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Por Julio Nudler |
 ¿El
megapréstamo del Banco Nación y otras entidades oficiales al Grupo Yoma, de la familia
política del presidente Menem, fue o no un crédito a una empresa vinculada, clase de
operación siempre mal vista y restringida, pero ahora sencillamente prohibida por el
Banco Central? La drástica medida dispuesta el jueves por Pedro Pou fue rápidamente
leída como una reacción de hartazgo ante los autopréstamos detectados en el BCP, el
Patricios y el Mayo. Pero la decisión del BCRA puede responder a objetivos más vastos y
hasta fríamente calculados.Es obvio que la manipulación de la cartera crediticia de la banca oficial para favorecer intereses ligados al poder político no cae dentro del alcance de la resolución tomada por el Central. Y es también evidente que ella tampoco se refiere a esos tres bancos zozobrados. La pregunta es, entonces, en quién está pensando Pou. Algunos sospechan que su resolución tiene nombre y apellido. Otros, que por lo menos tiende a desestabilizar a un conjunto de bancos pequeños o regionales, sobre todo porque no se conforma con vetar nuevos préstamos a vinculadas sino que impone su cancelación, y para colmo en una coyuntura financieramente difícil como la actual. ¿Qué pasará si el deudor no cancela al vencimiento? Que el banco afectado se verá compelido a inyectar capital fresco en su balance, y si no puede o no quiere hacerlo, a cerrar o poner el cartel de remate. De todas formas, la dimensión que asumirá el problema dependerá del celo con que la Superintendencia de Entidades Financieras (que ha vuelto a ser una dependencia del BCRA) se lance a detectar ocultos créditos a vinculadas, no reconocidas como tales. En principio, la prohibición dictada es un arma para seguir profundizando la concentración bancaria. Todo el mundo sabe que una parte de los deudores vinculados son inviables o insolventes, o se insolventarán cuando se les exija la plata, con lo que esos autopréstamos de los banqueros revelarán su carácter de vaciamiento. Más que los abusos en los préstamos a tomadores relacionados, superando los topes
fijados, lo que volvió bastante inútiles las precauciones legales fue siempre la
dificultad práctica de descubrir los lazos interempresarios cuando se los quiere ocultar
mediante testaferros o cadenas de compañías. También influyó la propia ambigüedad de
las definiciones. Si, por ejemplo, el hermano o el hijo de un banquero posee una firma, a
ésta no se la considera por ese solo hecho vinculada con el banco. La prohibición ahora
impuesta golpeará a las vinculaciones asumidas y, en principio, no afectará a las
disfrazadas. |