La metáfora vertical y diagonal

Como miembro del Mercosur, Argentina es tironeada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Europea o, en términos monetarios, por el dólar y el euro. Las dos mayores entidades económicas de este fin de milenio planean crear una relación especial con nuestra región que, de alguna manera, debilite los lazos con la otra. No estoy seguro de que atarnos a una sola de ellas sea beneficioso para nosotros. Más bien, creo que para los miembros del Mercosur la misma existencia de estos dos poderes en competencia, cada uno con un PBI de aproximadamente siete billones de dólares, es una bendición. Hay que celebrar la debilidad del presidente Clinton, que evitó que él lograra el fast track en el congreso. La entrada de los países del Mercosur al NAFTA sería o prematura o inconveniente, y lo mismo se aplica a la relación preferencial con la Unión Europea. Aunque la mayor liberalización de las transacciones sería bienvenida, la búsqueda de una zona de libre comercio parece por lo menos prematura. En términos estrictamente económicos, creo que los países del Mercosur deberíamos esforzarnos por aumentar nuestras posibilidades y transformarnos en exportadores globales, en lugar de ser partes subordinadas de alguno de los bloques que, en los próximos años, competirán por los mercados del mundo. El tamaño de nuestro mercado, el conocimiento de nuestra población y el volumen y calidad de nuestra producción nos permite hacerlo.
Ya es un lugar común describir la relación entre Latinoamérica y los Estados Unidos como vertical, y entre Latinoamérica y Europa como diagonal. Con esta descripción podría alabar a los europeos, que tienen tanto orgullo como los argentinos por las similitudes entre nosotros, e implícitamente por las diferencias comunes con los EE.UU. Aunque es cierto que no hablamos de un renacido imperialismo europeo, no estoy totalmente convencido de que nuestro nexo con Europa esté libre de la asimetría que existe en la relación entre las Américas. Las relaciones verticales o diagonales pueden ser meras metáforas geográficas, sin ningún significado. Tanto la Unión como los EE.UU. son grandes inversores en nuestras antiguas empresas públicas, ambos son actores principales en los mercados financieros, los dos son socios comerciales, cuyos intereses a veces coinciden y a veces chocan. Por lo tanto, el interés debe ser analizado caso por caso.
Después de puntualizar los problemas que perturban la economía, es más probable que estemos de acuerdo en lo político. Ustedes, los europeos, entienden mejor que los americanos las diferencias entre países y regiones de Latinoamérica. Además, no tienen los compromisos militares globales, a menudo poco deseables, que tienen los Estados Unidos, y que no deberíamos ser obligados a compartir. Son ventajas que deberíamos tener en cuenta. La historia, la economía, la demografía, la cultura han forjado lazos entre diferentes países de Europa y las naciones que forman el Mercosur. Y estamos de acuerdo en que la globalización no es aceptable como un simple disfraz de la hegemonía norteamericana.
La última dictadura, entre 1976 y 1983, oscureció nuestra vida social e hizo desaparecer a por lo menos 10.000 personas y tal vez a 30.000. El final de ese gobierno militar está inextrincablemente ligado con la guerra del Atlántico Sur entre Argentina y el Reino Unido. Herida mortalmente en esa guerra loca, la dictadura colapsó y fue obligada a llamar a elecciones libres. El mes que viene la renacida democracia argentina cumplirá quince años, el más largo período sin golpes militares en todo el siglo. Esta democracia ha renunciado al uso de la fuerza para resolver la disputa por las islas. Sin embargo, ni la guerra ni los subsecuentes pasos hacia la reconciliación que dieron ambos países pueden borrar un conflicto tan antiguo. Hace casi cuarenta años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el conflicto de las Malvinas/Falklands debía resolverse como parte del proceso de descolonización. Esto significa recomenzar las conversaciones anuales sobre soberanía entre ingleses y argentinos. Por suerte, nos hemos librado de personajes como la dama de hierro y el general del Scotch, uno representando un Hitler grotesco, la otra un Churchill con faldas. Aprovechemos estas nuevas y felices circunstancias en nuestras respectivas realidades políticas, y recomencemos las conversaciones, sin expectativas desproporcionadas ni planes extravagantes, pero decididos a lograr un acuerdo final.

El oxymoron de Buenos Aires

Cada occidental que llega a la Argentina queda intrigado por la expresión “inseguridad jurídica”, muy popular entre nosotros, que significa literalmente “legal insecurity”. Esta traducción literal es graciosa. “Legal insecurity” es una expresión que no existe en inglés. Peor aún, suena como un oxymoron, una combinación de términos contradictorios, porque en el imperio de la ley no debe haber lugar para la inseguridad. Por razones similares, no es fácil traducir su contrario. “Seguridad jurídica”, literalmente “legal security”, suena como una tautología. No encontré un equivalente más apto que “imperio de la ley”. Si lo pensamos dos veces, concluiremos que la inseguridad jurídica no es compatible con el imperio de la ley, y que un país que no se rige por la ley no es una democracia plena.
En 1990, el actual gobierno argentino usó su mayoría en el congreso para crear de la noche a la mañana una Corte Suprema, aumentando su número de cinco a nueve miembros. Dos de los ministros de la Corte renunciaron, lo que le permitió al presidente Menem nombrar seis ministros en un solo día. Menem presentó al Congreso los pliegos de sus candidatos un jueves a la tarde y fueron confirmadas por el Senado el viernes por la mañana, en una sesión secreta de siete minutos, sin la presencia de los legisladores de la oposición. No hubo análisis previo de los candidatos, no hubo audiencias públicas, apenas el peso de una mayoría propia usada irresponsablemente.
El ex socio en el estudio de abogados del presidente Menem es ahora el presidente de la Corte. Su currículum oficial revela que ha publicado “algunos artículos sobre derecho municipal”. Era dueño de una farmacia y fue jefe de policía de su provincia natal (y la de Menem). El vice presidente de la Corte Suprema es el cuñado del jefe del servicio de inteligencia. Su antecedente más importante es el de haber sido presidente de la Asociación nacional de tenis. Además de inundar la Corte con esta clase de personas, en la jurisdicción clave del fuero federal, la ciudad de Buenos Aires, Menem nombró al 90 por ciento de los funcionarios de alto rango. Los criterios presidenciales quedaron expuestos con el nombramiento como fiscal del hijo de su tarotista, que luego fue encarcelado por hacerse pasar por abogado cuando no lo era. Ocho años y cientos de fallos después, muchos piensan que el control de Menem sobre los tribunales fue concebido para protegerse a sí mismo y para trabar al sistema constitucional de controles, cuya misión es evitar el poder absoluto. Más de cien miembros del gabinete, altos funcionarios y parientes del presidente han sido investigados bajo cargos de corrupción. Cada uno fue declarado inocente por un poder judicial amistoso. En nuestro país, el juez imparcial es solo una expresión de deseos.
Cuando la prensa investiga estos casos, Menem la insulta, querella a los periodistas y envía proyectos de ley mordaza que afortunadamente el Congreso nunca aprueba. En 1995, después de ser reelecto, dijo en la Casa de gobierno que no solo le había ganado a los partidos de oposición sino también a la prensa. Se me ocurrió el título de uno de mis últimos libros después de una broma del ex primer ministro británico John Major a Menem y al presidente Bill Clinton, en Nueva York. “No sería bueno un mundo sin periodistas”, preguntó Major sonriendo delante de la nube de fotógrafos que pujaba por obtener su imagen. No se me ocurriría defender a Major pero estoy seguro de que lo dijo irónicamente y no con el sentido político en que lo entendió Menem.

La transparencia y el efecto Coriolis

Ahora quisiera regresar al punto de vista de Fareed Zakaria. La Unión Europea ha conseguido notorios logros organizativos y culturales que para los latinoamericanos continúan siendo objetivos distantes. Para alcanzarlos tendremos que trabajar duro. En la Europa unida nadie cuestiona que los servicios públicos administrados por compañías privadas deben ser controlados por funcionarios independientes y honestos, y que sus ganancias solo deberían provenir de procedimientos operativos cada vez más eficientes. Esta sencilla premisa, aceptada de buen grado por las empresas europeas en Europa, no siempre es aplicada por las mismas empresas al sur del Ecuador. Esto significa una especie de efecto Coriolis. Debido al comportamiento diferente de las compañías europeas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, las aguas de la honestidad de los funcionarios públicos corren en direcciones diferentes. Voy a mencionar algunos ejemplos de la experiencia argentina:
* Algunas de las privatizaciones más importantes fueron realizadas por decreto presidencial o contratación directa, sin participación del Congreso.
* Todos los contratos firmados entre el gobierno argentino y filiales de compañías europeas (y sus muy activos socios locales, por supuesto) fueron renegociados una y otra vez. No estoy familiarizado con la legislación y la práctica legal europeas, pero en los EE.UU. aprobaron una Ley de Renegociación hace casi medio siglo. La ley permite reexaminar los contratos del gobierno para determinar si hubo ganancias excesivas que puedan ser recuperadas por el gobierno, o sea por el pueblo. En Argentina sólo las compañías pueden aumentar sus ganancias en cada ronda de renegociación, en detrimento del consumidor y los contribuyentes, y para delicia de los cada vez más ricos funcionarios corruptos.
* Una joint venture de compañías francesas, británicas y españolas ganó la privatización del servicio de aguas y alcantarillado. El acuerdo permitía instalar medidores individuales de agua. La empresa decidió unilateralmente instalarlos no en cada departamento, sino en cada edificio, considerando a cada consorcio responsable por el pago de todas las cuentas. En una reunión con el principal ejecutivo europeo de la empresa, el Ombudsman nacional objetó la medida. “Usted viene de un país liberal, pero se está comportando como lo hacían los comunistas”, dijo. Debo explicar que este funcionario tiene un pasado conservador. De otro modo, sabría que los países del bloque oriental no eran tan estrictos a la hora de cobrar las cuentas. En mi modesta opinión, “fascismo” es una palabra más apropiada para describir esta actitud. Como sea, no tiene nada que ver con los valores liberales.
* Mientras la Corte Suprema estudiaba una causa sobre tarifas telefónicas, el gobierno y la compañía involucrada solicitaron al tribunal –el mismo día, a la misma hora– que pospusiera su decisión. Aunque sus intereses eran supuestamente contrarios, ambas presentaciones eran idénticas, escritas en la misma máquina, y hasta repetían el mismo error, corregido a mano. El abogado de la compañía era el hijo del presidente de la Corte que, debe recordarse, fue socio de Menem. Créase o no, el padre del funcionario que representó al estado en este caso también era un ex socio en el estudio del presidente. Como pueden ver, los valores familiares son universales. Esta situación terminó en un aumento de tarifas que pagó la gente. Un artículo de una revista afirmó que se pagó una coima de 50 millones de dólares. Nadie desmintió la información, o le hizo juicio al editor. Para equilibrar los tantos, la compañía telefónica es parcialmente americana, parcialmente europea y parcialmente del triángulo de las Bermudas.
* El factor tiángulo de las Bermudas no es broma. Cuarenta por ciento de la compañía que controla esa empresa telefónica, dos cadenas nacionales de televisión y varias operadoras de cable pertenece a accionistas misteriosos. Su dirección legal es una casilla de correo en Tortola, en las Islas Vírgenes Británicas. Su capital es de 50.000 dólares y ni la DGI ni la Comisión Nacional de Valores la controlan. Sus socias son empresas americanas y europeas que no parecen preocupadas por tan anormal situación. Tal vez, la razón de tanta calma es que uno de los principales asesores de la empresa fantasma es el ex ministro que manejó el proceso de privatización y renunció ante un escándalo mayúsculo de corrupción. El lavado de dinero de las coimas, del llamado crimen organizado, la venta de armas y el narcotráfico no sería tan fácil sin este tipo de paraísos fiscales y bancarios offshore. Los gobiernos deberían comprometerse a erigir barreras políticas para inducir a las compañías europeas a comportarse en el sur del mismo modo que lo hacen en casa. Deberían evitar que los paraísos fiscales se usen como santuarios para prácticas ilegales. Así podrían neutralizar el efecto Coriolis económico y fortalecer la virtud pública y privada, tanto aquí como allá. En el ranking anual de Transparency International, algunos países del Mercosur, como Argentina, tienen mala nota. Esto es algo que los gobiernos y las compañías europeos no pueden ignorar. Los argentinos sabemos bien que hacen falta dos para bailar el tango.

Piratería y control

Aunque las condiciones del mundo en los años ‘90 son bastante diferentes a las de los años ‘30, algunos problemas claves siguen igual que después de la gran depresión, cuando cientos de millones de personas no encontraban empleo. Hoy, cuando son más de mil millones, hasta el ex secretario de Estado de los EE.UU., Henry Kissinger, propone construir un nuevo tratado sobre las ruinas de Bretton Woods, distinguiendo entre inversiones de capital a largo plazo y capitales golondrina. La mejor propuesta de este tipo fue hecha por un economista americano inspirado en el más ilustre economista británico, John Maynard Keynes. El impuesto sobre las transacciones especulativas de divisas fue concebido hace dos décadas por el premio Nobel James Tobin y rechazado hace dos años por el grupo de los Siete. Navegando en Internet descubrí un análisis de este rechazo, cuyo autor no recuerdo. Le pido perdón por el olvido a ella o a él, pero no puedo resistir la tentación de citarla/o: “La situación actual es similar a la que existía cuando algunos pueblos usaban buques para atacar a otros buques y a ciudades costeras por todo el mundo. La piratería fue controlada sólo cuando las naciones cooperaron para extender el imperio de la ley a los océanos. ¿No deberíamos estar preparando las bases para un orden renovado antes de que los piratas financieros se apoderen de toda la riqueza del mundo?”
No soy un economista. Tal vez el impuesto de Tobin pueda ser el primer pilar para el muy necesario keynesianismo global. Tal vez no. Como sea, debemos hacer algo, y pronto, para ponerle fin al escándalo de esta sociedad global, cuyas desigualdades son de tal magnitud que se están convirtiendo en una nueva categoría. En lugar de estar dividida por barreras de clase o riqueza, la humanidad parece dividida en distintas eras históricas. Mientras que un ínfimo número de personas vive vidas de ciencia ficción, desarrollando hasta límites antes desconocidos sus capacidades materiales y espirituales, una mayoría creciente retrocede a épocas pasadas de la humanidad, a la edad media más oscura. En los últimos treinta años hemos aprendido algunas lecciones. En proporciones diferentes, la miseria está esparcida por todas partes. Esto es algo que los latinoamericanos como un todo no podemos reprochar a los europeos como un todo. A cada lado de la división hay víctimas y beneficiarios. Mi principal esperanza es que este temible estado de cosas llegue a su fin.

Verbitsky presentó esta ponencia originalmente en inglés. Fue traducida para su publicación.

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