Los senadores truchos van a parar a la Corte Suprema

El candidato autonomista liberal correntino y el radical chaqueño reclamaron a la Corte que les devolviera sus bancas de senadores. El radicalismo pidió que Ruckauf no tome juramento a los truchos. La oposición quiere elecciones directas para senadores.

Tomasella pidió a la Corte Suprema que declare la nulidad del nombramiento de Pruyas por considerarlo "violatorio" de la Constitución y le reclamó también que dicte una "medida cautelar" para impedir que jure como senador y evitar así el "escándalo jurídico y el eventual conflicto de poderes" que plantearía su ingreso a la Cámara de Senadores.

"El Senado usurpó el sitio que en virtud de nuestra ley fundamental sólo le corresponde a la Legislatura de Corrientes y la despojó de una de sus facultades primordiales, como es la de elegir a sus propios candidatos de acuerdo a lo establecido por las normas constitucionales", sostuvo Tomasella en la presentación que realizó ante la Corte Suprema con el patrocinio del constitucionalista Gregorio Badeni. Destacó también que "Pruyas no representa" a los correntinos y recordó que cuenta con la única certificación "válida" para asumir como senador.

A la Corte Suprema acudirá también Rozas a raíz del nombramiento de Sager como tercer senador por Chaco. "Pediré que se dicte una declaración de inconstitucionalidad de esa designación para impedir que se concrete la usurpación por parte del justicialismo de la banca chaqueña en el Senado", adelantó el mandatario radical acerca de la presentación que hoy realizará ante el máximo tribunal, al cual solicitará que trámite su petición "bajo la calificación de juicio sumarísimo".

Rozas subrayó que el único que "está respaldado por los votos de la mayoría legislativa provincial" para acceder al Senado es Pavicich, quien hoy presentará un recurso de amparo ante la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría para que haga respetar "la elección de la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados chaqueña". El gobernador del Chaco firmó, además, un decreto por el cual desconoce el título de senador nacional de Saguer, al que no cursará invitación a los actos oficiales del gobierno provincial.

El candidato radical a la presidencia, Fernando de la Rúa, se mostró escéptico en cuanto al éxito de las presentaciones ante la Corte Suprema y opinó que "llamar a elecciones o fijar una cláusula de elección directa puede ser una fórmula", adhiriendo así a la propuesta del senador radical Antonio Berhongaray de derogar el mandato de los senadores y convocar a elecciones directas.

El respaldo de De la Rúa a ese proyecto para revertir los nombramientos de Pruyas y Sager provocó la inmediata reacción del oficialismo. "Es un disparate constitucional", dijo el ministro del Interior, Carlos Corach, quien pidió "mesura" y advirtió que la campaña electoral "debe tener algún tipo de límite en cuanto a las imputaciones y los agravios". "La Alianza está preparando el terreno para, eventualmente, gobernar sin el Congreso nacional", acotó el senador menemista Jorge Yoma, cuya renuncia a la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta fue solicitada por la bancada radical.

Ese pedido lo hizo público Berhongaray, quien adelantó también que la UCR "decidió no concurrir a las reuniones de esa comisión mientras Yoma la siga presidiendo". Al mismo tiempo, su par y correligionario José María García Arecha solicitó al presidente del Senado, Carlos Ruckauf, que no tome juramento a Pruyas ni a Sager, a los que calificó como "un símbolo del truchaje de la representación federal de la República".

OYARBIDE, TISCORNIA Y PISARENCO
Jueces al borde del juicio

Hoy finaliza el plazo para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre los pedidos de juicio político que pesan sobre una docena de magistrados. Entre ellos hay tres al filo del enjuiciamiento: Norberto Oyarbide, Guillermo Tiscornia y Jorge Pisarenco. Si en la sesión de hoy no se tratan estos y otros casos, todos los expedientes pasarán al flamante Consejo de la Magistratura, que podrá ampliar las investigaciones e incluso revisar el rechazo "in limine" que impulsó el justicialismo desechando las acusaciones que pesaban sobre varios jueces, pese al voto en disidencia de la oposición.

La maniobra instrumentada por el oficialismo en la Comisión de Juicio Político que preside el ultramenemista César Arias, en la que aprovechó su mayoría para embarcarse en un maratón de "blanqueos" de magistrados sobre los que pesaban sendos pedidos de procesamiento --oportunamente denunciada por la oposición, que dejó de asistir a sus sesiones-- puede fracasar a última hora. Sucede que los dictámenes, tanto acusatorios como los que rechazan los pedidos de proceso, deben ser votados por los diputados en el recinto para que tenga validez legal. Lo que es improbable que ocurra hoy. Por lo tanto los expedientes que involucran a los jueces en diversas irregularidades pasarán de manera automática al flamante Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupará, a partir del 17 de noviembre, de controlar el comportamiento de los funcionarios del Poder Judicial.

De esto modo Oyarbide, Tiscornia y Pisarenco serían procesados no ya por el Senado, sino por un ámbito menos susceptible a las presiones políticas. Pero los más preocupados por estas horas son aquellos magistrados que gozaron del rechazo "in limine" de sus pedidos de procesamiento gracias a los favores del oficialismo. Sucede que si no media una aprobación de este rechazo por parte de los diputados, sus causas deberán ser revisadas por el nuevo organismo. En esta situación se encuentran Juan Carlos Liporaci, Luisa Riva Aramayo, Jorge Urso y el jujeño re-reeleccionista Adolfo Cardozo.

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