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Por A. M.  "Es un acto histórico y un acontecimiento central para
las instituciones argentinas", aseguró el presidente de la Corte Suprema, Julio
Nazareno, en el discurso que pronunció ayer en el Teatro Cervantes tras la jura de los
veinte miembros del Consejo de la Magistratura. El aplauso fue tibio y la platea sólo se
entusiasmó cuando Raúl Alfonsín subió al escenario para firmar el acta de
constitución. El ex presidente fue ovacionado. "Es el padre de la criatura", se
escuchó en los palcos. El documento fundacional también fue rubricado por el ministro de
Justicia, Raúl Granillo Ocampo, el procurador general, Nicolás Becerra, el senador
Eduardo Menem y los ministros de la Corte Suprema, quienes tuvieron que soportar el
incómodo silencio que acompañó sus movimientos.
"Los consejeros representan a las corrientes de opinión mayoritaria y minoritaria de la sociedad y su pluralidad ayudará al Poder Judicial. El camino fue largo y difícil, y hubiésemos querido que haya sido antes la puesta en marcha", concluyó el riojano Nazareno que preside el flamante organismo. Mientras los familiares y amigos de los consejeros llenaban el escenario --eran tantos que en los abrazos más efusivos varios corrieron riesgo de caerse-- los funcionarios hicieron declaraciones en el hall, camino a la retirada. "No me siento responsable por el descreimiento en la Justicia", dijo el juez de la Corte Suprema, Guillermo López. "La falta de credibilidad en el sistema judicial no me hace sentir angustiado", afirmó su colega, Augusto Belluscio. El ministro de Justicia defendió a los miembros del Consejo que no presentaron su declaración patrimonial ante Poder Ciudadano. "No tienen obligación de entregar su declaración de bienes. Hay gente que le gusta cuidar su privacidad y lo hacen evitando que este tipo de información se haga pública y me parece que hay que respetar ese aspecto. La privacidad es un derecho humano." El juez y consejero Claudio Kiper coincidió con el ministro en que "hay que respetar la privacidad", aunque él ya entregó el cuestionario con el detalle de sus bienes. En un intento por recuperar el tiempo perdido, ayer a la tarde el Consejo tuvo su primera reunión de trabajo en la sala de audiencias de la Corte Suprema, aunque el lunes hubo un encuentro informal que duró varias horas, en el cual empezaron a discutir sobre la primera tarea que tienen por delante: la redacción del reglamento interno que regirá las actividades del organismo. Ya existen tres borradores: uno a cargo de los abogados y los jueces, otro del senador Augusto Alasino y un tercero de Garrote, además de la propuesta de Poder Ciudadano (ver aparte). La elaboración de ese conjunto de normas no es un tema menor. Los primeros roces ya aparecieron porque los políticos quieren contratar a sus asesores de confianza, mientras que el sector "profesional" prefiere rodearse con personal "de carrera". "Si los diputados y senadores traen más políticos no se podrá transparentar nada", argumentó uno de los miembros del Consejo. Los consejeros que ya perciben un sueldo como funcionarios trabajarán ad honorem, mientras que los abogados y los académicos cobrarán 6500 pesos. Algunos miembros del Consejo ya empiezan a calentar los motores. El diputado Melchor Cruchaga y la jueza Margarita Gudiño Kieffer coincidieron en que es posible revisar los pedidos de juicio político que fueron rechazados "in limine" por la comisión del Congreso. Son los casos de Luisa Riva Aramayo, Wenceslao Cardozo, Carlos Liporaci y Jorge Urso.
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