Por Sergio Moreno
 La SIDE es una
obsesión de la oposición. Y cerrarla, un viejo sueño. Ahora puede transformarse en
realidad. Un proyecto de ley del senador radical Antonio Berhongaray lo propone sin
eufemismos: en el artículo 60º del proyecto de Ley de Inteligencia dispone que
“quedan disueltas la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Central Nacional de
Inteligencia” para crear otro sistema de seguridad e inteligencia. La iniciativa
desató revuelo, preocupación y nerviosismo en el organismo, cuyos hombres, sotto voce
como acostumbran (ver aparte), salieron a hablar pestes del texto.
El 18 de octubre del año pasado, Página/12 reveló el resultado de un seminario
realizado por especialistas radicales, frepasistas y de las fuerzas armadas y de
seguridad, donde se concluyó la necesidad de poner fin a la casa de los espías civiles,
tal como se la conoce ahora. Lo mismo ocurre en la iniciativa de Berhongaray. En los
fundamentos de la ley, desarrollados a lo largo de doce carillas, el pampeano sostiene
que:
* “No puede hablarse de la existencia de conducción y control por parte del
responsable primario de hacerlo: el Poder Ejecutivo.
* “La actual estructura de inteligencia, que continúa poseyendo las
características, regulación jurídica, estructura, funciones y facultades propias de un
país totalitario, dificulta en la práctica toda posibilidad de ejercicio de control.
Más adelante describe que el sistema de información e inteligencia existente está
caracterizado por:
* “Dedicación de la gran mayoría de sus elementos a la seguridad interior, e
incluso a la política interna del país, analizada esta última desde el punto de vista
fundamentalmente ideológico.
* “Multiplicidad de organismos dotados de medios propios de obtención de
información, generándose superposiciones, fricciones y, en definitiva, derroche de
medios humanos y materiales.
* “Total falta de control político, parlamentario y judicial de las actividades de
los organismos en cuestión.
La argumentación del proyecto no tiene piedad con el funcionamiento y las prácticas que
llevan adelante los espías criollos, y carga contra la expansión invasiva del Poder
Judicial a través del traspaso que hizo el Ejecutivo a la SIDE de la Dirección de
Observaciones Judiciales (la famosa O.J. u “ojota”, que se encarga de las
escuchas telefónicas), el incremento de los gastos reservados sin ninguna fiscalización
y la falta de eficacia de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).
El trabajo del senador pampeano no es el único que ha presentado o elaborado la UCR sobre
seguridad e inteligencia nacional. Desde 1990 una serie de especialistas recaban
información y abordan el tema para tratar de resolver la obsesión en que se ha
transformado la SIDE para la oposición. Los redactores originales de los proyectos madre
han sido José Manuel Ugarte, asesor de Berhongaray, y el especialista Eduardo Estévez.
Otro radical que ha desarrollado proyectos en el área es Ricardo Natale, ex subsecretario
de la SIDE durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Desde el Frepaso, también sus
principales entendidos han dado a conocer sus deseos de cerrar la SIDE y reformular
integralmente el accionar de los espías argentinos.
La propuesta
El proyecto de Berhongaray divide el sistema de inteligencia y le aplica un férreo
control ministerial y parlamentario. Luego de definir qué es cada organismo y en qué
constará su tarea, dispone en su artículo 4º crear un nuevo Sistema Nacional de
Información e Inteligencia integrado por:–El gabinete de Política de Inteligencia,
presidido por el Presidente de la Nación.
–La Secretaría de Coordinación de Información e Inteligencia, Secretaría de
Estado creada en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
–El Consejo de Coordinación de Inteligencia, que dependerá del secretario de
Coordinación.
–Las subsecretarías de Inteligencia Interior, Inteligencia Exterior e Inteligencia
para la Defensa, dependientes cada una de los ministerios que llevan el mismo nombre.
–Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de la Policía
Federal Argentina.
Lo que pretende el proyecto es dividir la inteligencia interior de la exterior y de la
militar. Por ello ubica cada subsecretaría en dependencia de cada ministerio.
En cuanto a las garantías de los derechos individuales, el texto señala:
* “Ningún organismo u órgano de información y/o inteligencia estará facultado
para la realización de tareas represivas, ni para el cumplimiento por sí de funciones
policiales, ni poseerá facultades compulsivas” (Art. 27º).
* “Queda prohibida la obtención de información y/o la producción de inteligencia
sobre los ciudadanos por el solo hecho de su raza, fe religiosa u opinión pública, o su
adhesión a principios de movimientos sindicales, cooperativos, asistenciales,
culturales... (Art. 28º)
* “No podrá ser funcionario o empleado de ningún organismo de inteligencia quien
por su conducta y vida pública no proporcione adecuadas garantías de respeto a la
Constitución Nacional y de adhesión a los principios democráticos que informan al
Estado argentino” (Art. 29º).
* Crear la Dirección de Observaciones Judiciales (O.J.) bajo la dependencia de la Cámara
Nacional de Apelaciones Federal en lo Criminal y Correccional. Los agentes que la
conformen no podrán superar los 200. Toda la tarea de escuchas telefónicas dentro de la
Argentina deberán contar con aprobación judicial.
* Todos los aparatos de intercepción de comunicaciones deberán ser registrados en el
Registro Nacional de Armas (Renar).
* Se incorporará un Capítulo IV bis en el Código Penal de la Nación mediante el cual
se castiga con penas de entre dos a quince años, según sean los casos, a los autores de
diversas violaciones a la privacidad, sea interceptando líneas telefónicas,
correspondencia, filmaciones, informáticas etc., y utilizare esa información. En caso de
que quien realice estas violaciones sea un funcionario del Estado, las penas y las
inhabilitaciones se duplican.
LAS CRITICAS AL PROYECTO
Los espías no se entregan
Por S.M.
Los más
preocupados con la iniciativa son los espías, con Hugo Anzorreguy a la cabeza. Nadie en
la calle 25 de Mayo al 100 cree que el proyecto de Berhongaray se transforme en ley, al
menos en lo que resta del mandato de Carlos Menem. Pero el empeño demostrado por la
oposición en cerrar la SIDE y reformular el sistema de inteligencia, sea en diversos
proyectos presentados en el pasado (uno de los cuales, contó con la firma de radicales y
frepasistas –Carlos “Chacho” Alvarez entre éstos– y llegó a obtener
una media sanción en el Congreso), sea en seminarios y definiciones públicas, quita el
sueño a funcionarios políticos y de carrera dentro de la secretaría.
“Todos sabemos que las cosas, así como están ahí adentro, no van más. Pero esta
insistencia es demasiado”, confió a Página/12 un espía profesional de alto rango
que, obviamente, prefiere el anonimato.
Los espías analizaron minuciosamente el proyecto. Y sus conclusiones no son benévolas
con el texto de Berhongaray. Un agente operativo, que calificó como “ensalada”
al proyecto, detalló las principales críticas que le hacen en la SIDE:
* “Hay una excesiva carga burocrática en la creación de organismos nuevos de
inteligencia.
* “El proyecto genera relaciones de mando y subordinación cruzados que van a
dificultar el funcionamiento.
* “Otorgar funciones de inteligencia a los ministerios es demencial. Por ejemplo con
la Cancillería. En un artículo se establece que, además de los agentes específicos en
la Cancillería, los diplomáticos también van a aportar información. Con eso estamos
transformando a todos los diplomáticos en agentes, y ¿qué país te va a entregar el
placet a un diplomático sospechado de espía?
* “Las facultades del Congreso (de monitoreo y control) son excesivas”.
El nerviosismo de los servicios civiles se enanca en la insistencia opositora en barajar y
dar de nuevo en lo referente a la inteligencia nacional, y se expresa en el minucioso
seguimiento que hacen de cada movimiento aliancista en ese sentido. para los espías, la
posibilidad de que el Gobierno cambie de manos en 1999 va adoptando la forma de un mal
sueño.
Cuando la designación de los senadores
tiene olor a impunidad
Fernández Meijide dijo que Jorge Yoma acordó
entregar su banca a Menem para garantizarle cobertura legal más allá del ‘99.
“Que se calle la boca porque cada vez que habla mete la pata”, le contestó el
legislador.
Graciela Fernández Meijide,
diputada del Frepaso.
“Menem asumirá en el Senado en lugar de Yoma.” |
Jorge Yoma, senador del
justicialismo.
“¿Quién mejor representa a La Rioja que Menem?” |
Por José Natanson
Graciela Fernández
Meijide se sumó ayer a la polémica por la designación de los dos senadores
justicialistas. La diputada señaló que el menemismo está construyendo en la Cámara
alta una “cueva de protección” y agregó que “Carlos Menem tiene arreglado
con (Jorge) Yoma que renuncie a su banca para asumir como senador”. Según la
candidata del Frepaso, esta maniobra le permitiría al Presidente garantizarse impunidad a
partir de 1999. Si bien sostuvo que todavía no conversó sobre el tema con Menem, Yoma
dijo ayer a Página/12 que estaría dispuesto a cederle su lugar en la Cámara alta. Y
añadió: “Si los senadores representan a las provincias, ¿quién mejor para
representar a La Rioja que el propio Carlos Menem?”.
La polémica en el Senado comenzó hace tres semanas, cuando el PJ designó al peronista
Hugo Sager como representante del Chaco, aunque esa banca le correspondía a la Alianza,
que cuenta con mayoría en la Legislatura provincial. La segunda nominación se concretó
el miércoles pasado. El oficialismo utilizó sus 37 votos para imponer a Rubén Pruyas
como senador de la mayoría por Corrientes, a pesar de que el Pacto Autonomista Liberal es
el partido con mayor número de legisladores en esa provincia y a pesar de que existe un
fallo en contra de la Justicia. Con estas dos maniobras, el oficialismo se aseguró
quórum propio hasta el 2001 en un lugar clave: el control de la Cámara alta le
permitiría condicionar a un futuro gobierno –aliancista o duhaldista– y
obligaría a la oposición a tener que consensuar políticas con el menemismo.
Ayer, Fernández Meijide sumó un elemento nuevo. La diputada recordó que el senador
Jorge Yoma –el responsable de fundamentar jurídicamente las dos designaciones–
había confesado públicamente la posibilidad de cederle a Menem la banca de senador por
La Rioja y justificó esta maniobra en la presunta necesidad del Presidente de no ser
investigado una vez que abandone el poder. “El menemismo está trabajando activamente
para que el próximo gobierno se comprometa a no perseguir a Menem. No tengo dudas de que
es el propio Presidente el que está dando instrucciones para apropiarse de bancas a
cualquier precio”, señaló la diputada.
Fernández Meijide añadió que “el oficialismo está construyendo en el Senado una
cueva de protección, porque va a ser el único recurso que le quede al Presidente y a
todo el sector delincuencial que está con él”. En diálogo con este diario, Yoma
admitió que estaría dispuesto a renunciar a su banca para que asuma Menem. Pero explicó
que todavía “no hubo un pedido del Presidente en este sentido”.
Como otros dirigentes opositores, Meijide dijo que “las leyes que salgan votadas por
los senadores truchos no se reconocerán” en un futuro gobierno de la Alianza.
“Lo que pretende hacer la oposición con este tipo de declaraciones –dijo
Yoma– es abonar el terreno para tomar el control del Senado de manera ilegítima.
Ojalá la oposición no vuelva a lo más negro de su larga historia golpista”. A
continuación, el senador le recomendó a la candidata del Frepaso “que se calle la
boca, porque cada vez que habla mete la pata”.
El contrapunto entre Fernández Meijide y Yoma se suma a una catarata de declaraciones que
surgieron desde ambos bandos. Algunos opositores, como el senador radical Antonio
Berhongaray, llegaron a plantear la posibilidad de reformar la Constitución para derogar
la cláusula transitoria 4ª. Esto implicaría que todos los senadores deberán abandonar
sus bancas y que sus reemplazantes se elegirán por voto directo. Desde el oficialismo, el
único en cuestionar la maniobra fue Carlos Ruckauf. El vicepresidente consideró “de
una inmensa gravedad institucional” la designación del senador por Corrientes,
aunque no explicó por qué comenzó presidiendo la sesión en la que se concretó la
nominación.
Más allá de las declaraciones, lo cierto es que el gobierno del Chaco interpondrá el
miércoles un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Corrientes, el
bloque radical en el Senado se presentará antela Corte Interamericana de Derechos Humanos
y ante la Unión Interparlamentaria Mundial.
OPINION
Por Eugenio Zaffaroni |
¡Así no, que se
rompe!
Por primera vez un integrante de la Alianza
plantea la posibilidad de disolver el Senado y reemplazar a sus integrantes a través de
elecciones directas.
El Senado está incurriendo en una serie de disparates constitucionales, pero, como si
eso fuera poco, merece una seria advertencia política: ¡Muchachos, así no que se rompe!
El Senado era una institución obsoleta y sin origen democrático directo. Cada provincia
y la ciudad de Buenos Aires tenían dos senadores, escogidos por las mayorías de las
Legislaturas y que, en virtud de un mandato insólito (9 años), permanecían en funciones
cuando éstas ya habían cambiado, es decir, terminaban representándose a sí mismos.
La reforma de 1994 fue racional: acortó el mandato a seis años y dispuso la elección
directa y la representación de la minoría. Pero eso recién sucedería en el 2001,
porque los senadores con mandato hasta el 2001 pusieron esa condición. Por eso no tenemos
un Senado integrado por elección directa y con mandatos de duración racional.
Además de este vicio de origen, ahora el Senado: a) nombra senadores que no proponen las
legislaturas; b) aprueba los diplomas según criterios anárquicos, que cambian en cada
caso conforme a lo que convenga para nombrar a los del partido oficial; y c) se sospecha
que en algún caso puede motivarse en la preservación de alguna persona de un proceso
penal.
Desde lo constitucional, habrá senadores con diplomas nulos, junto a otros que permanecen
sólo porque torcieron el brazo del constituyente de 1994, postergando la voluntad directa
del pueblo hasta el 2001.
Esta política es inconmensurablemente irresponsable. Cualquiera sea el candidato que
triunfe en 1999, tendrá en sus manos y en bandeja de plata y oro, todos los argumentos
legitimantes de un anti-fujimorazo, en caso de resultarle molesto el Senado. Ante la
formidable falta de legitimidad producida por estas aberraciones, cuando quiera podrá
invocar un estado de necesidad pública y optar por clausurarlo, adelantando la
aplicación del sistema constitucional de elección directa, convocada en treinta o
cuarenta días.
No se necesitan más que dos o tres nuevos escándalos para que, en el futuro, una
eventual medida tan extrema cuente con amplísimo apoyo de la opinión pública: desde lo
político nadie podría criticar a quien decide reemplazar un cuerpo integrado
irregularmente con personas que el pueblo no votó, por otro conforme a la Constitución y
votado directamente por el pueblo.
Quizá como nunca sea necesario recomendar que el oficialismo pare la mano, antes de que
sea demasiado tarde. Ahora sí que es cierto: así se rompe.
* Presidente del Bloque Frepaso, Legislatura de la Ciudad. |
Las dudas de Alfonsín
La iniciativa de
Berhongaray, por la dureza de sus críticas, preocupó a Raúl Alfonsín, que trata de
mantener buenas relaciones con Hugo Anzorreguy.
El alfonsinismo considera que el actual jefe de los espías está lejos de ser el
funcionario ideal, pero rescatan “su condición democrática” y temen que el
Gobierno lo reemplace por algún hombre de Alberto Kohan o de Carlos Corach. Cuando
circuló el nombre del juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, como posible
reemplazante de Anzorreguy, la reflexión de uno de los hombres de confianza de Alfonsín
fue: “¡Dios nos libre!”. Esta semana circuló el nombre de César Arias.
“La verdad es que se superan: imaginarse a Arias sentado en la SIDE hace que uno
empiece a ver con buenos ojos a Marquevich”, ironizó.
No bien comenzó a circular el proyecto Berhongaray los gestos de preocupación se
instalaron en los rostros de varios dirigentes alfonsinistas. “Si esto cobra estado
público –le dijo uno de ellos a este diario–, se va a armar quilombo.”
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