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Por Cledis Candelaresi Cuando a mediados
de enero próximo Víctor Alderete cumpla su segundo aniversario frente a la obra social
de los jubilados recibirá la sorpresa. Para entonces, la Auditoría General de la Nación
prevé enviar al Pami un fornido ejército de consultores privados contratados
expresamente para realizar una inspección "integral" en las cuentas del PAMI,
tan exhaustiva como jamás se ha hecho. La idea es no sólo saber cuánto gasta sino cómo
lo hace la prestadora más grande del país, permanentemente jaqueada por denuncias de
corrupción. Pero aquella determinación del organismo que preside el radical Enrique
Paixao no está inspirada en la animosidad de la oposición. Por el contrario, la AGN
responderá a una instrucción impartida por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas,
cuerpo parlamentario que el justicialismo preside y en el que tiene mayoría.Por diversas razones, siempre ha sido un misterio saber cómo el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados --conocido por las siglas de uno de sus programas-- administra su abultado presupuesto, superior a los 2000 millones al año. Pero esta tarea se tornó poco menos que imposible desde que Alderete, miembro del círculo íntimo del presidente Carlos Menem, buscó por todos los medios estar fuera de los mecanismos de fiscalización que tiene el sector público. En principio, no está incluido en el Presupuesto, y a raíz de esto puede conocerse cuánto recauda pero no cómo distribuye esos fondos. En 1995, cuando el PAMI estaba comandado por el sindicalista Carlos Alderete, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, consiguió incluirlo en el Presupuesto como uno de los tantos organismos descentralizados. Sin embargo, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la gestión mediterránea se quejaban porque, a su juicio, la información remitida desde la obra social sobre su planta de personal, y el costo de las contrataciones, entre otros ítem, llega a sus despachos distorsionada. En enero pasado, cuando el PAMI fue normalizado, Víctor Alderete esgrimió dos argumentos para que sus cuentas recuperasen la independencia. Uno: que al ser una obra social está fuera de los alcances de la ley 24.156 de Administración Financiera. Otro: que por aquella razón, debe ser tratada como cualquier otra entidad similar, que no se sujeta al control estatal, aunque esté costeada por impuestos. Lo que el funcionario amigo del Presidente no tuvo en cuenta es que hasta este año el Tesoro le garantizó una recaudación mínima de 200 millones por mes, y asumió como propias deudas contraídas por el organismo. Un ejemplo es el propio decreto de normalización, por el que el Estado nacional asumió el compromiso de pagar alrededor de 800 millones a los prestadores. Como a raíz de las angustias fiscales Roque Fernández no lo honró, Economía acaba de anunciar la emisión de un bono para poder cancelar esa millonaria obligación. Este hecho, auspicioso para Alderete, coincide con la determinación de la Auditoría de contratar una consultora privada para que desmenuce las cuentas del PAMI con tanto empeño como pocas veces se hizo en la administración pública. "En parte, porque las auditorías integrales son muy costosas, en parte porque en Argentina no existe la cultura del contralor", según interpretaba ante Página/12 una alta fuente de la AGN. Esa fiscalización calificada permitirá ir más allá de la revisión del balance (algo que la AGN ya hizo) para evaluar también la calidad y precio de cada prestación, juzgando si, tal como debiera, se contrató lo mejor al menor precio. En otros términos: los inspectores privados auscultarán el corazón de la obra social más grande del país con el fin de detectar posibles irregularidades. Este planificado avance sobre la órbita de Alderete tiene como partida una resolución del Senado que propiciaron los justicialistas Augusto Alasino y Enrique Almudévar para que la Cámara alta apruebe un informe de gestión presentado por aquel funcionario. Como contrapartida, el articulado de esa resolución, que hace meses pasó por el recinto, también previó un monitoreo sobre las cuentas de la obra social de los jubilados. Finalmente, la Comisión Mixta, bicameral de la que depende la AGN, completó la instrucción, ordenándole a Paixao que realice un control integral de las cuentas. Lo primero que hizo Alderete fue resistirse, negándole a la AGN y al Congreso potestad para controlarlo. La comisión que preside el justicialista Emilio Cantarero contraatacó recordándole que bajo su intervención el instituto de los jubilados ya fue auditado por ellos. De remate, le aclaró por escrito que "no hay nadie en la administración central que pueda sustraerse a la mirada del Parlamento". Parte de este entredicho cobró estado público. Amén de que la embestida parlamentaria contra el PAMI fue también avalada por los justicialistas. Quizás esa doble presión hizo que, finalmente, el titular del PAMI les hiciera saber a los legisladores que se avenía a aceptar la inspección, aunque sin tener idea de cómo y cuándo ésta podría realizarse. A cambio de ese gesto de buena voluntad, Alderete recibió otros favores oficiales. Hace poco más de un mes, un decreto de necesidad y urgencia le permitió al PAMI emitir deuda por su cuenta para pagarles a los prestadores. Esos millonarios fondos nutrirían una cuenta especial, de la que ningún funcionario salvo él podría tocar un solo centavo. Aun en caso de que la auditoría integral a iniciar en el verano permitiese detectar irregularidades en el Instituto de los jubilados, el camino a recorrer puede ser largo y atenuar el impacto de cualquier hallazgo. Los informes de la AGN tienen por destino el Congreso, donde la Comisión Mixta los analiza con muchos meses de atraso. Pero esa lenta rutina podría quebrarse si la falta descubierta es de tal magnitud que obligue a Paixao a acudir de inmediato a la Justicia.
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