|
|
|
|
|
|
|
|
Un destino peligroso
|
Por Adriana Meyer Un grupo de
legisladores de la Alianza presentó un proyecto de declaración para que el Congreso se
pronuncie sobre el pedido de extradición de dos ciudadanos peruanos que residen en
nuestro país, acusados por el gobierno de Perú de haber pertenecido a la organización
Sendero Luminoso. El diputado socialista Jorge Rivas --impulsor de la iniciativa-- sostuvo
que "el derecho internacional prohíbe la extradición de personas a países donde
existe la posibilidad de que sean torturadas, y esto es hoy una práctica generalizada en
Perú". La causa que instruye el juez Roberto Marquevich irá a juicio oral en quince
días, aunque la Cámara Federal de San Martín podría tomar antes alguna decisión. Julio César Mera Collazos y María del Rosario Silva Díaz fueron detenidos el 14 de agosto en un gimnasio de la localidad de Tigre por orden del juez Marquevich, a raíz de un pedido de extradición de Perú. Se los acusa de "senderistas" y de haber participado de acciones terroristas. Mera Collazos se radicó en Argentina en 1990. Dos años después volvió al Perú para buscar a esposa --Silva Díaz--, que lo acompañó de regreso. Desde 1992 han permanecido en nuestro país en forma legal. El matrimonio tiene un hijo argentino y espera el segundo. No tuvieron ningún problema para tramitar el pasaporte ni para salir de su país de origen, lo cual parecería indicar que no tienen antecedentes penales. Ambos alegan que nunca estuvieron vinculados con Sendero. Mera afirma que en Perú dirigía un periódico estudiantil en el que se criticaba tanto las políticas del gobierno como los métodos terroristas. En el texto del pedido legislativo, el diputado Rivas sostiene que "existen numerosas informaciones que permiten suponer que la aplicación de torturas a los acusados de terrorismo es hoy una práctica generalizada en Perú, hasta el extremo de que ella constituye el principal método empleado para obtener la autoinculpación de los detenidos". El informe que realizó el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la tortura a los siete mil presos políticos de ese país es sistemática, y también lo ha denunciado el relator sobre la Tortura de la ONU. Los abogados Héctor Trajtemberg, Julio Viaggio y Carlos Zamorano, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, han tomado la defensa del matrimonio y sostienen que la solicitud de extradición adolece de serias fallas: la identificación que aporta de los acusados está lejos de ser precisa, y en algunos casos es errónea. Trajtemberg aseguró a Página/12 que "ambos acreditan actividad política en Perú en una agrupación estudiantil, pero el requerimiento los acusa de actos de terrorismo dentro de Sendero Luminoso, sin especificar en qué consistieron. Consideramos que es una venganza política, porque para Fujimori toda oposición es terrorismo". Estos letrados argumentan que la extradición no debe ser otorgada por varios motivos: --Se invocan causales políticas que están expresamente excluidas por la Convención Interamericana sobre Extradición de 1989. --Se estarían violando los tratados sobre derechos humanos que están incluidos en nuestra Constitución. Uno de ellos es la Convención para la Tortura (firmada en Viena en 1984), cuyo artículo 3º prohíbe enviar a una persona a un lugar donde corre riesgo de ser torturado. --Serían juzgados sin garantías por los "jueces y fiscales sin rostro" que siguen actuando en Perú. Los legisladores aliancistas Alfredo Bravo, Rubén Giustiniani, Héctor Polino y Gustavo Galland, además de la diputada del Frente Grande Marcela Bordenave, suscriben el pedido de Rivas, quien expresó a este diario que "Perú no garantiza el debido proceso judicial y un país democrático como el nuestro no puede ceder a un pedido de una semidictadura".
|
