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EL PERONISMO SUMO DOS NUEVOS SENADORES CON DIPLOMAS OBJETADOS
Dos más que entran por la ventana

La Constitución prohíbe que un gobernador sea al mismo tiempo senador. Sin embargo, el PJ ayer aprobó el ingreso de los mandatarios de San Luis y Santiago del Estero. Palito, vetado por la Justicia, puede ser el próximo.

El senador santiagueño José Figueroa se solaza junto al operador presidencial Eduardo Bauzá.
A los dos les fue bien: Figueroa reemplazará a Ortega en Acción Social, Bauzá disciplinó al bloque.

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Por Felipe Yapur y Adrián H. Mouján

t.gif (67 bytes) “No nos obliguen a violentar la letra de la Constitución nacional”, gritó el senador entrerriano Augusto Alasino a sus pares de la Alianza en un intento de trastrocar los roles con la oposición que consideró inconstitucional el ingreso de los gobernadores Adolfo Rodríguez Saa, de San Luis, y Carlos Juárez, de Santiago del Estero, a la Cámara alta. A pesar de la oposición de radicales y frepasistas, el justicialismo ya consiguió incorporar otros dos senadores utilizando una argumentación, según la oposición, distorsionada de la Carta Magna. Para la semana que viene el PJ tiene previsto sumar a Ramón “Palito” Ortega en representación de Tucumán. Para eso deben llegar a un acuerdo con Olijela del Valle Rivas, que es quien, según la Justicia, tiene derecho a ocupar esa banca.
Tras cinco horas de sesión y una extenso debate, el peronismo una vez más logró su objetivo: continuar incorporando senadores para mantener la mayoría en la Cámara ante una eventual derrota electoral en 1999. El oficialismo logró este propósito al aprobar un dictamen en donde las figuras de Juárez y de Rodríguez Saa, quienes según el artículo 73 de la Constitución deben renunciar para ser senadores, aparecen mezcladas con las de otros legisladores propios y ajenos cuyos pliegos cumplen al pie de la letra con lo que demanda la ley.
La sesión fue presidida desde su comienzo por su presidente natural, el vicepresidente Carlos Ruckauf, pero cuando llegó el momento de discutir los pliegos de los senadores le cedió la presidencia a Eduardo Menem y partió rumbo a La Plata a participar de un acto junto a Eduardo Duhalde. Las relaciones entre Ruckauf y el bloque oficialista todavía están tensas. Esto se hizo evidente en un cruce que tuvo con el ultramenemista Jorge Yoma.
“Lo estamos esperando señor senador”, le dijo Ruckauf a Yoma. “Muchas gracias, presidente”, respondió el riojano. “Es un placer”, retrucó el titular de la Cámara alta haciendo brillar los dientes que llenan su eterna sonrisa.
“Están debilitando las jerarquías de los otros siete senadores”, se quejó el titular del bloque radical, José Genoud, que ayer fue reelegido para ese cargo por séptima vez. Los senadores en cuestión son Juan Carlos Altuna (UCR-Chubut), Luis Molinari Romero (UCR-Córdoba), Mario Losada (UCR-Misiones), Silvia Sapag (Movimiento Popular Neuquino), Marcelo Romero (Movimiento Popular Fueguino) y los peronistas Eduardo Menem (La Rioja) y Remo Constanzo (Río Negro). Estos dos últimos no hicieron ningún comentario al respecto de su supuesta debilitada jerarquía.
En el caso de los gobernadores cuestionados, el oficialismo impuso su visión de que los pliegos debían ser aprobados aunque postergaran el juramento hasta tanto renuncien a sus cargos provinciales. Mientras que la oposición argumentaba la incompatibilidad de cargos que establece el artículo 73 de Constitución. Otro argumento que utilizaron es el del gobernador tucumano y ex represor Antonio Domingo Bussi. La “doctrina Bussi”, como denominó el senador riojano Jorge Yoma a la insistencia de la oposición, fue desechada por los justicialistas al considerar que no se le aceptó el pliego de senador suplente por cuestionamientos de índole moral y ética.
El justicialista unificó su posición luego de una extensa reunión en donde el grupo de los ‘ocho’ (ver aparte), que integran Carlos Reutemann, Eduardo Bauzá, Antonio Cafiero y José Manuel De la Sota, entre otros, impusiera la orden de reestructurar la situación de la bancada. Como primer punto alinearon a los legisladores para ponerle fin a la crisis con Ruckauf. Luego se resolvió que el dictamen que debía votarse debía incluir a todos los senadores cuyos pliegos debían tratarse ayer. De esa forma evitaron que la intención de la oposición de votar provincia por provincia. También resolvieron postergar el tratamiento del pliego de Ramón ‘Palito’ Ortega. Los senadores esperan que Olijela del Valle Rivas se baje de su pretensión, convalidada por la Justicia, de ocupar una banca por Tucumán. No confían en su espíritu partidario sino en elementos más tangibles: que el propio Presidente medie y le ofrezca un cargo en el Ejecutivo o en la Cámara alta, que podría ser el de secretaria parlamentaria. No parece que sea tarea sencilla convencer a Rivas de cambiar un mandato de seis años por un cargo más efímero. Por lo pronto, colaboradores de la legisladora tucumana confiaron a Página/12 que “la Negrita va a pelear su banca hasta lo último”.
Los senadores justicialistas también le pedirán a Menem que le ordene a Raúl Granillo Ocampo que convoque a un congreso del peronismo porteño para designar al reemplazante de Mario ‘Pacho’ O’Donnell antes de los primeros días de 1999. El temor oficialista es si la ausencia de un representante porteño se sumara a las de Juárez, Rodríguez Saa y Ortega, lo que dejaría al peronismo sin cuatro votos hasta abril, según calcularon diferentes miembros de la bancada justicialista.
Luego de que se aprobaron los pliegos de los nuevos senadores, Pedro Del Piero, representante porteño de la Alianza, criticó duramente al oficialismo cuando dijo que “éstos no tienen límites. No respetan ni el reglamento, no entienden que no hay medio senador o senador de mientras tanto. Con esta votación vamos a tener en la Cámara a los hermanos Rodríguez Saa y al matrimonio Juárez. Si esto sigue así, la gente nos va a quemar en la calle. Llevamos cinco extensas sesiones sin que se destrabe la crisis con el oficialismo”, dijo el senador y raudamente salió junto a sus pares de la Alianza, excepto el rionegrino Horacio Massaccesi, del edificio para dejar sin quórum al Senado.

 

El heredero
Por A.H.M y F.Y.

El santiagueño José Figueroa se sienta a la izquierda de Eduardo Menem, en el Senado de la Nación, y desde ayer está tranquilo porque ya sabe que a partir del 10 diciembre continuará teniendo trabajo: será el reemplazante de Ramón “Palito” Ortega en la Secretaría de Desarrollo Social cuando éste jure como senador nacional por Tucumán.
En el despacho del senador santiagueño, hay varias fotos que lo muestran junto al presidente Carlos Menem, de quien es considerado un incondicional. Pero, como nunca se sabe qué pasará en el futuro, Figueroa tiene entre sus fotos con Menem una con el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
Figueroa llega a la función pública de la mano de sus colegas peronistas, que a lo largo de toda la jornada visitaron su despacho para asegurarse de que la llegada de fondos y subsidios quede al margen de la interna que enfrente al gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y Menem, y por consiguiente a Ramón “Palito” Ortega. El tucumano también lo visitó ayer y se aseguró de que sus colaboradores permanezcan en sus puestos mientras dure la interna del PJ.

 


 

UN BLOQUE DENTRO DEL BLOQUE
Ocho que valen por más

Por F.Y. y A.H.M.

t.gif (862 bytes) El bloque de senadores nacionales del PJ no es un grupo que logre fácilmente unificar posiciones para tomar decisiones. Algunos de sus miembros responden al presidente Carlos Menem, otros al precandidato Eduardo Duhalde y unos pocos muñequean de acuerdo con sus necesidades. Esto no es una novedad. Lo que sí es novedoso es la conformación del grupo de los ocho que, sin ser mayoría dentro del bloque, tienen (por presencia y prestigio) más poder que sus pares. Este grupo es el que impuso al resto de la bancada que el catamarqueño Ramón Saadi no llegará a la Cámara alta jamás. Ahora impulsan a Pacho O’Donnell para seguir como senador por la Capital en la banca que también ansían Raúl Granillo Ocampo y Claudia Bello.
Los hombres que conforman este poderoso grupo son los santafesinos Carlos “Lole” Reutemann y Jorge Massat, los mendocinos Eduardo Bauzá y Carlos de la Rosa, los bonaerenses Jorge Villaverde y Antonio Cafiero, el riojano Eduardo Menem y el cordobés José Manuel de la Sota. Estos ocho son los que determinan e influencian, a pesar de algunos, sobre los otros senadores a la hora de apoyar o desestimar tal o cual proyecto.
Un ejemplo muy claro del poder de estos ocho es la determinación de que se buscará aprobar los diplomas de senador a los gobernadores Carlos Juárez, de Santiago del Estero, y Adolfo Rodríguez Saa, de San Luis, a pesar de la oposición de la Alianza. El Grupo de los Ocho comisionó a Eduardo Menem y a Jorge Yoma para que durante la reunión de gabinete de hoy le soliciten a Menem que Mario “Pacho” O’Donnell continúe ocupando la banca que corresponde al PJ Capital. El mandato de “Pacho” vence el 10 de diciembre y Granillo Ocampo, flamante presidente del PJ Capital, aspira a sucederlo, fantasía que también alienta la secretaria de la Función Pública Claudia Bello. “Los 8” prefieren que O’Donnell siga en su banca contra los anhelos de Raúl Granillo Ocampo y de Claudia Bello.

 

Tres juristas explican la Constitución

“Impunidad en el futuro”

Julio César Strassera (fiscal del juicio a los comandantes)
“Un gobernador en ejercicio nunca puede ser nombrado senador, sencillamente porque un funcionario no puede ocupar dos cargos públicos al mismo tiempo. Esta maniobra, que se suma a las irregularidades cometidas con las bancas de Corrientes y Chaco, implica una nueva maniobra del oficialismo para garantizarse impunidad en el futuro. Yo creo que la insistencia en nombrar a los dos gobernadores se relaciona con la interna del PJ, porque se trata de dos personajes muy poderosos.”

“No importa cuándo asuma”

Ricardo Gil Lavedra (juez del juicio a los comandantes)
“La teoría del oficialismo es absolutamente inconstitucional. Esto está claramente expresado en el artículo 73 de la Carta Magna, antiguo artículo 61: un gobernador no puede ser senador. No importa el día en que asuma, lo que hay que tener en cuenta para evaluar este tema es el día en que se lo designa. Por lo tanto, mi opinión es que éste es otro intento de la bancada justicialista en el Senado para cometer una nueva violación a la Constitución Nacional.”

“Son intereses de facción”

Luis Moreno Ocampo (fiscal adjunto del juicio a los comandantes)
“Con estas maniobras, el PJ está actuando de acuerdo a los intereses de una facción de la Cámara y no de acuerdo a los intereses de cada provincia, que es lo que debería hacer. El tema clave es cómo hacen los ciudadanos para controlar este tipo de cosas. Una es el voto popular, pero el problema es que pasa mucho tiempo entre una elección y otra. Yo creo que, en este sentido, la información pública sobre el tema es crucial, porque es lo único que podría hacerlos retroceder”.

 


 

Becerra dejó en manos de la Corte Suprema una decisión política

El procurador dictaminó que el Tribunal es competente para resolver sobre el senador del Chaco pero no por el de Corrientes. Las opciones de la Corte.

Nicolás Becerra, procurador general de la Nación, sólo se expidió sobre el aspecto formal.
“No me pidieron un dictamen sobre la cuestión de fondo. Podría opinar sobre eso más adelante.”

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Por Irina Hauser

t.gif (862 bytes) El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, elaboró un dictamen en el que considera que la Corte Suprema no es competente para resolver el caso del legislador liberal correntino Carlos Tomasella, quien le exige su banca en el Senado al justicialista Rubén Pruyás. En cambio, sostuvo que sí podría tratar el reclamo del radical chaqueño Carlos Pavicich, cuyo lugar fue usurpado por el justicialista Hugo Sager. Los supremos pueden tomar o desechar el planteo. Lo harán en un acuerdo extraordinario previsto para el lunes, dos días antes de la jura de los nuevos legisladores. Así, los jueces también estarían a tiempo para hacer lugar a una medida cautelar e impedir la asunción de los senadores ilegítimos. Cualquiera sea la decisión, la Corte provocará un hecho político porque su resolución podrá ser leída como un gesto de aval al oficialismo o bien hacia la oposición. El debate sobre la inconstitucionalidad del nombramiento de los senadores del PJ podría quedar postergado.
Tanto la Corte como el procurador recibieron las demandas judiciales de los senadores del Chaco y de Corrientes como una brasa ardiente. Tomasella, del Pacto Autonomista Liberal, presentó el martes pasado un amparo ante la Corte y el gobernador del Chaco, el radical Angel Rozas, elevó dos días después una acción declarativa de inconstitucionalidad en respaldo a Pavicich. También se sumó la demanda del justicialista jujeño Carlos Haquim, que reivindica la banca que le correspondería en la Cámara alta y que le fue arrebatada por su correligionario Alberto Tell. Con rapidez inusual los expedientes recorrieron las vocalías del máximo tribunal y le llegaron a la Procuración.
La palabra de Becerra era necesaria antes del debate en la Corte. El procurador sostuvo que los ministros pueden tratar los casos del Chaco y de Jujuy. Pero dijo que no tienen competencia en la acción de amparo presentada por Tomasella. Llegó a esta conclusión basándose en que la Constitución nacional estipula que la Corte no puede asumir “competencia originaria” sobre una causa “si el asunto no concierne a embajadores, ministros y cónsules extranjeros” o si no es parte “una provincia”. Debido a que Tomasella radicó el amparo a título personal (pero no respaldado por la provincia), el trámite judicial debería realizarse en el fuero federal y sólo podría llegar a la Corte por apelaciones posteriores. Pero a raíz de un pedido del denunciante correntino, el procurador dejó librada a la Corte la opción de citar a la provincia como tercero.
“Becerra, sin embargo, no se metió con la cuestión de fondo (la constitucionalidad de los nombramientos). Pero tiene obligación de hacerlo por ley”, disparó un allegado a la Corte. El procurador refutó: “Los ministros no me pidieron un dictamen sobre la cuestión de fondo. Podría opinar sobre eso recién cuando el tribunal haya definido su competencia”.
Los jueces, claro, venían estudiando con anticipación cómo proceder. En el acuerdo del martes pasado los cuatro ministros que componen la minoría (Gustavo Bossert, Enrique Petracchi, Augusto Belluscio y Carlos Fayt) propusieron que se tratara las medidas cautelares antes del lunes. Evaluaron que el tema es delicado y merece un estudio puntilloso antes de permitir la asunción de los legisladores. Pero quienes componen la llamada “mayoría automática” (Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez), excepto Antonio Boggiano que –como es su costumbre– estaba de viaje, se opusieron y pidieron postergar la discusión.
Adicta a los deseos del Gobierno, esta porción mayoritaria del tribunal está en un verdadero aprieto. La resolución a que lleguen los supremos, sea cual fuere, estará sujeta a una lectura política. Si, en cuanto a la competencia originaria, respetan el dictamen de Becerra, el Gobierno podría considerarlo una traición. Peor será el efecto si detienen la jura de los senadores fechada el próximo miércoles atendiendo al pedido de no innovar. También existiría la posibilidad, según una versión que trascendió en los tribunales, de que una mayoría de los ministros el lunesargumente que “no hay caso judiciable”, es decir, que se trata de un asunto político que deberá resolver el Senado y punto. Contra este planteo, el abogado Ricardo Gil Lavedra, que asesoró a Rozas en la presentación judicial, dijo: “Si es materia política o no es algo que no se puede discutir hasta que se llegue a tratar la cuestión de fondo. No es un argumento que se pueda esgrimir para fundamentar la incompetencia”.
Nada indica que todo este embrollo se resuelva el lunes, sugirió a Página/12 otro funcionario cercano a los ministros. Con suerte se aclarará una parte. No sólo por una cuestión de complejidad sino porque Boggiano no volvió de su viaje a La Haya y, si regresara, no hay certezas de que pueda votar cómodamente por la incompetencia de la Corte porque históricamente ha votado lo contrario. Esta situación podría generar discusiones entre los jueces dóciles al Gobierno. Por otra parte, según explicó Gil Lavedra en coincidencia con una fuente del tribunal, “para resolver la cuestión de fondo la Corte tiene que correr la acción al Senado, que tiene la opción de emitir su respuesta”. De esta manera, no queda descartada una crisis institucional que se reflejaría en la posible asunción de senadores ilegítimos y en un violento choque entre el Poder Legislativo y la Justicia.

 

Lo que se viene

*   Becerra dictaminó que es competencia de la Corte tratar el caso del Chaco pero no el de Corrientes.
*  Los jueces pueden acatar o no lo que dijo el procurador.
*  El lunes celebrarán un acuerdo extraordinario, en el que podrían hacer lugar a una medida cautelar que llevaría a frenar la jura de los senadores ilegítimos, prevista para el miércoles 25.
*  También podrían definir si la Corte tiene competencia originaria ante los reclamos. Pero, si quieren, pueden postergar este debate.
*  También cabe que una mayoría de los jueces diga que se trata de una cuestión política y que por “no ser un caso justiciable” derive la discusión al Senado y ponga fin al asunto. Según Gil Lavedra, esta salida no es legal.
*  Otra opción es que pospongan el debate sobre la inconstitucionalidad de la designación de los senadores del PJ y permitan que éstos juren.

 

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