Por Felipe Yapur y Adrián H. Mouján
 “No nos
obliguen a violentar la letra de la Constitución nacional”, gritó el senador
entrerriano Augusto Alasino a sus pares de la Alianza en un intento de trastrocar los
roles con la oposición que consideró inconstitucional el ingreso de los gobernadores
Adolfo Rodríguez Saa, de San Luis, y Carlos Juárez, de Santiago del Estero, a la Cámara
alta. A pesar de la oposición de radicales y frepasistas, el justicialismo ya consiguió
incorporar otros dos senadores utilizando una argumentación, según la oposición,
distorsionada de la Carta Magna. Para la semana que viene el PJ tiene previsto sumar a
Ramón “Palito” Ortega en representación de Tucumán. Para eso deben llegar a
un acuerdo con Olijela del Valle Rivas, que es quien, según la Justicia, tiene derecho a
ocupar esa banca.
Tras cinco horas de sesión y una extenso debate, el peronismo una vez más logró su
objetivo: continuar incorporando senadores para mantener la mayoría en la Cámara ante
una eventual derrota electoral en 1999. El oficialismo logró este propósito al aprobar
un dictamen en donde las figuras de Juárez y de Rodríguez Saa, quienes según el
artículo 73 de la Constitución deben renunciar para ser senadores, aparecen mezcladas
con las de otros legisladores propios y ajenos cuyos pliegos cumplen al pie de la letra
con lo que demanda la ley.
La sesión fue presidida desde su comienzo por su presidente natural, el vicepresidente
Carlos Ruckauf, pero cuando llegó el momento de discutir los pliegos de los senadores le
cedió la presidencia a Eduardo Menem y partió rumbo a La Plata a participar de un acto
junto a Eduardo Duhalde. Las relaciones entre Ruckauf y el bloque oficialista todavía
están tensas. Esto se hizo evidente en un cruce que tuvo con el ultramenemista Jorge
Yoma.
“Lo estamos esperando señor senador”, le dijo Ruckauf a Yoma. “Muchas
gracias, presidente”, respondió el riojano. “Es un placer”, retrucó el
titular de la Cámara alta haciendo brillar los dientes que llenan su eterna sonrisa.
“Están debilitando las jerarquías de los otros siete senadores”, se quejó el
titular del bloque radical, José Genoud, que ayer fue reelegido para ese cargo por
séptima vez. Los senadores en cuestión son Juan Carlos Altuna (UCR-Chubut), Luis
Molinari Romero (UCR-Córdoba), Mario Losada (UCR-Misiones), Silvia Sapag (Movimiento
Popular Neuquino), Marcelo Romero (Movimiento Popular Fueguino) y los peronistas Eduardo
Menem (La Rioja) y Remo Constanzo (Río Negro). Estos dos últimos no hicieron ningún
comentario al respecto de su supuesta debilitada jerarquía.
En el caso de los gobernadores cuestionados, el oficialismo impuso su visión de que los
pliegos debían ser aprobados aunque postergaran el juramento hasta tanto renuncien a sus
cargos provinciales. Mientras que la oposición argumentaba la incompatibilidad de cargos
que establece el artículo 73 de Constitución. Otro argumento que utilizaron es el del
gobernador tucumano y ex represor Antonio Domingo Bussi. La “doctrina Bussi”,
como denominó el senador riojano Jorge Yoma a la insistencia de la oposición, fue
desechada por los justicialistas al considerar que no se le aceptó el pliego de senador
suplente por cuestionamientos de índole moral y ética.
El justicialista unificó su posición luego de una extensa reunión en donde el grupo de
los ‘ocho’ (ver aparte), que integran Carlos Reutemann, Eduardo Bauzá, Antonio
Cafiero y José Manuel De la Sota, entre otros, impusiera la orden de reestructurar la
situación de la bancada. Como primer punto alinearon a los legisladores para ponerle fin
a la crisis con Ruckauf. Luego se resolvió que el dictamen que debía votarse debía
incluir a todos los senadores cuyos pliegos debían tratarse ayer. De esa forma evitaron
que la intención de la oposición de votar provincia por provincia. También resolvieron
postergar el tratamiento del pliego de Ramón ‘Palito’ Ortega. Los senadores
esperan que Olijela del Valle Rivas se baje de su pretensión, convalidada por la
Justicia, de ocupar una banca por Tucumán. No confían en su espíritu partidario sino en
elementos más tangibles: que el propio Presidente medie y le ofrezca un cargo en el
Ejecutivo o en la Cámara alta, que podría ser el de secretaria parlamentaria. No parece
que sea tarea sencilla convencer a Rivas de cambiar un mandato de seis años por un cargo
más efímero. Por lo pronto, colaboradores de la legisladora tucumana confiaron a
Página/12 que “la Negrita va a pelear su banca hasta lo último”.
Los senadores justicialistas también le pedirán a Menem que le ordene a Raúl Granillo
Ocampo que convoque a un congreso del peronismo porteño para designar al reemplazante de
Mario ‘Pacho’ O’Donnell antes de los primeros días de 1999. El temor
oficialista es si la ausencia de un representante porteño se sumara a las de Juárez,
Rodríguez Saa y Ortega, lo que dejaría al peronismo sin cuatro votos hasta abril, según
calcularon diferentes miembros de la bancada justicialista.
Luego de que se aprobaron los pliegos de los nuevos senadores, Pedro Del Piero,
representante porteño de la Alianza, criticó duramente al oficialismo cuando dijo que
“éstos no tienen límites. No respetan ni el reglamento, no entienden que no hay
medio senador o senador de mientras tanto. Con esta votación vamos a tener en la Cámara
a los hermanos Rodríguez Saa y al matrimonio Juárez. Si esto sigue así, la gente nos va
a quemar en la calle. Llevamos cinco extensas sesiones sin que se destrabe la crisis con
el oficialismo”, dijo el senador y raudamente salió junto a sus pares de la Alianza,
excepto el rionegrino Horacio Massaccesi, del edificio para dejar sin quórum al Senado.
El heredero
Por A.H.M y F.Y.
El santiagueño José Figueroa se sienta a la izquierda de Eduardo Menem, en el Senado
de la Nación, y desde ayer está tranquilo porque ya sabe que a partir del 10 diciembre
continuará teniendo trabajo: será el reemplazante de Ramón “Palito” Ortega en
la Secretaría de Desarrollo Social cuando éste jure como senador nacional por Tucumán.
En el despacho del senador santiagueño, hay varias fotos que lo muestran junto al
presidente Carlos Menem, de quien es considerado un incondicional. Pero, como nunca se
sabe qué pasará en el futuro, Figueroa tiene entre sus fotos con Menem una con el
gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
Figueroa llega a la función pública de la mano de sus colegas peronistas, que a lo largo
de toda la jornada visitaron su despacho para asegurarse de que la llegada de fondos y
subsidios quede al margen de la interna que enfrente al gobernador bonaerense Eduardo
Duhalde y Menem, y por consiguiente a Ramón “Palito” Ortega. El tucumano
también lo visitó ayer y se aseguró de que sus colaboradores permanezcan en sus puestos
mientras dure la interna del PJ. |
UN BLOQUE DENTRO DEL BLOQUE
Ocho que valen por más
Por F.Y. y A.H.M.
El bloque de senadores
nacionales del PJ no es un grupo que logre fácilmente unificar posiciones para tomar
decisiones. Algunos de sus miembros responden al presidente Carlos Menem, otros al
precandidato Eduardo Duhalde y unos pocos muñequean de acuerdo con sus necesidades. Esto
no es una novedad. Lo que sí es novedoso es la conformación del grupo de los ocho que,
sin ser mayoría dentro del bloque, tienen (por presencia y prestigio) más poder que sus
pares. Este grupo es el que impuso al resto de la bancada que el catamarqueño Ramón
Saadi no llegará a la Cámara alta jamás. Ahora impulsan a Pacho O’Donnell para
seguir como senador por la Capital en la banca que también ansían Raúl Granillo Ocampo
y Claudia Bello.
Los hombres que conforman este poderoso grupo son los santafesinos Carlos “Lole”
Reutemann y Jorge Massat, los mendocinos Eduardo Bauzá y Carlos de la Rosa, los
bonaerenses Jorge Villaverde y Antonio Cafiero, el riojano Eduardo Menem y el cordobés
José Manuel de la Sota. Estos ocho son los que determinan e influencian, a pesar de
algunos, sobre los otros senadores a la hora de apoyar o desestimar tal o cual proyecto.
Un ejemplo muy claro del poder de estos ocho es la determinación de que se buscará
aprobar los diplomas de senador a los gobernadores Carlos Juárez, de Santiago del Estero,
y Adolfo Rodríguez Saa, de San Luis, a pesar de la oposición de la Alianza. El Grupo de
los Ocho comisionó a Eduardo Menem y a Jorge Yoma para que durante la reunión de
gabinete de hoy le soliciten a Menem que Mario “Pacho” O’Donnell continúe
ocupando la banca que corresponde al PJ Capital. El mandato de “Pacho” vence el
10 de diciembre y Granillo Ocampo, flamante presidente del PJ Capital, aspira a sucederlo,
fantasía que también alienta la secretaria de la Función Pública Claudia Bello.
“Los 8” prefieren que O’Donnell siga en su banca contra los anhelos de
Raúl Granillo Ocampo y de Claudia Bello.
Tres juristas explican la Constitución |
| “Impunidad en el futuro” Julio
César Strassera (fiscal del juicio a los comandantes)
“Un gobernador en ejercicio nunca puede ser nombrado senador, sencillamente porque un
funcionario no puede ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo. Esta maniobra, que se
suma a las irregularidades cometidas con las bancas de Corrientes y Chaco, implica una
nueva maniobra del oficialismo para garantizarse impunidad en el futuro. Yo creo que la
insistencia en nombrar a los dos gobernadores se relaciona con la interna del PJ, porque
se trata de dos personajes muy poderosos.”
“No importa cuándo asuma”
Ricardo Gil Lavedra (juez del juicio a los comandantes)
“La teoría del oficialismo es absolutamente inconstitucional. Esto está claramente
expresado en el artículo 73 de la Carta Magna, antiguo artículo 61: un gobernador no
puede ser senador. No importa el día en que asuma, lo que hay que tener en cuenta para
evaluar este tema es el día en que se lo designa. Por lo tanto, mi opinión es que éste
es otro intento de la bancada justicialista en el Senado para cometer una nueva violación
a la Constitución Nacional.”
“Son intereses de facción”
Luis Moreno Ocampo (fiscal adjunto del juicio a los comandantes)
“Con estas maniobras, el PJ está actuando de acuerdo a los intereses de una facción
de la Cámara y no de acuerdo a los intereses de cada provincia, que es lo que debería
hacer. El tema clave es cómo hacen los ciudadanos para controlar este tipo de cosas. Una
es el voto popular, pero el problema es que pasa mucho tiempo entre una elección y otra.
Yo creo que, en este sentido, la información pública sobre el tema es crucial, porque es
lo único que podría hacerlos retroceder”. |
Becerra dejó en manos de la Corte
Suprema una decisión política
El procurador dictaminó que el
Tribunal es competente para resolver sobre el senador del Chaco pero no por el de
Corrientes. Las opciones de la Corte.
Nicolás Becerra, procurador
general de la Nación, sólo se expidió sobre el aspecto formal.
“No me pidieron un dictamen sobre la cuestión de fondo. Podría opinar
sobre eso más adelante.” |
|
Por Irina Hauser
El procurador general de
la Nación, Nicolás Becerra, elaboró un dictamen en el que considera que la Corte
Suprema no es competente para resolver el caso del legislador liberal correntino Carlos
Tomasella, quien le exige su banca en el Senado al justicialista Rubén Pruyás. En
cambio, sostuvo que sí podría tratar el reclamo del radical chaqueño Carlos Pavicich,
cuyo lugar fue usurpado por el justicialista Hugo Sager. Los supremos pueden tomar o
desechar el planteo. Lo harán en un acuerdo extraordinario previsto para el lunes, dos
días antes de la jura de los nuevos legisladores. Así, los jueces también estarían a
tiempo para hacer lugar a una medida cautelar e impedir la asunción de los senadores
ilegítimos. Cualquiera sea la decisión, la Corte provocará un hecho político porque su
resolución podrá ser leída como un gesto de aval al oficialismo o bien hacia la
oposición. El debate sobre la inconstitucionalidad del nombramiento de los senadores del
PJ podría quedar postergado.
Tanto la Corte como el procurador recibieron las demandas judiciales de los senadores del
Chaco y de Corrientes como una brasa ardiente. Tomasella, del Pacto Autonomista Liberal,
presentó el martes pasado un amparo ante la Corte y el gobernador del Chaco, el radical
Angel Rozas, elevó dos días después una acción declarativa de inconstitucionalidad en
respaldo a Pavicich. También se sumó la demanda del justicialista jujeño Carlos Haquim,
que reivindica la banca que le correspondería en la Cámara alta y que le fue arrebatada
por su correligionario Alberto Tell. Con rapidez inusual los expedientes recorrieron las
vocalías del máximo tribunal y le llegaron a la Procuración.
La palabra de Becerra era necesaria antes del debate en la Corte. El procurador sostuvo
que los ministros pueden tratar los casos del Chaco y de Jujuy. Pero dijo que no tienen
competencia en la acción de amparo presentada por Tomasella. Llegó a esta conclusión
basándose en que la Constitución nacional estipula que la Corte no puede asumir
“competencia originaria” sobre una causa “si el asunto no concierne a
embajadores, ministros y cónsules extranjeros” o si no es parte “una
provincia”. Debido a que Tomasella radicó el amparo a título personal (pero no
respaldado por la provincia), el trámite judicial debería realizarse en el fuero federal
y sólo podría llegar a la Corte por apelaciones posteriores. Pero a raíz de un pedido
del denunciante correntino, el procurador dejó librada a la Corte la opción de citar a
la provincia como tercero.
“Becerra, sin embargo, no se metió con la cuestión de fondo (la constitucionalidad
de los nombramientos). Pero tiene obligación de hacerlo por ley”, disparó un
allegado a la Corte. El procurador refutó: “Los ministros no me pidieron un dictamen
sobre la cuestión de fondo. Podría opinar sobre eso recién cuando el tribunal haya
definido su competencia”.
Los jueces, claro, venían estudiando con anticipación cómo proceder. En el acuerdo del
martes pasado los cuatro ministros que componen la minoría (Gustavo Bossert, Enrique
Petracchi, Augusto Belluscio y Carlos Fayt) propusieron que se tratara las medidas
cautelares antes del lunes. Evaluaron que el tema es delicado y merece un estudio
puntilloso antes de permitir la asunción de los legisladores. Pero quienes componen la
llamada “mayoría automática” (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor,
Guillermo López, Adolfo Vázquez), excepto Antonio Boggiano que –como es su
costumbre– estaba de viaje, se opusieron y pidieron postergar la discusión.
Adicta a los deseos del Gobierno, esta porción mayoritaria del tribunal está en un
verdadero aprieto. La resolución a que lleguen los supremos, sea cual fuere, estará
sujeta a una lectura política. Si, en cuanto a la competencia originaria, respetan el
dictamen de Becerra, el Gobierno podría considerarlo una traición. Peor será el efecto
si detienen la jura de los senadores fechada el próximo miércoles atendiendo al pedido
de no innovar. También existiría la posibilidad, según una versión que trascendió en
los tribunales, de que una mayoría de los ministros el lunesargumente que “no hay
caso judiciable”, es decir, que se trata de un asunto político que deberá resolver
el Senado y punto. Contra este planteo, el abogado Ricardo Gil Lavedra, que asesoró a
Rozas en la presentación judicial, dijo: “Si es materia política o no es algo que
no se puede discutir hasta que se llegue a tratar la cuestión de fondo. No es un
argumento que se pueda esgrimir para fundamentar la incompetencia”.
Nada indica que todo este embrollo se resuelva el lunes, sugirió a Página/12 otro
funcionario cercano a los ministros. Con suerte se aclarará una parte. No sólo por una
cuestión de complejidad sino porque Boggiano no volvió de su viaje a La Haya y, si
regresara, no hay certezas de que pueda votar cómodamente por la incompetencia de la
Corte porque históricamente ha votado lo contrario. Esta situación podría generar
discusiones entre los jueces dóciles al Gobierno. Por otra parte, según explicó Gil
Lavedra en coincidencia con una fuente del tribunal, “para resolver la cuestión de
fondo la Corte tiene que correr la acción al Senado, que tiene la opción de emitir su
respuesta”. De esta manera, no queda descartada una crisis institucional que se
reflejaría en la posible asunción de senadores ilegítimos y en un violento choque entre
el Poder Legislativo y la Justicia.
| Lo que se viene *
Becerra dictaminó que es competencia de la Corte tratar el caso del Chaco pero no
el de Corrientes.
* Los jueces pueden acatar o no lo que dijo el procurador.
* El lunes celebrarán un acuerdo extraordinario, en el que podrían hacer lugar a
una medida cautelar que llevaría a frenar la jura de los senadores ilegítimos, prevista
para el miércoles 25.
* También podrían definir si la Corte tiene competencia originaria ante los
reclamos. Pero, si quieren, pueden postergar este debate.
* También cabe que una mayoría de los jueces diga que se trata de una cuestión
política y que por “no ser un caso justiciable” derive la discusión al Senado
y ponga fin al asunto. Según Gil Lavedra, esta salida no es legal.
* Otra opción es que pospongan el debate sobre la inconstitucionalidad de la
designación de los senadores del PJ y permitan que éstos juren. |
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