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Por Marcelo Justo desde Londres  "Fifty-Fifty." Fuentes
del Servicio Fiscal de la Corona y de la defensa del general Pinochet fueron ecuánimes en
su evaluación del posible dictamen de los cinco "law lords" tras el cuarto día
de sesiones. "Los lores están divididos por la mitad: dos y dos. La cosa es qué
pasa con el quinto", señalaron a Página/12 ambas partes utilizando la misma
expresión en inglés ("split down the middle"). Según las mismas fuentes, la
complejidad del caso, la inmensa documentación en juego y las claras diferencias de
interpretación que dividen a los cinco "law lords" podrían demorar el dictamen
final hasta las Navidades.
Antes de que se iniciara la apelación, los especialistas legales consultados por este diario coincidían en que el panel de cinco "law lords" se dividía en tres magistrados liberales (progresistas), uno conservador y uno moderado. Ayer, con el fin de la cuarta sesión, se perfiló un realineamiento. Lord Slynn y Lord Steyn siguen conformando el polo liberal. El moderado del panel, Lord Nicols (65 años), estaría aliándose al conservador Lord Lloyd, el de edad más avanzada, quien se jubilará en Navidad, a este paso seguramente con el caso Pinochet. El gran misterio es la posición de Lord Hoffman, recientemente descripto por una revista de temas legales como "la personalidad más dominante en los lores", sindicado por algunos como el más progresista de todos y por otros como impredecible y de una interpretación restringida de la ley. En la sesión de ayer, dominada por segundo día consecutivo por la abogada de la defensa, Clare Montgomery, los lores pidieron continuas precisiones y atacaron en más de una oportunidad sus argumentos. Montgomery apeló a los lores a que tuvieran en cuenta el impacto que este caso podía tener en Chile, que atravesaba "un difícil período de transición". El "impredecible" Lord Hoffman la interrumpió con una pregunta: "¿Nos está pidiendo que no adoptemos esta acción [la extradición...] no porque no esté contemplada en la ley de 1987 sino porque puede afectar a un país extranjero? Puedo pensar en muchos casos en los que se ha adoptado una decisión sin pensar si afecta a otro país". La abogada estuvo en terreno legal más firme cuando fundamentó su caso en base a la inmunidad del jefe de Estado. Contrarrestando los argumentos de la Fiscalía, que la semana pasada había arrojado dudas sobre si Pinochet había sido jefe de Estado antes de julio de 1974, Montgomery indicó que nadie le hubiera obedecido una orden si hubiera sido un simple ciudadano. "Los ex jefes de Estado tienen derecho a la inmunidad por los actos que hayan realizado en el ejercicio de la función pública. El hecho de que sean ex jefes de Estado es irrelevante", señaló. La abogada añadió que la idea de que ciertos crímenes eran tan horrendos que superaban el concepto de inmunidad no estaba sustentada por ningún caso concreto. "No hay excepciones a la absoluta inmunidad del jefe de Estado", adujo. Defensa y fiscalía coinciden en que los argumentos legales se dividen en dos grandes áreas. Por el lado de la defensa, probar la inmunidad del general Pinochet porque sus acciones fueron cometidas en su condición de jefe de Estado y demostrar que Inglaterra (o España) no tienen jurisdiccionalidad sobre lo que haya ocurrido en otro Estado (Chile). Ambos argumentos fueron aceptados por el Real Tribunal Superior de Londres hace dos semanas que, sin embargo, permitió la apelación, "dada la gravedad de los hechos que se le imputan". Por su parte, la Fiscalía busca demostrar que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser justificados como acción de Estado y que Inglaterra tiene compromisos internacionales como la convención contra la tortura, por los que tiene jurisdiccionalidad sobre el tema. Según fuentes de la defensa, el punto débil de la fiscalía "es el tema de la inmunidad, que es claro y categórico al respecto, no hay nadie en la sala que no odie la tortura". La presencia de diputados pinochetistas en la cámara demostró la
polarización que genera el caso dentro y fuera de Chile. Cuando los refugiados chilenos
que hacían cola para entrar al Parlamento a presenciar la apelación se percataron de la
presencia de la diputada chilena Angélica Cristie, del Partido Renovación Nacional, y
lanzaron una salva de insultos que fue inmediatamente recogida por su asistente, de
anteojos oscuros y elegantísimo atuendo. "Están tirando por la borda 20 años,
idiotas", les dijo acercándose. "Torturadora", "asesina", fue la
respuesta. La dama utilizó entonces el insulto último y definitivo:
"Comunistas". Ante la creciente posibilidad de un final violento, el policía de
guardia intervino y le pidió a la asistente que se alejara. Antes de que lo hiciera una
diminuta mujer de la cola, de ropa bastante más modesta, alcanzó a gritarle:
"Comunista pero no huevona". Este corresponsal tuvo otra pequeña muestra de la
temperatura que está despertando en Chile el caso, cuando al final de la sesión, en el
interior del Parlamento, le pidió una entrevista el diputado Pablo Longueira, presidente
del derechista UDI. "¿De qué tendencia es su medio?", preguntó Longueira.
"Centroizquierda." Longueira se echó ligeramente hacia atrás como si le
hubieran lanzado un golpe. "Yo con periódicos de centroizquierda no hablo porque
después ponen lo que quieren."
UN REPRESOR CAMBIA DE DESTINO Y OTRO ES
RETIRADO Por Francesc Relea desde Santiago de Chile
Este diario informó en setiembre pasado de la denuncia efectuada por la parlamentaria socialista Isabel Allende (hija del presidente derrocado) ante la Cámara de Diputados contra Espinosa Davies. "Es insólito que a propuesta del gobierno de Chile este oficial integre una misión de las Naciones Unidas. Es decir, nuestro gobierno no está informado de su pasado", declaró la diputada a este diario. Según Jinny Arancibia, viuda de Freddy Taberna (uno de los cuatro fusilados), el Ejecutivo chileno tenía perfecto conocimiento de la actuación de Espinosa Davies tras el golpe de Estado. En concreto, por los ministros de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y de Defensa, Florencio Guzmán. A este último le informó en persona Jinny Arancibia que el entonces capitán Espinosa "no sólo dirigió el pelotón de fusilamiento, sino que además remató a dos de las víctimas". La viuda ha asegurado a este diario que obtuvo dicha información de una fuente de absoluta fiabilidad, que a su vez la puso en conocimiento de los dos ministros. Lógicamente, el alto mando del Ejército estaba al tanto de lo sucedido. La lucha de Jinny Arancibia por divulgar la verdad no cayó en saco roto. Cuando se disponía a escribir al Consejo de Seguridad, el gobierno chileno ha anunciado "el término anticipado" de Espinosa como jefe de la misión de observadores. Pero su ascenso a mayor general indica el respaldo del Ejército a este oficial de carrera brillante "con una sola mancha de la que nadie quiere hablar", indican fuentes militares, y con sólidos lazos con el comandante en jefe Izurieta. A su vez, el brigadier general Hernán Núñez Manríquez, ligado a presuntas violaciones a los derechos humanos en Chile, y agregado militar en la embajada de su país en España, ha pasado a situación de retiro del Ejército, según informó la institución castrense en un comunicado. En reemplazo de Núñez asumirá como jefe de la misión militar en Europa, con asiento en España, el recién ascendido brigadier general Carlos Larenas Peñafiel. El portavoz del Ejército, coronel Alfredo Ewing, afirmó que "no hay ningún antecedente en la institución" respecto de las versiones que vinculan a Núñez con abusos cometidos durante el régimen militar. Pero Núñez era oficial del Regimiento de Infantería Motorizada número 15 de Calama cuando se produjeron ejecuciones de presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe militar que llevó al poder al general Augusto Pinochet.
Suárez Mason, Massera, Menéndez y Astiz en la mira de Francia
Por Eduardo Febbro desde París
La abogada francesa Sophie Thonon, defensora de las familias de franceses desaparecidos en la Argentina y ahora de los chilenos, explica en esta entrevista las causas en las que están comprometidos los militares argentinos, al tiempo que evalúa la posible sentencia de la Cámara de los Lores que esta semana decide la libertad o la guillotina judicial de Augusto Pinochet. --La justicia francesa tiene entre las manos una doble instrucción judicial: el caso Pinochet, sobre quien ya pesa un pedido de arresto internacional, y el que se conecta con la desaparición de un francés, Jean Yves Claudet-Fernández, secuestrado en la Argentina en 1975. Esa causa fue unida a la de Pinochet y en ella figura como acusado el general de división Suárez Mason. --Efectivamente. El caso de Jean Yves Claudet-Fernández pasó por la cuarta sección de la fiscalía y luego fue transmitido al juez de instrucción encargado del pedido de arresto y extradición de Pinochet, Roger Le Loire. Con lo cual la implicación de Suárez Mason en el secuestro y la desaparición de Claudet-Fernández ya está en su etapa judicial, unido al caso de los otros desaparecidos franco-chilenos. Pero no es todo. Cada día aparecen nuevos testimonios que involucran a nuevos militares argentinos. Suárez Mason, Menéndez, Astiz son apenas los primeros nombres. Después habrá mucho más. Hay responsables muy conocidos, no le quepa la menor duda. Tenemos muchísimos testimonios recientes sobre los torturadores de los franceses desaparecidos en la Argentina. --¿Esto podría volver a tocar otra vez la causa Astiz? --Por supuesto, no le quepa la menor duda. La vamos a tocar de cerca. Hay más cosas que ahora se saben, hay más gente que declaró ante el juez Garzón y tenemos también un estudio sobre la ESMA y los responsables de las torturas. Contamos con pruebas específicas que antes nos faltaban que señalan a personas muy precisas. En lo que toca a los franceses que pasaron por la ESMA, vamos a hacer otras denuncias. --¿Las denuncias podrían alcanzar a Massera? --Desde luego que sí, sin ninguna duda. --Si analizamos el curso de la instrucción abierta en Francia contra Augusto Pinochet, ¿en qué fase se encuentra? --Hay tres causas abiertas contra Pinochet: Pesle, Amiel Baquet, Chanfreau y Claudet-Fernández. De los cuatro desaparecidos, el caso Claudet-Fernández nos permite aportar pruebas irrefutables sobre el plan Cóndor y la colaboración estrecha entre los militares de Argentina y Chile en la represión ilegal. Claudet Fernández fue detenido en Chile primero y luego, gracias a la intervención de la embajada francesa de Chile, pudo ser liberado. Volvió a Francia en un estado de salud deplorable a raíz de las torturas que sufrió. Claudet regresó un año después a la Argentina y allí fue secuestrado en el hotel Liberty de Buenos Aires el primero de noviembre de 1975, es decir, antes del golpe militar. Juntamos muchos elementos con informaciones sobre las comunicaciones entre los agentes de la seguridad en Buenos Aires y la policía secreta en Chile, la DINA. El caso de Claudet-Fernández es el caso ejemplar de la colaboración, en el seno del Plan Cóndor, de las fuerzas de represión argentinas y chilenas. --Muchos juristas se preguntan qué ocurrirá esta semana con Pinochet en Londres. Supongamos que la Cámara de los Lores decide mantener el estatuto de inmunidad de Pinochet, ¿qué ocurre con todos estos procesos en curso? --Hay varias posibilidades. Lo que tiene que quedar claro es que todo depende del fundamento legal de la decisión que tome la Cámara de los Lores. Porque la primera decisión de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra fue decir que Pinochet estaba protegido por su inmunidad. Este fundamento se puede oponer a cualquier tipo de pedido, sea francés, suizo o español. Es decir que si la Cámara de los Lores mantiene el estatuto de inmunidad con la misma base legal que la Alta Corte, los pedidos de extradición quedan sin efecto. No obstante, si la Cámara mantiene la inmunidad pero con otra base legal, los fundamentos jurídicos abren posibilidades de argumentación nuevas. Entonces de pronto tenemos más posibilidades de actuar. Existe una posibilidad de batalla legal. --Algunos testigos cuentan que cuando se presentó el caso ante la Alta Corte, los debates no estuvieron a la altura. --Es cierto, sé que el debate jurídico no fue bueno. La argumentación que se presentó a favor de la extradición resultó mala. Esto no ocurre con los debates en la Cámara de los Lores. Hay argumentos con más fuerza y con muchos más elementos. Uno de los principales consistió en probar que hasta junio del '74 Pinochet no fue Jefe de Estado sino sólo jefe de una junta militar. Mi sensación actual es positiva. Antes había ruidos muy pesimistas. Pero ahora las olas empiezan a crecer, hasta en Chile mismo. Soy optimista y empiezo a creer que la Cámara de los Lores puede guardar a Pinochet y mandarlo a España. --Otro debate que circula es saber si la detención de Pinochet es legal o no. --Desde luego que es legal, no hay duda alguna. En lo que toca a las técnicas jurídicas, el pedido de los españoles es totalmente legal y válido, y lo mismo ocurrirá con los pedidos franceses. La decisión inglesa, es decir la de la Alta Corte, se concentra en la inmunidad de Pinochet como jefe de Estado. Nada más. No importa si esa inmunidad le sirve para protegerse contra crímenes sobre españoles, franceses o argentinos. Eso no está en discusión. A partir de esto se arma la discusión acerca de qué es un jefe de Estado y cuándo empieza la calificación de jefe de Estado. ¿Es acaso un jefe de Estado el individuo que toma una corona y se la pone él mismo en la cabeza? La decisión de la Alta Corte es aberrante y muy hábil: Pinochet tiene inmunidad contra cualquier cosa. El debate se limita sólo a eso, no a la legalidad de su detención o de su posible extradición.
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