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 En el día de
su cumpleaños número 83, Pinochet recibirá un regalo o el mayor disgusto de su vida. La
Cámara de los Lores británica anunció ayer que el fallo sobre la apelación contra la
inmunidad del ex dictador chileno se dará a conocer el 25 de noviembre. Si los 12
“law lords” ratifican la imposibilidad de juzgarlo por su condición de ex jefe
de Estado, un avión de la Presidencia chilena lo está esperando en el condado de Oxford
para llevarlo a Chile. Pero si los lores deciden hacer lugar a la apelación, España,
Francia y Suiza podrán enjuiciarlo por los crímenes de su dictadura, para lo cual
deberán esperar a que el ministro del Interior británico, Jack Straw, acepte los pedidos
de extradición que llegaron a su oficina. Mientras tanto, Canadá se sumó ayer a los
países en los que se tramitan demandas que podrían derivar en más pedidos de
extradición.“Pinochet quiere que esto que ha sucedido sea un motivo de unión para los chilenos, de mirar al futuro con un sentido de unidad nacional y no sea por ningún motivo un elemento de discordia y desunión.” Desde Londres, el senador derechista Francisco Pratt envió un mensaje del actual senador vitalicio a su país, el tercero desde el 16 de octubre, el día de su detención. Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights’ Watch enviaron ayer una carta a Straw pidiéndole que no obstaculice un posible juicio contra Pinochet en caso de que los lores revoquen su inmunidad. El funcionario ha dicho en los inicios de este caso que podría hacer “consideraciones humanitarias” respecto del estado de salud del ex dictador y eventualmente liberarlo, pero la presión dentro del gobierno laborista británico para permitir la extradición es fuerte. Hoy la Organización Nacional de Exiliados Chilenos (ONECH) en Gran Bretaña lanzará miles de globos blancos frente al edificio del Parlamento en Londres. “Es el último vuelo para pedir justicia y lo haremos en un acto silencioso para demostrar que lo último que se pierde es la esperanza”, dijo en un comunicado la ONECH. Pero en Chile el recuerdo de los desaparecidos es un tanto más siniestro. Autoridades municipales de la ciudad de La Serena dieron a conocer el martes la identificación de cinco osamentas correspondientes a ejecutados políticos en octubre de 1973. Las exhumaciones de una fosa común realizadas en los últimos días ya dieron como resultado 17 restos extraídos, de los cuales 15 corresponden a personas asesinadas durante la llamada “caravana de la muerte”, una misión especial dirigida por el general Sergio Arellano Stark para eliminar a dirigentes de izquierda. Ana María Merino, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijo ayer desde La Serena que se abrirán nuevas querellas criminales contra Pinochet y Stark. Merino reconoció que, en función de la Ley de Amnistía vigente para los crímenes cometidos antes de 1978, es casi imposible que sea juzgado. El juez Juan Guzmán Tapia, que tiene a su cargo las 12 demandas de este tipo que se entablaron a principios de este año, también reconoció en varias oportunidades que una condena contra Pinochet es una quimera, pero justificó sus actuaciones apelando a “que se conozca la verdad y al menos que se informe sobre el destino de las víctimas”. El gobierno chileno ha intentado a través de argumentos similares tratar un tema que seguirá vigente sea cual fuere el destino final del ex dictador. La semana pasada buscó que la Corte Suprema tomara los casos que actualmente tiene el juez Guzmán como una forma de demostrarle a la comunidad internacional que Chile quiere juzgar a Pinochet. Sin embargo, el máximo tribunal chileno rechazó la medida. El martes la Democracia Cristiana (DC, en el gobierno) presentó la propuesta de crear una segunda Comisión Rettig que investigue el caso dedetenidos-desaparecidos no contemplados en el primer Informe Rettig, una suerte de Nunca Más chileno. La idea fue comunicada por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, pero el también oficialista Partido Socialista rechazó la idea porque considera que esto no llevaría a una condena efectiva, para la que impulsa un crecimiento de las atribuciones de los tribunales ordinarios.
Las huellas del asesino
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