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Por Julio Nudler  El Banco Comafi
envió anteayer una dura carta de advertencia a Roque Fernández por si piensa convalidar
“todos los actos irregulares y desprolijos, algunos claramente fraudulentos o
ilegales” que, a juicio de la entidad financiera, se están cometiendo alrededor de
la liquidación y venta de las acciones del Programa de Propiedad Participada de Telecom,
una operación que rondará los 630 millones de pesos. La carta hace referencia explícita
al senador jujeño Alberto Tell, que es dirigente telefónico con permiso gremial, a quien
se atribuye haber frenado a último momento la firma de Carlos Menem al pie de un decreto,
ya suscripto por Economía y Trabajo, que iba a dar luz verde a la disolución anticipada
de ese PPP y su venta en el mercado. De hecho, en los últimos meses Foetra y la propia
Telecom buscaron apartar del negocio a Comafi, que había reunido unos 7500 poderes
irrevocables que vencen en abril próximo.Hoy será una jornada caliente en este abierto conflicto de intereses porque se llevarán a cabo elecciones convocadas por el sindicato para renovar las autoridades del Programa. Una lluvia de denuncias anticipadas de fraude logró que la Justicia envíe veedores a los principales locales de votación. Numerosos empleados indicaron a Página/12 que al ir a cumplir con la preinscripción se enteraron de que su facultad de voto ya había sido misteriosamente cedida a los actuales dirigentes, cuyo mandato caducó en mayo. En Córdoba, por ejemplo, el padrón de registro tenía 600 inscriptos antes aun de abrirse. En general, entre el lugar de trabajo y el de voto median decenas o cientos de kilómetros. El gran botín en disputa es el llamado Fondo de Garantía y Recompra, que es adonde fueron a parar las acciones de los ex empleados. Quienes voluntaria o involuntariamente dejaron de pertenecer a Telecom debieron entregar los papeles que les correspondían a un precio predeterminado (éste surgía de una fórmula incluida en el Acuerdo General de Transferencia, aprobado irregularmente en 1992 e impugnado ante la Justicia, que aún no se pronunció). En el caso de Telefónica, el Fondo pagó a razón de 94 centavos la acción, revendiéndoselas luego en bloque a la empresa a $3,50. Los trabajadores activos, entre los cuales por ley debe prorratearse ese paquete, recibieron sin embargo sólo 1,75 por papel. El personal de Telecom teme que, si el sindicato maneja la operación, el desenlace sea parecido. En este caso el Fondo, que detenta la mitad de todas las acciones del Programa, las adquirió a un promedio de $1,80, pero aún les debe a los retirados un 75% del importe. Ayer el papel cerró a 6,43 en la Bolsa. En las elecciones de hoy se enfrentan dos listas. La oficialista, encabezada por Omar Pérez y Daniel Sánchez, responde a Rogelio Rodríguez, líder de Foetra, y cuenta con el respaldo de la empresa, que vino recabando de sus empleados mandatos a su favor y de los sindicalistas (habría logrado 2800) para liquidar el PPP y vender las acciones en una operación internacional (a diferencia de Telefónica, Telecom no ofrece comprarlas). La otra lista parece evocar las banderas políticas de épocas pasadas: se llama Frente para la Liberación de las Acciones. Como se ve, las luchas obreras cambiaron levemente sus objetivos.
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