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Por Susana Viau  La Sala II de la
Cámara Federal revocó el procesamiento del directorio de PAMI dictado por el juez Juan
José Galeano y le ordenó, en cambio, tomar declaración indagatoria a su ex presidenta,
Matilde Menéndez. La Sala se expidió en el marco de la causa que investiga los adelantos
de cápita otorgados a clínicas prestadoras de la institución. Por una investigación de Página/12, en febrero de 1994 un grupo de propietarios de clínicas psiquiátricas fue detenido en el hall del Banco Crédito Argentino, hoy absorbido por el Francés, a metros de la Casa Rosada, en el momento en que entregaban a sus representantes abultadas sumas de dinero. Los sobres decían: “PAMI 25 %”. El escándalo provocó la renuncia de Menéndez y generó la apertura de una veintena de causas federales en las que, como bien señala la Cámara, Menéndez nunca fue imputada. La Sala II, integrada por Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, revocó también los procesamientos dispuestos por el juez Adolfo Bagnasco contra el directorio de la obra social, investigado por supuestas coimas a los establecimientos psiquiátricos “PAMI dependientes”. Los camaristas sostienen que “el auto de procesamiento (de los miembros del directorio) resulta prematuro desde que no se profundizó la responsabilidad de quien entonces llevaba a cargo sus funciones ejecutivas, ni tampoco se estableció la influencia que en tales decisiones le cupo a dicha funcionaria”. Insisten los magistrados en que “resulta llamativo que hasta la fecha no se la haya escuchado (a Matilde Menéndez) en la causa, toda vez que muchas de las solicitudes (de adelanto de cápita) eran tratadas en el mismo día de su recepción, siendo su responsabilidad determinar el orden del día”. Agregan que, en ese sentido, si bien la ex funcionaria “asistía a dichas reuniones (de directorio) ‘con voz’ pero sin la posibilidad de votar, excepto en caso de empate, ello no resulta suficiente para deslindar su responsabilidad personal y solidaria por tales decisiones”. La omisión cometida por Galeano respecto de quien fuera la mujer más promisoria del staff femenino del menemismo es una de las claves de la decisión de revocar el dictamen de Bagnasco. Sobre el procesamiento del resto de los directores, el escrito dice que “una decisión de tal naturaleza debió fundarse en un principio de igualdad que comprendiera a todos los integrantes del órgano decisorio. Ello tendría que haber determinado la inclusión de la presidenta del directorio, Matilde Svatetz de Menéndez”. A continuación, la Cámara señala una serie de medidas que deberá adoptar Galeano. Primero indica que “se ha advertido que en algunas reuniones de directorio la doctora Matilde Svatetz de Menéndez o los gerentes informantes aportaban referencias complementarias a la solicitud original, que excedían los meros datos propios de su área o que no se consignaban en los expedientes administrativos y en muchos casos ejercían influencia en la decisión a adoptar”. Y luego ordena: “De modo que deberá establecerse el origen de tales aportes, así como la eventual connivencia entre quien los suministrara y quien lo aportara ante el directorio”. La causa instruida por Galeano se basa en los adelantos de cápita, o de pago de prestaciones que el PAMI hiciera a una buena cantidad de clínicas, muchas de ellas quebradas al poco tiempo o cuyos plazos de pago expiraban después del vencimiento de los contratos. Esa modalidad, de la que usufructuó, entre otros, el Sanatorio Güemes, era considerada por muchos técnicos como un virtual préstamo que asimilaba la función del instituto de los jubilados a la de una entidad bancaria. Galeano había excluido a Matilde Menéndez de los procesamientos basándose en el hecho más que formal de que no solía votar en las reuniones de directorio. A nadie se le escapaba, y para ello bastaba leer las actas de esas sesiones, que era la presidenta quien llevaba la voz cantante a la hora de plantear los temas, sus soluciones y el modo de ejecución. La causa se originó en una denuncia del frepasista Aníbal Ibarra y se quedó sustentada en datos obtenidos e investigados por este diario. La pesquisa recayó en principio en la Justicia ordinaria. El dinero encontrado en poder de los representantes de los prestadores –hombres muy cercanos a Menéndez–y el hallado en las cajas de seguridad del banco arrojó una cifra cercana a los 800 mil dólares, correspondiente al pago de una sola cuota del “retorno”. Ni el destino de esos fondos ni las personas que desfilaban por el video filmado por la custodia del Banco Crédito fueron investigados nunca en profundidad.
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