Por Adriana Meyer
Como
comandante uno no era el Dios omnipotente que conocía todo, sin perjuicio de lo cual yo
siempre me he hecho responsable de lo que sucede en la Marina, nunca eludí
responsabilidades. Pero son fallas que ya fueron juzgadas. Esto es lo primero que
dijo en forma pública el ex almirante Emilio Massera sobre su citación a declarar como
imputado en la causa que investiga la apropiación de menores durante la dictadura. Su
abogado planteará hoy en el juzgado de Adolfo Bagnasco que los delitos que se le imputan
están prescriptos y ya fueron juzgados en 1985 por la Cámara Federal, en el juicio a las
Juntas Militares (causa 13). Yo nunca me he negado a enfrentarme a la
Justicia, aseguró Massera.
El dictador habla por momentos en presente, ratificando que su liderazgo entre los
uniformados sigue casi intacto. Ayer eligió una vez más la propicia tribuna radial de
Carlos Varela para hacer su breve pero contundente argumentación. ¿Usted recuerda
los sucesos que se le imputan?, le preguntó Varela. Massera respondió: No
los recuerdo, porque no los conozco. Massera desconocía la existencia de la
apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas en la ESMA, pero cuando se enteró
le parecieron hechos aberrantes, manifestó su abogado, Miguel Arce Aggeo, después
de presentarse en el juzgado de Bagnasco para notificarse de la citación. El letrado
aseguró que el 3 de diciembre el ex almirante estará sentado frente al juez y explicó
que la idea es aportar todos los elementos que sean necesarios para que el juez
pueda clarificar la situación acerca de la desaparición, sustracción o cambio de
identidad de niños, porque mi defendido quiere poner en conocimiento de la Justicia
muchos elementos que van a traer luz acerca de la operatividad inexistente que se está
sosteniendo respecto de este tema. El letrado había dicho durante la mañana que
pensaba pedir la eximición de prisión, pero por la tarde modificó la estrategia y
aseguró a Página/12 que planteará los institutos de la prescripción y la cosa
juzgada de los delitos que se le imputan al Almirante Cero (ver
reportaje).
El abogado de las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes, Alberto Pedroncini, explicó
a este diario que la sustracción de menores y cambio de identidad en este caso tienen un
agravante que es el tormento psíquico. Las pericias psicológicas que integran el
expediente demuestran que los nacimientos en cautiverio fueron precedidos por la
aplicación de torturas a las parturientas, ocurrieron en un ambiente de horror que la
causa 13 denominó mundo de pánico, y las madres fueron eliminadas. Esto
produjo consecuencias para esos niños, argumentó el letrado.
El ex abogado y amigo de Massera Pedro Bianchi aseguró ayer que cuando el ex almirante
dejó la ESMA empezó a correr la prescripción porque dejó de tener dominio de los
hechos y la posibilidad de impedir las cosas que siguieron sucediendo. También
aseguró que en los hechos del 76 al 83 no hay delitos imprescriptibles
ni de lesa humanidad porque los convenios internacionales que los contemplan fueron
ratificados por nuestro país en 1985 y la ley penal no tiene efecto retroactivo. El
fiscal de la causa, Eduardo Freiler, estableció que el delito de apropiación de menores
no prescribe, porque se continúa cometiendo en la medida en que esos chicos nunca
recuperaron su identidad.
En su dictamen emitido en agosto, Freiler había pedido la imputación de Massera
por considerar que no pudo haber ignorado la existencia de la maternidad que
funcionaba en la ESMA y de Jorge Videla, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Bignone. El
fiscal sostuvo que los comandantes no habían sido juzgados como ex presidentes de facto,
y que aún pueden ser considerados autores mediatos del plan sistemático de apropiación
de menores porque pertenecieron al aparato de poder del Estado.
Massera fue condenado a reclusión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos,
por la Cámara Federal en la denominada causa 13. Luego fue beneficiado por el indulto
dictado por el presidente Carlos Menem. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
firmadas por Raúl Alfonsín,exceptuaron los delitos contra menores de edad, pero la
polémica se inicia en este punto: los defensores del ex almirante sostienen que fue
indultado en relación a la causa 13, en la cual según ellos no se pudieron
probar los casos de sustracción de menores. Los abogados de los organismos de derechos
humanos sostienen en cambio que ahora se están analizando casos nuevos otros hechos
y otras víctimas que nunca fueron juzgados.
De los seis marinos citados por Bagnasco, Massera y Acosta tienen un pedido de captura
ordenado por el juez español Baltasar Garzón, que investiga el delito de genocidio. Los
otros cuatro integran la lista de 157 acusados en ese proceso que se lleva adelante en
Madrid. En teoría, estando imputados en nuestro país no podrían cruzar la frontera. Sin
embargo, Jorge Vildoza, acusado precisamente de haberse apropiado del hijo de
una prisionera de la ESMA, está prófugo. Según una versión se encontraría en Londres
o Sudáfrica.
Massera también está en la mira de los tribunales de Alemania, Francia, Suecia e Italia.
Además de su presencia en el Juicio a las Juntas, la segunda vez que debió comparecer
ante la Justicia fue este año, en la causa en la que la Cámara Federal investiga el
destino final de los detenidos de la ESMA: Rodolfo Walsh, las monjas francesas, Dagmar
Hagelin y otros. El dictador tiene 73 años por lo cual podría invocar el beneficio de
cumplir una eventual prisión preventiva en su domicilio, de igual modo que su ex
compañero Jorge Rafael Videla.
Opinion
Por Mario Wainfeld |
Elogio de la
movilización
Pocas horas después del indulto del presidente Carlos Menem a los represores de la
dictadura, una multitud se movilizó por las calles de Buenos Aires. Era diciembre, hacía
calor, todo inducía al abatimiento, a la sensación derrotista de que sólo se estaba
dejando un testimonio de protesta ante un cierre de época. La suma de Obediencia Debida,
Punto Final e indultos semejaba ser invulnerable. Oponerse parecía un puro saludo a la
bandera. Ni mil marchas me harán cambiar, se ufanaba el Presidente.
Sin embargo, muchos siguieron marchando, en las calles, en foros públicos nacionales e
internacionales. No sólo gritaron consignas. También estudiaron a fondo los textos
legales, buscaron vericuetos, imaginaron nuevas formas de reclamar lo mismo. Un día, seis
abuelas de Plaza de Mayo hicieron una presentación judicial que, simplificando, es la que
consiguió que Emilio Massera tuviera amplias posibilidades de pasar a la sombra la
Navidad del 98.
Pero es una simplificación porque esa consecuencia reconoce multiplicidad de otras
causas. Entre ellas, la continuidad de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo los
jueves, la obstinada conducta del juez Baltasar Garzón, los escraches de H.I.J.O.S. y el
proyecto de nulidad de las leyes de la impunidad de Alfredo Bravo y Juan Pablo Cafiero. Y
declaraciones de persona no grata a Alfredo Astiz, algún piñazo que recibió el mismo
asesino. Todas estas acciones fueron en su momento consideradas ilusorias, ineficaces.
Y sin embargo Videla está preso y Massera en capilla. Todo lo cual demuestra que en una
sociedad en cambio ninguna acción es vana, ninguna convicción es vacía, toda
correlación de fuerzas es transitoria. Y el límite entre protestar y avanzar, o entre
oponerse y construir es precario, móvil. A menudo una creación intelectual antes que un
trazo definido.
Ayer, las calles de todo el país se llenaron de gente protestando. Todo un pueblo y más
gente aún en Cipolleti. Trabajadores de un sindicato opositor estatal (CTERA) y miles de
un sindicato oficialista ligado a la actividad privada (UOCRA). Y médicos. Y bomberos
voluntarios. Y estatales en Jujuy. Miles de personas dijeron lo suyo acerca de la
policía, de la impunidad, de cómo se reparten los costos sociales del ajuste. Podría
hablarse de actitudes testimoniales, respetables pero ineficaces. Pero la experiencia
demuestra que no es así. O al menos, no es así del todo. Que, como bien podrían
explicar Jorge Rafael Videla o Emilio Massera, ningún poder, ningún privilegio, puede
sentirse seguro cuando la gente viene marchando. |
REPORTAJE A ARCE AGEO, ABOGADO DEL EX DICTADOR
Prescripción y cosa juzgada
Por A.M.
El abogado de Massera,
Miguel Angel Arce Aggeo, adelantó a Página/12 cuales serán los pasos inmediatos para
tratar de evitar que el ex almirante declare el 3 de diciembre ante Bagnasco. La
estrategia no es novedosa: prescripción y cosa juzgada. Si no tiene éxito aseguró que
el dictador colaborará con la Justicia aportando documentación y el público se
desayunará sobre cuál era la situación normativa vigente para los enfrentamientos
armados o las disposiciones acerca de los menores.
¿Pedirá la eximición de prisión para Massera?
No. Hay un planteo de inconstitucionalidad manifiesta con respecto a que el Código
Procesal Penal no permite que se presente la eximición de prisión en estos casos. Vamos
a presentar un pedido de prescripción porque son hechos cometidos en el año 76,
por más que el fiscal Freiler diga que los chicos siguen conviviendo con personas que no
son sus padres biológicos y que la sustracción se sigue materializando. Nosotros
entendemos que no, que el cambio de identidad se produce en el momento en que se
formaliza. La argumentación también estará basada en que muchos de estos hechos ya
fueron juzgados en 1995 por la Cámara Federal.
¿Qué tipo de documentación aportaría el ex almirante?
Llevaremos la normativa vigente operativa de la Armada. Acá se omite
decir que el Comando Operativo no era de Massera sino del Comando de Operaciones Navales
que emitía una determinada normativa que se presentaba a la jerarquía superior. Si a esa
superioridad le parecía correcta le daba viabilidad. Ahora... qué hacía el señor
(Rubén) Chamorro nosotros no lo sabemos.
¿Usted quiere decir que Massera no tenía responsabilidad?
Si se le atribuye responsabilidad por omisión, hay que probarlo.
La normativa que presentarán ¿menciona explícitamente a los menores y a las
embarazadas?
No en forma directa, pero sí habla de la situación de las mujeres o de aquellas
personas que por una determinada situación personal estaban minusválidas. Yo creo que
estaban claramente comprendidas las embarazadas, por la atención especial de mujer y por
el estado específico de invalidez, que no está normal y necesita cuidado distinto. El ex
almirante niega que haya habido un plan sistemático. Para probarlo como se hizo en
Nüremberg necesita una normativa concreta que ordene, porque el mando a gritos no se da.
Y si existió realmente fuera del mando operacional como delito común, hay que
demostrarlo. Creo que Freiler en eso está.
A Massera tampoco le constan los hechos...
No, y niega haber visitado a nadie durante la Navidad de 1977, o haber tenido
relación directa con algún detenido en la Escuela de Mecánica.
Hay otras detenidas que declararon haberlo visto en la ESMA...
Sí, pero estamos hablando de testimonios parciales de personas que han estado
detenidas y hay imputados que tienen testimonios de no detenidos.
¿Qué quiere decir?
Que debe haber testimonios de personas objetivas que no estén involucradas con los
hechos, diferentes a los que ha presentado la querella. Para hablar de un plan
sistemático los testigos tienen que probar la cadena jerárquica.
Trescientas partidas que prueban el
genocidio
Una testigo que declaró en el
juicio de búsqueda de la verdad en La Plata aportó pruebas sobre inhumaciones
clandestinas durante la dictadura.
Adelina de Alaye, madre de Plaza
de Mayo, declaró ayer en La Plata.
Investigando la muerte de su hijo, descubrió datos sobre 300 NN. |
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|
Por Victoria Ginzberg
Destrucción de
masa encefálica por proyectil de arma de fuego. Según consta en certificados de
defunción, ésta es la causa de muerte de más de 300 personas sepultadas como NN en el
cementerio de La Plata entre 1976 y 1980. La madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye, que
declaró en la Cámara Federal de La Plata en el juicio en que se intenta conocer el
destino de los desaparecidos, aportó documentación sobre inhumaciones clandestinas que
podría servir para ubicar los restos de cientos de desaparecidos. También testificó
ayer el ex interventor de la Policía Bonaerense Luis Lugones, cuyo hermano está
desaparecido.
En 1984 un grupo de familiares de desaparecidos entre los que se encontraban Alaye y el
actual camarista Julio Revoredo presentaron ante la Justicia un pedido de no
innovar sobre las tierras en las que se presumía que existían entierros
clandestinos de la época de la última dictadura. Las exhumaciones nunca se realizaron,
por diferencias dentro de los organismos de derechos humanos, pero un equipo de Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, con Alaye a la cabeza, continuó
averiguando. Ayer por, primera vez, se entregó a la Justicia el resultado de esta
investigación y se solicitó que el Equipo Argentino de Antropología Forense sea
designado como perito para investigar estos restos óseos del lugar.
Cuando Alaye comenzó a indagar sobre las inhumaciones clandestinas, se encontró con una
cantidad irracional de certificados de personas no identificadas (NN), con un promedio de
edad de veintiocho años. En la gran mayoría de los documentos 297 sobre 324
figuraba como causa de la muerte disparo de arma de fuego o
destrucción de masa encefálica. También le llamó la atención que en
un solo día ingresaran doce personas jóvenes no identificadas, cuando normalmente en un
mes se entierran alrededor de tres cuerpos NN. En noviembre de 1976 se contabilizaron 73
cuerpos. Según se desprende de la investigación, los cadáveres eran llevados durante la
noche y eran enterrados sin que interviniera personal del cementerio. Actualmente existe
una resolución del intendente y el Concejo Deliberante que establece que se debe
conservar a perpetuidad la zona en la que se encuentras las tumbas.
La APDH de La Plata presentó denuncias en la Agremiación Médica Platense y al Colegio
Médico de La Plata para que pidieran explicaciones a los médicos que habían firmado los
certificados. La Agremiación entendió que la investigación le correspondía al Colegio
Médico y éste contestó que había pasado mucho tiempo y que era difícil de realizar.
El hijo de Alaye, Carlos, que se presume estaría enterrado en ese cementerio,
desapareció el 5 de mayo de 1977. Fue interceptado en Ensenada cuando volvía del trabajo
en bicicleta por un grupo de hombres de civil que le dispararon en la espalda con un arma
corta con silenciador. Luego, lo ataron de pies y manos con alambre y lo subieron a una
camioneta que pasaba. En una causa iniciada por Alaye por la desaparición de Carlos,
testificaron, sin aportar datos de importancia, el ex general Ramón Camps, Jorge Rafael
Videla, el ex ministro del interior Albano Harguindeguy y Emilio Eduardo Massera.
Luis Lugones, ex interventor de la policía bonaerense y su madre Felisa Martínez de
Lugones, también declararon ayer en el tribunal platense. Ambos se refirieron a la
desaparición de Eduardo Lugones hermano de Luis ocurrida en diciembre de
1976. Durante la gestión de Lugones frente a la policía se firmó un convenio con el
Equipo de Antropología Forense para sistematizar fichas y documentación de la época de
la dictadura que se encontraron en dependencias policías que todavía sigue vigente. El
grupo de trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia pudo reconstruir
la historia de una mujer que había sido enterrada como NN. Nunca utilicé este tema
para hacer política, dijo Lugones sobre la desaparición de su hermano antes de
declarar ante la Cámara. Cualquiera en mi puesto hubiese hecho lo mismo,
agregó.
SEINELDIN DICE QUE SALE DE LA CARCEL
Para pagar expensas
Salgo a trabajar para pagar las expensas del departamento en el que viven mi esposa
y mi hijo, declaró el propio Mohamed Alí Seineldín al diario Río Negro y
confirmó así las versiones acerca de las salidas que a diario viene realizando en los
últimos días del penal militar de Campo de Mayo. Voceros del líder carapintada
aseguraron a Página/12 que, en efecto, Seineldín goza desde el último lunes un permiso
que le permite trabajar durante ocho horas en una fábrica cercana a esa guarnición del
Ejército.
La revelación acerca de su salida de Campo de Mayo la realizó el mismo Seineldín en una
nota que el diario Río Negro publicó ayer. En ese artículo el líder carapintada
criticó también el reciente viaje a Gran Bretaña del presidente Carlos Menem, a quien
acusó de haber querido fusilarlo tras el levantamiento militar que protagonizó el 3 de
diciembre de 1990 y por el cual está preso desde entonces. También reiteró ser amigo de
la ex primera dama, Zulema Yoma, y del mismo modo que ella aseguró que la
muerte de Carlitos Menem no fue producto de un accidente, sino consecuencia de un
atentado.
Según contaron a este diario hombres de su entorno, Seineldín quien hoy cumple 65
años comenzó a salir diariamente del penal militar de Campo de Mayo, en el cual se
lo recluyó tras el cierre de la cárcel que el Ejército tenía en Magdalena, desde el
lunes pasado. En vista de los informes
judiciales que constatan su excelente conducta durante los años que lleva preso, le
permiten la salida. No puede ir a su casa, pero sí a trabajar y todas las noches vuelve a
Campo de Mayo, explicaron.
Los mismos voceros revelaron que durante las ocho horas que Seineldín está fuera del
penal trabaja en la firma López Gordillo, dedicada a la fabricación de señales para
supermercados, que funciona en el mismo lugar donde tiempo atrás estaba emplazada la
Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo. Seineldín carga los camiones de la empresa en
la cual trabajan también otros dos carapintadas: los ex coroneles Luis Baraldini y Oscar
Vega.
Todas las voces, todas
Es
bueno que se siga investigando, opinó ayer la candidata presidencial del Frepaso,
Graciela Fernández Meijide, quien celebró la decisión del juez federal Adolfo Bagnasco
de imputar al ex almirante Emilio Massera en la causa por el robo de chicos en la ESMA.
También el diputado frepasista Alfredo Bravo manifestó su beneplácito por la citación
judicial al ex represor, aunque se mostró un tanto escéptico en cuanto a la posibilidad
de que termine preso dados sus innegables vínculos con el Gobierno. Las
mismas dudas acerca del futuro de Massera expresó Marta Ocampo, abuela de un bebé robado
por la Marina.
Fernández Meijide calificó como correcta la resolución de Bagnasco de
imputar a Massera porque está probado que era el responsable de la ESMA, donde
nacieron criaturas de cuyo destino nada se sabe. La candidata del Frepaso a la
presidencia destacó también que es bueno que se siga investigando todo esto, sobre
todo porque tal vez es el único tema donde haya posibilidades de llegar a la
verdad, pero no quiso aventurar si el ex jefe de la Armada correrá la misma suerte
que el ex dictador Jorge Rafael Videla, a quien por el mismo delito se le dictó prisión
preventiva que actualmente cumple en su domicilio.
Tengo la satisfacción de saber que estamos castigando la impunidad que reina en
este país y que esto nos lleve a lo que siempre buscamos: verdad y justicia,
sostuvo Bravo pero destacó también los innegables vínculos del marino con
el Gobierno y puso como ejemplo el elogio que el presidente Carlos Menem hizo de la
dictadura frente a los reclamos de justicia de los organismos de derechos humanos.
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