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Por Marcelo Justo desde Londres  La Cámara de los
Lores es un hervidero de rumores y especulaciones. Al final de la sexta audiencia ayer,
Lord Slynn, presidente del panel de cinco “Law Lords” que atiende en la causa de
Augusto Pinochet, indicó con cara y voz de poker que daría a conocer “en su debido
momento” el fallo sobre la apelación al dictamen del Real Tribunal Superior que hace
dos semanas concedió la inmunidad al general en territorio inglés. Fuentes cercanas a la
fiscalía y la defensa se inclinaban por la semana próxima como fecha más probable, pero
no descartaban que el dictamen se demorara más “debido a la complejidad y
trascendencia del caso”. En cuanto a la naturaleza del fallo, un abogado de la
fiscalía, que representa al juez Garzón ante la cámara, señaló que dos de los
“Law Lords” favorecían la extradición, otro la rechazaba y los dos restantes
eran un enigma. “Soy optimista. Creo que va a ser 3-2 a favor nuestro”, indicó
a Página/12. El optimismo de la fiscalía pareció encontrar ayer una corrobación indirecta en el terreno extrajudicial. Aun antes de que concluyeran las audiencias de la última instancia judicial inglesa, era evidente que aumentaba la presión política sobre el ministro del Interior británico Jack Straw, quien, en caso de que los “Law Lords” revoquen el dictamen del Real Tribunal Superior de Londres, debe dar el visto bueno al pedido de extradición de España, pero tiene la prerrogativa de conceder la libertad a Pinochet “por razones humanitarias”. Los diputados de Renovación Nacional que se encuentran en Londres haciendo lobby insinuaron que una delegación gubernamental del más alto nivel encabezada por el canciller José Miguel Insulza se haría presente en Londres la semana próxima para solicitar clemencia para Pinochet si los lores fallan en su contra. La embajada chilena en Londres se negó a confirmar la especie, pero el rumor iluminó la preocupación de la defensa de Pinochet por el dictamen de los lores y la presión que estaban dispuestos a ejercer sobre el Ejecutivo británico. Según la edición de ayer del matutino británico The Guardian, en los pasillos parlamentarios crece el rumor de que si el fallo es contrario al ex dictador, Straw se inclinaría por usar ese as que tiene en la manga, concediendo, en uso de sus facultades “cuasijudiciales”, la libertad al general quien tomaría de inmediato el avión de la Fuerza Aérea Chilena que lo espera desde hace 17 días en una base de la RAF (Fuerza Aérea británica) en Oxfordshire. A la salida de la audiencia en la cámara de los lores, el diputado de la izquierda laborista, Jeremy Corbyn, vicepresidente de la comisión de derechos humanos de la cámara de los comunes, confirmó a Página/12 que los rumores y especulaciones abundaban entre los diputados. “Por el momento son eso. Pero creo que el gobierno tiene bien en claro que un alto número de diputados laboristas se opondrá con todas sus fuerzas a una medida de este tipo”, señaló Corbyn. Por el momento todo descansa en manos de los lores y la interpretación que hagan de dos puntos legales cruciales: el principio de inmunidad y la definición del acto de Estado. El primero fundamentó el dictamen del Real Tribunal Superior y, según admiten ambas partes, es el más importante ya que puede invalidar todo otro argumento. En el curso de los seis días de audiencias, la defensa de Pinochet reiteró que la ley inglesa contempla una inmunidad absoluta tanto para el jefe de Estado como para el ex jefe de Estado, sea cual fuera el acto que hubiera cometido. Sin embargo ayer, en un argumento de última hora, el abogado de la fiscalía inglesa señalaba expresamente que ésta se aplica al derecho civil pero “no a los hechos criminales”. De admitirse que la inmunidad no es absoluta, se debería definir el segundo principio, dado que, según la ley, el jefe de Estado goza de inmunidad en los “actos de Estado que cumpla en el ejercicio de sus funciones públicas”. Según Nicholls, acto de Estado es todo acto ejercido por el jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones. La definición que parece una tautología esconde una importante precisión: todo acto realizado por alguien que es jefe de Estado gozaría de inmunidad. Nicholls adujo que esto incluía no sólo los actos que Pinochet hubiera ordenado en el interior de Chile sino los que ejecutó en el extranjero como parte del Plan Cóndor que coordinó las actividades de los servicios secretos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. “Los actos realizados en el extranjero por Chile son actos de Estado de la misma naturaleza que los que tomaron lugar en el interior del país”, dijo Nicholls. Sobre este punto la fiscalía obtuvo el importante apoyo del “amigo de la corte”, David Lloyd-Jones, un abogado que asesoró en los dos últimos días a los “Law Lords”, quien dijo que la tortura y el secuestro eran “investigables por las cortes” y caían dentro de las obligaciones internacionales de Inglaterra.
PIDIERON A FREI ECHAR A DOS EMBAJADORES
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