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CITARAN A ASTIZ, PERNIAS, PEYON Y WHAMOND

Los muchachos de la ESMA

Ragnar Hagelin, padre de una adolescente sueca desaparecida formuló este pedido a la jueza, tras las declaraciones de una ex detenida desaparecida.

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Ragnar Hagelin, padre de Dagmar, desaparecida en la ESMA.


t.gif (67 bytes)  La Cámara Federal citará a los represores de la ESMA Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Fernando Peyón y Francis Whamond a partir de un pedido de Ragnar Hagelin, padre de Dagmar, una adolescente sueca secuestrada. "Espero ansioso esa audiencia para confrontarme cara a cara con Whamond, el torturador de mi hija", dijo ayer a Página/12 Hagelin. En su edición del lunes, este diario publicó el testimonio de Mercedes Carazo, quien fue, como Dagmar, detenida en la ESMA y en cautiverio se convirtió en amante del represor Antonio Pernías. Carazo reveló a una jueza de Lima que durante su detención habló con la muchacha sueca y vio embarazadas a las que se mantenía con vida hasta que daban a luz. "Lamento no haber estado para poder hacer preguntas que la jueza Luisa Riva Aramayo no formuló", sostuvo telefónicamente ayer Hagelin desde Suecia.

"El testimonio de Carazo se centra más en su propia historia, lo cual no me parece mal, pero debía dar más información. No se hicieron las preguntas que nosotros teníamos pensado hacer y que podrían conducir a una serie de nuevos hechos que darían más luz a la investigación", sostuvo Hagelin. Carazo declaró en Lima --donde vive desde 1980-- ante la jueza Luisa Riva Aramayo. Lo hizo en el marco de una causa que investiga la verdad y el destino final de los desaparecidos en este país durante la última dictadura militar. La causa fue impulsada por la compañera de Rodolfo Walsh, Lilia Ferreyra, sus familiares y los de Dagmar Hagelin, las monjas francesas y otros desaparecidos de la ESMA. Tiene características procesales especiales: no tiene efectos penales y los testigos pueden negarse a declarar. A pesar de estas restricciones, el padre de Hagelin consideró ayer que el interrogatorio de la jueza podría haber sido más esclarecedor. Está convencido del grupo de gente que vio a su hija en la ESMA, el testimonio de Carozo es el más importante porque "maneja datos que provinieron directamente de la boca de los represores".

Ayer, Hagelin contó que "hace un par de años, Carazo le dijo a la televisión sueca que había hablado sobre el caso de mi hija con el propio Pernías y con el "Tigre" Acosta, y que ellos reconocían que habían cometido un error. Que esperaban a María Antonia Berger y que la confundieron con Dagmar, pero que como estaban en una situación difícil por la presión diplomática internacional decidieron profundizar el error matándola". También destacó que la fecha en que la mujer dice haber visto a Dagmar en la ESMA "tiene una trascendencia terrible". Es que la ex amante de Pernías dice que este encuentro se produjo entre febrero y marzo de 1977. "A mi hija la llevaron el 27 de enero y lo sabemos concretamente porque el gobierno sueco nos facilitó información confidencial que indica que estuvo viva hasta la segunda quincena de febrero. El rastro se perdió por esa fecha", explicó.

Adolfo Scilingo le contó que por esa época le pidieron que consiguiera un camión de leña para incinerar un cuerpo --lo que ellos denominaban "hacer un asado"-- y aunque el marino no pudo asegurar que efectivamente haya sido para cremar el cadáver de Dagmar, no recuerda que después de esa fecha se haya vuelto a hablar de ella en la ESMA. Hagelin no compra ninguna teoría sobre la muerte: "Sin pruebas no aceptamos hipótesis. Si la quemaron, queremos las cenizas. Si no están, queremos saber quién ordenó matarla. Estas son respuestas que al parecer el gobierno argentino no está en condiciones de dar", finalizó.


QUERELLA CONTRA ALSOGARAY

A favor de la familia

 

t.gif (862 bytes) "Había que ubicarlos y buscarles familias para darles una buena educación, porque las madres los hubieran educado guerrilleros". El ingeniero Alvaro Alsogaray justificó así la apropiación de hijos de desaparecidos. Por esa afirmación, las Abuelas de Plaza de Mayo presentaron ayer una querella penal por "apología del delito" contra el diputado.

Alsogaray hizo estas declaraciones en el programa "A dos voces" del 21 de octubre pasado. Alcira Ríos, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que el capitán ingeniero hizo "apología de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores, supresión de estado civil y falsificación de documentos públicos. Y agregó que "el hecho es más grave por la función de Alsogaray en este estado de derecho". Por eso, la abogada solicitó que al diputado se le aplique la pena máxima.

"No me sorprende. Conozco bien las actividades disolventes de estos grupos que constantemente están en una revisión del pasado que no es la que corresponde en sentido histórico", dijo Alsogaray al enterarse de la querella. En diálogo con Martín Pittón, por Radio El Mundo, el diputado afirmó que no había incurrido en apología del delito, pero ratificó lo dicho por televisión: "Había madres guerrilleras embarazadas que tenían chicos en la reclusión. A esos chicos no se los podían entregar a las guerrilleras, que proclamaban que los hijos debían seguir el camino de sus padres. Había que hacer algo con esos chicos. Eso significaba tratar de ubicarlos en alguna familia que les permitiera crecer sanamente y educarse", aseguró. Además, desconociendo la búsqueda de las Abuelas, afirmó que "durante esa época los abuelos no se mostraban demasiado. No decían que eran los abuelos de los guerrilleros".

 


Los fusilados de 1956

 

t.gif (862 bytes) Los familiares de los fusilados en la Masacre de León Suárez, en 1956, serán reparados económicamente si el Ministerio de Economía aprueba un proyecto presentado por el Ejecutivo. La Subsecretaría de Derechos Humanos anunció que, además, se estudia la posibilidad de extender las indemnizaciones a los niños nacidos en cautiverio y a los exiliados durante la última dictadura.

Los descendientes de los militantes peronistas fusilados en 1956 por participar del levantamiento del general Juan José Valle contra el golpe militar que derrocó a Juan Domingo Perón podrán iniciar los trámites para cobrar 244 mil pesos si Economía da el visto bueno y el Congreso aprueba la ley. La subsecretaria de Derechos Humanos, Inés Pérez Suárez, anunció que además está analizando un proyecto que contemple a los niños nacidos en cautiverio. Sobre quienes estuvieron exiliados afirmó que "será más complicado incluirlos" porque los casos "son muy difíciles de probar".

 

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