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Todo vale para bajar al fiscal
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Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro Ganaron quienes
apostaron a que el intento oficial por frenar la causa de la venta ilegal de armas no
terminaba con el fallido intento de investigar al fiscal Carlos Stornelli. La tarea, de la
que se sustrajo a tiempo el procurador Nicolás Becerra, la asumió la otra cabeza del
Ministerio Público: el defensor general Miguel Angel Romero, quien dio vía libre a sus
subordinados, los defensores del ex interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga,
para que soliciten al juez Marcelo Aguinsky la unificación de las causas y coloque a
Sarlenga bajo su exclusiva jurisdicción. Si eso ocurriera, prácticamente todo el
expediente pasaría al fuero penal económico y con él las situaciones más que
comprometidas de los ministros Erman González y Guido Di Tella y del jefe del Ejército,
general Martín Balza quedarían a salvo de la persistencia de Stornelli. Esta nueva
maniobra de ingeniería judicial ofrece al Ejecutivo un doble reaseguro: por un lado,
Romero es riojano y amigo de Sarlenga; por otro, Aguinsky fue secretario del
ultramenemista César Arias. Eso podría explicar el hecho insólito de que sean los
propios defensores de Sarlenga quienes pidan la competencia del tribunal que ordenó la
detención de su cliente y, según ellos mismos dicen, juzga el delito más grave. Cuando, a última hora de la tarde, se conoció el escrito de los defensores oficiales Jorge Goyeneche y Sandra Yapur, fueron muchos los que pensaron que la proximidad en el tiempo de esta solicitud con la orden de detención librada por Aguinsky contra Sarlenga no había sido una casualidad. Precisamente sobre ese hecho pivotea el recurso de inhibitoria presentado. "En el inciso 3 --artículo 42 del Código Procesal Penal-- (...) se alude a la prioridad por la detención del imputado. Esto, si se aplica a todos los supuestos posibles y no sólo a la detención en casos de flagrancia, permite que sea el juzgado en lo penal económico número 6 (Aguinsky) quien investigue, ya que la detención de Sarlenga fue ordenada por Vuestra Señoría", sostienen los defensores. Otro de los fundamentos de la defensa de Sarlenga para pedir la unificación de las causas se basa en el criterio de la mayor pena: "Aquí es evidente que V.S. resulta competente --reiteran--, toda vez que el delito más grave es el de contrabando agravado (...) que resulta sancionado con una escala penal de 4 a 12 años de prisión". El último se refiere a "la mejor y más pronta administración de justicia". Llamativa estrategia de defensa que hace que Goyeneche y Yapur no sólo piden la competencia del juez que ordenó la detención de su cliente y lo juzga por el delito más grave sino que, en beneficio de la "prontitud", lo instalan en la órbita de un juzgado que deberá abocarse por primera vez a la lectura de 48 cuerpos y más de 150 anexos acumulados a lo largo de tres años y medio de instrucción en el fuero federal. Al presentar este recurso de inhibitoria el defensor Romero no habría reparado en ciertos detalles. Por ejemplo, recordaron fuentes federales, la acusación de Stornelli prevé penas de 25 años, dato que haría caer el argumento de la defensa y, por si fuera poco, en 1996 el defensor de Diego Palleros, el ex juez federal Néstor Blondi, había hecho un planteo similar pero en dirección opuesta, es decir, para que la causa fuera unificada en el fuero federal. En esa oportunidad, dicen en Comodoro Py, Aguinsky reafirmó su competencia en lo relativo al contrabando, pero tanto él como el fiscal Roberto Leanza y la misma Cámara en lo Penal Económico ratificaron la jurisdicción federal en lo concerniente al resto de los delitos investigados. Las mismas fuentes deducen que, en función de estos antecedentes, la petición de los subordinados de Romero es inviable y, en todo caso, en el conflicto de competencia tiene su última palabra la Cámara Federal, fuero donde se presentó la primera denuncia con la firma del abogado Ricardo Monner Sans. Los voceros de la Defensoría, en cambio, adelantan que si estalla un conflicto de competencia, debería ser la Corte Suprema quien resolviera. Lo cierto es que, por encima de la polémica jurídica, lo que pesa es lo candente de la causa, la envergadura de los involucrados y la maraña de relaciones políticas que vinculan al Poder Ejecutivo con la administración de Justicia. Y en ese sentido, todos intuían que la verónica que permitió a Becerra zafar de las presiones de Carlos Menem para investigar al fiscal Stornelli llegaba, necesariamente, con un plan de recambio bajo el brazo. Y el toro de la fidelidad a los designios presidenciales embistió a Romero, un fusible de menor importancia, traído a Buenos Aires para ocupar una vacante en el fuero penal económico y luego transportado a la Defensoría General, cuando ésta quedó descubierta al pasar Becerra a la Procuración. Romero es riojano, amigo de Menem, de Ramón Hernández (su padrino político, según se asegura) y de Sarlenga. Entre sus asesores en la Defensoría se encuentra el ex secretario de Aguinsky, Mario Villar, quien instruyó parte de la investigación que compromete al interventor en Fabricaciones Militares. Aguinsky, por su lado, fue secretario de César Arias, ex ministro de Justicia, actual presidente de la comisión de juicio Político de la Cámara de Diputados y, por sobre todo, un incondicional del jefe de Estado.
UNA MANIOBRA DEL SEGUNDO DE NICOLÁS BECERRA Otro apriete en Comodoro Py
En realidad, la sugerencia de Miragaya buscaba justificar uno de los
recientes pasos en falso de Los fiscales que recibieron a Miragaya no podían dar crédito a lo que escuchaban. Por más que algunos de ellos tuvieran una estrecha ligazón con el oficialismo, lo que el fiscal general adjunto les estaba pidiendo era demasiado: que sacaran del fuego las castañas que había puesto Becerra al ordenar el enroque de fiscales. Racedo era, hasta la licencia que por motivos ignorados tomó el fiscal federal de Cámara Germán Moldes, fiscal de Cámara adjunto. La vacante de Moldes, entonces, lo dejaba primero en la línea sucesoria. Todo hubiera discurrido sin problemas si a Becerra no se le hubiera ocurrido indicar a Racedo que no debía apelar en tres causas que eran de sumo interés para el gobierno. "Yo no puedo hacer eso" fue la respuesta de Racedo, un hombre de bajo perfil pero al que se le adjudica una voluntad independiente. A los pocos días, Racedo encontró sentado muy campante en su escritorio a Joaquín "Chicho" Gasset Waidatt, su par, pero de la justicia ordinaria. También él oyó estupefacto al riojano, ex miembro del estudio Menem, decir a su secretario: "Tráiganme lo que hay que firmar". "¿Cómo lo que hay que firmar --preguntó Racedo-- si el fiscal de cámara soy yo?". "No --retrucó Gasset--, ahora el fiscal de Cámara soy yo". El cambio de Racedo por Gasset no podía hacerse sin el acuerdo previo del Procurador General. La noticia corrió como un reguero por el pasillos de Comodoro Py. Los fiscales sintieron entonces, quizás por primera vez, que el agua comenzaba a desbordar el vaso de lo tolerable. No habían acabado todavía de reponerse de la afrenta cuando el presidente Carlos Menem hizo público que había ordenado a Becerra que investigara al fiscal Stornelli. Fue en medio de esa tormenta de indignación que Miragaya se hizo presente para protagonizar un episodio que, aseguran, tiene pocos antecedentes. Es probable que, como es su costumbre, Becerra anoche haya desautorizado la gestión de su adjunto. Pero no puede negar que se trata de una persona de su absoluta confianza. Por él llegó incluso a movilizar a once fiscales federales para que investigaran el robo perpetrado el 24 de agosto en su casa. A Miragaya le habían robado un Mercedes Benz, una notebook, una lapicera Mont Blanc, joyas y dinero en efectivo. Tanta diligencia se entiende: MIragaya es mendocino, como Becerra, y está prohijado por Eduardo Bauzá. Es, además, el alfil colocado al lado de la ex primera dama Zulema Yoma para vigilar sus intenciones respecto de la causa por la muerte Carlos Jr. Antes de este desliz de la semana que pasó, ya se lo tenía como el funcionario de la Procuración encargado de transmitir a los fiscales los deseos del Poder Ejecutivo.
Por Victoria Ginzberg
"Hay una preocupación general sobre este tema. La gente se da cuenta que hay muchos videos sobre personas y pocos sobre armas, y hubo 6500 toneladas de armas, más de 600 camiones, que cruzaron el país y la SIDE no supo nada", afirmó Berhongaray. Página/12 informó ayer que el senador radical presentó un proyecto en el que se establece la disolución de la SIDE y separa la inteligencia interior de la exterior y la militar. Para ello propone la creación de subsecretarías que dependan de los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. La propuesta pretende imponer un control ministerial y parlamentario al sistema de inteligencia y a los fondos reservados con que cuenta el área. "No conozco los detalles del proyecto pero la tendencia mundial es hacia la centralización", dijo Toma. Estévez en cambio opinó que "la centralización demostró no ser útil y la descentralización asegura un mayor control político". El asesor radical aseguró que "pensar que con una ley basta es muy simplista. Debe existir una política de inteligencia". En el mismo sentido, Natale aseguró que "la reestructuración no debe alcanzar solamente a la SIDE sino al sistema nacional de inteligencia". Por su parte, Toma afirmó que "es indispensable una nueva Ley de Inteligencia que coordine y dé coherencia a los órganos del área y los vuelva más eficaces y económicos". El proyecto de Berhongaray todavía no tiene acuerdo de comisión. El senador afirmó que se siente "medianamente optimista" sobre la posibilidad de que su propuesta se convierta en ley. Sin embargo, dentro de la Alianza aseguran que ciertos sectores se resisten a la propuesta porque pretenden, de convertirse en gobierno, mantener la actual estructura para conservar los fondos reservados a los que pueden dárseles múltiples usos. Sain, redactor de un proyecto similar presentado por el Frente Grande en 1994 afirmó que "es necesario mantener ciertos fondos pero tienen que tener un control, porque ahora no se cumplen los requisitos establecidos". De hecho --aseguró-- "está probado que para lo único que sirvió la SIDE en estos años fue para hacer espionaje político". Según Sain, existe la posibilidad de que el presidente Carlos Menem saque los fondos reservados antes de 1999 y entonces "va a ser inviable sostener la actual estructura". Si bien Natale afirmó que comparte la iniciativa de dotar de mayor eficiencia y control parlamentario a la SIDE, no estuvo de acuerdo con la disolución del organismo. "No es solución la disolución, sino por el contrario su profunda transformación y racionalización para que sea una herramienta eficiente al servicio del Estado". El ex director de la SIDE propuso que las autoridades de los organismos de Inteligencia sean nominadas por acuerdo del Senado y en audiencia pública. El proyecto de Berhongaray cosechó disímiles opiniones pero reabrió el debate sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia. En este sentido, todos opinaron que es necesaria una transformación. Incluso Toma reconoció que existe una "multiplicidad de organismos superpuestos que deben ser coordinados". "La gente piensa que el sistema de inteligencia no funciona, no hay que hacer como el avestruz. Queremos modificar la realidad y para eso ponemos sobre la mesa esta propuesta", aseguró Berhongaray. CAUSA POR LA MUERTE DE SOFIA FIJMAN Juicio a un agente de los servicios
Por Romina Calderaro
"El juicio oral contra Dátoli es inminente", explicó Socolosky a este diario. También contó que cambió de abogados. El penalista Eduardo Barcesat reemplazará a Hugo Wortman Yofre, del estudio de Luis Moreno Ocampo. "Es la primera vez que la SIDE se va a sentar al banquillo de los acusados. Dátoli y su institución, refugio y aguantadero de asesinos, tienen muchas cosas que explicar", dijo uno de los hijos de la víctima. En el juicio, además de Dátoli, estarán presentes él, su hermano, su abogado y dos testigos del hecho. Uno era conserje del hotel contiguo a la Escuela de Inteligencia. En la comisaría, ofició de traductor de una pareja de australianos que presenció el crimen. El otro vio la escena porque en ese momento llevaba la comida para los empleados de la Escuela. Fijman murió la noche del 26 de febrero. Se acercó al jardín de la Escuela de Inteligencia, como todos los días, y a través de las rejas alimentó a los gatos. Dátoli --considerado un "pesado" de la SIDE-- accionó el portón hasta matarla. Mientras lo hacía, podía ver todo lo que pasaba a través de los monitores del cuarto de guardia, pero no pulsó el botón destinado a detener la maniobra. Meses atrás había amenazado a la mujer con la siguiente frase: "Te vamos a matar a vos y a los gatos". En primera instancia, el juez Vicente Cisneros calificó el hecho como "homicidio simple". Se detuvo a Dátoli, pero luego recaratuló la causa como "homicidio doloso". Es decir, que fue un accidente: el acusado alega que se tropezó con el cordón de sus zapatos. La defensa de Socolosky apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones y finalmente ese cuerpo consideró que Fijman fue asesinada, y ordenó nuevamente la captura de Dátoli. En estos días, la Legislatura tratará un proyecto presentado por el
ex juez Zaffaroni para colocar una placa en el colegio contiguo a la escuela de
inteligencia con la siguiente inscripción: "Sofía Fijman, muerta cruelmente en
Libertad 1235, el 26/2/1998. Manos crispadas le quitaron su vida. Su alma descansa en
paz".
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su jefe: el apartamiento injustificado de
Racedo del cargo y su sustitución por el riojano y menemista Joaquín Gasset Waidatt. La
negativa de los fiscales a convalidar la nota tensó las relaciones, ya de por sí
enturbiadas por la ofensiva del presidente Carlos Menem sobre el fiscal Carlos Stornelli.
Ayer, esos mismos fiscales fueron citados por Becerra a sus oficinas, tal vez para
atemperar los ánimos y ratificar las buenas intenciones que quiso mostrar el jueves
pasado en Parque Norte, cuando puso en el centro de su discurso la independencia del
asediado ministerio público.
El
secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, calificó ayer como "suicida" la
idea de disolver la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) planteada por el senador
radical Antonio Berhongaray. El secretario admitió que "es indispensable una nueva
Ley de Inteligencia" pero, a diferencia de varios especialistas de la Alianza, Toma
aseguró que hay que impulsar una mayor centralización. Ricardo Natale, ex secretario de
la SIDE durante el gobierno de Alfonsín, afirmó que "todo el sistema de
inteligencia está en crisis" y Marcelo Sain y Eduardo Estévez, asesores de la
Alianza en temas de seguridad --el primero del Frepaso y el segundo de la Unión Cívica
Radical-- alabaron el proyecto de Berhongaray.