Por Cledis Candelaresi
 Aunque aún sin
fecha cierta, el retiro de Saúl Bouer de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSeS) se descuenta como un hecho cierto en distintos ámbitos del Gobierno. Este fiel
alfil del menemismo no sólo está desgastado por sus infructuosos reclamos de mayor
presupuesto. Lo que parece haberlo puesto al límite de su resistencia es la incesante
avalancha de sentencias judiciales adversas al Estado, que a veces derivan en cargos
contra su propia persona por “incumplimiento en los deberes de funcionario
público”. Entre sus posibles destinos comenzó a barajarse el de comandar el PAMI,
cuyo titular, Víctor Alderete, trastabilla en su puesto, a pasar de la amistad que lo une
a Carlos Menem.
Si bien la partida que Economía asignó a la ANSeS para afrontar sentencias judiciales
durante 1999 es muy superior a la de este año, significa apenas la mitad de lo que
pretendía Bouer, y representa apenas un tercio de la deuda que el Estado acumuló por
este concepto. Estas obligaciones a favor de 94.500 beneficiarios suman 2109 millones de
pesos, contra los 734,8 previstos en el proyecto de presupuesto.
Las consecuencias de no afrontar las sentencias a tiempo en alguna medida dependen de la
voluntad de los abogados que hayan impulsado las demandas. Según explicó el especialista
Amancio López a Página/12, en algunos casos los letrados estarían habilitados para
demandar penalmente por la demora al titular de la ANSeS, en su calidad de máximo
responsable de la Administración.
En 1995 se sancionó una ley que establece el principio de caja, por el cual se le
reconoce al Estado el derecho de pagar las sentencias sólo hasta donde se lo permitan los
recursos. Pero, en primer lugar, no hay ninguna garantía de que este paraguas protector
preserve totalmente al administrador. En segundo término, Bouer también tiene que
vigilar las demandas iniciadas en contra de sus antecesores, como Bramer Markovic.
“Saúl está harto, desgastado por demandas de incumplimiento en los deberes de
funcionario (por no pagar los haberes que corresponde). No sé si va a tener ganas de
continuar en la función pública”, comentó a este diario una fuente de Jefatura de
Gabinete.
Los juicios por actualizaciones de haberes son un pesado lastre que el Gobierno arrastra
desde 1986, año en el que se multiplicaron geométricamente los pedidos de ajuste por
vía judicial. El otro estallido de los tribunales fue propiciado por el caso Chocobar,
por el cual la Corte Suprema admitió que las jubilaciones debían ajustarse un 13 por
ciento, a pesar de la prohibición de indexar que impuso la Convertibilidad.
Las batallas judiciales no son el único trago amargo que debe enfrentar Bouer, cuyo
perfil peronista siempre lo diferencia de los ministros de Economía, salvo cuando en esa
función estuvo Erman González. Justamente con el ahora ministro de Trabajo intentó
impulsar la elevación del mínimo jubilatorio a 200 pesos. Pero, según dan fe sus
voceros, esta alternativa fue ametrallada desde otras áreas del Gobierno que hubieran
debido ceder fondos para concretar esa mejora.
Hasta los opositores de la Alianza aseguran que el titular de la ANSeS es partidario de
abonar los aguinaldos en diciembre en lugar de desdoblar el pago. Pero, finalmente, tuvo
que avenirse al criterio de Roque Fernández de abonar a los que cobren hasta 450 pesos
entre el 22 y el 31 de diciembre, postergando para la primera semana de enero a quienes
tengan su haber por encima de ese monto.
En esas condiciones, el fiel Saúl no tiene otra alternativa que seguir sacrificando su
perfil político por el de técnico subordinado, especialista en apagar incendios. Este
es, precisamente, el rol que pretende abandonar.
| No lo ayudan ni los amigos Saúl
Bouer no sólo mantiene diferencias de criterio con Roque Fernández respecto del manejo
de los fondos. Desde la reunión que ayer mantuvo la cúpula de la ANSeS con el
superintendente de AFJP también quedó virtualmente enfrentado a Héctor Domenicone, con
quien comparte su corazón peronista. El motivo del roce fue una propuesta formulada por
Domenicone para subsanar las demoras en el pago de jubilaciones que se tramitan ante las
AFJP. En una reunión con la cúpula de la ANSeS, el superintendente propuso que apenas el
beneficiario inicie el trámite, el Estado comience a pagar la PBU (prestación básica
universal), eximiendo a las administradoras de pagar hasta tanto toda la gestión haya
concluido. La idea no seduce a Bouer, asfixiado por la escasez presupuestaria. Pero dejó
la discusión del tema con Domenicone para una reunión a solas, a concretar en los
próximos días. ANSeS tiene en cuenta que el mismo trámite que en el Estado se resuelve
en 60 días, las administradoras lo extienden por varios meses: según cálculos
oficiales, existen 4000 inminentes jubilados con sus expedientes paralizados. “Es por
inexperiencia”, justifican los colaboradores de Bouer, quien acaba de firmar un
convenio con las AFJP para que sus hombres se capaciten a cargo del Estado. |
PIERDE APOYO EL TITULAR DEL PAMI
Alderete encoge
El
respaldo político del que gozó hasta ahora Víctor Alderete parece estar diluyéndose. A
la embestida parlamentaria de la que participan legisladores oficialistas, se acaba de
sumar la de los gobernadores, que aspiran a intervenir de algún modo en la
administración de la obra social de los jubilados.
Funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio del Interior se reunirán hoy con
mandatarios provinciales para considerar la posibilidad de ceder a las provincias parte de
la gestión del PAMI. Aún no se sabe cómo se haría, pero se trata de la primera vez que
el gobierno nacional muestra buena disposición para considerar seriamente el tema.
En el Congreso no faltan resistencias. Costó mucho que el Senado aprobara meses atrás el
informe de gestión que presentó Alderete. Después, la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas, donde el PJ es mayoría, ordenó a la Auditoría General de la Nación una
“revisión integral” de los números de esa obra social, algo que Enrique Paixao
se dispone hacer en enero. Luego, legisladores de distinto signo le exigieron al jefe de
Gabinete, Jorge Rodríguez, que dé precisiones sobre la administración del PAMI.
Insatisfechos con las explicaciones conseguidas, muchos de ellos están redactando pedidos
de informes al Poder Ejecutivo para conocer todos los movimientos de Alderete. “Ni
siquiera los justicialistas le tienen confianza, porque nunca dice lo que hace ni lo que
va a hacer”, reconocía ayer ante este diario un funcionario de Jefatura, de
estrechos vínculos con el Congreso.
SEGUIDILLA DE MULTAS DE COMERCIO
En defensa del consumidor
Plan
Rombo SA, Carrefour y el Banco Quilmes fueron multados ayer por la Secretaría de Comercio
por infringir las leyes de defensa del consumidor
y de lealtad comercial. La sanción a la compañía de ahorro previo fue de 15 mil pesos.
Carrefour, por su parte, deberá pagar 10 mil. Y la entidad financiera controlada por
Scotiabank, 500 pesos.
En el caso de Plan Rombo, la Dirección Nacional de Comercio Interior constató que la
empresa no le entregó un Renault 9 RL a un cliente que había ganado la adjudicación.
Carrefour fue multado por incumplir con la ley de lealtad comercial. Tras una
supervisión, los funcionarios de la Dirección comprobaron la existencia de repasadores y
toallones sin la información legal correspondiente. En su descargo, la cadena francesa
reconoció que los artículos estaban identificados con símbolos, pero no con leyendas.
Por su parte, el Quilmes fue multado por haberle descontado gastos y cobrados intereses
indebidos a un cliente que había sacado un crédito hipotecario. El denunciante probó
que la entidad debitó indebidamente 68,61 pesos de su caja de ahorro en dólares.
Esta fue la tercera vez en la semana que el Gobierno multó a empresas, en defensa de los
consumidores. El último lunes, Diners fue sancionada en 20 mil pesos y el BBV Banco
Francés, en 5 mil. Y el martes, a Jumbo en 12 mil pesos.
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