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 A tres
semanas de las elecciones presidenciales y con el apoyo obtenido en las legislativas y de
gobernadores, el ex militar golpista Hugo Chávez se encamina en Venezuela hacia el poder
que no pudo tomar por las armas en 1992. Las últimas encuestas le dan a Chávez el 44 por
ciento de las intenciones de voto, contra el 39 por ciento de Henrique Salas Romer, de
Proyecto Venezuela. Con un discurso que incluye la disolución del Congreso y que genera
la alarma de políticos locales e inversores extranjeros, la coalición izquierdista Polo
Patriótico se quedaría con una mayoría en el mismo Parlamento que se propone cerrar.
Pero si todos los partidos contrarios al ex golpista se unen, Chávez tendrá un Congreso
opositor.Los otros dos candidatos que compiten por la presidencia venezolana son el candidato de Alianza Democrática (AD), Luis Alfaro Ucero, y la ex Miss Universo Irene Sáez, del Copei; pero ambos no superan el 5 por ciento en los sondeos. De todos modos, el socialdemócrata AD es el partido que más diputados (55) y senadores (18) obtuvo para el próximo Parlamento. El Movimiento Quinta República (MVR) de Chávez se quedó con el segundo lugar, pero sus representantes, sumados a los de los partidos agrupados en el Polo Patriótico, formarán una mayoría a favor del ex golpista. Otro dato que separa tajantemente la forma en la que los venezolanos votaron para el Parlamento de la que, según las encuestas, lo harán en las presidenciales, es que el partido de Salas Romer obtuvo sólo 24 diputados y dos senadores. Uno de los factores que benefician a Chávez es el descrédito de la clase política, pero el AD, un partido que alternó el gobierno y el papel de principal opositor en los últimos 40 años, demostró en los comicios legislativos que todavía tiene arraigo, que su capacidad política está intacta y que cuenta con cuantiosos recursos económicos para mantener cautivo a un amplio sector social. Los empresarios y electores interesados en un cambio profundo pero moderado temen al programa de Chávez. Radical en sus planteamientos políticos pero vago o equívoco en su flanco económico, muchos consideran probable que el plan conduzca a la incertidumbre, y de ahí a la fuga de capitales, al drástico control cambiario, a la mayor presión tributaria, a un estancamiento del proceso privatizador debido a la inhibición inversora, al repunte inflacionario y a la recesión. El ex teniente coronel, más moderado, conforme subía en los sondeos pretende limitar la apertura al capital extranjero en los nuevos proyectos petrolíferos del río Orinoco, ya aprobados por el gobierno de Rafael Caldera, y advierte que buscará una “moratoria negociada” al pago de la deuda externa. Su enfoque sobre los intercambios comerciales es proteccionista. Durante sus intervenciones de campaña, prometió disolver las dos cámaras del Congreso y la Corte Suprema, establecer un “poder constituyente y moral” y sustituir los actuales tribunales de Justicia por Comités de Salud Pública populares. Acción Democrática, Copei, Salas y la mayoría de los cuarteles y sindicatos empresariales, excepto aquellos comprometidos con el proteccionismo, como la poderosa central ganadera Acción Agropecuaria, se echaron las manos a la cabeza. De haber triunfado los alzamientos del 1992, el comandante de paracaidistas de Maracay tenía previsto someter a proceso público en el Estadio Universitario de Caracas a los dirigentes políticos y económicos venezolanos tenidos como culpables del progresivo decaimiento nacional. Pese a todo, el director del Banco Central de Venezuela, Felipe Maza, no cree que Chávez vaya a aplicar cambios revolucionarios en su eventual mandato, pero sí transformaciones percibidas negativamente por el gran capital. “Viviremos un proceso de inflación y déficits estructurales. Habrá un resurgimiento de las presiones sociales agravadas y, si el gobierno no demuestra capacidad de negociación, habrá una crisis de consecuencias inmanejable”, pronosticó el funcionario.
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