|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Adriana Meyer  El abogado del ex
jefe de la Armada Emilio Massera solicitó que se considere prescripta la acción penal
por sustracción de menores y que se analice una “excepción de cosa juzgada”.
Si con esto no puede evitar concurrir a los Tribunales, el 3 de diciembre aportará un
documento secreto denominado “Placintara 75” que habría establecido que
“los hijos de detenidos debían ser entregados a sus familiares y las embarazadas
serían atendidas por médicos”. Por otra parte, la Sala I de la Cámara Federal de
la Capital Federal pidió el expediente de esta causa instruida por el juez Adolfo
Bagnasco, lo cual –en teoría– no debería interferir con las citaciones de
Massera, Jorge “Tigre” Acosta y cuatro marinos más.Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani pidieron la causa “ad effectum videndi”, es decir, a los efectos de tenerla a la vista para decidir sobre tres planteos de los abogados del dictador Jorge Videla: la competencia de un tribunal militar para juzgar al ex presidente, la “cosa juzgada” y la prisión preventiva que le dictó hace pocos meses el juez Roberto Marquevich. En virtud de esa medida, Videla cumple arresto domiciliario. La Cámara Federal de San Martín no se pronunció sobre esto porque derivó el caso al juez Bagnasco por entender que su investigación sobre la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores estaba más avanzada. Por eso ahora lo estudia la Cámara Federal de la Capital. Alberto Pedroncini –el abogado de las seis Abuelas de Plaza de Mayo querellantes– aseguró a Página/12 que el trámite de la sala I no debería durar más que un par de días, porque sólo pidió el expediente para verlo y debería devolverla en menos de una semana. Sin embargo, fuentes judiciales especularon con la posibilidad de que estos tiempos se dilaten, con lo cual correría peligro el cronograma estipulado por Bagnasco. Este magistrado se encuentra de licencia hasta el mes próximo y lo reemplaza el juez Juan José Galeano, quien no tomaría ninguna decisión de relevancia en este período. La presentación del abogado de Massera deberá esperar –por lo menos– hasta que la causa regrese al juzgado de Bagnasco. La estrategia de Arce Aggeo es parecida a la desplegada por los defensores de Videla. Pero difiere en un aspecto: no ha planteado la cuestión de la competencia, con lo cual –implícitamente– estaría aceptando la jurisdicción de la Justicia federal de la Capital. La sala I tiene la particularidad de estar integrada por sólo dos miembros, desde que el tercero –Juan Cortelezzi– abandonó el cargo para dedicarse a la profesión de abogado. Hace algunas semanas se decía en el segundo piso de Comodoro Py 2002 que Riva Aramayo y Vigliani devolverían la causa sobre apropiación de menores a la Cámara Federal de San Martín. Como resultaría improbable que ésta se la devuelva al juez Marquevich, se generaría un conflicto en el que tendría que intervenir la Corte Suprema. Pero ayer circuló una versión diferente según la cual Riva Aramayo y su colega no se ponen de acuerdo sobre la situación de Videla. La jueza estaría dispuesta a aceptar los planteos de su defensa, mientras que Vigliani los rechazaría. El hecho de haber pedido el expediente de Bagnasco podría indicar que descartaron la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como pretende Videla, y eso sería un primer punto de acuerdo. Pero, si persisten las diferencias, deberán llamar a uno de los integrantes de la sala II, Cattani, Luraschi o Irurzún. Lo que decidan influirá en la suerte de algunos de los militares imputados por Bagnasco.
NUEVOS RECLAMOS EN FRANCIA
|
