La UBA enjuiciará al Gobierno por falta de pago

Por Cecilia Sosa

“Si el gobierno nacional no revierte su política, la Nación habrá perdido una institución fundamental para el progreso: la Universidad Pública.” El diagnóstico se escuchó ayer en la sesión del Consejo Superior de la UBA, donde a los habituales decanos y consejeros se sumaron diputados y senadores de la oposición para escribir un nuevo capítulo del reclamo por la crisis presupuestaria que atraviesa la educación superior. El consejo de la Universidad porteña decidió por unanimidad presentar un recurso de amparo ante la Justicia para instar al Gobierno a girar los 12 millones de pesos que adeuda y para lograr la suspensión del pago de los aportes patronales, que pasarían a integrar un fondo de emergencia. “Son medidas drásticas para poder pagar los magros salarios, los servicios y mantener abiertos los hospitales y laboratorios”, explicó el rector Oscar Shuberoff.
También se acordó un abultado cronograma de actividades –incluida una concentración frente al Congreso el próximo miércoles 25– que tendrá su epicentro la semana próxima, cuando el Congreso debatirá el presupuesto para el ‘99. Entre la batería de protestas hasta se prevé la instalación del propio Shuberoff y los decanos de la UBA en la vía pública porteña para sacar de los claustros la gravedad de la crisis.
La cúpula de la UBA compartió ayer la larga mesa del Rectorado con los legisladores Alfredo Bravo, Rodolfo Terragno, Roberto Ulloa, Patricia Bullrich, Leopoldo Moreau, Andrés Delich y Cristina Guevara, entre otros. En los flancos, se alinearon los consejeros y los trece decanos de las facultades porteñas. Y todos lanzaron sus dardos contra el gobierno nacional, que hace tres meses dejó de girar fondos para el pago de los servicios básicos de las unidades académicas de la UBA. “Encima, se suma el proyecto de presupuesto para el ‘99, que cuenta con 70 millones menos que el del ‘98. Esta es la consideración que les merece a los funcionarios de Economía el sistema universitario público”, azuzó Shuberoff, para abrir el debate. “No alcanza el dinero para aguantar hasta fin de año. Y corremos el riesgo de tener que cortar el suministro de servicios indispensables como la atención en los hospitales universitarios”, puntualizó.
Las voces de los decanos y legisladores –integrantes de las comisiones de Presupuesto y de Enseñanza– se alternaron para apoyar la propuesta del Rectorado de iniciar acciones judiciales para que el Poder Ejecutivo gire el dinero adeudado y que se declare inconstitucional el decreto que excluye a las universidades nacionales de la exención del pago de los aportes patronales (del que sí disfrutan las entidades privadas). Por eso, al momento de la votación, las manos de los presentes se alzaron impacientes y unánimes.
En realidad, las decisiones de ayer del consejo no hicieron más que ratificar las tomadas la semana pasada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que además había declarado el estado de emergencia financiera en todas las universidades públicas. El Consejo Superior decidió también que los recursos destinados a los aportes patronales pasarán a integrar un “fondo de emergencia financiera y presupuestaria”, que se utilizará para pagar los servicios de luz, gas y teléfono. “La UBA está obligada a dejar de pagar algunas cosas o a cerrar sus puertas”, justificó Rodrigo Masini, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.
Ayer, los pronósticos de los legisladores no sonaron auspiciosos. “Cuando se discuta el presupuesto, vamos a dar pelea y por ahí sacamos algo. Pero el Senado está usurpado por el oficialismo y, además, queda en pie el veto presidencial”, confesó Alfredo Bravo a Página/12. No obstante, el diputado Terragno aseguró: “Estamos trabajando duro en las comisiones para que se restituya lo recortado y vamos a presentar un proyecto depresupuesto alternativo”. Por fuera del debate parlamentario, el miércoles 25 una movilización de la comunidad universitaria porteña presentará en el Congreso un petitorio para reclamar el cumplimiento de la vulnerada Ley de Presupuesto y de la Ley Federal de Educación, que preveía un incremento presupuestario del 20 por ciento anual.

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