE UN PARAISO FISCAL CONTROLAN TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS

El silencio es salud

Con una extravagante denuncia por extorsión contra el ex director de una de sus compañías, que le reclama honorarios y comisiones impagos, el escribano Moneta procura silenciar a los periodistas y políticos que han mostrado curiosidad por los misteriosos accionistas no identificados que él representa en el Citicorp Holdings, CEI. Desde una casilla de Correo en el triángulo de las Bermudas y con un capital de apenas 50.000 dólares, controlan una porción sustancial de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en la Argentina. Entre los testigos ofrecidos figuran Alfonsín, Graciela Fernández Meijide, Duhalde, Cavallo, Roque Fernández, diputados de la Alianza, periodistas de los principales medios y directivos de "La Nación" y "Clarín".

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Monetta, curiosos abtenerse

Por Horacio Verbitsky

t.gif (67 bytes)  Con una extravagante denuncia por extorsión contra el ex director de una de sus compañías, que le reclama honorarios y comisiones impagos, el escribano Raúl Juan Pedro Moneta procurana12fo10.jpg (22430 bytes) silenciar a los periodistas y políticos que han mostrado curiosidad por los misteriosos accionistas no identificados que él representa en el Citicorp Holdings, CEI. Desde una casilla de correo en el triángulo de las Bermudas y con un capital de apenas 50.000 dólares, controlan una porción sustancial de las telecomunicaciones y los medios de comunicación en la Argentina. El denunciado ex director de República Construcciones, Jorge Macchi, solicitó al juez Ismael Muratorio "un trato equilibrado", aduciendo que hasta ahora sólo realiza las medidas de prueba del escribano Moneta, quien pidió las declaraciones testimoniales del ex presidente Raúl Alfonsín, los precandidatos presidenciales Eduardo Duhalde y Graciela Fernández Meijide, el ministro de Economía Roque Fernández, su antecesor Domingo Cavallo, el secretario general de la presidencia Alberto Kohan, los directivos del Citibank Carlos Fedrigotti, Ricardo Stanley y Denis Martin, los diputados nacionales Juan Pablo Cafiero, Darío Alessandro, Elisa Carrió y Nilda Garré, los directivos del diario Clarín Héctor Magnetto y Jorge Posse, el presidente del directorio de La Nación, Julio Saguier, y una extensa nómina de periodistas de los medios más significativos del país e incluso corresponsales extranjeros: Nelson Castro, Judith Evans, María Eugenia Estenssoro, Susana Reynoso, Claudio Jacquelin, Mariano Obarrio, Ramón (sic) Lejtman, Oscar Raúl Cardoso, Julio Villalonga, Sergio Ciancaglini, Ezequiel Fernández Moores, Marcelo Zlotogwiazda y el autor de esta nota. Uno de los escritos judiciales del escribano Moneta deja ver la intención de involucrar a la prensa en las presuntas maniobras delictivas de su ex gerente, al afirmar que las notas periodísticas publicadas en distintos medios sobre él y sus negocios están "en perfecta línea con las amenazas denunciadas". Durante el almuerzo anual de ADEBA, el tío de Moneta, Jaime Lucini, le advirtió a Fernández Meijide que "va a gobernar muy mal si deja que sus legisladores jóvenes se hagan eco de difamadores profesionales".

"El Mario Conde argentino"

Según la denuncia, presentada el 20 de mayo, Macchi "ha estado amenazando" al escribano Moneta "con difundir afirmaciones difamatorias e información de tipo confidencial" sobre él y sus empresas, "tanto en ámbitos periodísticos como políticos". Las amenazas habrían sido transmitidas al abogado de confianza de Moneta, Alberto Petracchi, para obligar al presidente del CEI "a entregar a Macchi una suma de aproximadamente 3,5 millones de dólares que falsamente alega que se le adeuda, en relación a la construcción del Edificio República" en Tucumán y Bouchard. Luego de la denuncia, se incorporaron una serie de cartas, que Petracchi dice haber dirigido a Moneta entre el 2 de febrero y el 27 de abril de este año, aunque nada demuestra que no hayan sido escritas luego para preconstituir presuntas pruebas. Todas narran llamadas telefónicas o entrevistas con Macchi, en las cuales el ex Director de República Propiedades habría transmitido las amenazas extorsivas al escribano Moneta. Los artículos en La Nación, Página/12 y otros medios acerca de la vinculación de Moneta con el presidente Carlos Menem y su proyecto de rrreelección habrían sido inspirados por lo que el escrito llama "la guerra CEI-Clarín". Petracchi también atribuye a Macchi haber reproducido una frase de Alfonsín: "Moneta es el Mario Conde argentino y si no lo terminamos ahora nos va a terminar a todos, porque se compró todos los medios". (Conde es el ex presidente del banco Banesto, procesado por planear el acoso y derribo del ex presidente socialista Felipe González y la llegada al poder del conservador partido Popular. Un informe de la agencia de detectives Kroll dice que también habría participado en "operaciones corruptas relacionadas con el proceso de privatizaciones de la Argentina", y menciona "operaciones de lavado de dinero y de armamento").

"Yabrán de guante blanco"

Aunque la secuencia de encuentros y conversaciones presuntamente extorsivas se habrían extendido durante tres meses, el escribano Moneta no presentó la denuncia en la Cámara de Apelaciones, para que fuera a sorteo, sino en el Departamento Central de Policía, como si se hubiera tratado de un hecho ocurrido en un tiempo y lugar determinados. Por el ducto policial la causa se deslizó hacia el juzgado de Muratorio. Con el mismo modus operandi el titular del estudio de abogados que ahora representa a Moneta, Alfredo Iribarren, eligió en 1991 qué juzgado investigaría a la cuñada presidencial Amira Yoma, por presunto lavado de narcodólares.

Al prestar declaración testimonial, Petracchi dijo que le había impactado una frase que según Macchi habría pronunciado el ex diputado Franco Caviglia: Moneta sería "el Yabrán de guante blanco". Hubo una prueba solicitada por Moneta a la que el juez Muratorio no accedió: grabar y filmar una eventual nueva entrevista entre Petracchi y Macchi para comprobar la solicitud extorsiva. En ausencia de una prueba inequívoca como hubiera sido ésta, el escribano Moneta y el juzgado se orientaron a demostrar que Macchi no tenía derecho a cobrar ninguna suma de dinero y que no había intervenido en el desarrollo del edificio diseñado por el arquitecto César Pelli. Macchi ofreció pruebas en contrario, pero como el juzgado no las produjo comenzó a llevar a sus testigos a escribanos públicos. Este punto es decisivo para interpretar las motivaciones de Macchi. Si tenía cobros pendientes que Moneta le negó, sus declaraciones a distintos medios serían fruto del resentimiento y resultaría disparatado tipificarlos como extorsión, según pretende Moneta. Macchi admitió haber declarado a distintos medios que "era acreedor de Moneta por una suma importante, pero tal publicidad no está para nada reñida con la ley" ya que Moneta "no me pagó nada de lo convenido por mi intensa y exitosa tarea en el desarrollo de uno de los edificios más importantes de la República". El querellante Moneta declaró como testigo. Dijo que a pedido de un amigo le había prestado una oficina a Macchi dentro del Banco República, porque le dio lástima su situación económica y personal. Agregó que desde esa oficina "tiene entendido" que Macchi "se ocupaba de intermediar en operaciones inmobiliarias con el fin de ganarse la respectiva comisión". Admitió que Macchi había sido director de República Propiedades SA, pero sin cobrar comisiones ni honorarios. Añadió que no tenía ninguna deuda con él, porque el edificio había sido desarrollado por Citi Construcciones y el Banco República, que luego lo vendió a República Inversiones, todas empresas del mismo grupo económico. Según el escribano Moneta, el alquiler de los pisos para oficinas fue encargado a la Inmobiliaria Castro Cranwell y Weiss y "República Inversiones no recibió ningún dinero ni beneficio alguno". Moneta y su tío, Jaime Lucini dijeron que República Propiedades no tuvo ninguna actividad relevante. La intervención de Macchi en el proyecto de construcción del Edificio República se limitó "a emitir opinión sobre los planos y haber estado presente en alguna reunión", por lo que no merecía "ningún tipo de retribución", dijo Lucini. Sin embargo, la secretaria de Moneta, María Chevalier Boutell, declaró que Macchi participó en "muchas de las reuniones" entre Moneta, los arquitectos Pelli y Mario Roberto Alvarez y "un grupo de norteamericanos" por el proyecto y construcción del edificio. Agregó que Macchi y Moneta también sostuvieronvarias reuniones con representantes de Castro Cranwell & Weiss. Cristian Weiss contradijo a Moneta, al declarar que el contacto con su inmobiliaria para comercializar el edificio lo hizo Macchi, quien luego le presentó a Moneta. Pero, como era de prever, negó haber ofrecido a Macchi retorno alguno de sus comisiones. Macchi reclama honorarios por la compra del terreno y el desarrollo del edificio, comisión por la diferencia ganada por el Grupo República entre el costo del edificio y su valor de mercado, y participación en las comisiones por el alquiler de las oficinas. "Respecto de este último punto, fui estafado por Moneta y por la intermediaria, de modo que apareciera que sólo había comisiones de un lado, el inquilino, cuando la realidad es que el porcentaje por las locaciones debía volver parcialmente al querellante y a mí." La inmobiliaria, añade, fue usada "como pantalla para hacer figurar pagos de comisiones entre empresas que no necesitaban intermediario alguno por tener accionistas mayoritarios comunes". Los inquilinos principales del edificio son otras empresas vinculadas con Moneta, como Telefónica de Argentina y el Banco República. Como "por razones de imagen o elegancia", Moneta no quería figurar "armó la figura de la intermediación pactando la devolución íntegra de las comisiones, que enseguida repartiría conmigo". Macchi pidió que se peritara la contabilidad de la inmobiliaria, los locatarios y el locador.

"Lavado de dinero"

El 26 de agosto, en una ampliación de su testimonio inicial, Petracchi narró un diálogo que habría tenido lugar en un café el 15 de julio, es decir un mes antes. Macchi le habría dicho entonces que "como consecuencia del aparato periodístico que había montado, el Citi se retiró y Moneta había comprado más barato, refiriéndose al CEI". Macchi también habría dicho que estaba preparando "una jugada más pesada", referida "al lavado de dinero de la corrupción y que la gente dice que Moneta es el que le maneja la caja a Menem". Petracchi dice haber recibido una llamada telefónica posterior de Macchi. "Tengo tres posibilidades. Irme preso, irme del país o tomar una decisión mucho más drástica", dice Petracchi que le dijo Macchi. A raíz de ello, el abogado de Macchi, Adolfo Casabal Elía presentó un escrito manifestando "grave preocupación" por esas palabras que su cliente no habría pronunciado. Sostuvo que "vivimos tiempos muy difíciles. Prácticamente reina la impunidad y personas importantes dicen qu\e ella está muy cerca del poder. Aparecen muertos, con ropaje de suicidio. ¿Cuáles son las limitaciones de los poderosos cuando se proponen dejar de pagar una deuda?". El abogado añade que Macchi goza de excelente salud y deseos de vida y señala que se ha instalado en el expediente la posibilidad "de que se suicide". Tres días después del hallazgo del cuerpo pendiente de Marcelo Cattáneo, Macchi denunció lo que llamó "veladas amenazas" ante el fiscal Norberto Quantín, quien solicitó a Muratorio que asegurara "la integridad física" de Macchi.

En su respuesta, Macchi sostuvo que Moneta realizaba "maniobras estafatorias" para "esquivar el pago a mi trabajo de mucho tiempo y esfuerzo volcado en el emprendimiento que culminó con gran éxito en la concreción del Edificio República" y detalló todos los rubros que le adeudaría. Moneta había dicho que Macchi no había reclamado judicialmente la alegada deuda. Macchi respondió que sí lo había hecho, siguiendo el procedimiento de la mediación, de lo cual ofreció pruebas. Macchi presentó una tarjeta del Banco República "donde se me presenta como representante del departamento de negocios especiales" y dijo que de 1991 a 1995 vivió exclusivamente de su trabajo para Moneta. Citó como ejemplos la compra del edificio que el Banco República adquirió en Florida y Perón, las reformas posteriores y su alquiler al Citibank; la compra y subdivisión de un terreno en San Isidro para construir dos barrios cerrados; la organización en la Sociedad Rural del "Disney Animation Festival", por el que sostiene que viajó a Estados Unidos con el cuñado de Moneta, Marcelo Moy Padilla. Ofreció como pruebas los pasaportes de ambos, los testimonios de los empresarios argentinos, españoles y estadounidenses, de los martilleros y arquitectos que habrían intervenido en cada operación y los del intendente de San Isidro, Melchor Posse, quien autorizó la subdivisión del terreno y del presidente de la Sociedad Rural, Enrique Crotto. Sobre su trabajo como director en el desarrollo del Edificio República, solicitó que se citara a declarar como testigos a los ejecutivos de Bunge y Born que le vendieron el terreno. En el video de un programa de arquitectura que ofreció como prueba, Menem, Moneta y Pelli presentan el Edificio y luego Macchi y Moneta responden juntos a un reportaje sobre sus características. El suplemento de arquitectura de La Nación, que Macchi también entregó al juzgado, publicó el 19 de julio de 1995 una nota de varias páginas sobre la construcción del edificio. En una de ellas, junto a una foto de Macchi con Pelli, el diario dice que la entrevista se realizó en el despacho de Macchi, a quien mencionó como Director del Banco República. Pelli dice que discutió las alternativas para el diseño "con Macchi y Moneta". Dos días antes, el suplemento de arquitectura de Clarín había publicado sendas entrevistas a Pelli y a Macchi sobre el Edificio República. Macchi fue presentado como el director de República Propiedades a cargo del desarrollo inmobiliario del edificio. Macchi ratificó en su presentación judicial que él gestionó la contratación de Pelli como diseñador, de Mario Roberto Alvarez como arquitecto de desarrollo de la documentación local y a la empresa Alto Palermo como gerente de construcción. También ofreció documentos sobre su participación en la compra de materiales para el edificio. Como conclusión, sostuvo que él era el extorsionado e intimidado por "una acción criminal" armada por "el banquero más poderoso con falsedades testimoniales".

Como el juez Muratorio no ordenó las medidas de prueba solicitadas por el querellado, Macchi comenzó a realizarlas ante escribanos y presentarlas luego al tribunal. El abogado del arquitecto Pelli, Manuel La Porta Drago, declaró que las condiciones del contrato firmado en 1992 por Pelli para diseñar el edificio fueron negociadas por Macchi en representación del Grupo República. Uno de los próceres de la arquitectura aborigen, Mario Roberto Alvarez, de 85 años, dijo que fue Macchi, quien lo puso en contacto con el Grupo República, le encargó las reformas al edificio adquirido por el Banco República en Florida y Perón y lo vinculó con el Estudio Pelli por la construcción del Edificio del litigio. Añadió que Macchi era quien participaba por el Grupo República en las reuniones entre los dos estudios de arquitectos, Alto Palermo y los subcontratistas del edificio. El ex gerente de abastecimiento de Alto Palermo, Alberto Meincke, que representó a esa empresa como gerente de construcción del edificio República dijo que Macchi era quien tomaba las decisiones comerciales por el Grupo República. Como tal, añadió, negoció los contratos mayores de la obra, entre los que mencionó la estructura de hormigón, albañilería, ascensores, frente de vidrio y aire acondicionado. "Macchi actuó en la negociación y adjudicación a los contratistas", dijo Meincke. El veedor de Pelli durante la obra, Carlos Marfort, agregó que en las reuniones con los arquitectos, Alto Palermo, consultores y contratistas, Macchi representaba al Grupo República.

La intención de intimidar a todos los interesados en los misteriosos capitales con sede en las Islas Vírgenes Británicas que Moneta representa también es ostensible en otros tramos del expediente. "Esta campaña habría tenido el concurso de periodistas y políticos involucrados en el asunto, la cual también estaría alimentada por fuertes intereses políticos y económicos", dice Petracchi que le dijo Macchi. Por burda que parezca, la táctica parece dar resultados. Pese a la trascendencia política de los protagonistas y a la impresionante nómina de testigos propuestos, ningún medio ha informado ni siquiera de que existe la causa.


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Alfonsín la sombra de Mario Conde

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Fernández Meijide: advertencia de un banquero



Forum Shopping

 

t.gif (862 bytes) Los turnos rotativos, que permitían elegir juez, dieron lugar a tantos abusos que llegaron a ser bautizados como "Forum Shopping". Por eso, en la última década el sistema se modificó. Las denuncias se presentan en la Cámara de Apelaciones, donde se decide por sorteo qué juzgado intervendrá. Sin embargo, la denuncia ante alguna dependencia de la Policía Federal es la ventana abierta por la que se filtraron los abogados más avispados. Al Departamento Central y a cada comisaría le corresponde un distrito judicial, en el que siguen funcionando los turnos. Si un colectivo atropella y mata a una persona en la esquina de San Martín y Lavalle, es razonable que intervenga la comisaría 1ª, que está a media cuadra, y que el oficial de guardia derive las actuaciones a un juzgado cuyo turno ese día a esa hora está previsto para atender tales emergencias. Pero este mecanismo de acceso a la jurisdicción carece de toda lógica y se presta a suspicacias en casos complejos, donde no es posible una determinación tan precisa de tiempo y lugar.

Esta variante sofisticada del Forum Shopping se utilizó en varios casos con resonancias políticas y económicas de primer orden. Entre ellos:

u Una disputa por honorarios de cuatro millones de dólares enfrentó al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi y su jefe de gabinete Juan Carlos Cassagne. Por su arbitraje en una controversia contractual entre Manliba y la sociedad del Estado CEAMSE, Cassagne debía cobrar cuatro millones de dólares en honorarios e intereses. Pero inquietantes enviados le reclamaron una parte y lo amenazaron en caso de que no aceptara, alegando que le debía a Dromi la designación como árbitro. La respuesta de Cassagne fue la cesión de los honorarios a cuatro entidades sin fines de lucro. Los miembros de su estudio manifestaron su acuerdo por escrito, pero el ex socio de Cassagne, David Halperín, lo denunció por administración fraudulenta. "Arbitro tercero había sido elegido el doctor Dromi, quien no pudo hacerse cargo porque estaba en el ministerio de Obras y Servicios Públicos", sostuvo Halperín. La denuncia fue presentada en la comisaría 17ª. El juez de turno, Luis Osvaldo Rodríguez, había sido designado a solicitud de Dromi y del sobrino presidencial Martín Menem. Como ni el portero ni los vecinos conocían a Halperín en el domicilio que dio para que correspondiera a la comisaría 17ª, Cassagne recusó al juez por sospecha de parcialidad. Pero Rodríguez no respondió, allanó el estudio de Cassagne en la Semana Santa de 1997 y lo procesó. La Cámara revocó el procesamiento y Rodríguez se excusó. Antes, intentó intimidar a los medios de comunicación que habían informado sobre el tema. Citó a un periodista de la revista Noticias para pedirle que identificara la fuente de un artículo, cosa que la Constitución Nacional prohíbe, y firmó un escrito con exaltadas referencias a supuestas falacias de Clarín, La Nación y Página/12, y a una presunta "justicia mediática".

u En marzo de 1991, la revista española Cambio/16 reveló que el juez Baltasar Garzón investigaba la presunta implicación de Karim y Amira Yoma, de Ibrahim Al Ibrahim y de Mario Caserta en el lavado de narcodólares, y que podría solicitar su detención. A la hora de la siesta, Carlos Menem recibió en el dormitorio presidencial a Caserta, a Emir Yoma y a los abogados Carlos Cañón Naval y Alfredo Iribarren. En torno del Lecho Supremo se convino en abrir una causa ante la justicia argentina, mediante una autodenuncia que presentaría Caserta, ya que el tratado vigente impedía la extradición de nacionales con proceso abierto en el país. Para que cayera en el juzgado federal 1, de la jueza María Servini de Cubría, Caserta la presentó en la División Defraudaciones y Estafas del Departamento Central de la Policía Federal. El fiscal Gustavo Bruzzone dijo en un dictamen que esa estrategia defensista fue ideada por Iribarren y que Servini orientó en un principio las investigaciones en favor de los acusados, pero luego las volcó en contra, por intereses políticos. En su declaración ante el juez Miguel Pons, Iribarren dijo que Jorge Antonio "conectaba al presidente con el asunto" e influía sobre Servini. Agregó que la motivación expuesta por Jorge Antonio para el cambio de táctica, que debía incluir "una rápida condena de Amira" era ayudar al gobierno y, según Iribarren, terminar "con el calvario periodístico".

Dromi es el principal asesor de Moneta. Iribarren es el apoderado de Moneta en la causa por extorsión contra Macchi, que no llegó al juzgado de Muratorio por sorteo en Cámara sino a través de una denuncia presentada en la División Defraudaciones y Estafas del Departamento Central de la Policía Federal. El combate contra las falacias de la prensa y el calvario periodístico continúa.

 

 

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