Por Nora Veiras
Mientras se
calienta el clima de la interna entre radicales y frepasistas en la Ciudad de Buenos
Aires, los hombres de Fernando de la Rúa recibieron como un baldazo de agua fría el
anuncio de un paro docente para el martes 24 de noviembre, apenas cinco días antes de la
votación que definirá si él o Graciela Fernández Meijide encabezará la fórmula
presidencial de la Alianza. Los doce gremios docentes porteños decidieron anoche convocar
a una huelga con movilización frente a la Legislatura. La causa desencadenante de la
protesta es el rechazo al presupuesto educativo enviado por el gobierno de Fernando de la
Rúa a la Legislatura. La presidente del bloque radical, Gabriela González Gass,
atribuyó el plan de lucha a motivaciones políticas, fuertemente orientadas por la
campaña.
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Francisco
Tito Nenna, explicó que el presupuesto elevado a la Legislatura no
contempla ni el blanqueo de los sueldos ni la posibilidad de incrementos a las que se
comprometieron las autoridades a principio de año. La Mesa de Unidad de Acción
Gremial también señaló que, si bien el presupuesto para 1999 aumenta en 26
millones de pesos, ese incremento no es tal porque en relación al total del gasto hay una
disminución de 1,18 por ciento, lo cual equivale a 38 millones de dólares menos.
La relación del gobierno porteño con los sindicatos docentes empezó a resquebrajarse a
principios de año cuando, en un hecho inédito en la historia gremial, maestros y
profesores realizaron un paro masivo en rechazo a los criterios
discriminatorios de aumento salarial que sólo contemplaba al nivel primario y
modificaba por decreto las relaciones laborales. Después de una tensa negociación, De la
Rúa derogó el aumento y acordó una recomposición de 20 y 40 pesos para todos los
niveles. Con ese acuerdo se reanudó el diálogo, pero el envío del presupuesto volvió a
potenciar el conflicto.
Nenna señaló que en momentos en que se está tratando la Ley de Educación de la
Ciudad que implicará la apertura de nuevos servicios, el presupuesto tendría que
aumentar significativamente y, en realidad, en los porcentajes asignados para inicial,
media y adultos disminuye. El dirigente que lidera el gremio de base de la
Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) cuestionó también los criterios
por los cuales se están incorporando nuevos docentes. Para llevar adelante los
proyectos en las Zonas de Acción Prioritaria (ZAP), que se desarrollan en los distritos
más pobres, el Gobierno está contratando a docentes en lugar de respetar los listados de
las Juntas de Clasificación y designar personal suplente como debe ser respetando el
Estatuto Docente. Nos preocupa, además, que el año próximo se extienda el proyecto con
los mismos mecanismos de contratación.
Desde la Legislatura, González Gass criticó el plan de lucha porque el viernes
pasado, recibimos en el bloque radical a todos los gremios y les manifestamos nuestra
voluntad en el marco de la Alianza para encontrar un mecanismo de solución. La
diputada deslizó que la afinidad entre la Ctera y el Frepaso está tallando en la
decisión. Nenna, en cambio, remarcó que a partir de ahora empieza un proceso
electoral que se extenderá a lo largo de todo el año próximo. Nosotros no somos como la
CGT que porque es menemista no hace paros. Nosotros nos sentamos a negociar durante todo
el año y de pronto mandan el proyecto de presupuesto sin consensuar nada.
Un debate por dinero La
discusión sobre el financiamiento educativo volvió al punto de partida: mientras en el
Congreso siguen sin ponerse de acuerdo, la ministra de Educación, Susana Decibe, piloteó
una reunión con los gobernadores peronistas y anunció que el martes próximo se
realizará un encuentro de todos los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno
porteño, Fernando de la Rúa, para buscar una solución consensuada.
En los últimos días, Decibe empezó a criticar a las provincias que a pesar de recibir
200 millones de pesos más por recursos coparticipables no están dispuestas a
invertir en los salarios docentes. Este planteo muestra un punto de coincidencia con
Roque Fernández, quien desde un principio se resistió a la creación de un fondo de
financiamiento argumentando que los sueldos docentes no son una responsabilidad de las
provincias.
La oposición de Fernández a garantizar con recursos del Tesoro Nacional el fondo de 700
millones de pesos necesarios para incrementar los sueldos, en caso de que la recaudación
por el impuesto sobre autos, aeronaves y embarcaciones no alcanzara el nivel esperado,
hizo naufragar el consenso entre oficialistas y opositores en el Congreso. Anteanoche, el
oficialismo presentó como alternativa el incremento de una alícuota sobre los
combustibles. Sin embargo, todavía no hay acuerdo tampoco sobre la viabilidad de esa
iniciativa que incidiría sobre las ganancias de las empresas petroleras. |
NUEVO GRUPO COMBATIVO EN JUJUY
La multisectorial del Perro
La
lucha de los trabajadores jujeños no es sólo por el salario, como dice el ministro
Corach. Acá luchamos por sobrevivir y, si no hay una respuesta del gobierno habrá un
estallido social mayor, aseguró a Página/12 Carlos Perro Santillán,
luego de dos días de continuas protestas y mientras el Parlamento local decidía
finalmente iniciar el juicio político al gobernador menemista, Carlos Ferraro.
Para el dirigente clasista, el panorama político y social de la provincia norteña es
más que incierto. Una alternativa es que el gobernador Carlos Ferraro se vaya. Pero
no a su casa sino a la cárcel porque es un funcionario corrupto y porque lo único que
hizo fue apretar cada vez más a los que menos tienen, indicó el dirigente desde el
Sindicato de Empleados y Obreros Municipales.
Santillán descree en el resultado del juicio político porque tanto la Alianza como
el oficialismo responden a los grandes monopolios tabacaleros y azucareros que les
financian las campañas, y agregó que cómo el pueblo puede creer que el
juicio tenga un resultado positivo si esta gente, que cobra 6000 pesos por mes, no se
preocupa por la suerte de los trabajadores que tiene un salario promedio de 250
pesos.
Por otra parte, el Perro anunció la formación de una multisectorial donde
participan trabajadores, profesionales, comerciantes y pequeños y medianos productores,
que se reunirá el lunes para coordinar una nueva marcha de protesta que se realizará la
semana próxima.
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