MASSERA ASEGURO QUE NO CONOCIA LO QUE PASABA CON LOS BEBES NACIDOS EN LA ESMA
“Uno no era el Dios que sabía todo”

El ex dictador dijo por radio que ignoraba qué sucedía en la ESMA. Añadió que sus “fallas” ya han sido juzgadas. En esa misma línea, sus abogados preparan su defensa diciendo que hay cosa juzgada y prescripción. En el peor de los casos pedirán prisión domiciliaria por edad, como Videla.

Emilio Massera junto a su compañero de Junta Militar y ahora de desgracias Jorge Rafael Videla, en sus años dorados. “Siempre me he hecho responsable de todo lo que pasa en la Marina”, dijo el Almirante Cero y luego negó todo.

Por Adriana Meyer

“Como comandante uno no era el Dios omnipotente que conocía todo, sin perjuicio de lo cual yo siempre me he hecho responsable de lo que sucede en la Marina, nunca eludí responsabilidades. Pero son fallas que ya fueron juzgadas.” Esto es lo primero que dijo en forma pública el ex almirante Emilio Massera sobre su citación a declarar como imputado en la causa que investiga la apropiación de menores durante la dictadura. Su abogado planteará hoy en el juzgado de Adolfo Bagnasco que los delitos que se le imputan están prescriptos y ya fueron juzgados en 1985 por la Cámara Federal, en el juicio a las Juntas Militares (causa 13). “Yo nunca me he negado a enfrentarme a la Justicia”, aseguró Massera.
El dictador habla por momentos en presente, ratificando que su liderazgo entre los uniformados sigue casi intacto. Ayer eligió una vez más la propicia tribuna radial de Carlos Varela para hacer su breve pero contundente argumentación. “¿Usted recuerda los sucesos que se le imputan?”, le preguntó Varela. Massera respondió: “No los recuerdo, porque no los conozco”. “Massera desconocía la existencia de la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas en la ESMA, pero cuando se enteró le parecieron hechos aberrantes”, manifestó su abogado, Miguel Arce Aggeo, después de presentarse en el juzgado de Bagnasco para notificarse de la citación. El letrado aseguró que el 3 de diciembre el ex almirante estará sentado frente al juez y explicó que “la idea es aportar todos los elementos que sean necesarios para que el juez pueda clarificar la situación acerca de la desaparición, sustracción o cambio de identidad de niños, porque mi defendido quiere poner en conocimiento de la Justicia muchos elementos que van a traer luz acerca de la operatividad inexistente que se está sosteniendo respecto de este tema”. El letrado había dicho durante la mañana que pensaba pedir la eximición de prisión, pero por la tarde modificó la estrategia y aseguró a Página/12 que planteará los institutos de la prescripción y la “cosa juzgada” de los delitos que se le imputan al “Almirante Cero” (ver reportaje).
El abogado de las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes, Alberto Pedroncini, explicó a este diario que la sustracción de menores y cambio de identidad en este caso tienen un agravante que es el tormento psíquico. “Las pericias psicológicas que integran el expediente demuestran que los nacimientos en cautiverio fueron precedidos por la aplicación de torturas a las parturientas, ocurrieron en un ambiente de horror que la causa 13 denominó ‘mundo de pánico’, y las madres fueron eliminadas. Esto produjo consecuencias para esos niños”, argumentó el letrado.
El ex abogado y amigo de Massera Pedro Bianchi aseguró ayer que cuando el ex almirante dejó la ESMA empezó a correr la prescripción porque “dejó de tener dominio de los hechos y la posibilidad de impedir las cosas que siguieron sucediendo”. También aseguró que “en los hechos del ‘76 al ‘83 no hay delitos imprescriptibles ni de lesa humanidad porque los convenios internacionales que los contemplan fueron ratificados por nuestro país en 1985 y la ley penal no tiene efecto retroactivo”. El fiscal de la causa, Eduardo Freiler, estableció que el delito de apropiación de menores no prescribe, porque se continúa cometiendo en la medida en que esos chicos nunca recuperaron su identidad.
En su dictamen emitido en agosto, Freiler había pedido la imputación de Massera –por considerar que no pudo haber ignorado la existencia de la maternidad que funcionaba en la ESMA– y de Jorge Videla, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Bignone. El fiscal sostuvo que los comandantes no habían sido juzgados como ex presidentes de facto, y que aún pueden ser considerados autores mediatos del plan sistemático de apropiación de menores porque pertenecieron al aparato de poder del Estado.
Massera fue condenado a reclusión perpetua por graves violaciones a los derechos humanos, por la Cámara Federal en la denominada causa 13. Luego fue beneficiado por el indulto dictado por el presidente Carlos Menem. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, firmadas por Raúl Alfonsín,exceptuaron los delitos contra menores de edad, pero la polémica se inicia en este punto: los defensores del ex almirante sostienen que fue indultado en relación a la causa 13, en la cual –según ellos– no se pudieron probar los casos de sustracción de menores. Los abogados de los organismos de derechos humanos sostienen en cambio que ahora se están analizando casos nuevos –otros hechos y otras víctimas– que nunca fueron juzgados.
De los seis marinos citados por Bagnasco, Massera y Acosta tienen un pedido de captura ordenado por el juez español Baltasar Garzón, que investiga el delito de genocidio. Los otros cuatro integran la lista de 157 acusados en ese proceso que se lleva adelante en Madrid. En teoría, estando imputados en nuestro país no podrían cruzar la frontera. Sin embargo, Jorge Vildoza, acusado –precisamente– de haberse apropiado del hijo de una prisionera de la ESMA, está prófugo. Según una versión se encontraría en Londres o Sudáfrica.
Massera también está en la mira de los tribunales de Alemania, Francia, Suecia e Italia. Además de su presencia en el Juicio a las Juntas, la segunda vez que debió comparecer ante la Justicia fue este año, en la causa en la que la Cámara Federal investiga el destino final de los detenidos de la ESMA: Rodolfo Walsh, las monjas francesas, Dagmar Hagelin y otros. El dictador tiene 73 años por lo cual podría invocar el beneficio de cumplir una eventual prisión preventiva en su domicilio, de igual modo que su ex compañero Jorge Rafael Videla.

REPORTAJE A ARCE AGEO, ABOGADO DEL EX DICTADOR
“Prescripción y cosa juzgada”

Por A.M.

El abogado de Massera, Miguel Angel Arce Aggeo, adelantó a Página/12 cuales serán los pasos inmediatos para tratar de evitar que el ex almirante declare el 3 de diciembre ante Bagnasco. La estrategia no es novedosa: prescripción y cosa juzgada. Si no tiene éxito aseguró que el dictador colaborará con la Justicia aportando documentación y “el público se desayunará sobre cuál era la situación normativa vigente para los enfrentamientos armados o las disposiciones acerca de los menores”.
–¿Pedirá la eximición de prisión para Massera?
–No. Hay un planteo de inconstitucionalidad manifiesta con respecto a que el Código Procesal Penal no permite que se presente la eximición de prisión en estos casos. Vamos a presentar un pedido de prescripción porque son hechos cometidos en el año ‘76, por más que el fiscal Freiler diga que los chicos siguen conviviendo con personas que no son sus padres biológicos y que la sustracción se sigue materializando. Nosotros entendemos que no, que el cambio de identidad se produce en el momento en que se formaliza. La argumentación también estará basada en que muchos de estos hechos ya fueron juzgados en 1995 por la Cámara Federal.
–¿Qué tipo de documentación aportaría el ex almirante?
–Llevaremos la “normativa vigente operativa” de la Armada. Acá se omite decir que el Comando Operativo no era de Massera sino del Comando de Operaciones Navales que emitía una determinada normativa que se presentaba a la jerarquía superior. Si a esa superioridad le parecía correcta le daba viabilidad. Ahora... qué hacía el señor (Rubén) Chamorro nosotros no lo sabemos.
–¿Usted quiere decir que Massera no tenía responsabilidad?
–Si se le atribuye responsabilidad por omisión, hay que probarlo.
–La normativa que presentarán ¿menciona explícitamente a los menores y a las embarazadas?
–No en forma directa, pero sí habla de la situación de las mujeres o de aquellas personas que por una determinada situación personal estaban minusválidas. Yo creo que estaban claramente comprendidas las embarazadas, por la atención especial de mujer y por el estado específico de invalidez, que no está normal y necesita cuidado distinto. El ex almirante niega que haya habido un plan sistemático. Para probarlo como se hizo en Nüremberg necesita una normativa concreta que ordene, porque el mando a gritos no se da. Y si existió realmente fuera del mando operacional como delito común, hay que demostrarlo. Creo que Freiler en eso está.
–A Massera tampoco le constan los hechos...
–No, y niega haber visitado a nadie durante la Navidad de 1977, o haber tenido relación directa con algún detenido en la Escuela de Mecánica.
–Hay otras detenidas que declararon haberlo visto en la ESMA...
–Sí, pero estamos hablando de testimonios parciales de personas que han estado detenidas y hay imputados que tienen testimonios de no detenidos.
–¿Qué quiere decir?
–Que debe haber testimonios de personas objetivas que no estén involucradas con los hechos, diferentes a los que ha presentado la querella. Para hablar de un plan sistemático los testigos tienen que probar la cadena jerárquica.

Trescientas partidas que prueban el genocidio

Por Victoria Ginzberg

“Destrucción de masa encefálica por proyectil de arma de fuego.” Según consta en certificados de defunción, ésta es la causa de muerte de más de 300 personas sepultadas como NN en el cementerio de La Plata entre 1976 y 1980. La madre de Plaza de Mayo Adelina de Alaye, que declaró en la Cámara Federal de La Plata en el juicio en que se intenta conocer el destino de los desaparecidos, aportó documentación sobre inhumaciones clandestinas que podría servir para ubicar los restos de cientos de desaparecidos. También testificó ayer el ex interventor de la Policía Bonaerense Luis Lugones, cuyo hermano está desaparecido.
En 1984 un grupo de familiares de desaparecidos entre los que se encontraban Alaye y el actual camarista Julio Revoredo presentaron ante la Justicia un pedido de “no innovar” sobre las tierras en las que se presumía que existían entierros clandestinos de la época de la última dictadura. Las exhumaciones nunca se realizaron, por diferencias dentro de los organismos de derechos humanos, pero un equipo de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, con Alaye a la cabeza, continuó averiguando. Ayer por, primera vez, se entregó a la Justicia el resultado de esta investigación y se solicitó que el Equipo Argentino de Antropología Forense sea designado como perito para investigar estos restos óseos del lugar.
Cuando Alaye comenzó a indagar sobre las inhumaciones clandestinas, se encontró con una cantidad irracional de certificados de personas no identificadas (NN), con un promedio de edad de veintiocho años. En la gran mayoría de los documentos –297 sobre 324– figuraba como causa de la muerte “disparo de arma de fuego” o “destrucción” de masa encefálica”. También le llamó la atención que en un solo día ingresaran doce personas jóvenes no identificadas, cuando normalmente en un mes se entierran alrededor de tres cuerpos NN. En noviembre de 1976 se contabilizaron 73 cuerpos. Según se desprende de la investigación, los cadáveres eran llevados durante la noche y eran enterrados sin que interviniera personal del cementerio. Actualmente existe una resolución del intendente y el Concejo Deliberante que establece que se debe conservar a perpetuidad la zona en la que se encuentras las tumbas.
La APDH de La Plata presentó denuncias en la Agremiación Médica Platense y al Colegio Médico de La Plata para que pidieran explicaciones a los médicos que habían firmado los certificados. La Agremiación entendió que la investigación le correspondía al Colegio Médico y éste contestó que había pasado mucho tiempo y que era difícil de realizar.
El hijo de Alaye, Carlos, que se presume estaría enterrado en ese cementerio, desapareció el 5 de mayo de 1977. Fue interceptado en Ensenada cuando volvía del trabajo en bicicleta por un grupo de hombres de civil que le dispararon en la espalda con un arma corta con silenciador. Luego, lo ataron de pies y manos con alambre y lo subieron a una camioneta que pasaba. En una causa iniciada por Alaye por la desaparición de Carlos, testificaron, sin aportar datos de importancia, el ex general Ramón Camps, Jorge Rafael Videla, el ex ministro del interior Albano Harguindeguy y Emilio Eduardo Massera.
Luis Lugones, ex interventor de la policía bonaerense y su madre Felisa Martínez de Lugones, también declararon ayer en el tribunal platense. Ambos se refirieron a la desaparición de Eduardo Lugones –hermano de Luis– ocurrida en diciembre de 1976. Durante la gestión de Lugones frente a la policía se firmó un convenio con el Equipo de Antropología Forense para sistematizar fichas y documentación de la época de la dictadura que se encontraron en dependencias policías que todavía sigue vigente. El grupo de trabajo del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia pudo reconstruir la historia de una mujer que había sido enterrada como NN. “Nunca utilicé este tema para hacer política”, dijo Lugones sobre la desaparición de su hermano antes de declarar ante la Cámara. “Cualquiera en mi puesto hubiese hecho lo mismo”, agregó.

SEINELDIN DICE QUE SALE DE LA CARCEL
“Para pagar expensas”

“Salgo a trabajar para pagar las expensas del departamento en el que viven mi esposa y mi hijo”, declaró el propio Mohamed Alí Seineldín al diario Río Negro y confirmó así las versiones acerca de las salidas que a diario viene realizando en los últimos días del penal militar de Campo de Mayo. Voceros del líder carapintada aseguraron a Página/12 que, en efecto, Seineldín goza desde el último lunes un permiso que le permite trabajar durante ocho horas en una fábrica cercana a esa guarnición del Ejército.
La revelación acerca de su salida de Campo de Mayo la realizó el mismo Seineldín en una nota que el diario Río Negro publicó ayer. En ese artículo el líder carapintada criticó también el reciente viaje a Gran Bretaña del presidente Carlos Menem, a quien acusó de haber querido fusilarlo tras el levantamiento militar que protagonizó el 3 de diciembre de 1990 y por el cual está preso desde entonces. También reiteró ser amigo de la ex primera dama, Zulema Yoma, y –del mismo modo que ella– aseguró que la muerte de Carlitos Menem no fue producto de un accidente, sino consecuencia de un atentado.
Según contaron a este diario hombres de su entorno, Seineldín –quien hoy cumple 65 años– comenzó a salir diariamente del penal militar de Campo de Mayo, en el cual se lo recluyó tras el cierre de la cárcel que el Ejército tenía en Magdalena, desde el lunes pasado. “En vista de los informes
judiciales que constatan su excelente conducta durante los años que lleva preso, le permiten la salida. No puede ir a su casa, pero sí a trabajar y todas las noches vuelve a Campo de Mayo”, explicaron.
Los mismos voceros revelaron que durante las ocho horas que Seineldín está fuera del penal trabaja en la firma López Gordillo, dedicada a la fabricación de señales para supermercados, que funciona en el mismo lugar donde tiempo atrás estaba emplazada la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo. Seineldín carga los camiones de la empresa en la cual trabajan también otros dos carapintadas: los ex coroneles Luis Baraldini y Oscar Vega.

Todas las voces, todas

“Es bueno que se siga investigando”, opinó ayer la candidata presidencial del Frepaso, Graciela Fernández Meijide, quien celebró la decisión del juez federal Adolfo Bagnasco de imputar al ex almirante Emilio Massera en la causa por el robo de chicos en la ESMA. También el diputado frepasista Alfredo Bravo manifestó su beneplácito por la citación judicial al ex represor, aunque se mostró un tanto escéptico en cuanto a la posibilidad de que termine preso dados sus “innegables vínculos” con el Gobierno. Las mismas dudas acerca del futuro de Massera expresó Marta Ocampo, abuela de un bebé robado por la Marina.
Fernández Meijide calificó como “correcta” la resolución de Bagnasco de imputar a Massera porque “está probado que era el responsable de la ESMA, donde nacieron criaturas de cuyo destino nada se sabe”. La candidata del Frepaso a la presidencia destacó también que “es bueno que se siga investigando todo esto, sobre todo porque tal vez es el único tema donde haya posibilidades de llegar a la verdad”, pero no quiso aventurar si el ex jefe de la Armada correrá la misma suerte que el ex dictador Jorge Rafael Videla, a quien por el mismo delito se le dictó prisión preventiva que actualmente cumple en su domicilio.
“Tengo la satisfacción de saber que estamos castigando la impunidad que reina en este país y que esto nos lleve a lo que siempre buscamos: verdad y justicia”, sostuvo Bravo pero destacó también los “innegables vínculos” del marino con el Gobierno y puso como ejemplo el elogio que el presidente Carlos Menem hizo de la dictadura frente a los reclamos de justicia de los organismos de derechos humanos.

PRINCIPAL