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Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro El capitán de corbeta Horacio Carlos Debernardi, gestor de la venta de armas de Fabricaciones Militares a Bosnia Herzegovina, había sido vicepresidente de EDESA, la empresa creada por Emilio Eduardo Massera con el pretexto del reequipamiento naval y el objetivo cierto de la compra-venta de armamento. A tal punto estaba ligada EDESA a los intereses particulares del ex almirante, que el domicilio de uno de sus directores coincidía con el que había fijado como sede social Misa Chico, la firma que sirvió para blanquear los bienes robados a Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Gómez, secuestrados y desaparecidos en la ESMA. Debernardi no es el único rastro del masserismo en el escándalo de la venta ilegal de armas: otro marino, el capitán de navío Horacio Pedro Estrada, ex jefe del GT3, había supervisado junto al traficante francés Jean Lasnaud el envío de fusiles y municiones argentinas a Ecuador. En setiembre de 1992 Debernardi envió al director de Fabricaciones Militares la nota en la que el gobierno islámico de Bosnia lo designaba como su representante en la compra de armamento. "La operación que es de su conocimiento" fue la frase sugerente que empleó el oficial retirado para aludir al negocio. A los pocos meses el embarque partió rumbo a Bosnia, se especula que por los mismos medios que hicieron llegar a Croacia los cañones, fusiles y municiones del Ejército y Fabricaciones Militares, según sostiene la acusación del fiscal. El intermediario Debernardi no era nuevo en esas transacciones. En 1975 Massera obtuvo la venia del gobierno peronista para iniciar el Plan de Reequipamiento Naval y creó EDESA, integrada por la Armada con la mayoría del capital y Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte). Según el legajo 52059 de la Inspección General de Justicia, el objeto social de EDESA (Empresa de Desarrollos Especiales) se transformó rápidamente: de compra y producción de sistemas de armas pasó a la compra-venta lisa y llana de armamento. El contralmirante Ricardo Guilermo Franke fue su primer presidente. Como vice debutó el capitán de corbeta Debernardi. En los sillones del directorio se instalaron otros tres oficiales navales del mismo grado, los capitanes de corbeta Juan Carlos Barlari, Oscar Antonio Baraldo y Juan Francisco Jarrige. El directorio incluía a dos civiles: los abogados Ismael Matta y Ricardo Antonio Vila. Esos cinco nombres no habían caído del cielo: Debernardi, Baraldo, Barlari y Jarrige habían egresado en 1955 de la Escuela Naval. Los cuatro formaban parte de la promoción 82. Ismael Mata, por su lado, especializado en derecho administrativo, era nada menos que el yerno de Adolfo Savino, el ministro de Defensa que José López Rega había puesto en el gabinete de Isabel Perón. Savino, igual que "Lopecito" y que el "Negro" Massera, tenía firmes contactos con Licio Gelli y la logia masónica P-2. Las dos plantas de EDESA, una en Zárate y otra vecina a los astilleros Domecq García, en Dársena Sur, tenían como misión ser el eje de un plan grandioso: torpedos, misiles, corbetas y submarinos de fabricación argentina, con licencia de la acería Thyssen. Poco de eso se concretó. Lo cierto es que quienes veían con escepticismo el proyecto masserista hacían un cálculo sencillo: EDESA no podría autofinanciarse aun cuando alcanzara a producir 400 torpedos al año, una cifra disparatada que podía cubrir buena parte de las necesidades de las flotas que navegan por el mundo. En 16 años, EDESA cambió varias veces a su presidente y a sus síndicos titulares y suplentes. Sin embargo, Debernardi y sus compañeros de promoción sobrevivieron a las purgas hasta 1987. Si algo hubiera faltado para mostrar hasta qué punto EDESA estaba al servicio de las aspiraciones políticas y económicas particulares del almirante, bastaría con recordar algunos detalles. El domicilio que el director Vila dio a la Inspección General de Justicia, Guido 1612, es el mismo que años más tarde figuró como sede social de Misa Chico, la empresa inmobiliaria a través de la que Eduardo y Carlos Massera (hijo y hermano del almirante) blanquearon las tierras robadas a los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Gómez. El escribano Fernando Mitjans era quien protocolizaba las actuaciones de Tandanor. Mitjans había había alcanzado una módica celebridad, primero como garante de los premios del programa "El Tango del Millón", que dirigía Juan Carlos Mareco, y luego junto a Alberto J. Armando en la comisión directiva de Boca Juniors. Eran épocas en que los xeneixes repartían bonos patrimoniales para construir, en Costanera Sur, la Ciudad Deportiva: estadios, piscinas, confiterías giratorias y en altura, puentes y zonas varias de recreación. La inauguración prevista para el 25 de mayo de 1975 se postergó sine die. A cambio de ello, para Mitjans salió el conchabo de Tandanor. Con el golpe, el delgado notario electrónico estrechó sus lazos con el masserismo: a pedido del capitán Alfredo Astiz, inscribió a la hija recién nacida de la prisionera Silvina Labayru; incluso, fue socio del almirante en ECER, la empresa propietaria del departamento de Cerrito al 1136 donde funcionaron las oficinas de Massera y el Partido Para la Democracia Social. ECER administraba también el inmueble de la calle Darragueyra donde Massera y Martha Rodríguez Mc Cormack daban rienda suelta a su pasión rodeados de tantos custodios que provocaron las protestas del vecindario. Debernardi es el segundo oficial masserista que irrumpe en el escándalo de la venta ilegal de armas. El primero fue el capitán de navío Horacio Estrada. A diferencia de Estrada, Debernardi no se encuentra aún imputado, pero es cuestión de tiempo: su capítulo, referido a los presuntos negocios clandestinos entre Bosnia y el Estado argentino, recién comienza a ser investigado. MARINOS REPRESORES EN EL TRAFICO DE ARMAS Por Lila Pastoriza Un fax que anuncia el viaje a Viena del Almirante Franco para vender una partida de fusiles FAL por 15 millones de dólares con destino a Bosnia es uno de los documentos sobre los cuales declarará hoy el periodista Juan Gasparini en la causa donde el juez federal Jorge Urso investiga la venta ilegal de armas. Gasparini, cuyo testimonio fue ofrecido por el abogado Ricardo Monner Sans, aportará elementos que podrían comprometer seriamente a otros represores de la marina, como Jorge Vildoza. También trasmitirá el periodista la disposición del fiscal general de Ginebra, Bernard Bertossa para colaborar en la investigación del tema si así lo requiere la justicia argentina. Gasparini efectuó su investigación para su libro Roldán Paesa: la conexión suiza, publicado en España y que detalla la andanzas de Francisco Paesa, un español vinculado al PSOE y a los GAL que se unió luego en el negocio sucio de las armas al traficante francés Georges Starkman, propietario en Ginebra de un local-cobertura de películas para niños. Así, hasta 1992, cuando Starkman fue expulsado de Suiza aunque sus empresas siguieron funcionando. ¿Qué ocurrió? Una organización clandestina de origen anarco-ecologista y luego dedicada a investigar el uso de la plaza financiera suiza con fines non sanctos, "El Deshollinador" (Le Ramoneur), se introdujo en los "documentos secretos" de Starkman, los difundió y "deschavó" actividades y operaciones muy comprometedoras para el vendedor de films infantiles. Entre las revelaciones de los deshollinadores informáticos figuran relaciones con Olivert North, la compra por parte de Pinochet de unos 50 tanques soviéticos, exportación de aviones a Libia... Y entre tanto documento, hay comprobantes de ventas de armas a Croacia y Bosnia en complicidad con quien aparece como "Almirante de la Armada argentina Carlos Franco". Cuando aún el tema armas no había saltado en la Argentina, Gasparini reproducía en el anexo de su libro varios de estos "faxes" distribuidos por "El Deshollinador". En el tráfico de marras, el país intermediario fue Austria, donde funcionaba la sociedad Grossafir, con sede en Viena, a quien vendían los traficantes. Las compras en Grossafir las hacía Alija Delimustafic, entonces ministro del Interior del gobierno bosnio, con una certificación trucha de que el envío iba a cualquier otra parte y con el compromiso de que sería descargado en Bosnia. Entre los faxes que comprometen al marino argentino (y que probablemente se trate de Rubén Oscar Franco, jefe de la Armada desde octubre de 1982 a diciembre de 1983) hay dos referidos al anuncio de su visita a Viena para concretar una operación de venta de fusiles FAL y munición por 15 millones de dólares. En uno de ellos se dan los teléfonos en Argentina del viajero y los lugares donde se alojará en Viena. Otros dos faxes, fechados en 1992, despliegan la oferta de listados de armas de distinto origen que dan cuenta de una aceitada inserción en el mercado internacional. Otro mencionado por Gasparini será el actualmente prófugo ex capitán de navío Jorge Raúl Vildoza ("Gastón"), que figurara como jefe del GT3 de la ESMA. En el libro de "memorias" que como todo traficante que se precie escribió Georges Starkman (Noir Nanon, París, 1992), refiere sus avatares para comprar en el mercado paralelo luego de Malvinas los Exocet pedidos por el almirante Jorge Anaya, quien promete enviar a un "oficial destacado" que dispondrá de alrededor de 15 millones de dólares sacados a través de la embajada alemana. Al parecer, el "destacado" nunca apareció pero sí lo hicieron dos conocidos represores de la ESMA, "Sérpico" Cavallo y un tal "capitán Varela" (seudónimo del torturador Miguel "Manuel" Benassi) que le pidieron ayuda para encontrar al oficial, que habría huido con el dinero. Coincidentemente, el ex capitán Adolfo Scilingo declaró ante el juez Baltasar Garzón que Jorge Vildoza había huido del país no sólo porque se había apropiado del hijo de un desaparecido sino porque se llevó los "seis millones" de los Exocet. Si la información que aporta Gasparini se relaciona con el reciente e increíble "suicidio" del capitán Horacio P. Estrada, uno de los más temidos represores de la ESMA, no es difícil llegar a la conclusión de que en el caso de la Armada, su participación en el tráfico internacional de armas estuvo a cargo de notorias tristes figuras de la etapa represiva.
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"A De la Rúa también habría que investigarlo porque las coimas en la Jefatura de Gobierno son interminables". Con esta frase, el presidente Carlos Menem respondió a la afirmación del candidato radical, Fernando de la Rúa, quien manifestó que en caso de llegar al gobierno iba a investigar a la administración menemista porque "hay presunción de corrupción". Este cruce de declaraciones puso en evidencia no sólo que los ánimos están alterados en la Casa Rosada, sino también que el precandidato de la Alianza está dispuesto a adoptar un discurso más crítico con el Gobierno, disputándole en ese sentido terreno a su competidora interna, Graciela Fernández Meijide. Ofuscado, Menem buscó descalificar a De la Rúa al señalar que sus dichos "demuestran una impotencia total y absoluta". Y, como siempre, el jefe de Estado quiso trazar con sus palabras la figura de un hombre con las manos limpias. "Está todo bajo investigación, no voy a tomar a ningún tipo de medida para incidir en las mismas", dijo para descartar una maniobra del Gobierno que implicaría sacarle al juez Jorge Urso la causa que investiga la venta ilegal de armas para que la tome la Corte Suprema, sospechada de adicta al menemismo. IBM-Banco Nación, el tráfico de armas, el contrabando de oro y la aduana paralela fueron los escándalos de corrupción que mencionó De la Rúa. Sobre estos temas, Menem contestó: "No tengo ningún problema. Las causas a las que hace referencia están siendo investigadas". La decisión del jefe de Gobierno porteño es la de no ceder más terreno a Graciela Fernández Meijide en aquellos puntos donde la dirigente frepasista mejor se mueve: los casos de corrupción en los que aparecen involucrados funcionarios nacionales. El flamante discurso le sirve, además, para diluir un rumor que suele sacarlo de quicio: que "el mejor candidato para Menem es De la Rúa", según murmuran duhaldistas y frepasistas cada vez que el radical adopta una posición más conciliadora que Fernández Meijide. Por el lado de Menem, el mandatario rompió un viejo arreglo de palabra con Raúl Alfonsín en aquella reunión en Olivos en 1989, cuando se realizaban los últimos preparativos para el traspaso de mando. Además del intento de Alfonsín para que los dos firmaran un indulto para los ex comandantes, el entonces presidente recibió la promesa de que el gobierno menemista no investigaría casos de corrupción en la gestión radical que los diputados de la renovación peronista denunciaban en el Congreso. "Ya que se trata de investigar, nosotros estamos siendo investigados y pueden seguir las mismas, pero yo ahora voy a procurar que se inicien las investigaciones en contra de esos hechos de corrupción: siendo garante Argentina, se vendió armas a uno de los países en conflicto y esto está documentado perfectamente", dijo Menem en referencia a una supuesta venta de misiles Cóndor a Perú durante una de las etapas en que las relaciones de este país atravesaban un pico de tensión con Ecuador. "Habría que ir atrás y ver quiénes son los que vendieron armas a países en conflicto y de ahí también hacer una investigación", fue la frase con la que Menem apuntó a Alfonsín, uno de los miembros del Grupo de los Cinco que conduce la Alianza. Y disparó por último: "También pido una investigación sobre estos temas. Vamos a ver y demostrar que este gobierno, el que yo represento, no vendió armas a países en conflicto". Por último, y en una actitud que muestra a las claras que cada vez lo alteran más las
sospechas de corrupción que salpican su gestión, Menem le respondió al jefe de campaña
radical, Rafael Pascual, en un hecho inusual ya que el jefe de Estado sólo contestaba a
los ataques de dirigentes de la primera línea de la oposición como Alfonsín y De la
Rúa. "El radicalismo está acostumbrado a los golpes de Estado, porque vivió
golpeando las puertas de los cuarteles", manifestó Menem, quien recordó que
"Juan Manuel Casella reconoció que en el '76 fue uno de los que golpeó la puerta de
los cuarteles. Quizás Pascual --concluyó-- haya estado en eso también". |