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Por Eduardo Tagliaferro  “Sabemos por
dónde anda su marido y lo vamos a hacer boleta.” Esa fue la frase amenazante que una
voz anónima le transmitió a la mujer del ex supervisor de la fábrica militar de Río
Tercero, Emilio Juan Ostera, mientras éste se encontraba declarando frente al juez
federal de Río Cuarto que investiga la explosión de la planta militar de Río Tercero.
Su testimonio apuntala la hipótesis de que el estallido de esa planta fue intencional.
Las amenazas que recibió robustecen esa sospecha. Sobre todo si se toma en cuenta que
Ostera no es el único que recibió amenazas. Al menos tres personas más, que también
aportaron pruebas de que la explosión no fue accidental, recibieron presiones, rayaduras
en sus autos y hasta un robo con mensaje mafioso.El 3 de noviembre de 1995 Ostera, junto a los operarios Emilio García y Elio Acosta, estaba en la planta de carga y montaje cuando se produjo el fuego que dio origen a la cadena de explosiones que “bombardeó” la ciudad de Río Tercero. Ostera corrió a apagar el fuego del tambor que contenía el trotyl que dio origen a la explosión de la fábrica militar. Su mirada experta se sorprendió por el color azulado de las llamas: el trotyl de descarga suele tener un tono amarillento, casi anaranjado. El cambio de color genera la sospecha de que alguna otra sustancia fue utilizada como detonante. La declaración de Ostera, un testigo calificado y directo, era de enorme importancia. La llamada amenazante recibida por la mujer del supervisor no fue la única. Al día siguiente, la misma voz anónima le dijo, “decíle a tu marido que no siga hablando”. El juez de Río Cuarto remitió la denuncia presentada por Ostera al fiscal de instrucción Sergio Cabutto. Las amenazas sufridas por Ostera se suman a las que vienen teniendo los principales testigos de la explosionada fábrica riotercerense. El ingeniero Alfredo Harste es un experto en explosivos que dejó de trabajar en la fábrica militar de Villa María hace dos años para dedicarse a la actividad privada, instaló una fábrica de cajas fuertes. Harste aceptó ser”perito de parte” (designado por los damnificados, en la causa que lleva el juez Martínez. Ahí empezaron sus problemas; primero le rayaron el auto, para posteriormente tajearle las cubiertas. Sin embargo, el mensaje más amenazante lo recibió en la madrugada del 31 de octubre, cuando supuestos ladrones ingresaron en su empresa, destrozaron todas las instalaciones, revolvieron toda su documentación y se retiraron sin llevarse ninguno de los muchos elementos de valor que tiene la firma del ex empleado de Fabricaciones Militares. El mensaje fue claro. Tanto que, por primera vez la policía provincial aceptó tomarle una denuncia formal. En las anteriores ocasiones, distintos artilugios de competencia impidieron que tanto la policía federal como la policía cordobesa le aceptaran la denuncia. En su condición de experto en explosivos, Harste fue uno de los peritos que verificó que los materiales con los que se iba a realizar la reconstrucción de la explosión ocurrida el tres de noviembre, no se ajustaban a los que había en Río Tercero y que por la fuerte presencia de aluminio y aire entre los mismos, hubiera favorecido la tesis del accidente, ya que estos elementos son fácilmente inflamables y hubieran entrado en combustión rápidamente. Los materiales habían sido remitidos desde la fábrica militar de Azul, y no deja de ser sospechosa su adulteración, por este motivo el juez Luis Rodolfo Martínez inició otra investigación para determinar si el cambio de los elementos fue intencional o se debió a la casual impericia del personal de la planta militar. Los ingenieros Luis Tagni y Simón Flores también sufrieron lo suyo. Tagni fue quien presentó la denuncia por la desaparición de 238 toneladas de pólvora de la fábrica militar de Villa María y motivó las actuaciones del juez federal de Belle Ville, Edgardo Filippi, quien determinó que el destino final de la pólvora fue Croacia. El ingeniero Flores fue uno de los firmantes del acta apócrifa de la quema de la pólvora embarcada a los Balcanes. Por esta causa el juez en lo penal económico Julio Speroni dictó esta semana el procesamiento del general Antonio Vicario, el único militar detenido por la venta ilegal de armas y municiones. La fábrica de Río Tercero fue el centro de operaciones de la venta ilegal de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia, no sólo era el lugar desde donde se almacenaban los contenedores que partirían rumbo al puerto de Buenos Aires, sino que también era el escenario donde desfilaban distintos tours de compradores de armas. Entre ellos Monzer Al Kassar quien, según los dichos de los operarios de la fábrica cordobesa, concurrió en dos ocasiones en 1992 y una vez en 1993.
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