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 “Con
estas intimidaciones (el oficialismo) está logrando el verdadero objetivo: que se dilate
la investigación sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que es lo más
importante.” Esta es, además de las presuntas escuchas ilegales al fiscal Carlos
Stornelli, una de las cuestiones que más preocupan al diputado frepasista Horacio
Viqueira, quien colaboró con datos clave para la pesquisa judicial sobre envío de
armamento. El ministro del Interior, Carlos Corach, dijo ayer que al Gobierno “no le
consta” que haya existido la pinchadura y el ministro de Justicia, Raúl Granillo
Ocampo, ofreció “todas las garantías” al fiscal. Mientras tanto, el juez
Claudio Bonadío, a cargo de la causa que se inició por la denuncia de Stornelli, dio un
plazo de 72 horas a las telefónicas para que remitan un informe con los datos que puedan
llevar a deducir si alguien violó las líneas telefónicas del letrado. Stornelli hizo la denuncia el lunes pasado, a raíz de la información vertida en una nota del periodista Joaquín Morales Solá publicada en La Nación en la que afirmaba que el Ejecutivo había tenido acceso a un estudio del Excalibur para analizar las comunicaciones del fiscal. “No he efectuado imputaciones contra nadie en particular”, aclaró ayer Stornelli. Pero pidió que se estudie “si hubo delito de acción pública o abuso de autoridad”, o sea, si los responsables son o no funcionarios gubernamentales. Morales Solá declarará mañana ante el juez Bonadío. Para la misma jornada el magistrado aguarda los reportes de las telefónicas. Estos datos, sin embargo, no determinarán si las líneas fueron efectivamente intervenidas (sólo se sabrá si hubo gestiones con ese fin), para lo que es necesario efectuar una pericia. “Al Gobierno le viene bárbaro distraer a la Justicia”, insistió Viqueira. “Ya logró que se frenaran las citaciones al general Martín Balza y al canciller Guido Di Tella”, agregó. Hace dos semanas Menem pidió sin éxito al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, que investigara las actuaciones de Stornelli. Otra embestida vino desde la Defensoría General de la Nación que, también con poca suerte, intentó quitar al juez Jorge Urso la causa contra Luis Sarlenga (conexa a la de armas), ex interventor de Fabricaciones Militares, y la derivara al fuero penal. El enojo del diputado del Frepaso venía reforzado también porque dos semanas atrás el legislador justicialista Carlos Soria le había dicho (en un intervalo del programa “Hora Clave”) que tenía conversaciones grabadas entre él y el fiscal Stornelli. Aunque Soria dijo que se había tratado de “una cargada” y que “todo es un escándalo periodístico”, a Viqueira nada lo convence. Corach dijo ayer que el Gobierno no se siente aludido por la denuncia de Stornelli. Se escudó en que “cualquier delincuente puede realizar interferencias telefónicas”. En función de las acusaciones circulantes, dijo que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) “sólo interfiere comunicaciones telefónicas por orden judicial” y que toda pinchadura sin orden de un juez es ilegal. Desde el polo opuesto, el jefe de gobierno porteño, Fernando de la Rúa, cuestionó la imparcialidad del juez Bonadío, quien saltó desde la Secretaría de Legal y Técnica a los tribunales federales de la mano de Corach (que era titular de esa repartición) y fue denunciado por Domingo Cavallo. Carlos “Chacho” Alvarez, en tanto, acusó al Gobierno de apelar “a los mecanismos de las mafias”.
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