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Por Carlos Rodríguez  Por disposición
del juez en lo Civil y Comercial Federal porteño José Luis Tresguerras, la empresa
Telefónica de Argentina tendrá que restituirle la línea “en el plazo de 48
horas” a una jubilada de 75 años, que vive en Arrecifes. La firma mantiene un
litigio con la abonada, que se niega a pagar dos facturas del año 1997 por entender que
tienen un exceso de pulsos. “Esto es muy complicado, pero también puede ser
divertido”, dijo a Página/12 –refiriéndose al fallo– Carlos José Díaz,
abogado e hijo de María Esther Costa de Díaz, la mujer que acaba de ganarle la pulseada
a la compañía. La medida pone un freno judicial a la habitual política de las empresas
de servicios, que exigen a los usuarios disconformes con las facturas que paguen primero
la boleta y hagan el reclamo después. La resolución judicial ordenó a Telefónica que “se abstenga de cortar el servicio” y, como esa medida ya había sido ejecutada, intimó a la empresa a que “proceda a su reinstalación y/o restitución, sin cargo, en el plazo de 48 horas”. El magistrado dejó sentada la existencia de un reclamo formal de la señora Costa de Díaz ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que todavía se encuentra en trámite. Tresguerras resaltó que la medida cautelar dictada tiende a “evitar que el prestador de servicio incurra en conductas reñidas con la observancia de lo dispuesto en el Reglamento General, en cuanto impide suspender el servicio durante el tiempo de investigación” de la supuesta anomalía denunciada. Esa norma está contenida en el artículo 39 del reglamento. El abogado Díaz precisó a este diario que su mamá, que vive sola en su casa de Stegman 515, en Arrecifes, recibió en junio de 1997 una factura por 260 pesos, a la que se le sumó luego otra boleta, de octubre del mismo año, por 202,26 pesos. “Ninguna de las dos fue pagada porque exceden el promedio habitual de 2000 pulsos y llegan hasta los 3500”, explicó Díaz. Como dato puntual que indicaría que hubo errores en la facturación, el abogado señaló que “en la lista detallada de llamados figuran algunas comunicaciones con el mismo número telefónico que tiene mi mamá, algo que es totalmente imposible hacer”. Díaz reconoció que “por cuestiones ideológicas” es contrario al proceso de privatizaciones que se hicieron en el país y que por ese motivo se opone “por todas las vías posibles a cualquier tipo de arbitrariedad”. El mismo tiene una querella, iniciada en 1995, contra Telefónica. Todo comenzó cuando la ex Entel fue reemplazada y el concesionario privado resolvió cerrar la oficina en Arrecifes. “Eso obligaba a que, ante cualquier reclamo, uno tuviera que trasladarse hasta Pergamino, que está a 50 kilómetros.” Díaz dejó de pagar su facturas en señal de protesta y, como obtuvo un fallo judicial favorable, hasta le enviaban un empleado a su domicilio para que abonara el servicio. “Yo no le pagaba igual, porque lo que corresponde es que me habiliten a pagar en el banco de Arrecifes”, explicó Díaz a este diario. Durante dos años Díaz –que vive alternativamente en su ciudad natal y en Buenos Aires– se quedó sin teléfono. Después se lo restituyeron pero lo rechazó, “porque no era el mismo número que tenía antes”. Sus últimas definiciones parecen indicar que su pelea con Telefónica –como en “Titanes en el Ring”– es “a finish, salvo nocaut o puesta de espaldas”.
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